Sergio Ferrari
Las empresas multinacionales imponen sus reglas, las cuales conllevan endeudamiento creciente y acumulado para las poblaciones de los países del Sur Global.
El mecanismo de solución de disputas inversor-Estado, conocido como ISDS (Investor-State Dispute Settlement, en inglés), actúa como instrumento financiero para condicionar a los gobiernos y perpetuar la dependencia internacional de los Estados. Las demandas inversor-Estado se han multiplicado en las últimas dos décadas en todos los continentes. De un total mundial de seis casos en 1996, se ha llegado a 1.332 a finales de 2023. Significativamente, los países de América Latina han sido demandados en 380 ocasiones, lo cual representa un 28,5% de dichas demandas (https://isds.bilaterals.org/?
Este dispositivo de arbitraje internacional les permite a los inversores extranjeros –mayormente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión– demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que leyes, regulaciones, decisiones judiciales u otras medidas de un gobierno nacional violan sus protecciones definidas en tratados o acuerdos comerciales. De esta manera, cualquier disputa se litiga fuera de las jurisdicciones nacionales.
Estos casos son resueltos por tres árbitros, generalmente juristas ligados al sector privado y, por lo tanto, con una fuerte simpatía hacia las empresas. En el caso específico de las demandas contra Argentina, son fundamentalmente tres los estudios de abogados especializados en promoverlas. Freshfields Bruckhaus Deringer, el que más ha servido a los intereses de los inversores en América Latina, y ha litigado quince demandas contra ese país sudamericano. Le siguen King & Spalding, con doce, y M. & M. Bomchil, con siete.
Por sus efectos antisociales, el mecanismo ISDS ha generado críticas en el ámbito académico, la sociedad civil y los movimientos sociales a nivel internacional. Quienes cuestionan, sobre todo, la falta de transparencia en los procedimientos arbitrales, así como la ausencia de imparcialidad e independencia de los árbitros. Los procesos pueden ejecutarse en cualquier parte del mundo y el costo de un arbitraje inversor-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. Además, solo los inversores pueden iniciar este tipo de demanda.
Paradójicamente, las víctimas de abusos de parte de las empresas transnacionales en un país determinado no disponen de ningún mecanismo judicial para demandar a una multinacional. Lo que se dice “justicia” para los poderosos.
Argentina en la mira
Durante más de 20 años, y hasta 2024, cuando le cedió el primer puesto a Venezuela, Argentina ha sido el país con mayor cantidad de demandas en su contra promovidas ante estos tribunales internacionales de arbitraje. Con el agravante de que se trata del país con el mayor número de tratados bilaterales de inversión (TBIs) en toda América Latina y el Caribe.
“El país se encuentra perdido en un laberinto del arbitraje internacional que le ha costado caro”, afirma un reciente estudio elaborado conjuntamente por el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, y tres organizaciones argentinas: la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales (FARN), el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (EFTE).
Sobre llovido, mojado: según este informe, el gobierno de Javier Milei recientemente redobló la apuesta al ampliar los derechos de
los inversores mediante el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una legislación que les otorga derechos extraordinarios a todos los inversores, tanto extranjeros como nacionales, quienes ahora cuentan con la prerrogativa de demandar al Estado ante un tribunal internacional de arbitraje. “Las consecuencias podrían ser una nueva avalancha de demandas arbitrales y el incremento del endeudamiento externo”, subraya el estudio.
A propósito de estos tratados TBI, que les otorgan una protección extraordinaria a los inversores extranjeros, en Argentina casi todos ellos –aproximadamente 46– se acordaron en los años 90 durante el gobierno de Carlos Menem. Este mecanismo fue de uso exclusivo para los inversores extranjeros hasta la aprobación del RIGI en julio de 2024. A partir de esa fecha, el privilegio de los inversores extranjeros se extendió a los nacionales, que invierten en particular en los sectores de energía, minería e hidrocarburos (https://isds-americalatina.
YPF, un caso emblemático
Varias de las demandas contra Argentina son por demás significativas y ayudan a comprender el impacto de este mecanismo, que viola todo concepto de soberanía nacional. Tal es el caso de Repsol, una petrolera española que en 1999 compró la empresa argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en su totalidad. En 2012, cuando el Estado argentino expropió las acciones de Repsol, aduciendo que se debía garantizar el autoabastecimiento energético del país, esa empresa respondió con una demanda en cuatro instancias judiciales diferentes.
