Entre criptoestafas y coimas, el gobierno libertario ¿avanza?
Claudio della Croce
En apenas siete meses de gestión, el gobierno de Javier Milei -y él mismo- se vieron atravesados por al menos tres escándalos de corrupción de alto impacto, que involucran desde una millonaria estafa con criptomonedas hasta contratos con sobreprecios y valijas que ingresaron al país sin control aduanero.
Y, mientras se complica su situación por la criptoestafa, investigada también en Estados Unidos, el mandatario pisó el acelerador: «Abróchense los cinturones, porque va a haber más reformas». Quizá intentó transmitir «tranquilidad» frente a los escándalos que intentó minimizar, y se los adjudicó a «la política y los medios de comunicación».
A pesar del discurso oficial de plena transparencia, las causas judiciales avanzan y apuntan a vínculos directos con el propio Presidente, su círculo íntimo y sus aliados políticos más cercanos. En el informe final de $Libra: Diputados hablaron de estafa, apuntaron a Milei y denunciaron encubrimiento judicial
El informe final de la Cámara de Diputados sobre la criptoestafa de $Libra, afirma que el presidente Javier Milei violó deberes públicos, que funcionarios del gobierno negaron información y que sectores del Poder Judicial frenaron medidas decisivas. El documento pide evaluar mal desempeño presidencial.
En febrero, Javier Milei promocionó desde su cuenta oficial una criptomoneda llamada $Libra, la que, supuestamente, impulsaría emprendimientos argentinos. Con ese respaldo presidencial, la capitalización del token llegó a superar los 4.000 millones de dólares. Sin embargo, horas más tarde se desplomó tras el retiro repentino de casi 90 millones por parte de unas pocas billeteras. El escándalo estalló y 40.000 personas quedaron atrapadas con activos sin valor.
El 26 de febrero, un vuelo privado procedente de Miami aterrizó en Aeroparque con una sola pasajera: Laura Belén Arrieta, empleada del empresario Leonardo Scatturice, muy cercano al oficialismo libertario. Las cámaras revelaron que ingresó al país con al menos diez valijas, sin pasar por los escáneres aduaneros. Los fiscales concluyeron que no hubo control alguno sobre ese equipaje ni el de los pilotos. Arrieta integró el equipo organizador de la ultraderechista CPAC donde disertó Milei y aparece en fotos con el presidente.
Además, trabaja en las firmas OCP Tech y COC Global Enterprise para Scatturice, con fuerte vinculación con los servicios de inteligencia del Estado (SIDE) y con quien hoy está a su cargo, el asesor presidencial Santiago Caputo. Recientemente se convirtió en el principal accionista de la empresa aérea Flybondi, la cual creció en esta gestión.
Política Argentina recuerda que en medio de la disputa por el cierre de listas en el oficialismo, salió a la luz que Tech Security SRL, una empresa vinculada a la familia Menem, fue preadjudicada con un contrato por casi 4 mil millones de pesos por el Banco Nación. La firma pertenece a Adrián y Fernando Menem, hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (involucrado también el las coimas de ANDIS), quien figuraba como socio hasta diciembre de 2023.
El entonces vocero presidencial Manuel Adorni negó inicialmente los hechos, luego minimizó el contenido del equipaje, y terminó por acusar a los medios de distribuir falsas noticias. Pero la justicia encontró pruebas de trato preferencial: registros fílmicos interrumpidos, inconsistencias en el origen del vuelo y bultos no declarados que permanecieron en el avión sin documentación de respaldo. La hipótesis que maneja la Justicia, es que una “instrucción externa” ordenó evadir los controles.
Además de recomendar acciones contra el Presidente, la comisión anunció que presentará cargos penales contra varios funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, quienes obstruyeron la investigación, como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la exjefa de la Unidad de Investigación $LIBRA, Florencia Zicavo; el Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi; y el Fiscal Eduardo Taiano, quienes “se negaron sistemáticamente a cooperar con la investigación, obstaculizando el ejercicio de nuestras facultades constitucionales”.
