Panorama Económico Latinoamericano – del 26 de marzo al 2 de abril de 2025
Sanciones petroleras: ¿Por qué EEUU pierde más que Venezuela?
Víctor Álvarez
Donald Trump ha criticado duramente la política de licencias petroleras de Biden hacia Venezuela. Quiere romper la inercia y afirma que está corrigiendo los errores heredados. En su estilo agresivo, ataca duro para luego negociar. Por eso suspende la licencia a Chevron.
Este viraje en materia de licencias petroleras fue acelerado por las declaraciones de Richard Grenell cuando afirmó que “la política de Trump para Venezuela no era la un de cambio de régimen, sino construir una nueva relación”, declaración considerada políticamente incorrecta por los congresistas republicanos de Florida, Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar, que lideran la línea dura contra Cuba, Nicaragua y Venezuela. En la Cámara de Representantes, la mayoría republicana se reduce a cuatro votos, y en la delegación de Florida están votos muy sensibles a cualquier concesión que se haga a favor de los regímenes que quieren derrocar. Esos congresistas dejaron entrever que podían salvar los votos que Trump necesitaba para aprobar el acuerdo presupuestario. Ante la urgencia, Trump anunció en sus redes sociales la revisión de las licencias petroleras y el presupuesto se aprobó por un estrecho margen de 217 votos a favor y 215 en contra.
Esto explica el sorpresivo giro de Trump. Por ahora, no representa un cambio en la estrategia de negociaciones directas entre la Casa Blanca y Miraflores, sino una maniobra coyuntural para sortear las contradicciones internas de los republicanos que apoyan a Trump en el Congreso, y sería apresurado definirla como la nueva política de la administración Trump hacia Venezuela. Pero si a la revocatoria de la licencia de Chevron le sigue la suspensión de las cartas de conformidad bajo las cuales operan empresas europeas que no están sujetas a licencias, la segunda Administración Trump estaría reeditando la política de máxima presión para forzar un cambio político en Venezuela.
Impacto migratorio de la suspensión de las licencias petroleras
La impresión inicial fue que Trump no regresaría a la política de máxima presión ni reeditaría las concesiones sin contrapartida que otorgó Biden, que buscaría algo distinto y funcional a sus prioridades, incluyendo facilitar la recuperación de la economía venezolana para generar fuentes de empleo bien remunerados que alivien la migración venezolana hacia Estados Unidos que se ha multiplicado y figura entre las que más se ha beneficiado del estatus de protección temporal, con más de 600.000 venezolanos con TPS, y 117.000 con permiso humanitario (parole) otorgados por Biden.
La pronta visita de Richard Grenell, comisionado presidencial para Misiones Especiales, creó la expectativa de un canje de deportaciones masivas de migrantes venezolanos a cambio de mantener las licencias petroleras. Trump se juramentó el 20 de enero y el 31 de enero Grenell viajó a Caracas para reunirse con Maduro en el Palacio de Miraflores. Era la primera vez en muchos años que un diplomático estadounidense se dejaba fotografiar junto al gobernante venezolano, que aceptó recibir a los deportados y abrir vías para avanzar hacia mayores acuerdos. Pero estas vías están a punto de cerrarse. Si la suspensión de las licencias es definitiva, nuevamente se interrumpirá el acuerdo migratorio y así los planes de Trump para deportar migrantes venezolanos se verán afectados.
Impacto geopolítico: Venezuela estrechará lazos con rivales de EEUU
Con la suspensión de las licencias petroleras, el gobierno venezolano tomará el control de las empresas mixtas bajo control de Chevron, cuya operación pasaría a nuevos socios. ¿Quiénes sería estos? Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron, declaró a Financial Times que “en Venezuela, en particular, lo que se ha visto cuando los países occidentales se marchan es que las empresas chinas y rusas han aumentado su presencia”.
En febrero, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, se reunió en Nueva Delhi con el ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Singh Puri, “para revisar el mapa de cooperación conjunta”. Por su parte, Maduro afirmó: “Nuestro porvenir energético cada vez estará más vinculado con la India”.
Aparte de la retirada oficial de Chevron, la OFAC puede prohibir las operaciones de las empresas estadounidenses de servicios petroleros que se encuentran en Venezuela, tales como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford. El giro de la administración Trump también puede afectar las operaciones en Venezuela de Repsol, ENI y Maurel & Prom. Si se suspenden definitivamente las licencias a las petroleras estadounidenses y europeas, Venezuela ofrecerá mejores condiciones de participación a las empresas provenientes de Rusia, China, Irán y la India que estén dispuestas a incrementar la compra de crudo venezolano y a ampliar su participación en la industria petrolera nacional. Suspender definitivamente las licencias puede generar efectos geopolíticos contrarios a las prioridades de Trump de alejar a sus rivales asiáticos del hemisferio.
Daños a intereses energéticos y económicos de EE UU
Donald Trump amenazó con dejar de comprar petróleo a Venezuela: «No necesitamos su petróleo, tenemos 50 veces más que ellos”. Pero hay poderosas razones técnicas, económicas y geopolíticas que dificultan esa decisión. Si bien es cierto que Estados Unidos se convirtió en uno de los principales productores de petróleo gracias a la tecnología del fracking, ese petróleo liviano no es el más adecuado para las refinerías estadounidenses que fueron diseñadas para procesar los crudos pesados venezolanos. Mantener las operaciones de fracking requiere precios superiores a 60 $/b para cubrir los altos costos y ser rentables. Si los precios caen por debajo, a Estados Unidos le resultará más barato importar petróleo que consumir el propio. Y pueden caer si se pone fin a la guerra en Ucrania y se conjura la amenaza de un conflicto bélico entre Israel e Irán. Por lo tanto, no se trata de que Estados Unidos produzca más petróleo que Venezuela, sino de restricciones técnicas y económicas que dificultan la sustitución de los crudos pesados venezolanos por los crudos livianos y de alto costo del fracking.
Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos se han consumido a fin de evitar una presión de demanda que incremente los precios. Corporaciones como Chevron tienen por delante resolver un problema clave para garantizar su viabilidad a mediano y largo plazo, toda vez que sufren una caída en sus reservas, agravada por una baja tasa de reemplazo. Una de las promesas electorales de Trump fue recuperar el nivel de la reserva estratégica a 700 millones de barriles (MMB). Para lograrlo necesita inyectar 320 MMB. Comprar semejante cantidad presionaría al alza los precios del petróleo, cuestión que daría al traste con la promesa electoral de Trump de reducir los costos de los combustibles y la energía.
La producción de petróleo en Estados Unidos gira en torno a los 13 MMBPD. A ese ritmo, sus reservas durarían 6,4 años. Si Estados Unidos consume diariamente casi 20% de la demanda global y Venezuela tiene casi 20% de la reserva mundial, a Estados Unidos le conviene recuperar el suministro del petróleo venezolano. De hecho, según el Departamento de Energía, las reservas subieron de 346 a 380 MMB a partir de octubre de 2023, cuando Chevron recibió una licencia para reactivar sus operaciones en Venezuela, pero las cuantiosas reservas de petróleo que subyacen en el suelo venezolano solo podrán extraerse sin se levantan las sanciones. Estados Unidos necesita asegurar nuevas reservas para garantizar sus operaciones futuras y Venezuela representa una fuente segura para reponer esas reservas. Pero si Rusia, China, Irán y la India ocupan los espacios que Estados Unidos deje vacíos, luego le será muy difícil recuperarlos.
Donald Trump no es un kamikaze
En la Segunda Guerra Mundial, los pilotos suicidas japoneses estrellaban el avión que tripulaban cargado de explosivos para destruir un objetivo. Sin lugar a dudas, con la suspensión de la licencia a Chevron Trump dio un sorpresivo bandazo, pero los efectos contraproducentes y dañinos para Estados Unidos de prolongar y endurecer las sanciones petroleras mantienen la expectativa de que finalmente se decantará por una relación más pragmática que sea de mutuo beneficio para ambas naciones.
Entre las prioridades de Trump están las deportaciones masivas, el acceso seguro de Estados Unidos a reservas de petróleo, alejar a Venezuela de los rivales geopolíticos de Estados Unidos, y restaurar la democracia venezolana. ¿Por cuál de estas prioridades Trump está dispuesto a entenderse con Maduro? ¿Cómo negociar esas prioridades sin entrar en conflicto con los congresistas republicanos de Florida que apoyan su gobierno? ¿Estará Trump dispuesto a una negociación directa con Maduro para alinear la flexibilización de las sanciones con los intereses de seguridad energética, migratorios y geopolíticos de Estados Unidos?
A pesar del desconcertante giro dado por Trump, la política de Estados Unidos hacia Venezuela aún no está claramente definida. Amanecerá y veremos.
Burocracia versus transición energética en Chile: ¿Ineficiencia?
IPS
La necesidad de un proceso de evaluación y obtención de permisos ambientales con mayor eficiencia es una realidad transversal para los distintos sectores políticos, gremios e instituciones en Chile.
Sin embargo, los proyectos de ley presentados por el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar este desafío han generado una gran resistencia desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, quienes han denunciado que el enfoque principal no está puesto en la eficiencia del sistema, sino en favorecer a los titulares de los proyectos.
La “permisología”, como se llama localmente a la tramitación de los permisos, es un concepto que se ha instalado en el debate público chileno, y que hace referencia a la totalidad de los permisos que deben obtener los titulares, ya sean sectoriales o ambientales, para poder operar sus proyectos.
Durante los últimos meses se le ha dado especial énfasis a cómo funciona el proceso de evaluación ambiental, cuyos plazos de aprobación o rechazo, según la Base de Datos Abierta del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) estuvieron entre los 200 y 1680 días en el último año, incluyendo los tiempos legales de la institucionalidad ambiental y los plazos tomados por los titulares para complementar información.
En ese sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que la idea de la “permisología” viene desde una narrativa que busca mezclar el proceso de evaluación ambiental con la obtención de permisos sectoriales que han existido desde hace décadas, con el objetivo de ejercer presión para flexibilizar las normativas, cuando en realidad son los titulares de los proyectos quienes no entregan la información adecuada para que los procesos avancen.
“Estos largos tiempos de tramitación se confunden con que el titular entregó, o más bien no entregó información suficiente, entonces, recibe una cantidad de preguntas para completar la información y se toma el tiempo para responderlas. Los servicios públicos tienen tiempos súper acotados (para responder), que están definidos en la legislación», afirma Liberona.
Y añade: «Uno ve en la tramitación de los proyectos que los silencios se dan cuando los titulares deben completar la información para que el proyecto pueda ser calificado favorablemente. Además, aquí hay un enredo, una confusión entre un tipo de permiso (sectorial) y otro tipo de permiso (ambiental), y también yo diría que un objetivo de flexibilizar la normativa”.
En Chile, el titular de un proyecto que tenga impactos ambientales tiene que enfrentarse a dos tipos de permisos: los sectoriales ambientales (PAS), y los sectoriales (PS) correspondientes a otros organismos.
En el caso de los PAS, toda su tramitación está agrupada dentro del mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto se estableció como tal en la ley, particularmente, para generar un proceso más eficiente que pudiese medir impactos ambientales de forma centralizada.
Por otro lado, los PS son permisos que corresponden a otros organismos del Estado y que, por ende, tienen sus propios mecanismos de obtención y plazos. Estos permisos no forman parte de la evaluación ambiental de un proyecto.
