Horacio Rovelli
El 24 de marzo de 1976 cambió integralmente la lógica que articulaba la producción y la sociedad, que se basaba en el consumo del mercado interno. Se reemplazó por una estructura productiva y distributiva con un bloque de poder hegemónico y una dinámica de funcionamiento diferente en la reproducción del circuito económico.
El nuevo modelo, orientado para el exterior y dependiente de este, tuvo como instrumento clave el endeudamiento y la valorización financiera del capital. La apertura externa irrestricta al comercio y los capitales y la acumulación rentística y financiera, traducida en retraso de salarios, liberación de precios, revaluación cambiaria, fomentó la desleal competencia externa, así como las altas y confiscatorias tasas de interés.
La ecuación es simple: obligan a endeudarse en divisas a las administraciones nacionales para cubrir los déficits que ocasiona la baja recaudación —más que el desordenado gasto público—. Estas administraciones tienen que vender esas divisas al BCRA para que le den pesos y después, el capital, a través de la sociedad con los grandes bancos locales con que operan, compra esas divisas y las fuga.
Ante la importancia cada vez mayor de los recursos naturales, el centro de gravedad de la política económica se corre del equilibrio del sector agroindustrial exportador al sector extractivista petrolero-minero. Así, se disputan estos recursos capitales nacionales y extranjeros —entre los que se cuentan YPF S.A. [1], Tecpetrol de Techint, Pan American Energy de la familia Bulgheroni (asociada a la British Petroleum de Inglaterra), la Compañía General de Combustibles del grupo Eurnekián, Plus Petrol (Familia Rey Rodríguez y familia Poli), Pampa Energía (con participación de BlackRock), que pertenecen a los llamados grupos nacionales, y los extranjeros Chevron [2], Shell, Vista Energy (pool petrolero que dirige Miguel Galuccio, pero el 80% de las acciones cotiza esencialmente en Wall Street)—, quienes tienen acuerdos entre ellos y también intereses que se superponen.
Juntos conformaron Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), consorcio integrado por YPF S.A., Vista Energy Argentina S.A.U., Pampa Energía S.A., Pan American Sur S.A., Chevron Argentina, Pluspetrol S.A. y Shell Argentina S.A., que es el mayor proyecto de inversión.
El instrumento de esta nueva hegemonía es el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), hecho a medida de las hidrocarburíferas. Algunas de las ventajas que les otorga son: ausencia de controles del origen de los fondos, a partir del quinto año podrán disponer libremente de todas las divisas que generen sin obligación alguna de ingresarlas al país, no pagan retenciones o derechos de exportación y no tienen obligación de abastecer al mercado interno.
Al principio, carry trade mediante, buscaban la estabilidad y previsibilidad del precio del dólar; tal es así que las principales empresas petroleras se endeudaron. Según la Comisión Nacional de Valores, YPF, Pampa Energía, Tecpetrol, Compañía General de Combustible, Vista Oil & Gas (así se llamaba en el 2024), TGS, CAPEX-CAPSA (Familia Götz) y otras que no son precisamente petroleras, como IRSA, CRESUD, EDENOR, GENNEI, TELECOM, etc., colocaron en conjunto obligaciones negociables en dólares por 23.932 millones.
Incluso recientemente, el 3 de este mes de septiembre de 2025, el Banco Cengtral (BCRA) permitió que las entidades financieras pudieran prestar divisas, además de los que operan en comercio exterior, a otros agentes de la economía. La condición es que los bancos consigan financiamiento proveniente de obligaciones negociables o de líneas de créditos del exterior.
Pero en un informe sobre inversiones en América Latina del 8 de octubre de 2024, firmado por Sam Vecht y
Christoph Brinkmann, BlackRock aseveró que aún no ve “motivos para apostar por la Argentina”.
«No vemos razones fundamentales por las que querríamos comprar este mercado ahora», anunciaron. «Nos hemos vuelto cada vez más cautelosos con respecto a la Argentina durante el último mes» (esto fue hace un año atrás), continúa el comunicado a sus inversores, y explican los motivos: «El debilitamiento del tipo de cambio informal sugiere que el tipo de cambio oficial podría estar sobrevaluado», por lo que advierten «el riesgo de otra devaluación del tipo de cambio, lo que podría reavivar las presiones inflacionarias».
