Ecuador: La máscara democrática del autoritarismo

Osvaldo León

Han sonado las alarmas: Ecuador se desliza al autoritarismo.  Aunque es una tendencia que viene de tiempo atrás, esta reacción, tanto a nivel interno como de organismos internacionales, responde al acoso gubernamental contra la Corte Constitucional (CC) y el reciente intento de ignorarla.

La razón: la decisión de este organismo de acoger las demandas de diversos juristas y colectivos ciudadanos para reclamar por la inconstitucionalidad de leyes de urgencia impulsadas por el ejecutivo, el cual la considera como acción obstruccionista.  Y por ser vista como un escollo, decide pasar por encima de esta entidad de control para convocar directamente a una constituyente, movida que por el momento se empantana.

El presidente Daniel Noboa, hijo de un magnate bananero, inicia un nuevo mandato el pasado 24 de mayo, sin haber transparentado la legitimidad de su elección por la negativa a que se proceda con un recuento de las urnas.  Y en esta línea, pretende que tal elección le da carta blanca para hacerse del poder total y, así, sortear y atropellar leyes y regulaciones democráticas que le resultan incómodas.

La cuestión de fondo es que, al inicio de su primer mandato Noboa articula un régimen de facto cívico-militar de corte autoritario, con un libreto que recuerda a la dictadura de Fujimori en Perú, para revertir las transformaciones socio-políticas y económicas alcanzadas durante el gobierno de la revolución ciudadana presidido por Rafael Correa, instrumentalizando la crisis de inseguridad para que el cuerpo castrense intervenga en la vida interna del país.

Un proyecto corporativo

Noboa no llega a la presidencia en 2023 por el respaldo de un acumulado electoral, sino por el impacto y manipulación de un suceso que altera la campaña: el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, de cuya autoría la fiscalía, sin prueba alguna, induce la culpabilidad del “correísmo” para bloquearle la posibilidad de un triunfo que se proyectaba firme.

Por lo mismo, desde un primer momento el mandatario busca dotarse a toda costa de una base de respaldo y, en consonancia, forjar mediáticamente su imagen como líder con capacidad de gravitar en el escenario político como opción de un proyecto a largo plazo, que las élites pretenden establecer al amparo del control alcanzado directamente en el ejecutivo.

En esencia se trata de un gobierno del grupo Noboa, económicamente el más poderoso del país, pues, además de proporcionar los principales cuadros de la administración, constituye el factor aglutinante para impulsar ese proyecto, que apunta a enrumbar al país hacia una restauración oligárquica-empresarial, militarizada, con ciertos aires monárquicos, en consonancia con los delirios de grandeza del presidente.

Con tal propósito, al centro de su propuesta se encuentra el desmonte completo de la Constitución de 2008, que define al país como “constitucional de derechos” a partir de las banderas de lucha levantadas por las organizaciones sociales a lo largo de décadas para avanzar hacia una democracia participativa.  Objetivo que las elites persiguen desde que Lenin Moreno, tras su defección de la revolución ciudadana (2017), da un giro político y pasa a implementar el programa de la derecha.

Con Noboa se apunta a un apriete completo de tuercas con respaldo social.  Sobre la base de que su fuerte es el manejo comunicacional, particularmente de las redes sociales digitales, configura un gobierno que se va apuntalando vía una campaña mediática permanente focalizada en el tema de mayor sensibilidad del país: la inseguridad.

Tras el combate a la inseguridad

En los últimos años Ecuador ha pasado a convertirse en el país más inseguro de la región, cuando durante el gobierno de Rafael Correa era lo contrario, porque con el posterior giro neoliberal se registra un paulatino incremento de la violencia debido a la expansión de las redes vinculadas al narcotráfico que encuentran un terreno favorable para penetrar el tejido social ante el abandono estatal, resultante del achicamiento del Estado y del consiguiente abandono de políticas sociales.

Para el circuito del narcotráfico, tradicionalmente Ecuador ha sido la pieza que encaja como corredor de la droga producida en los vecinos Colombia y Perú para el envío al exterior a través de sus puertos marítimos, pero a raíz de la dolarización se torna una plaza clave para el lavado de esos dineros ilícitos en los más diversos planos y lugares, con gran repercusión en la vida económica misma.

Como el achicamiento del Estado también conlleva a la reducción de los organismos de control, el accionar delictivo arrecia con tal intensidad que pone en zozobra la convivencia social.  En este contexto, al focalizarse en la inseguridad, la campaña de imagen del gobierno alcanza un impacto significativo sobre todo desde la declaración de “conflicto armado interno” (09-01-2024) para enfrentar la delincuencia.

Con esta medida se da paso a la presencia de los militares en las calles que, más allá del efecto disuasivo y modulación del miedo, se torna en el eje político para proyectar la imagen del mandatario, puesto que ante todo capitaliza el reconocimiento que preservan las FFAA en medio del generalizado descalabro institucional, al punto que un amplio sector de la sociedad incluso ve la salida con una dictadura.