Una de estas instancias fue el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
La demanda inicial fue por 10.400 millones de dólares, pero el Estado amenazó con investigar los pasivos o deudas ambientales que Repsol podría haber causado por descuido o abuso de recursos naturales. Finalmente, en 2014 se llegó a un acuerdo por 5.000 millones de dólares para dar por terminado el caso. A pesar de ello, una década más tarde, el Estado enfrentó un nuevo traspié como resultado de un juicio iniciado en Nueva York por el fondo buitre Burford, que años antes había adquirido el derecho a litigar esta demanda del Grupo Petersen, un socio argentino minoritario, en el momento de la expropiación.
Debido a la actualización de los valores en juegos, el fallo a favor de Burford le reportó una ganancia de unos 16.000 millones de dólares.
El caso YPF muestra cómo diferentes actores – desde la española Repsol hasta el Grupo Petersen y, finalmente, el fondo especulativo Burford–emplearon estrategias similares de apropiación. En efecto, todos ellos utilizaron los propios activos de YPF para financiar su compra, extrajeron dividendos masivos, vendieron activos de la empresa y luego se retiraron con demandas millonarias. Proceso que no solo constituye una transferencia de riqueza desde el Estado hacia el capital privado, sino también el debilitamiento de la capacidad de YPF para cumplir sus objetivos de desarrollo nacional, soberanía energética y distribución social.
Números escalofriantes del “caso” argentino
Argentina y Venezuela, los dos países latinoamericanos más demandados, representan casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe reconocidas y oficializadas al 1 de julio de 2025. La mayoría de las demandas contra Argentina son fruto del fin de la Ley de Convertibilidad en 2002, que incluyó la devaluación de la moneda, la pesificación, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y la renegociación de contratos de concesión. Solo entre 2002 y 2007, Argentina fue demandada en 42 ocasiones, con un pico en 2003, con 20 de las 25 demandas contra países latinoamericanos. Este fenómeno dio pie a que numerosos textos académicos se refiriesen a dicha situación como el “caso argentino”.
Según el Informe conjunto del Transnational Institute, la Fundación Ambiente y Recursos Nacionales, el Observatorio Petrolero Sur y el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, los inversores resultaron muy beneficiados en los procesos contra Argentina. De las 65 demandas contra este país, 26 fallaron a favor de los inversores y seis a favor del Estado, mientras que otras 18 terminaron con acuerdos
entre partes. Cuatro siguen en trámite, una terminó en “empate” y diez se descontinuaron.
Si se considera que un acuerdo entre partes generalmente beneficia de alguna manera a los inversores, las 18 acordadas mutuamente pueden sumarse a las 26 que los favorecieron por decisión judicial. El estudio concluye que “el 86% de las demandas ya resueltas contra Argentina (sin contar las descontinuadas) terminaron con una decisión que fue beneficiosa para el inversor”.
La cantidad de recursos financieros en juego es monumental: 53 de las 65 demandas arbitradas internacionalmente contra el Estado argentino le costaron 9.330 millones de dólares, es decir, el doble del presupuesto para educación en 2024, lo que muestra que este tipo de procesos “profundizan el endeudamiento al vaciar las arcas del Estado y limitar su funcionamiento”.
En cuanto a la nacionalidad de las empresas demandantes contra Argentina, un tercio son estadounidenses (22 demandas). Les siguen España (10), Francia (8) e Italia (6). De hecho, si se suman las demandas de inversores europeos, se trata de casi 60% de los casos; juntas con las de los inversores estadounidenses, se llega al 92%. El único país latinoamericano con inversores que han demandado a Argentina es Chile (4).
La mayoría de estas demandas se han registrado en el sector de servicios, principalmente el suministro de energía (19); el de actividades financieras (11) y el de suministro de agua y manejo de residuos (10). Sumadas, las demandas en estos tres sectores representan el 61,5% de todas las demandas contra Argentina.
La tela de araña arbitral desplegada por las grandes empresas para sancionar, condicionar y expoliar Estados creció exponencialmente en las últimas dos décadas. América Latina en general y países como Argentina, en particular, ya quedaron atrapadas. Y de seguir así, con la nueva legislación promovida por el Gobierno Milei -como el Régimen Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI- será casi imposible durante décadas escapar de ese laberinto que cada día diseca aún más un Estado que respira con pulmotor.
*Periodista, investigador y analista argentino, radicado en Suiza. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)