La renta financiera
A julio de 2025, más del 80% de las operaciones de compra y venta en el mercado único y libre de cambio lo realizaron el Banco de la Nación Argentina [3] y los bancos Santander, BBVA, Galicia, Macro, Patagonia, Supervielle y Citi Bank. Excluyendo el Banco de la Nación Argentina y el Banco Patagonia (el 80% pertenece al Banco do Brasil), en todos los demás hay una alta participación accionaria del capital financiero de Manhattan, ya sea directamente o a través de los ADR (American Depositary Receipt o Recibo de Depósito Americano) [4].
El BCRA es banco de bancos, opera solo y exclusivamente con entidades financieras; por ende, viendo su balance cambiario del mes de julio de 2025, observamos que la formación de activos externos del sector privado no financiero (fuga de capitales) tuvo ese mes un saldo negativo de 5.432 millones de dólares (de ese total, 3.041 millones corresponden a la compra de billetes por personas humanas). En siete meses se fueron 14.199 millones, cifra que supera el crédito de 12.000 millones de dólares del FMI a esa fecha, e incluso el crédito ingresado desde ese organismo internacional de 2.000 millones de dólares el 18 de agosto de 2025.
Levantar el cepo cambiario para las personas humanas, como hicieron en abril de 2025, en un marco de un precio del dólar no sostenible (acceden a comprar divisas al tipo de cambio oficial), permitió que los consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes del exterior fueran negativos en los siete meses del año 2025 en 6.277 millones de dólares, de los cuales en julio fue por 1.192 millones de dólares (incluidos 938 millones de gastos por tarjetas). Inferimos que en agosto el problema continuó, ya que tuvieron que intervenir vendiendo dólares en el mercado cambiario local, aun dentro de la banda de flotación, para limitar la corrida cambiaria.
La puja entre las altas tasas bancarias y el precio del dólar beneficia a los grandes bancos que, básicamente, financian la deuda en pesos del Tesoro de la Nación y, si prestan a empresas y personas, saben que asumen cada vez un mayor riesgo por la creciente ruptura de las cadenas de pago, de allí que incrementan la tasa de interés muy por arriba de la que le cobran a la Administración nacional (que en la última licitación del 27/08/2025 pagó tasas del 75,66% para LECAP de corto plazo y Tamar del 86,78% para 60 o más días).
La renta financiera por el spread entre tasas pasivas y activas implica un sobrecosto para la producción, el comercio y el consumo, confiscando el capital de trabajo y el patrimonio de talleres y fábricas, propiciando la destrucción de pequeños y hasta medianos comercios, la fusión de empresas y su extranjerización, la sustitución de importación por producción local (ante un dólar barato), lo que se traduce en mayor desocupación y exclusión social.
También el balance cambiario del BCRA informa que en julio de 2025 la inversión Extranjera Directa se acrecentó en 155 millones de dólares. Pero el saldo acumulado desde diciembre 2023 resulta negativo en 1.191 millones de dólares, demostrando palpablemente que el capital extranjero en inversión se va del país e ingresa solamente como deuda. Y es la demostración de la inconsistencia del tipo de cambio vigente y las tasas de interés que frena el modelo original extractivista.
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, en julio 2024 hizo varias presentaciones ante inversores en Nueva York y el 27 de agosto 2024 en Washington frente al American Council. En estas detalló que aguardaban la llegada de proyectos por entre 30.000 y 54.300 millones de dólares en el sector energético, en los próximos dos años (que para ejecutarse demandará entre 20 y 30 años), tras la implementación de la ley 27.742 que incluye el RIGI.
El famoso reseteo de la Argentina mencionado por Paolo Rocca se reduce a consolidar un régimen laboral ultraflexibilizado. Bajo la retórica del combate a la “casta”, se despliega una estrategia de reformas estructurales regresivas cuyo núcleo es la reforma laboral: hundir las condiciones de trabajo y de ingresos, avanzar en la deslaboralización de las relaciones de trabajo, reducir al mínimo el gasto social y desfinanciar al Estado, recortando sus capacidades en áreas estratégicas y derechos básicos.
Al mismo tiempo, la profundización de la reprimarización de la economía y la asfixia sobre la industria ponen límites estructurales a la generación de empleo asalariado. En este marco, el mercado laboral aparece como terreno privilegiado de disciplinamiento, con salarios deprimidos, sobrejornadas laborales y precarización creciente [5].
También el objetivo de los que están detrás de este desgobierno es limitar fuertemente las funciones indelegables del Estado, principalmente, la capacidad de planificar e impulsar un proyecto nacional. Por eso se lo endeuda, se privatizan empresas y se quieren quedar con nuestros recursos naturales.