La comisión también confirmó vínculos directos entre el Presidente y promotores clave, entre ellos el empresario estadounidense Hayden Davis y los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Se documentaron dieciséis reuniones, aunque solo cuatro fueron declaradas oficialmente.
La Comisión Investigadora de Diputados aprobó un informe final que desató un cimbronazo político: describió una presunta estafa, adjudicó responsabilidad directa al presidente , denunció incumplimientos de deberes de funcionarios clave y apuntó contra el Poder Judicial por haber frenado medidas decisivas para la investigación. La conclusión conlleva un altísimo impacto institucional: recomendaron que el Congreso evalúe si Javier Milei incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La Comisión parlamentaria acusó a la Justicia de frenar la investigación y detectó pagos de un presunto acuerdo entre Milei y Mauricio Novelli, El informe afirma que la operatoria de $Libra no fue un episodio aislado. Según los diputados, existe un modus operandi previo, visible en la moneda digital de KIP Protocol lanzada en diciembre de 2024 y en las plataformas Vulcano y CoinX, donde también aparecen los nombres de Novelli, Manuel Terrones Godoy y el propio Presidente, en roles de promoción o intermediación
La interpelación del ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ocupa un lugar decisivo. En su visita del 30 de abril, reconoció que no hubo consulta a áreas técnicas ni jurídicas antes del tuit presidencial que impulsó el token: “No ha habido una evaluación del Gobierno”. Para la Comisión, esa omisión configura una violación a la Ley de Ética Pública y rompe cualquier estándar de control institucional.
El diputado Maximiliano Ferraro señaló que “el Presidente habría promovido un emprendimiento privado. Usó su investidura para beneficios privados”. También señaló la “falta total de cooperación” del Ejecutivo y mencionó el incumplimiento de deberes por parte de Alejandro Melik, Florencia Zicavo, Mariano Cúneo Libarona, Paulo Starc y Roberto Silva, todos citados y nunca presentados ante la Comisión.
La diputada Sabrina Selva advirtió que se logró determinar la “responsabilidad política del Presidente” en la “promoción de una criptomoneda que terminó en una estafa. La participación fue necesaria para que la estafa se consolide. Comprobamos los vínculos previos, y con las mismas personas, dos meses antes, avaló otra criptomoneda”, recordó. Y añadió: “Y esos vínculos previos se condicen con transacciones que logramos trazar, como de 500 mil dólares de Hayden David 40 minutos después de reunirse con el Presidente en la Casa Rosada”.
Esa conducta derivó en un pedido de jury de enjuiciamiento contra el magistrado y contra el fiscal Eduardo Taiano, quien acompañó las negativas. La Comisión sostiene que el accionar conjunto privó al Congreso del auxilio judicial necesario para reconstruir la operatoria financiera y bloqueó el control institucional previsto por la Constitución.
La tensión se reavivó este lunes cuando los diputados Ferraro, Selva, Frade y Marino visitaron la Fiscalía Nº 3 y entregaron nueva documentación, que incluye datos vinculados a posibles pagos indirectos a funcionarios públicos dentro del entramado de billeteras investigado en la causa.
El diputado peronista Juan Marino habló de “una estafa planificada” y recordó que los informes técnicos indican que el 80% de las billeteras perdió dinero, mientras solo un grupo mínimo obtuvo ganancias millonarias. El legislador de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, destacó que los movimientos de fondos entre Davis, Novelli y Terrones replican un esquema de “rug-pull (tirón de alfombra)” que solo se volvió posible tras el impulso del tuit presidencial.
Uno de los capítulos más ásperos del informe está dedicado a la Justicia. Los diputados describen la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgicomo “obstruccionista”, al recordar que negó el acceso al expediente, rechazó medidas de prueba relevantes y descartó avanzar sobre Novelli y Terrones, pese a los indicios de movimientos posteriores al congelamiento de activos.
El informe también incorpora cifras que dimensionan la maniobra: según exchanges internacionales y Ripio, 114.410 billeteras perdieron dinero con $LIBRA y al menos 1.329 argentinos operaron el token. Para los diputados, la conducta del precio —primero un salto abrupto, luego un desplome en minutos— se ajusta al patrón clásico del rug pull.
