Venezuela: Chevron y las contradicciones de Washington

La administración Trump ha autorizado de nuevo a Chevron a operar en Venezuela, apenas cuatro meses después de haber revocado la licencia que lo permitía. La medida pone el acento en una orientación pragmática en las relaciones con Venezuela.

Sin embargo, esta decisión vino acompañada de la inclusión del llamado “Cartel de los Soles” en la lista de organizaciones terroristas. Ambas acciones, adoptadas con pocos días de diferencia, expresan las contradicciones internas del gobierno estadounidense, dividido entre sectores que apuestan por una política funcional y otros que insisten en una línea dura de intervención y confrontación.

En marzo, Donald Trump firmó dos decretos. Uno de ellos revocó la licencia de Chevron. El otro, impuso un arancel secundario del 25 % da terceros países, especialmente China, que compraran petróleo o gas venezolano.  El objetivo era cortar la fuente de ingresos, a Venezuela, provocar escasez de divisas y estimular el descontento social. Pero estas medidas de “máxima presión” se revelaron ineficaces en pocas semanas.

A pesar de los aranceles secundarios, China continuó sus compras de petróleo venezolano, y los 240.000 barriles diarios que Chevron enviaba anteriormente a las refinerías del Golfo de México pasaron a ser recibidas por las llamadas “teteras” asiáticas. Por su parte, la producción interna se mantuvo estable, en torno a un millón de barriles diarios, aun con la salida de Chevron.

En vista del fracaso de las medidas de máxima presión, el gobierno de Trump se vio obligado a retroceder parcialmente en su estrategia de asfixia económica y decidió emitir una nueva licencia que permite a Chevron reanudar sus operaciones petroleras en Venezuela.

Aunque los detalles específicos de la nueva licencia aún no se han hecho públicos, se sabe que esta autorización permite a Chevron continuar sus operaciones en las empresas mixtas con Pdvsa, siguiendo esquemas parecidos a los establecidos durante la administración Biden, con medidas que impiden transferencias directas de fondos al gobierno venezolano. En este marco, Pdvsa se prepara para reactivar sus operaciones conjuntas, lo que permite al país asegurar una fuente de ingresos y favorece un aumento de la producción de crudo.

En contraste con este movimiento pragmático, el Departamento del Tesoro anunció pocos días después la designación del llamado “Cartel de los Soles” como organización terrorista. Algunos analistas indican que esta medida no responde a informaciones de inteligencia, sino a una necesidad política interna de ofrecer una “compensación simbólica” al lobby cubanoamericano de Florida, opuesto a la reactivación de la licencia.

El término “cartel de los Soles” es una denominación genérica que comenzó a utilizarse en los años 90 para referirse a militares que, en distintos momentos, habrían estado implicados en actividades del narcotráfico. Sin embargo, no hace referencia a una red estructurada de producción o tráfico, ni a una política institucional, sino a casos de corrupción individual, en los que algunos miembros de cuerpos castrenses habrían sido sobornados para permitir el paso de cargamentos ilegales.

Según diversos expertos, la idea del «Cartel de los Soles» ha funcionado más como una etiqueta construida desde el discurso político que como algo basado en la inteligencia profesional.

La utilización de enemigos simbólicos para justificar políticas agresivas no es nueva en la historia estadounidense. Incluso recientemente, en el caso de Venezuela, se ha recurrido a esta estrategia. Un ejemplo es el del Tren de Aragua, utilizado como excusa para perseguir a los migrantes venezolanos. Sin embargo, los propios servicios de inteligencia estadounidenses han desmentido que tenga vínculos directos con el Estado venezolano.

Más allá del caso venezolano, este enfoque responde a una lógica geopolítica más amplia. Estados Unidos se opone a los procesos de integración regional que fortalezcan la autonomía de los Estados del sur del continente. En particular, la iniciativa de crear una zona económica binacional entre Colombia y Venezuela ha generado resistencias en Washington, donde se interpreta como una amenaza a su hegemonía en la región.

En este contexto, es probable que la narrativa del «Cartel de los Soles» haya sido reactivada también como un instrumento para obstaculizar proyectos de cooperación económica y política entre Venezuela y Colombia.

La política estadounidense hacia Venezuela está lejos de definirse con claridad, ya que el pragmatismo convive con las presiones de los sectores intervencionistas.

¿A dónde conduce acusar a Venezuela de enviar migrantes de forma deliberada a Estados Unidos, como hizo recientemente Donald Trump? ¿Está siendo desinformado por su propio Consejo de Seguridad? ¿Qué se puede esperar de acusaciones como la de que el Estado venezolano participa activamente en el tráfico de drogas?

La verdad es que la licencia de Chevron podría abrir el camino a acuerdos y avances diplomáticos, pero se ha creado un dispositivo legal que refuerza la confrontación y mantiene latente la amenaza de acciones violentas y operaciones encubiertas.

En lugar de esta retórica, lo más sensato sería avanzar hacia acuerdos de cooperación energética todavía más amplios, mecanismos de seguridad compartida y colaboración contra la criminalidad. ¿Privará el sentido común?.