Pero, además, esta disposición se transforma en la llave maestra para poder actuar por encima de la Constitución y las leyes con el uso y abuso de declaraciones de estados de excepción, sin que de por medio exista control alguno. Salvo, en ese entonces, reacciones puntuales en el parlamento, que por lo demás es sistemáticamente ninguneado desde el ejecutivo, y tibiamente de la Corte Constitucional.

De modo que, más que un ataque a las causas estructurales, la respuesta se concentra en la militarización del país y en un sistemático recorte de derechos sobre los cuales arma sus narrativas en torno a la imagen del “hombre de mano dura”.  Así, aunque el gobierno sostiene que para este combate cuenta con un tal “Plan Fénix”, más que resultados tangibles lo que ha primado es la difusión de montajes fílmicos de operativos centrados en el impacto mediático.

Tan es así que, si bien el lavado y envío de alcaloides al exterior constan entre los pilares del negocio ilícito, no se menciona acción alguna contra un banquero o exportador de bananas, sector desde cuyos puertos opera el principal mecanismo de transporte. El escenario escogido se encuentra en los sectores sociales empobrecidos, con acciones que más se encuadran en el disciplinamiento social, cuando no limpieza, por la discrecionalidad otorgada a los cuerpos castrenses.

La institucionalidad afincada en el odio

Como esta instrumentalización del problema de la inseguridad alcanza resultados favorables para su ansiada popularidad, por las expectativas que despierta, a fin de aprovechar este impulso inicial Noboa opta por convocar a una consulta popular (21-04-2024) con preguntas innecesarias (por redundantes al marco legal vigente), pero escogidas para alcanzar una respuesta favorable.

Si por ganar simpatías lleva a cabo esta consulta innecesaria con un expendio que no se compadece con la crítica situación económica, igual sucede cuando en ese contexto ordena la invasión de la Embajada de México en Quito, respecto a las repercusiones en el exterior por quebrantar el ordenamiento internacional.  Mas es un hecho que con esta acción el mandatario si logra unos puntitos más en las encuestas.

Este manejo centrado en la captación de simpatías se apoya en un ingrediente clave: el odio, para con la exaltación de las emociones nublar la razón y, así, convertir a los adversarios en enemigos.  De hecho, se trata de una estratagema también tejida en el gobierno de Moreno con miras a “descorreizar” el país, pero ahora profundizada al máximo.

Cabe recordar que, en febrero de 2018, Moreno impulsa un referéndum para reformar la constitución, que da paso a la instalación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en cuya gestión se asesta un verdadero “golpe judicial” cuando decide autoasignarse facultades al margen de lo estipulado en la consulta, para reestructurar los órganos de control del Estado, tras la depuración de autoridades y funcionarios considerados “correistas”.

Este nuevo tinglado institucional es armado básicamente para arrasar el orden democrático apuntalado con la participación popular y, por tanto, bloquear la posibilidad de que esta situación pueda repetirse.  Así, junto con la persecución respaldada por el lawfare, se desata una apabullante ofensiva ideológica para sembrar el odio y el miedo, principalmente contra el correísmo, con la participación activa del establishment mediático.

Ahora, además de que se acentúa su intensidad, este ardid adquiere un nuevo matiz al pretender asociar al narcotráfico a quienes manifiestan desacuerdo o disconformidad.  Con esta polarización entre el bien y el mal, conjugando el odio y el miedo, es que se busca fabricar el liderazgo de Noboa como expresión del bien y, a partir de ahí, levantar una fuerza política hegemónica para los próximos tiempos.

Bajo la imposición del “todo vale”

Es en esta perspectiva que el mandatario se arropa en la corriente “anticorreista” y con el aparataje gubernamental pasa a montar un movimiento propio: Acción Democrática Nacional (ADN), sigla que también es interpretada como “Adquiridos por Daniel Noboa” porque básicamente se conforma con políticos captados o desprendidos de otras colectividades, sin identidad ideológica alguna.

De hecho, pretende iniciar una etapa política nueva que deje atrás a los partidos, con una organización basada en seguidores en torno a su figura como un gran “influencer” en las redes sociales digitales, particularmente en TikTok.  En consonancia, es en este plano donde ha venido apuntalando su fortaleza con la articulación de un vigoroso enjambre de trolls como pilar del aparato propagandístico que le permite sostener y amplificar su campaña permanente, y con mayor intensidad en períodos electorales.  De ahí, la instrumentalización de las consultas populares, al costo de degradarlas.

Con esta óptica, apunta a desplazar la política hacia ese mundo virtual, donde el debate democrático prácticamente se anula por la preponderancia que adquieren los memes y los bulos, al tiempo que se evapora la ética en la política porque el “todo vale”, los discursos de odio y mentiras, se tornan consustanciales a una gestión centrada en la manipulación para prevalecer con el relato, antes que por la realización de obras.

Para el efecto un puñado de expertos en manejo de opinión, con el respaldo de algoritmos, inteligencia artificial y afines, opera de manera permanente con miras a mantener la iniciativa con las dosis precisas de optimismo o revertir favorablemente situaciones adversas, desviando las responsabilidades a sus opositores, cuando no con distractores pertinentes.

