Perú en crisis: injerencias en la Justicia y cinco presidentes en el banquillo
Jacqueline Fowks
Cinco expresidentes peruanos están en el banquillo, mientras que la actual mandataria, sus aliados políticos, ministros y más de 50 congresistas enfrentan investigaciones fiscales.
El Poder Judicial ordenó esta semana el inicio del juicio por blanqueo de capitales contra Pedro Pablo Kuczynki, quien gobernó Perú entre 2016 y 2018, y contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), que fue condenado a 16 años de prisión —por lavado de activos— en una segunda sentencia vinculada a los sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. Pero no son los únicos de la alta esfera política con procesos penales por blanqueo de capitales y corrupción.
Otro ex mandatario, los líderes del Gobierno actual, y 52 congresistas podrían beneficiarse de una variedad de interferencias en el sistema de Justicia. Estas van desde una inminente decisión del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori —para evitarle un juicio por blanqueo de capitales—, proyectos de ley contra la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial, y seguimiento policial contra fiscales y periodistas que denuncian casos de corrupción.
En enero, debido a que el Tribunal Constitucional extrajo del juicio a dos coacusados de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el juzgado a cargo anuló seis meses de litigio por el blanqueo de 13 millones de dólares que recibió de Odebrecht y otras empresas peruanas para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía presentó una nueva acusación que será sometida a control por un juez antes de que empiece un nuevo juicio oral. Por ello, la hija mayor del autócrata Alberto Fujimori ha pedido a la Corte Constitucional, mediante un habeas corpus, que declare que el uso de esos fondos no constituyen delito.
Alertó además de que la decisión puede influir en la sentencia condenatoria contra el expresidente Humala, y en otras investigaciones que no vinculan a la empresa Odebrecht, como por ejemplo la del leninista prófugo Vladimir Cerrón, quien usó en la campaña electoral de 2021 unos 300.000 dólares procedentes de la organización criminal llamada Los dinámicos del Centro. El partido de Cerrón, Perú Libre, tiene representación en el Parlamento.
«Con este habeas corpus se está buscando beneficiar a las fuerzas políticas que controlan el Congreso y que están investigadas por graves cargos criminales», precisó Pérez.
La actuación del Tribunal Constitucional
Los miembros de la Corte Constitucional fueron elegidos por el actual Congreso en un trámite cuestionado. «Los procesos de selección deben tener la máxima transparencia y todo funcionario tiene un deber de ingratitud hacia quien lo eligió», comenta a Público el ex adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, al consultarle sobre los vicios que rodearon la elección de los miembros de dicha corte.
Pero Castillo apunta hacia un problema mayor, la falta de alineamiento de los magistrados con la Constitución y la jurisprudencia. «Deberían estar al margen de grupos políticos», añade. El abogado explica que una decisión de 2021 de la Corte Suprema, en casación, fijó la doctrina acerca del delito de blanqueo de capitales en campañas electorales, y señaló que la justicia penal especializada es la que decide en cada caso.
«Los jueces constitucionales tienen otra especialidad y aquí estamos ante procesos abiertos en los que las partes pueden presentar sus posiciones y luego deberían esperar lo que la Justicia penal especializada decida: por algo existen esos jueces dedicados a conocer los asuntos penales», indica el ex adjunto de la Defensoría del Pueblo. Es decir, el Tribunal Constitucional interferiría.
Cinco ex presidentes ante la Justicia
Kuczynski recibió miles de dólares de Odebrecht a través de una firma de consultoría que dio servicios a la constructora brasileña, mientras él era ministro del Gobierno de Toledo y tomaba decisiones sobre contratos de construcción de infraestructura que la constructora ganó.
Hace un par de semanas el expresidente Martín Vizcarra fue recluido preventivamente en la misma prisión que ocupan Humala, Pedro Castillo y Toledo. Vizcarra afronta un juicio por sobornos que habría recibido la década pasada como gobernador de una región, pero el viernes, gracias a un habeas corpus presentado por su hermano mayor, logró su excarcelación y seguirá el juicio en libertad. La Fiscalía espera que la condena llegue a finales de año.
Humala está preso desde abril, y está pendiente otro juicio contra él por sobornos de Odebrecht que recibió siendo presidente, cuando la constructora brasileña y Enagás se hicieron de la concesión del Gasoducto del Sur; entre los 22 acusados del caso figuran Enagás y un representante de la empresa. Mientras que Pedro Castillo afronta un juicio por el intento de autogolpe en diciembre de 2022.
Otras interferencias
El régimen que gobierna desde diciembre de 2022, lo hace con un Congreso sin contrapesos dominado por el fujimorismo: 52 parlamentarios han sido denunciados por la Fiscalía y hay 26 proyectos de ley para reformar el sistema de Justicia, ha revelado el medio Ojo Público.
También enfrentan investigaciones fiscales la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor Boluarte, el ministro de Justicia y ex ministro de Interior, Juan José Santivañez, y el ex portavoz presidencial Freddy Hinojosa, entre otros de su entorno. Ello explica por qué la clase política despliega esfuerzos para neutralizar o subyugar al sistema de Justicia.
La fiscal general, Delia Espinoza, ha denunciado que el Ejecutivo le recortó el presupuesto en 2025 y se ha negado a transferir 22,7 millones de dólares que necesita para los tres últimos meses del año: no tienen fondos para el pago de agua, limpieza, internet, transporte y asistentes de la función fiscal como peritos, entre otras categorías.
El ministro Santiváñez está investigado por delitos de corrupción junto con policías retirados y en activo. En el pasado reciente, Santivañez fue abogado de policías investigados por violaciones a los derechos humanos o por organización criminal.
Según denunció el pasado jueves Harvey Colchado, un coronel de la Policía retirado que ha liderado equipos de inteligencia contra el terrorismo y contra políticos procesados por corrupción, la Policía Nacional está siendo utilizada para hacer seguimiento a periodistas y fiscales para perjudicar las investigaciones de corrupción. En una conferencia de prensa, Colchado mostró las imágenes del seguimiento policial a él y a sus hijos menores de edad, y las amenazas de muerte que recibe por Whatsapp.
«Solo recuerdo este tipo de hechos en la época de Montesinos: agentes de inteligencia están haciendo seguimiento a periodistas, fiscales y policías que han investigado el poder», comentó Colchado. El oficial fue retirado después de dirigir el allanamiento al domicilio de Boluarte como parte de la investigación fiscal por los relojes Rolex que usaba la presidenta, y que no había declarado en su patrimonio.
El pasado viernes, además, el medio La Encerrona difundió mensajes hackeados a la Policía que demuestran el seguimiento que realizan agentes de inteligencia a periodistas.
Una carta de la presidenta del Grupo de Trabajo Anticochecho de la OCDE enviada en julio a la fiscal general, difundida este viernes, señala que Perú está incumpliendo la Convención Anticohecho contra funcionarios públicos debido a las interferencias políticas y acoso contra los fiscales y procuradores a cargo de los casos más sensibles de corrupción, entre ellos los relacionados con la empresa Odebrecht.
Pocas horas después, la procuradora ad hoc de los casos Lava Jato, Silvana Carrión, fue cesada del cargo. La funcionaria era responsable de litigar las reparaciones civiles a favor del Estado en los juicios contra las constructoras Odebrecht y Graña y Montero, entre otras que han reconocido sus delitos al contratar con el Estado peruano.
*Periodista de investigación y profesora universitaria peruana. Analista de Público.es