Doce años de prisión para el expresidente Uribe
Camilo Rengifo
La jueza Sandra Heredia, que condenó el lunes a Álvaro Uribe por sobornar testigos en un juicio, leyó este viernes la sentencia que le corresponde al expresidente. Anunció que deberá cumplir 12 años de prisión domiciliaria y más de ocho de inhabilitación para ocupar cargos públicos, tras hallarlo culpable a inicios de esta semana de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en concurso homogéneo.
Heredia le concedió prisión domiciliaria al exmandatario de 73 años y dispuso su “traslado inmediato” a su casa en el departamento de Antioquia. Justificó la decisión en que «resulta fácil» que Uribe pudiera abandonar el país, para eludir la sanción impuesta. Uribe Vélez, primer expresidente colombiano en ser condenado, deberá pagar una multa de 3.400 millones de pesos colombianos, unos 822.000 dólares,y quedó inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas durante 100 meses y 20 días.
En tanto, el tribunal absolvió a Uribe del cargo de soborno simple, pero ratificó su responsabilidad en la manipulación de pruebas y el ofrecimiento de beneficios a testigos para alterar sus declaraciones en procesos judiciales.
El texto de la sentencia señala que «contra la misma procede el recurso de apelación, ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá D.C., recurso que debe ser interpuesto en este momento procesal y puede ser sustentado oralmente dentro del mismo o por escrito dentro de los cinco días siguientes«. El equipo de defensa de Uribe anunció que apelará la sentencia.
El fallo judicial detalla cómo Uribe dirigió una estructura organizada para fabricar pruebas falsas contra el senador Iván Cepeda Castro, utilizando a su abogado Diego Cadena como operador principal y contando con la participación de terceros como el exrecluso Enrique Pardo Hasche y la exagente de la CIA Lisa Ruth.
La investigación reveló que el expresidente autorizó presiones sistemáticas contra Juan Guillermo Monsalve, quien había acusado a los hermanos Uribe de vínculos con el paramilitarismo. A través de Cadena, se ofrecieron beneficios jurídicos como acciones de revisión de condena y mejoras carcelarias a cambio de que Monsalve se retractara de sus acusaciones.
Las pruebas técnicas fueron determinantes para el fallo condenatorio. Las interceptaciones telefónicas legales revelaron la coordinación entre Uribe y sus colaboradores, incluyendo conversaciones donde el expresidente autorizó a Cadena con frases como «Proceda doctor, que usted hace las cosas bien». Monsalve registró con un reloj espía los encuentros en la cárcel La Picota durante 2018, donde fue presionado para cambiar su testimonio.
El tribunal documentó la falsificación de cartas firmadas por testigos como Carlos Vélez «Victor» y Eurídice Cortés «Diana», así como por reclusos de la cárcel de Cómbita, que contenían declaraciones falsas contra Cepeda. Estas cartas fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Uribe como pruebas de su inocencia.
La sentencia establece que Uribe autorizó giros de dinero a testigos mediante intermediarios como Rodolfo Echeverry. María Elena Vélez, hermana de «Victor», recibió 18 millones de pesos como parte de estos pagos ilícitos destinados a asegurar declaraciones favorables al expresidente.
La sentencia sienta un precedente histórico en Colombia al demostrar que ningún ciudadano, independientemente de su posición o influencia política, está por encima de la ley. El caso Uribe marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad de alto nivel y fortalece la confianza en las instituciones judiciales.
Falsos positivos
En este juicio, Uribe no fue acusado por los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de civiles por parte del Ejército colombiano durante su gobierno (2002-2010), donde más de 6,400 personas -civiles no beligerantes- fueron asesinadas y presentadas como guerrilleros caídos en combate. Este fenómeno se intensificó entre 2006 y 2008 en el marco de la llamada política de Seguridad Democrática, que buscaba mostrar resultados operacionales exitosos en la guerra contra las guerrillas.Uribe contra Petro
Horas antes se hizo pública una denuncia de Uribe contra el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, por “acusaciones directas, infundadas y carentes de respaldo judicial, atribuyéndole al expresidente Uribe conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción”.“No existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”, añade el comunicado de la firma Victor Mosquera Marín Abogados.
Petro dijo en X el pasado 29 de julio, en referencia al juicio contra Uribe, que “el tema central de la investigación es
cómo se fundó el bloque Metro de los paramilitares de Antioquia y por qué lo exterminaron los mismos paramilitares”. “A la JEP (Justicia Especial para la Paz) puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia”, añadió el mandatario.
La JEP es un organismo de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las Farc en 2016 que prioriza la reparación y búsqueda de la verdad para las víctimas del conflicto armado. El senador Cepeda, quien acusó a Uribe de tener vínculos con paramilitares, dijo que, una vez condenado el expresidente por soborno de testigos y fraude procesal, se “abre la posibilidad a otros avances que puedan desentrañar lo que él quiso encubrir”.
*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)