Cabe mencionar, que además, existen permisos mixtos, en los que el SEIA se encarga únicamente del contenido ambiental.
¿La “permisología” afecta la carbono neutralidad?
Desde las empresas energéticas, se ha planteado que existen una serie de proyectos de transición energética “estancados” debido a la evaluación ambiental.
El director ejecutivo de La Asociación Gremial de Generadoras de Chile, Camilo Charme, comentó en su exposición en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado que para alcanzar la carbono neutralidad en Chile se necesita duplicar la capacidad solar, sextuplicar la eólica y quintuplicar la de almacenamiento.
Sin embargo, en el último tiempo, los proyectos ligados a estas materias han sido mayoritariamente rechazados por el sistema, incluyendo largos plazos de tramitación.
“Nos dimos cuenta en los últimos años que la aprobación de proyectos en nuestro sector ha decaído en 70 % y los plazos de evaluación han aumentado en 32 %, entonces, este proyecto es muy interesante y es necesario que estemos acá”, afirmó.
Por otro lado, en los medios se han dado una serie de ejemplos de proyectos que vendrían a contribuir al cambio de fuentes en la matriz energética, pero que se han “frenado” debido al proceso de evaluación.
Uno de ellos es la Central de Bombeo Paposo, cuyo objetivo era generar y almacenar energía a través del bombeo de agua desde un estanque en el sector de Paposo, ubicado al norte del Puerto de Taltal.
El caso tuvo opiniones divididas entre la empresa titular del proyecto, la autoridad evaluadora y la comunidad indígena changa, siendo esta última sumamente contraria al proyecto, debido a los posibles impactos para el ecosistema y maritorio de Paposo, lugar que alberga más de 100 especies de flora, de las que más de 50 % son endémicas de Chile.
El SEA afirmó que existía una falta de información en los posibles impactos del proyecto, haciendo especial énfasis en la falta de levantamiento de información respecto a flora y fauna y los posibles impactos a las comunidades indígenas, por lo que le dieron término anticipado a su tramitación.
Tras el término, el caso terminó con la salida del director del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA) de ese entonces, Ramón Guajardo, lo que generó cuestionamientos a la directora del SEA, Valentina Drurán, de parte de los funcionarios del Servicio, quien le solicitó la renuncia a Guajardo semanas después del término del proyecto.
Colbún, por su parte, emitió un comunicado de la empresa que afirmó que la resolución de la autoridad era poco coherente y contenía errores formales evidentes, cuestiones que iban en sentido contrario a dar señales claras y certeza jurídica para el avance de los proyectos.
El proyecto finalmente no insistió en su instalación.
Gobierno de Boric busca acelerar los tiempos
El gobierno presentó dos proyectos de ley para responder a la presión por la demora de los proyectos: el Sistema Nacional de Permisos y el proyecto Evaluación Ambiental 2.0. Este último, apoyado transversalmente por partidos políticos y gremios empresariales, es el más cuestionado por organizaciones socioambientales y de la sociedad civil.
El proyecto, a rasgos generales, busca agilizar los tiempos de la evaluación ambiental a través de una serie de modificaciones a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuya discusión se ha centrado mayoritariamente en los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Para el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar (Acesol), Darío Morales, revisar la institucionalidad y la burocracia del sistema era un proceso necesario para equilibrar la protección medioambiental con el avance del desarrollo productivo del país.
“Es necesario que la ley ambiental sea actualizada a los nuevos tiempos y a la nueva tecnología, por eso me parece muy relevante la discusión que se está llevando a cabo. Parte de este proceso de actualización va a implicar, entonces, hacer modificaciones que permitan destrabar algunas cosas que hoy día, a nuestro juicio, no se están realizando como corresponde, pero siempre pensando en que hay que mantener y reforzar la protección ambiental», afirma.
Añade que «esto no significa tener que derribar todos los permisos y que los proyectos tienen que desarrollarse a toda costa».
«Los proyectos tienen que desarrollarse, nuestra legislación ambiental tiene que cumplir el objetivo de proteger nuestro medioambiente, pero también tenemos que coincidir ese objetivo con el desarrollo productivo y el desarrollo económico”, asegura.
Por otro lado, agrega que si bien los proyectos siempre pueden ser mejorables, la discusión que se ha dado ahora ya es relevante para el avance de este tipo de materias.
“Siempre se pueden encontrar cosas que perfeccionar, eso es lo interesante del debate democrático que se está dando en el Congreso. Se están presentando las distintas visiones y yo tengo la confianza de que en ese debate vamos a llegar a ciertos consensos», detalla Morales.
Considera que «probablemente, el proyecto que salga no sea de la entera satisfacción de uno o de otro, pero por lo menos va a ser el resultado de una discusión que es extremadamente necesaria que se esté dando, que lleva años y con la que todavía no hemos logrado llegar a buen puerto».
«A mi juicio esto va en la línea correcta. Siempre van a haber matices pero lo peor que podemos hacer es dejar las cosas como están”, agrega.
Al respecto, para el académico y coordinador del curso Gobernanza de los Comunes de la Universidad de Chile e investigador de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortéz, la transversalidad política y la simplicidad con la que se acogió el concepto de permisología debe ser objeto de mayor reflexión, más aún cuando existen proyectos de ley en discusión que han surgido a partir de este discurso.
“Cuando hablamos de permisología, primero, debemos preguntarnos ¿para quién? Y de alguna manera también preguntarse, ¿qué consecuencias puede tener? ¿A quién beneficia? Esas preguntas, actualmente, no están en este debate», afirma.
