Invasión a Venezuela, ¿anexión de un Estado petrolero?

a ofensiva militar desplegada por Estados Unidos en el Caribe contradice el discurso del movimiento MAGA, que proclama su rechazo a las “guerras interminables” y al intervencionismo clásico. Pero ese discurso no ha bastado para contener el resurgimiento del viejo reflejo imperial que marca a la política exterior estadounidense más allá de sus variaciones partidistas.

En el caso de Donald Trump, la pulsión intervencionista responde a una mezcla de supremacismo, revancha personal tras el fracaso de su primera estrategia hacia Venezuela y cálculo energético. Durante la campaña en Carolina del Sur, el entonces candidato lo expresó abiertamente: “Venezuela podría haber caído en nuestras manos con todo su petróleo durante mi primer mandato”. Esa frase, lo resume todo. Para Trump, el petróleo venezolano es una fuente de poder económico y también una forma de compensación simbólica.

Detrás de la amenaza militar a Venezuela se esconden problemas energéticos de Estados Unidos, ya que los yacimientos de petróleo de esquisto se acercan a su límite geológico y económico.

Según estimaciones de diversos analistas, las principales cuencas de Texas y Dakota del Norte podrían tener vida rentable limitada, del orden de una década, ante el alza de los costos operativos y la caída en productividad. A ello se suman problemas de inversión privada y unas reservas estratégicas situadas en niveles bajos. El resultado es que la dependencia del crudo importado volverá a incrementarse.

En ese escenario, las enormes reservas venezolanas son una tentación. Si Estados Unidos lograra conquistar militarmente a Venezuela o imponer un gobierno subordinado, esos recursos operarían, en la práctica, como una anexión energética.

Sería como incorporar a Estados Unidos un “nuevo estado” dotado de la mayor reserva petrolera del planeta, un enclave con más crudo que Texas. Una conquista de ese tipo otorgaría a Washington una palanca de poder comparable, y en ciertos aspectos superior, a la de Rusia o Arabia Saudita.

Esta es una las razones de los intentos de intervención. No se trata de combatir el narcotráfico ni de la democracia, sino de controlar el subsuelo de un territorio cercano a Estados Unidos.

Aun así, existe un camino racional para abordar la situación: un acuerdo pragmático entre los dos países que combine cooperación petrolera y mecanismos de coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Un entendimiento de este tipo sería viable si se impusiera la lógica del interés mutuo por encima de la búsqueda de un trofeo político. Pero la política exterior estadounidense opera hoy condicionada por una mezcla de nostalgia imperial y necesidad de reafirmación, factores que dificultan cualquier aproximación pragmática.

Lo que está ocurriendo se inscribe en un proceso que desborda el marco hemisférico y es parte de un cambio de época. El pulso por el petróleo venezolano coincide con la transición hacia un orden mundial multipolar, en el que los recursos naturales ya no pueden ser apropiados de manera unilateral por una potencia.

Este desplazamiento histórico no elimina la lógica de las esferas de influencia, pero transforma su naturaleza. Las relaciones de tutelaje tienden a ceder, poco a poco, ante formas de cooperación soberana, en las que cada Estado conserva su autonomía.

En lugar de “patios traseros”, se trata de construir espacios de cooperación sin anexiones encubiertas, como las de Puerto Rico o Panamá.

Ya no se trata únicamente de la defensa de un territorio, sino de afirmar que las zonas de influencia no pueden seguir funcionando bajo esquemas de “soberanía limitada” o tutela. El siglo XXI no pertenece a los rediles ni a los cotos cerrados, sino a la interdependencia: relaciones de cooperación simultánea con múltiples actores, construidas sobre la base de la soberanía nacional.