“La culpa es de Correa” es la frase recurrente, pero infaltable, directa o indirectamente, en las alocuciones del mandatario, que se caracterizan por ser escasas, muy breves (2-3 minutos) y con un estilo tipo secuencia de spots de frases hechas que poco se refieren a su gestión, pues son descargas de agravios para humillar a quienes se cruzan en su camino (con particular placer cuando se trata de mujeres).

Según los epígonos, este recurso a exposiciones breves no se debería a limitaciones expositivas del mandatario, sino a la expresión futurista de la comunicación en la nueva política, con el entendido que puede prescindir de explicaciones porque toda disposición es una orden que obliga sometimiento.  Por tanto, los espacios de deliberación, de diálogo, se tornan innecesarios en tanto quien no se encuadra pasa ser considerado “enemigo”.

Elecciones en cancha inclinada

Con la reestructuración institucional que arranca con el “golpe judicial” en 2018, se establece un alineamiento tácito de los diversos órganos en clave “anticorreista”. Como que no fuera suficiente, bajo el actual gobierno tiene lugar un apretón mayor (prebendas, chantajes, amenazas, etc.) para lograr una subordinación plena al mandatario.  Y así sucede, por lo que desde el inicio del proceso electoral cada cual se somete a las exigencias para allanar la reelección del mandatario, como si se tratara de un asunto de Estado.

Sin el respeto a los procedimientos debidos, ni al marco legal y constitucional por parte de las instituciones de control, Noboa prácticamente hace lo que se le viene en gana en el curso de la carrera electoral,  Así, participa sin pedir la licencia requerida con la figura legal inexistente de presidente-candidato, destituye a la vicepresidenta sin sustento jurídico, anula la candidatura de su principal contrincante en el campo de la derecha, involucra a todo el aparato de gobierno con fondos públicos en la campaña, para tan solo mencionar unos pocos hechos.

A la vez, con el comodín de la inseguridad dispone una intervención abierta de los militares, particularmente en zonas rurales, con operativos de intimidación, de guerra psicológica, de una ostensiva presencia en diversos actos de su campaña, de la utilización de sus recintos como puntos operativos de la autoridad electoral, entre otros aspectos, que por lo demás sirven para reforzar con imágenes la estrategia proselitista. De modo que el cuerpo castrense de manera tácita termina operando como benefactor electoral del mandatario.

Para rematar, en el día de los comicios no faltan las irregularidades cuya magnitud es denunciada por la tienda opositora como un fraude monumental y, por lo mismo, formula una demanda a la autoridad electoral para que proceda a un reconteo de las urnas.  Pero ésta la desecha y prestamente valida un proceso viciado, con múltiples causales para anular las elecciones.

Con ley o sin ley, el FMI y el Comando Sur mandan

Para el inicio de este nuevo mandato, el gobierno consigue armar una mayoría parlamentaria y por esa vía busca la aprobación de las reformas que anhela imponer por medio del envío de proyectos de leyes económicas urgentes. Esta figura legal obliga al parlamento a que, en el tiempo máximo de un mes, considere proyectos económicos sobre un solo tema enviados por el ejecutivo.

La cuestión es que, al amparo de esta facultad, el gobierno procede a enviar un proyecto tras otro, con varios tópicos en cada uno y disposiciones reñidas con la Constitución, que en la Asamblea reciben el visto bueno, sin mayor debate, puesto que, a la bancada de la Revolución Ciudadana, pese a contar con una alta representación, se le niega incluso el derecho de palabra

Como carece de un programa para resolver las crisis que agobian al país, la gestión del gobierno se rige por una hoja de ruta pautada por las políticas del FMI, las directrices del Comando Sur de los EE.UU. y el plan de negocios para favorecer a su grupo corporativo y allegados. En consonancia, son leyes que buscan habilitar condiciones para su debido cumplimiento, anulando normas contempladas en la Constitución de 2008.

Por lo mismo, su tratamiento se lleva a cabo como medida de fuerza que violenta procedimientos, y sin reparar que las disposiciones sancionadas afectan derechos y garantías constitucionales de la población.  Esta es la razón de las múltiples demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Corte Constitucional.

Esta instancia, que en su momento había mirado a otro lado durante el proceso electoral, ahora decide escuchar el reclamo ciudadano y pasa a convertirse en la enemiga de turno.  Así, en medio del torbellino que se ha desatado por la reacción social al incremento del precio del diésel, el ejecutivo, sin pedir el dictamen de la Corte Constitucional y en abierto desacato a las disposiciones legales, dispone acelerar la convocatoria a una constituyente con la finalidad de bajarse de una vez la Constitución de 2008.

Si bien, por ahora, este ardid queda en suspenso, el camino autoritario del régimen permanece abierto.  Más allá de las acciones de fuerza, cabe tener presente su alineamiento con el FMI, que en esencia es antidemocrático porque sus medidas profundizan estructuralmente la brecha social, y con el Comando Sur, que entre sus recetas consta la guerra de baja intensidad interna con sus dosis de odio y miedo para someter a la población.  Y todo esto, bajo el encanto de las loas de optimismo de un gobierno que se mantiene a puro cuento, con los militares en su retaguardia.

 

*Comunicólogo ecuatoriano, es integrante de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).