Y agrega: «Solamente se asume que la permisología es una especie de capricho del Estado para entrabar proyectos, no hay ninguna otra reflexión, y esa simplicidad del concepto te lleva a que, claro, se imponga muy fácilmente y de manera acrítica sin hacernos cargo de lo sesgado que puede estar respecto a otros procesos sociales y políticos que también convergen en este problema».
«Y eso, lamentablemente, también lo asumió el gobierno”, sentencia.
Una de las propuestas que ha generado mayor controversia ha sido la creación del Procedimiento de Urgencia, lo que permitiría reducir el tiempo de la tramitación de proyectos que tengan como objetivo particular reducir efectos adversos sobre el medio ambiente, o generar efectos positivos sobre el mismo.
Dicha reducción, hasta ahora, sólo consistiría en reducir los tiempos legales de la institucionalidad, pero no es parte del escrito del proyecto de ley ni ha sido parte del debate en el Congreso la forma en que esto se llevaría a cabo.
Para Cortéz, estas ambigüedades forman parte de una técnica legislativa muy común en Chile, sin embargo, plantea que las organizaciones y actores sociales deben estar atentos, ya que el debate de los decretos que puedan ir aterrizando la ley carecen de un carácter público.
“La idea de las famosas leyes marco, donde se establecen los lineamientos generales y se hacen las bajadas a través de decretos. Esos decretos, generalmente son decretos supremos, que los dictan los mismos ministerios», dice.
Y a su juicio, «ahí es donde, precisamente, yo creo que debe estar también la suspicacia de las distintas organizaciones que están observando el proyecto, porque, por un lado, vamos a tener una normativa que en términos generales va a decir vamos a privilegiar proyectos que mitiguen el cambio climático, en donde puede caber promover la transición, pero los detalles precisamente estarán en estos famosos decretos supremos».
Es allí «donde se pone difuso el tema, porque el debate ya no es público en el sentido de que puedes revisar actas, ver videos, ir a las sesiones, etc. Si no estás dentro de esa estructura de poder, no solo dentro del ministerio, sino que todos los lobbies que hay dentro de eso, no puedes saber el contenido de la discusión”.
Ahora bien, desde las organizaciones de la sociedad civil, se ha acusado que el debate de la “permisología” y el proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 se está debatiendo desde una perspectiva de eficiencia que solo está haciéndose cargo de los tiempos de evaluación, y no necesariamente de un buen funcionamiento del sistema.
Para el abogado de la organización no gubernamental Fima, Felipe Pino, existen varios problemas en el proyecto, entre los que destaca la apertura de la idea de proyectos que generen efectos positivos o negativos en el medio ambiente, y los sesgos en el origen del proyecto debido a que el tiempo es el único parámetro que se está usando para medir eficiencia, e incluso no siempre los tiempos de demora son dentro del proceso de evaluación.
“El procedimiento de urgencia es algo que nos entrampará aún más ¿Por qué? Porque nos vamos a sacar los ojos peleando cuáles son los proyectos que aportan o no aportan a solucionar el cambio climático, nos vamos a detener incluso en ese momento. Todavía ni siquiera vamos a estar hablando del proyecto en sí mismo. Vamos a estar apelando la admisibilidad que se va a dar», afirma.
Y el proyecto en general, «no es la estrategia más óptima para mejorar la eficiencia porque en los proyectos de más larga demora, no solo está su proceso de evaluación, sino que tiene que ver también con la judicialización”, añade.
Además, plantea que existen una serie de sesgos en la interpretación política de cómo debiese operar el Seia, en donde se asume que su tarea debe estar centrada en aprobar proyectos.
“Hay, incluso, un error y un sesgo primario de entender el sistema de evaluación ambiental como un sistema que está hecho para mejorar y aprobar proyectos, y no para rechazarlos, por lo tanto, todo proyecto que pase por el Seia debe mejorarse lo suficiente para que sea aprobado, lo que me parece un error», añae.
A su juicio, «la responsabilidad de presentar un proyecto bueno es del titular, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene que evaluar imparcialmente, porque, además, los titulares tienen el beneficio absoluto de mejorar y presentar sus proyectos todas las veces que quieran».
«En el fondo, en vez de decir ‘esto está malo’, vuelva a ingresarlo, tenemos que nosotros dar las propuestas para que el titular las incorpore y eso es, a mí parecer, una administración ineficiente, no solamente del tiempo, sino de los recursos”, concluye.
Al igual que Foma, existen más de 200 agrupaciones, centros de estudios y comités ambientales que han mostrado su preocupación por el debate y el proyecto, cuyos principales puntos se agruparon en la declaración pública en rechazo al proyecto de ley del gobierno, cuyas principales críticas apuntan a un retroceso en la institucionalidad ambiental.
En particular, la declaración sentencia que: “Con estas modificaciones es claro que el Ejecutivo ha renunciado a sus ideas originales. Cuesta comprender que el contexto actual de crisis climática y ecológica, de la cual Chile se encuentra entre los países más vulnerables, y con la enorme cantidad de conflictos socioambientales que cada día se levantan en nuestras comunidades, este gobierno decida ir en el sentido opuesto a lo que dicta la lógica».
«Pudiendo promover un proyecto que establecía certezas, fortalecía la institucionalidad para evaluar de mejor manera los impactos sinérgicos y acumulativos, y potenciaba la agilidad del sistema tanto a favor de las comunidades como de la inversión, se ha optado por la negociación fácil a costa del medioambiente”», agrega.
Para Cortéz, en cuanto a proyectos de transición energética, esto incluso podría traducirse en coartar el componente de justicia al proceso, dada la posible reducción de estándares ambientales y el desbalance entre intereses individuales y colectivos.
