Marchas contrapuestas y crecimiento de la oposición popular en Ecuador
Edgar Isch López
El 11 de septiembre Ecuador vivió una jornada de presencia política en las calles, evidenciando que las contradicciones sociales aumentan a pesar de que la también creciente criminalidad y número de homicidios han sido usados por parte del gobierno para lograr respaldo, sin embargo, de lo que su aceptación que va en caída continua.
Hace poco se presentó algo similar cuando el presidente Daniel Noboa y sus ministros realizaron una marcha contra la Corte Constitucional, que a estas alturas ya es la única instancia del Estado sin control gubernamental, mientras las organizaciones populares se movilizaron con una importante plataforma de lucha que incluía la oposición a las leyes trole (por abarcar muy diversos aspectos, lo que está prohibido por la Constitución), que están en la Constitucional para su aprobación o no.
Esta vez, el gobierno escogió la ciudad de Guayaquil para realizar una marcha “nacional” con la que identifica como su base social: empleados públicos atemorizados de ser los próximos despedidos tras el anuncio de los 5 mil primeros, sectores empobrecidos que reciben un viaje pagado y alimentación, los derechistas convencidos y el acompañamiento de policías y militares.
Sin embargo, el chiste se cuenta solo. Noboa realizando una marcha por la violencia criminal, es decir reclamando al gobierno por su incapacidad de resolver un problema que desde el inicio fue su caballo de batalla[1]. Llego con mucha tardanza, caminaron menos de mil metros y dio un discurso de 5 minutos, mientras los asistentes demostraban no saber el motivo o no podían responder cuando les preguntaban si conocían alguna obra del Gobierno.
El mismo día 11, en 22 de las 24 provincias, los sectores populares y de izquierda se movilizaron. La convocatoria conjunta de un numeroso grupo de organizaciones populares encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores, Frente Popular, UNE, estudiantes universitarios y secundarios,federación médica, feministas y ecologistas, fue creciente y luego contó con la mayor organización movimiento indígena, la CONAIE.
La plataforma de lucha es importante en cuanto identifica las reivindicaciones más importantes, unifica a las fuerzas y, sobre todo, porque denuncia a un gobierno servil al imperialismo que cumple con el FMI antes que con su pueblo.
Entre los aspectos planteados y que permanecerán en las acciones por venir, se encuentran la oposición a las leyes gubernamentales y a los despidos masivos, la exigencia de declaratoria de emergencia en salud y educación, entre otras.Además, la oposición a la consulta popular que el gobierno pretende convocar con preguntas que son cortina de humo y otras con las que quiere apoyo a su política entreguista.
Un día más tarde, salió un grupo de ministros para anunciar una típica medida fondomonetarista que se encuentra en la Carta de Intención firmada por el gobierno, como es la eliminación del subsidio al diésel. Con ello, su precio sube de inmediato de 1,80 dólares por galón a 2,80 y, por su impacto en las unidades de transporte, movilización de productos, barcos de pesca artesanal o de la pequeña agricultura, amenaza a la economía popular.
El gobierno trata de aliviar momentáneamente esto con entrega directa de montos de dinero principalmente a los transportistas. Representados por empresarios del transporte, han iniciado diálogos con los ministros para obtener más beneficios a su sector, mientras el resto de cámaras empresariales y la derecha han aplaudido la decisión de eliminar este subsidio.
100 mil en defensa del agua
Más acciones de oposición se presentan. Una muy destacada ha sido la movilización de la tercera ciudad del país, Cuenca, en defensa de las fuentes naturales de agua y de vida que se encuentran en el páramo de Quimsacocha. Ya se realizó una consulta popular en 2021 y poco más del 80% de votantes de la ciudad y el campo se pronunciaron por proteger el páramo y prohibir la minería transnacional en el cantón.
El gobierno, que mantiene la perspectiva extractivista de desarrollo y la línea de privatización de los recursos, ha hecho lo posible para favorecer a la minera a pesar de estar legalmente obligado a cumplir con el resultado de esta Consulta. Ahora, viendo que la mayoría se mantiene a favor de la vida y contra la explotación minera, pretende lavarse las manos y sostiene que depende de informes de los gobiernos locales, los cuales fueron ya presentados para la consulta popular.
Adicionalmente, como si se tratara de representante de la transnacional canadiense Dundee PreciousMetals, el presidente Noboa dice que el municipio y demás gobiernos locales deberán responder ante el juicio que la empresa plantee, evadiendo las responsabilidades del Estado.
El 16 de septiembre la movilización por Quimsacocha y contra el proyecto minero que lleva el nombre de Loma Larga,incorporó a más de 100 mil personas que marcharon por varias horas a lo largo del cantón. La unidad alcanzada es muy amplia en toda la provincia y el país. Se ha puesto en cuestionamiento toda la política extractivista y se golpea al gobierno destacado por su entreguismo y que firmó la licencia ambiental en favor del proyecto, violando normas nacionales obligatorias.
De no ser escuchados, los pobladores, organizaciones locales y nacionales señalan que trabajarán por un levantamiento general.»No estamos dispuestos a ser una zona de sacrificio. No permitiremos que se irrespete la soberanía popular» dice el manifiesto convocante.
La marcha además superó el nuevo estado de emergencia declarado por el gobierno en la mayor parte del territorio nacional. Así aconteció también en otras ciudades como Latacunga, a la cual Noboa trasladó la sede del Ejecutivo pretendiendo evadir los conflictos sociales. La represión en algunos puntos del país tampoco frena las protestas.
La derecha continental encuentra un nuevo punto de problemas en Ecuador y los sectores populares se esclarecen sobre su acción destructiva. La paz de los cementerios, anhelada por la derecha, no llegará en estas condiciones.
Nota
[1] Ecuador cerró el primer semestre de 2025 con 4 557 asesinatos. La cifra creció en un 22% respecto al primer semestre de 2023.
*Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)