Trump califica de «terroristas» a cuatro grupos antifascistas europeos
Antònia Crespí Ferrer
Sigue sin estar claro que sea legal la designación del antifascismo dentro de Estados Unidos como organización «terrorista». Pero aun así, la Administración Donald Trump ha ido un paso más allá y ha ampliado su persecución ideológica fuera del país. El Departamento de Estado ha catalogado cuatro organizaciones antifascistas y de izquierdas europeas como «organizaciones terroristas» y advirtió que cualquier posible vínculo implicará «sanciones», sin esclarecer el alcance de estas.
Los grupos que incluye la lista entregada por el departamento de Estado, y que desde el 20 de noviembre serán oficialmente tratados como «terroristas», son: Antifa Ost (alemán), la Federación Anarquista Informal (italiano), Justicia Armada Proletaria (griego) y Autodefensa Revolucionaria (griego).
En las descripciones que presenta el comunicado del Departamento se acusa a los cuatro grupos de haber conspirado de intentar llevar a cabo ataques bomba e instigar la violencia contra «individuos que son percibidos como fascistas».
Cita como el Antifa Ost fue declarado como una organización terrorista por el gobierno de su aliado de extrema derecha, el húngaro Viktor Orban.
La designación de estos grupos como terroristas podría permitir a las autoridades estadounidenses emplear herramientas de vigilancia y supervisión financiera similares a las usadas contra ciudadanos estadounidenses bajo la catalogación doméstica. Aún así, la clasificación a escala internacional plantea muchos interrogantes sobre sus consecuencias. La Administración Trump también ha designado a los càteles de la droga como organizaciones terroristas y bajo esta premisa está conduciendo las ejecuciones extrajudiciales al Pacífico y al Caribe sin aportar pruebas.
En su comunicado, el Departamento de Estado advierte cómo «las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades e individuos, les niegan el acceso al sistema financiero de EEUU y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques». Cuando Trump designó en octubreel movimiento antifascista como “terrorista” diversos expertos advertían de cómo esta calificación podía ser usada para perseguir la disidencia y bloquear cuentas bancarias de grupos u organizaciones que considere contrarias.
De hecho, en la designación del Departamento de Estado sobre los grupos europeos se expone cómo «también constituye un delito proporcionar a conciencia apoyo material o recursos a aquellos designados o intentar conspirar para ello».
La directora sénior del Brennan Center for Justice, Faiza Patel, escribía sobre la vaguedad de la catalogación dentro del contexto doméstico: «Las implicaciones de aplicar este concepto en el contexto de antifa o del antifascismo son enormes: comprarle un sándwich a un activista, dejar que un manifestante duerma en tu sofá o prestar brevemente un ordenador para imprimir panfletos críticos con una política gubernamental podrían considerarse potencialmente como apoyo material».
«Las personas que participen en ciertas transacciones o actividades con los designados hoy pueden exponerse a riesgo de sanciones. Es especialmente relevante que participar en ciertas transacciones con ellos conlleva riesgo de sanciones secundarias de acuerdo a las autoridades contra el terrorismo», afirma el documento emitido el miércoles por del Departamento de Estado.
La directriz se suma a la hipervigilancia de la administración sobre todos aquellos posicionamientos pro-Palestinos. Durante la primavera, Seguridad Nacional ya estableció que se revisaría las redes de todas aquellas personas extranjeras que pidieran un visado y que si había contenido propalestino podrían estar expuestos a que se les denegara el visado.
*Corresponsal de Público en Estados Unidos