“Apurar esto puede significar una reducción de los estándares ambientales, y también sociales respecto a cómo se tramitan los proyectos. Se debiese hacer una evaluación de los trámites que son necesarios e indispensables y cuáles no. Ahora se están agarrando todos los trámites y se están simplificando», plantea.
«Además, ha habido una asimetría respecto a privilegiar los intereses individuales por sobre los colectivos. O sea, partiendo esta pregunta, permisología, ¿para quién? Decir, bueno, ¿esto afecta o no? ¿O va a acentuar una brecha entre los derechos individuales en desmedro de los derechos colectivos?”, añade.
Honduras: avances para construir planta procesadora de soya
El gobierno de la presidenta Xiomara Castro avanza hoy en los temas legales que permitirán la instalación de una planta procesadora de soya en el puerto de Trujillo, en el norteño departamento hondureño de Colón.
Impulsada por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), la planta tendrá una capacidad de 550 mil toneladas métricas anuales y requerirá la siembra de unas 250 mil hectáreas de soya, con garantía de compra de la producción.
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, se reunió la víspera con representantes de la SAG y de la Secretaría de Energía para analizar los aspectos legales que atañen al poder legislativo, de cara a concretar el importante proyecto económico.
Durante el encuentro, se abordaron temas clave sobre la reforma a la Ley de Mezclas de Biocombustibles y la aprobación del dictamen de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos.
La administración de Castro busca reactivar el cultivo de soya para consumo humano, alimento para el ganado y para la producción de biocombustible, expresó Redondo.
El titular del Parlamento destacó que esta iniciativa no solo fortalecerá la producción nacional, sino que también contribuirá a la soberanía alimentaria del país centroamericano.
La inversión pública proyectada para este ambicioso proyecto es de 304,6 millones de dólares, generando alrededor de mil empleos directos en la zona durante su construcción, que durará entre 16 y 18 meses, y 800 puestos de trabajo de manera permanente.
Además de impulsar la producción local, la planta permitirá que Honduras pase de ser importador neto de harina de soya a exportador, abriendo nuevas oportunidades en el mercado internacional, destacaron las autoridades.
En la actualidad, en el país no se produce soya y se importan unas 400 mil toneladas de harina del grano, explicó la ministra de Agricultura, Laura Suazo.
Según Suazo, esa situación representa una fuga de divisas que puede reducirse paulatinamente con la producción de entre 200 y 250 mil manzanas del cultivo a nivel nacional.
La producción nacional y la soberanía alimentaria son fundamentales, y producir un ingrediente tan importante para la generación de huevos y carne refuerza nuestro compromiso con el desarrollo del sector, subrayó la funcionaria.
Honduras importa el 100 por ciento de la harina de soya que consume, con un volumen de 400 mil toneladas en 2023, de acuerdo con la SAG.
Con la instalación de esta nueva planta en Colón, Tegucigalpa no solo podrá satisfacer su demanda interna, sino también podría convertirse en un actor relevante en la exportación de un producto clave para la industria alimentaria y de biocombustibles, precisó la fuente.
Lula estimó que la economía de Brasil crecerá más del 3% en 2025
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que la economía brasileña crecerá más del 3% en 2025, superando las expectativas de analistas y organismos oficiales.
«Quiero desafiar a los teóricos: Brasil volverá a crecer por encima del 3 por ciento. Es uno de los países que más ha crecido en el mundo, con uno o dos países creciendo más que nosotros. Y seguirá creciendo porque el salario mínimo continuará aumentando por encima de la inflación, los acuerdos salariales se realizarán por encima de la inflación y habrá crédito para que las personas puedan pedir préstamos, pagar intereses más bajos e invertir en lo que deseen», afirmó Lula
Las declaraciones hechas durante la inauguración del Hospital Universitario de Ceará (HUC) en Fortaleza, contrastan con las proyecciones oficiales y del mercado. El Ministerio de Hacienda de Brasil mantuvo su previsión de crecimiento económico para 2025 en un 2,3%, según un informe divulgado este miércoles. Además, el Gobierno elevó su estimación de inflación al 4,9% desde el 4,8 anterior.
Por otro lado, los analistas del mercado financiero son más cautelosos en sus estimaciones. Según datos recopilados por el Banco Central de Brasil, la proyección promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 es del 1,5%.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ajustó sus previsiones para Brasil. En su último informe, elevó la estimación de crecimiento para 2024 del 3% ciento al 3,7.
Sin embargo, para 2025, el FMI anticipa una desaceleración, con una proyección de crecimiento del 1,9%.
La diferencia entre las expectativas del presidente Lula y las proyecciones oficiales y del mercado refleja la incertidumbre sobre el desempeño económico de Brasil en 2025.
Factores como la política monetaria, las condiciones del mercado internacional y las reformas internas influirán en el crecimiento económico del país en los próximos años.
Los peruanos son los más infelices de la región
La situación económica del país es un tema prioritario porque influye en tu situación laboral. Incluso las personas que tienen mayores ingresos señalan que su principal factor de infelicidad es su situación financiera, que se ve afectada por la situación del país, según estudio de Ipsos.
Las cifras revelan que, en nuestro país, el actual gobierno ha hecho poco por mejorar la felicidad de los ciudadanos, quienes ven con mayor esperanza lo que puedan lograr las próximas administraciones.
Según el Índice de Felicidad de Ipsos 2025, una encuesta global realizada en 30 países, el Perú es el país más infeliz de la región y uno de los más infelices del mundo. Únicamente el 65% de los peruanos se considera “muy feliz o feliz”, una cifra considerablemente menor en comparación con los mexicanos (92%), brasileños (79%), colombianos (77%) y tanto chilenos como argentinos (73%).
Además, el porcentaje de peruanos felices está por debajo del promedio global (71%), lo que ubica al país en la posición 25 entre las 30 economías evaluadas.