Eduardo Barcesat, en su trabajo “Aportes para un Programa de Recupero del Estado de derecho y el bienestar general de la Nación”, plantea: “Debe darse cumplimiento efectivo a lo dispuesto en los arts. 1.2 y 25 del PIDESyC; ONU, a saber: ‘Son de titularidad de los pueblos las riquezas y recursos naturales existentes en su territorio, y su explotación debe hacerse conforme a las directivas impuestas por el art. 75, incisos 19 y 23 de la Constitución nacional’; esto es, atendiendo al bienestar general, al desarrollo humano y social sustentable del pueblo argentino y propiciando acciones positivas para igualar las condiciones de existencia entre las distintas regiones y provincias que componen el territorio de la Nación Argentina”.
En síntesis
Ante un camino fácil, con la oposición de los jubilados y, de tanto en tanto, de un sector atropellado por la política de expoliación de este desgobierno. Con 134 diputados y 38 senadores que votaron el RIGI y la ley 27.742 que lo contiene, con la complicidad de muchos gobiernos provinciales, incluso los seis que ahora se agrupan a instancias del capital local y de la Bolsa de Comercio de Rosario, la motosierra y la corrupción impactaron en la economía y en la sociedad argentina.
Priorizaron la renta financiera y pospusieron el modelo extractivista, que ante un dólar caro, les limita severamente las inversiones; entonces esperan que la Argentina incurra en no poder pagar (default de toda la deuda pública), devaluación de nuestra moneda y quiebra de importantes eslabones de la cadena productiva y distributiva del país.
El viaje a Los Ángeles de Milei y su comitiva es para ver si pueden conseguir dólares para llegar al 26 de octubre de 2025, pero también se van a ver con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron. Chevron es clave en Vaca Muerta. Nelson, además de sus responsabilidades corporativas, es vicepresidente ejecutivo de Petróleo, Productos y Gas, con fuerte influencia al momento de definir inversiones globales, que las van a realizar en el país, pero a precio vil e imponiendo las condiciones tras el default.
El capital financiero de Manhattan, como dicen Sam Vecht y Christoph Brinkmann de BlackRock, se plantea
inversiones de largo plazo. En el corto plazo y como cabecera de playa, operan los mesadineristas encabezados por Luis Caputo, con la renta financiera que les deja hacer este desgobierno y su resultado, el aumento de la deuda y la fuga de capitales. Con ese mecanismo se van a quedar con lo que le corresponde al pueblo argentino.
Nuestra burguesía local, en lugar de dirigir un proyecto para todos, se subordina al capital extranjero. El caso paradigmático es Techint, que va a recuperar sus inversiones con Tecpetrol, pero a costa de la marginación de Tenaris (tubos de acero para la industria energética), Ternium (productos de acero), Techint Ingeniería y Construcción (ingeniería y construcción de proyectos de gran escala), etc.
Por rapiñar los recursos naturales que nos pertenecen a todos, caen en la insignificancia.
Notas
[1] 51% estatal, y el gobierno de Milei nombra como presidente a Horacio Daniel Marín, que era el CEO de Tecpetrol hasta diciembre 2023, a Eduardo Ottino, también del grupo Techint; los grupos locales nombran también a Carlos Manuel Bastos (que fuera privatizador de SEGBA y ministro de Infraestructura y Vivienda con De la Rúa – Cavallo), y BlackRock posee 9.770.000 acciones correspondientes al 5,67% de YPF S.A.
[2] Las acciones de Chevron pertenecen principalmente a grandes inversores institucionales como Vanguard Group, State Street Corporation y BlackRock, además de la inversión significativa de Berkshire Hathaway. La propiedad está distribuida entre millones de accionistas, con los fondos de inversión dominando el capital de la compañía.
[3] El Banco de la Nación Argentina, presidido por el ex presidente del Banco de la Provincia de Córdoba, Daniel Tillard, a abril de 2025 (última publicación del balance por el BCRA),con el 62,8% de los depósitos que capta, compra y financia títulos de deuda del Tesoro de la Nación.
[4] Es un certificado negociable emitido por un banco de Estados Unidos que representa una o más acciones de una empresa extranjera. Estos certificados permiten a inversores estadounidenses y de otros países comprar y vender acciones de empresas extranjeras en dólares en las bolsas de valores de Estados Unidos.
[5] “La evolución del empleo y de los ingresos laborales a veinte meses del gobierno de La Libertad Avanza”, elaborado por el IPyPP y el IEF de la CTA Autónoma.
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).