Ecuador: A referendum la instalación de bases militares extranjeras
Eloy Osvaldo Proaño
Con los votos de 82 de 151 legisladores, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que habilitaría la instalación de bases militares extranjeras en el país, con el objetivo de reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. El siguiente paso en el proceso: es el envío del texto a la Corte Constitucional.
De acuerdo con el artículo 442 de la Constitución ecuatoriana, una vez que la Corte emita su dictamen favorable, el proyecto deberá ser notificado al Consejo Nacional Electoral (CNE), que tendrá un plazo de 45 días para convocar a un referéndum. La reforma entrará en vigor únicamente si obtiene la aprobación de la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos por la ciudadanía.
La legisladora ponente del informe, Nataly Morillo, señaló que esta reforma permitirá enfrentar con mayor eficacia amenazas como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y la violencia generada por estos delitos. “El Estado ecuatoriano dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado transnacional”, afirmó.
Noboa propuso en octubre de 2024 levantar la prohibición para el establecimiento de bases militares extranjeras, supuestamente para fortalecer la llamada guerra contra el narcotráfico, tras declarar la existencia de un conflicto armado interno en enero de 2024. Varios funcionarios han declarado que las bases militares no sólo serían estadounidenses, sino de otros países que quieran participar en esta “cruzada” contra el crimen.
En ese momento se vio la propuesta como una estrategia de proselitismo electoral, pues Noboa había perdido popularidad, aprobación de su gestión y apoyo para las elecciones presidenciales de febrero de 2025.
Actualmente, la Constitución no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
El artículo 5 dice: “Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”. Una reforma parcial, según la misma Constitución, se debe hacer vía referéndum. Sólo las enmiendas constitucionales se aprueban en la Asamblea Nacional.
Este principio fue introducido durante la Asamblea Constituyente de Montecristi en 2008, en el contexto de la decisión del entonces presidente Rafael Correa de no renovar el acuerdo con Estados Unidos para el uso de la Base Aérea de Manta. La salida de los militares estadounidenses se concretó en 2009.
La legisladora Nuria Butiñá advirtió que abrir la puerta a bases extranjeras puede tener consecuencias a largo plazo sobre la soberanía del país. En su intervención señaló que “decisiones políticas coyunturales podrían comprometer de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado”.
En la Ley de la Función Legislativa consta que, una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, «se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes».Según el abogado constitucionalista José Chalco-Salgado, ese tiempo incluye los 20 días que tiene la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento, desde que el juez a cargo de ese trámite avoque conocimiento; y, al cabo de esos 45 días, el Mandatario deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a referéndum, quien tiene a su vez 60 días para organizar el proceso electoral llamar a las urnas.
Eso significa que si se cumplen los plazos máximos, aproximadamente en cuatro meses, o sea entre septiembre y octubre de 2025, los ciudadanos volverán a sufragar. Ese referéndum pone sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno aproveche la coyuntura y el costo que representa el proceso electoral para incluir otras preguntas a la ciudadanía. Una vez superado el procedimiento en la Asamblea, el trámite debe recibir un aval de la Corte Constitucional, ente que revisará si el anexo y los considerandos cumplen con los parámetros de constitucionalidad.
Según el abogado constitucionalista José Chalco-Salgado, ese tiempo incluye los 20 días que tiene la Corte Constitucional para emitir un pronunciamiento, desde que el juez a cargo de ese trámite avoque conocimiento; y, al cabo de esos 45 días, Noboa deberá notificar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a referéndum, quien tiene a su vez 60 días para organizar el proceso electoral llamar a las urnas.
Si el referéndum es convocado y aprobado por la ciudadanía, el país estaría reformando un principio constitucional que ha marcado su política exterior y de defensa en los últimos 15 años. La campaña por el “sí” y el “no” abriría, además, un nuevo frente de debate, con implicaciones tanto para la seguridad como para la política interna.
Antecedentes de la entrega
La base militar estadunidense en Manta se instaló después de un convenio de colaboración firmado en 1999 por el entonces presidente Jamil Mahuad, para un periodo de 10 años. Cuando Rafael Correa asumió la presidencia, en 2007, anunció que no se renovaría el contrato de la base, y en septiembre de 2009 el personal estadounidense concluyó ahí su labor, en medio de una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos, hundimiento de barcos con migrantes y otros delitos de militares estadunidenses que no fueron juzgados en territorio ecuatoriano.
Incluso sin que se haya aprobado este cambio constitucional, en diciembre pasado Noboa dispuso que las islas Galápagos se conviertan en base militar de Estados Unidos y con ello permitió el ingreso de buques y tripulaciones, en diciembre de 2024m, gracias a una decisión del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos, luego de que entraron en vigor los tratados de cooperación militar de Estados Unidos con Ecuador firmados por Noboa el 15 de febrero de 2024.
Así, buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos pudieron instalarse en ese archipiélago declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1978.
Ahora, con la instalación de plataformas militares, según la propuesta del gobierno , se plantea “combatir el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en esta región del Ecuador. Es importante evitar conflictos violentos y otros delitos conexos entre los grupos narcoterroristas vinculados a cárteles internacionales que se disputan las rutas para exportación de estupefacientes y el dominio territorial para el expendio de drogas”.
*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)