Lo curioso es que el Perú destaca en el sexto lugar entre los países cuya población espera que su calidad de vida sea mucho mejor en cinco años. El 73% presenta ese optimismo.
Factores
A decir de Lucía Wiener, directora de Proyectos de Ipsos Perú, factores personales como sentirse valorados (42%) y la relación que existe en el entorno familiar e hijos (39%) influyen positivamente en la felicidad de los peruanos.
En contraste, aspectos como la actual situación financiera de las personas (60%), la salud mental (32%) y la situación económica del país (25%) socavan la felicidad en Perú.
“La situación económica del país es un tema prioritario porque influye en tu situación laboral. Incluso las personas que tienen mayores ingresos señalan que su principal factor de infelicidad es su situación financiera, que se ve afectada por la situación del país”, explicó Wiener.
La especialista concluyó que la felicidad de los peruanos experimentó una caída durante la pandemia, posteriormente mostró signos de mejora, pero actualmente presenta una tendencia descendente debido a la compleja situación coyuntural que atraviesa el Perú.
Uruguay: recuperación en 2024: ¿viene una desaceleración?
La economía de Uruguay creció un 3,1% en 2024, recuperándose de la grave sequía del año anterior, según los datos de cuentas nacionales del Banco Central del Uruguay (BCU). Sin embargo, los economistas advierten que el crecimiento en 2025 probablemente volverá al ritmo históricamente más lento del país.
Los datos del último trimestre muestran que el 2024 fue un año de crecimiento para el país. El 2023 fue un año crítico, que será recordado por una grave sequía –que llegó a niveles extremos, dejando a Uruguay sin agua potable– y por los cruces masivos para hacer compras a Argentina, lo que tuvo un impacto negativo en el comercio.
En 2024, la economía uruguaya registró un crecimiento interanual de 3,1% respecto al 2023, según los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) publicados este jueves. El resultado se explica por una mejora en los rendimientos del agro, que dejó atrás la sequía anterior. Además, en el año hubo una mayor generación de energía hidráulica, un crecimiento del comercio y una mayor producción de celulosa.
Los datos positivos del año fueron contrarrestados de forma parcial por el desempeño negativo que tuvo la construcción, dado que finalizaron las obras del Ferrocarril Central (la construcción de 273 kilómetros de vía que unen la segunda planta de la finlandesa UPM con el puerto de Montevideo).
El BCU destaca en su informe la incidencia positiva de las actividades agropecuarias, de pesca y minería; la energía eléctrica, el gas y el agua; el comercio, alojamiento y suministro de comidas y bebidas; y la industria manufacturera.
El crecimiento de la actividad económica también está asociado a un incremento de la demanda externa y, aunque en menor medida, de la demanda interna. El crecimiento de bienes y servicios fue de 8,3%. Las importaciones registraron una caída del 1,5%.
El crecimiento de la industria manufacturera estuvo explicado principalmente por el incremento de la producción de celulosa, debido al aumento de la producción de la tercera planta del país en 2024. Por su parte, este comportamiento fue parcialmente contrarrestado por la caída en la actividad de refinación del petróleo, dado que la petrolera estatal Ancap cerró la refinería entre septiembre de 2023 y abril de 2024 por tareas de mantenimiento.
Panorama económico
África, clave en el tablero de la guerra comercial EEUU–China
Guillermo Akapo Bisoko
África siempre ha sido el terreno geoeconómico de mayor interés por parte de estados extranjeros
En los últimos años, China ha emergido como un actor clave en África, su influencia ha desplazado paulatinamente a países como Estados Unidos y Francia en la región. Su apuesta en el desarrollo económico y la inversión a largo plazo ha propiciado que muchos líderes africanos vean en China un socio estratégico clave, lo que ha llevado a fortalecer sus lazos políticos y económicos en el continente.
Es probable que la solidez de la relación de China y el continente africano se remonte al 25 de octubre de 1971, tras la votación de la admisión de la República Popular China en las Naciones Unidas. De los 76 votos a favor, 27 provinieron de países miembros africanos.
Lo cierto es que África siempre ha sido el terreno geoeconómico de mayor interés por parte de estados extranjeros para sus fines geoestratégicos desde la época del colonialismo europeo, seguido por la contienda de las entonces superpotencias entre Estados Unidos y la Unión Soviética y llegados a la actualidad con los diferentes países occidentales que pujan por el extractivismo de los recursos en el continente.
Lo que está claro es que, en la guerra comercial y la carrera emprendida por Estados Unidos, Rusia y Europa por el dominio de la influencia en el continente, China lleva una clara ventaja respecto a las otras potencias. China ha demostrado un interés estratégico en África, no solo por sus recursos naturales, sino también por su posición geopolítica y su potencial como mercado emergente. Esta relación ha llevado a un aumento en el comercio bilateral y la cooperación en áreas como la tecnología y la educación, entre otras.
Y no es para menos, hablamos del tercer continente más extenso del planeta, tras Asia y América, abundantes tierras en recursos naturales, más de 1.300 millones de habitantes que, según datos, se espera que se duplique la población en los próximos años, y el escenario político, económico y social del continente ha generado algunos cambios en las relaciones internacionales desde el año 2020, en las que se produjeron los continuos levantamientos populares en la región de Mali, Burkina Faso y Níger, y el creciente sentimiento antioccidental entre los jóvenes.
La relación entre África y China en los Foros de Cooperación
«En esta época de cosecha, me complace reunirme con tantos viejos y nuevos amigos en Pekín para debatir los grandes planes de amistad y cooperación entre China y África en la nueva era» señalaba Xi Jinping el 5 de septiembre de 2024, en a la ceremonia inaugural de la Cumbre de Beijing del Foro de Cooperación China-África (FOCAC).