El documento también resalta el impacto internacional del caso, donde la jueza Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, sostuvo en una resolución reciente que los fondos congelados —unos 57,5 millones de dólares— “podrían pertenecer” a Milei, a su hermana Karina o a Hayden Davis. Para los diputados, esa frase generó un daño reputacional inmediato para la Argentina en litigios externos.
El informe final quedó estructurado en tres ejes: político, legislativo y judicial. En el primero, la Comisión sostiene que corresponde que el Congreso evalúe el mal desempeño presidencial, al considerar acreditado que Milei utilizó la investidura para promocionar un proyecto financiero privado, omitió consultas a organismos técnicos y repitió conductas similares en episodios anteriores.
En el apartado legislativo, recomienda avanzar con reformas sobre ética pública, registro de audiencias, regulación de proveedores de activos virtuales, funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y uso institucional de redes sociales. También propone la creación de una Oficina de Investigaciones del Congreso, destinada a robustecer el control político sin depender del Ejecutivo ni del Poder Judicial.
La Comisión sostiene que la secuencia de hechos reconstruida exhibe fallas graves en los mecanismos internos de control del Estado y una conducta presidencial incompatible con los estándares de la función pública. Y cierra la investigación con una pregunta que reabre el tablero político: ¿violó el Presidente los límites institucionales al promover un activo financiero privado que terminó en una presunta estafa masiva?
Para la Casa Rosada, ese interrogante se convierte desde hoy en un frente legislativo inevitable que el Congreso deberá resolver con el informe más contundente del año ya sobre la mesa, señala el diario Perfil.
Coimagate
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó ante el juez Sebastián Casanello, y rechazó los hechos que le adjudica el fiscal Franco Picardi y se negó a declarar y responder preguntas.
Este miércoles, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó a prestar declaración indagatoria judicial en el marco del Coimagate.El íntimo amigo y abogado del presidente Javier Milei rechazó los hechos que le adjudica el fiscal Franco Picardi, realizó algunas aclaraciones pero se negó a declarar y responder preguntas.
Spagnuolo es el tercer acusado que se presenta ante la Justicia y decide guardar silencio. Las pruebas que exponen “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as” en la ANDIS durante el gobierno libertario son abundantes. El interrogante que se abre ahora es si alguno de los restantes 12 acusados que están citados para los próximos días seguirán la misma estrategia o alguno de ellos decidirá hablar.
El fiscal Picardi detalló el sistema de corrupción que funcionaba en la agencia, lo que coincide con lo que se le escucha decir a Spagnuolo en una serie de audios filtrados donde señala que en el organismo bajo su mando funcionaba su sistema de coimas que terminaba en manos de la hermana del jefe de Estado, Karina Milei, a la vez Secretaria General de la Presidencia.
Picardi describió cómo operaba la estructura de corrupción que involucra a exfuncionarios y empresarios relacionados a laboratorios. Los pedidos de detención e indagatorias que hizo el fiscal. Los chats y fotos que dan cuenta de pagos millonarios a Diego Spagnuolo. En la causa hay menciones de pagos millonarios para él, en efectivo, y para otros funcionarios. Chats, fotos y documentación lo comprometen. El juez Sebastián Casanello rechazó el pedido de detención en su contra que realizó el fiscal pero le prohibió la salida del país y le ordenó presentarse cada 15 días en el juzgado.
En un dictamen de 276 páginas , el fiscal Picardi sostuvo que en la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios/as públicos/as que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”, durante el gobierno de Javier Milei.
Sergio Mastropietro, dueño de la empresa Baires Fly, también quedó bajo la lupa de la fiscalía. Se trata de un ex socio de Federico “Fred” Machado, el argentino extraditado a los Estados Unidos acusado de integrar una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de activos, vinculado al diputado libertario José Luis Espert.
Se ordenaron allanamientos en contra de Mastropietro y algunas de sus empresas. Se sospecha que era uno de los encargados “de otorgarle un destino lícito a las ganancias obtenidas ilícitamente” en la ANDIS. La prensa señala que hay registros de visitas suyas a la casa de Spagnuolo.
*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)