Desde la creación del FOCAC en 2000 y del Fondo de Desarrollo China-África en 2006, las relaciones económicas de China con África se han profundizado significativamente en las últimas dos décadas. China ha invertido enormes cantidades de dinero en infraestructura, recursos naturales y comercio en el continente africano. Esta relación ha sido beneficiosa para ambas partes, ya que China obtiene acceso a recursos clave como petróleo y minerales, mientras que África recibe inversión y desarrollo económico.
En la primera ceremonia del FOCAC de 2000, según fuentes consultadas, China y África acordaron establecer mecanismos conjuntos de seguimiento para realizar evaluaciones regulares sobre la implementación de las acciones de seguimiento.
En el marco del FOCAC se han establecido diversos foros; entre ellos se incluye el Foro de los Pueblos China-África, el Foro de Jóvenes Líderes China-África, el Foro Ministerial sobre Cooperación en Salud China-África, el Foro sobre Cooperación en Medios de Comunicación China-África, la Conferencia China-África sobre Reducción de la Pobreza y Desarrollo, el Foro Jurídico del FOCAC, el Foro sobre Cooperación de Gobiernos Locales China-África y el Foro de Centros de Investigación China-África.
El compromiso de China con los avances tecnológicos y digitales en el marco del FOCAC representa una importante oportunidad para el desarrollo de África. Esta alianza busca reducir la brecha digital mediante el fortalecimiento de la infraestructura y las capacidades tecnológicas de África.
Desde su inicio, el Foro de Cooperación China-África ha desembolsado decenas de miles de millones de dólares en ayuda, inversión y préstamos a los Estados africanos.
La inversión china en infraestructura y tecnología ha sido clave para el crecimiento económico de África, pero también ha planteado preocupaciones sobre la deuda y la dependencia. Los líderes africanos deben ser proactivos en la gestión de estas asociaciones para garantizar que los beneficios económicos se traduzcan en un desarrollo sostenible y no comprometan la soberanía de sus naciones.
La nueva estrategia de Trump: Reducir la presencia china en África
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su agenda proteccionista sobre el comercio con las incrementaciones arancelarias han puesto todo patas arriba, generando incertidumbres en la economía global. Trump no ha querido dejar pasar la oportunidad y ha puesto especial atención al gigante chino, imponiendo aranceles del 10% a todas las importaciones de China a EE.UU. con el pretexto del problema del fentanilo.
Ante ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China señalaba que “la postura de China es firme y coherente. Las guerras comerciales y arancelarias no tienen ganadores. Las subidas arancelarias unilaterales de Estados Unidos violan gravemente las normas de la OMC. Esta medida no puede resolver los problemas internos de Estados Unidos y, lo que es más importante, no beneficia a ninguna de las partes, y mucho menos al mundo”.
“China es uno de los países más duros del mundo en materia de antinarcóticos, tanto en términos de políticas como de su implementación. El fentanilo es un problema para Estados Unidos”, continúa el comunicado.
China señaló que aplicaría aranceles del 15% al carbón y gas natural licuado, y un 10% a productos agrícolas estadounidenses como el trigo, soja, maíz, entre otros, como respuesta a la guerra comercial de la administración Trump. No es la primera vez que existen estas tensiones entre ambas potencias económicas, en el año 2018, primer mandato de Trump, Estados Unidos y China se vieron envueltas en una guerra arancelaria.
A pesar de los aranceles impuestos por la Administración Trump, China presentó el pasado mes de febrero un paquete de políticas de 11 medidas para fortalecer el desarrollo y la cooperación económica y comercial entre China y África, con iniciativas dirigidas a la integración de la cadena de suministro, la logística y el apoyo financiero.
Lo cierto es que Estados Unidos ha visto reducida su influencia en los últimos años en favor de Rusia y China. Y los recientes recortes en ayudas denotan el poco interés del nuevo inquilino de la Casa Blanca hacia África, aunque muchos analistas señalan que Estados Unidos estaría cometiendo un grave error al dejar que Rusia y China sigan expandiendo sus influencias en el continente.
Por otro lado, sería un grave error considerar el continente africano como un mero peón en esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. El continente tiene mucho que ofrecer y puede desempeñar un papel fundamental en el escenario global. Pero también es fundamental que los países africanos mantengan su soberanía y tomen decisiones que beneficien a su población en lugar de servir a los intereses de potencias extranjeras.
*Guillermo Akapo Bisoko es Comunicador sociopolítico, activista Afro. Especialista en Gestión de Marketing y Comunicación. Escribe sobre la geopolítica africana y el racismo, es colaborador en el programa de opinión política «El tablero».
Trump convierte el ámbito del comercio en campo de batalla
Ariela Ruiz Caro
Las medidas tomadas por el presidente Donald Trump durante sus dos meses de gobierno no muestran un camino en el que se vislumbre la prosperidad y el crecimiento, como anunció en campaña, sino más bien uno de turbulencias, caos e incertidumbre en los ámbitos geopolítico y económico. Ello se ha visto reflejado en las recientes perspectivas de crecimiento económico, la caída de los índices de confianza del consumidor, la retracción de las inversiones y, en la semana que acaba de transcurrir, en la estrepitosa caída de Wall Street, que arrastró a todas las bolsas del mundo. La empresa TESLA de su asesor estrella, Elon Musk, portador de la motosierra en ese país, ha perdido 40% de su valor desde que Trump asumió la presidencia el 20 de enero.
La guerra comercial que ha desatado contra sus vecinos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que él mismo negoció, así como contra su otrora aliada estratégica, la Unión Europea –sobre la cual ha señalado, con total desconocimiento o desfachatez, que fue creada para “fastidiar” a Estados Unidos– está frenando el crecimiento económico. La metralleta de aranceles se ha impuesto también a China y a países latinoamericanos, como Brasil y la Argentina. Trump ha anunciado que impondrá aranceles sobre automóviles, semiconductores, productos farmacéuticos, madera y productos agrícolas. Inclusive los aranceles sobre el cobre también están siendo investigados. Solo alguien tan desubicado como Javier Milei puede pensar que la Argentina, en la actual coyuntura, podría suscribir un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
El ámbito del comercio internacional se ha convertido en un campo de batalla. El Presidente ha reconocido que por su embestida arancelaria puede haber cierto dolor económico a corto plazo para los consumidores estadounidenses. En una entrevista en Fox News, en la víspera del pasado lunes negro de las Bolsas, dijo que la economía pasa por una fase de “transición”. Y no cerró la puerta a una recesión. “Odio predecir cosas así […] Habrá disrupciones, pero estamos cómodos con ello”.
La popularidad del Presidente Trump ha registrado una caída significativa en su nivel de aprobación pública, de acuerdo con una encuesta de Rasmussen Reports: si bien el 51% de los votantes aprueba la gestión de Trump contra el 48% que la desaprueba, llama la atención el rápido declive de su imagen, dado que la diferencia entre ambos parámetros se redujo de diez a sólo tres puntos en menos de 15 días.
El remedio es peor que la enfermedad
El pasado miércoles, Trump impuso 25% de aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de todo el mundo, sin excepción. Con estas medidas, intenta temerariamente reactivar una base industrial que emigró a otros países en el apogeo de la globalización. Pretender desandar ese complejo andamiaje con la imposición de aranceles resulta un sinsentido que solo impactará negativamente. No todos los países afectados (Canadá, México, la Unión Europea, China, Brasil y la Argentina, India, China, entre otros) aplicaron contramedidas como represalia. Los latinoamericanos no lo han hecho por el momento. Trump amenazó a Canadá con duplicar dichos aranceles hasta el 50%, pero dio marcha atrás cuando el gobernador de la provincia canadiense de Ontario desistió de sus planes de imponer un recargo sobre la electricidad que su país envía a Estados Unidos.
Canadá es su principal proveedor de acero y aluminio, por lo que está seriamente afectado. A ello se añaden las agresiones de Trump al mencionar reiteradamente su deseo de incorporar a Canadá como Estado número 51 de su país. Al interior de varias naciones, en particular de su vecino del Norte, se han organizado boicots contra la compra de productos provenientes de Estados Unidos.
Los aranceles elevarán los costos de algunas industrias estadounidenses que dependen en gran medida de los suministros de acero o de cualquier otro producto afectado con las medidas. Sin embargo, quienes defienden el plan del Presidente argumentan que, en última instancia, los aranceles propiciarán una mayor fabricación en Estados Unidos. En ese caso, se tendrán que soportar precios más altos, lo que probablemente contribuirá a la disminución de su demanda y, con ello, también de su producción, con un impacto en el empleo. Ello sin tomar en cuenta las medidas de represalia que adopten los países afectados. La fantasía de recuperar la industria perdida no tiene asidero.
La imposición de estos aranceles es presentada por Trump como necesaria para reequilibrar un sistema comercial mundial que ha venido “estafando” a la nación por los crecientes déficits comerciales que mantiene con las principales economías del mundo. Lo que Trump no menciona es que el dólar funciona como valor de reserva y circulación, pilar sobre el cual se sostiene su hegemonía. El excedente de dólares de los superávit comerciales que mantienen la Unión Europea, China, Japón, México, entre otros muchos países, con Estados Unidos, fluye hacia este país, ya sea para adquirir bonos del Tesoro de Estados Unidos o invertir en el sector inmobiliario, en fondos de inversión o en sus mercados bursátiles. Es decir, parte importante de esos excedentes comerciales retornan al país del Norte para financiar su presupuesto o inversiones. Los ingentes gastos en defensa, entre otros, no podrían ser financiados sin ese capital global que fluye hacia Estados Unidos.
Caos e incertidumbre
El modelo de la Reserva Federal de Atlanta predice que el PBI de Estados Unidos se reducirá un 2,8% en el primer trimestre de este año. La nueva previsión difiere significativamente de la de hace solo un mes, cuando estimaba un crecimiento cercano al 4% para el mismo período. La caída podría explicarse por el déficit comercial récord de 153.000 millones de dólares en enero. El aumento del 25,6% en el déficit comercial desde diciembre probablemente se debió al adelanto de las importaciones que realizaron las empresas antes de que Trump declarara la guerra arancelaria. Por otro lado, el Índice de Confianza del Consumidor del Conference Board registró en enero su mayor caída mensual desde 2021.
Estados Unidos se encuentra en una espiral de endeudamiento que crece a ritmos acelerados. Su ratio deuda/PIB (120%) se amplía a una velocidad mayor que la de cualquier otro lugar del mundo desarrollado y se ha convertido en una amenaza para la estabilidad global. Este año debe pagar por intereses casi 10.000 billones de dólares, cifra superior a los gastos anuales de defensa. Su déficit fiscal se sitúa en torno al 7% del PBI. El FMI ha advertido que el déficit presupuestario de ese país y su deuda suponen “un riesgo creciente” para la economía global. Según Elon Musk, el director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), Estados Unidos está en camino a la bancarrota. El propio presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo en julio del año pasado que las finanzas públicas de su país son “insostenibles”.
El Presidente Trump es consciente de la vulnerabilidad del dólar, como lo son también los tenedores de títulos de la deuda estadounidense que se desprenden de ellos (Japón, China, India, Arabia Saudita) y los reemplazan, entre otros, por oro, que esta semana rozó los 3.000 dólares la onza, fenómeno nunca antes registrado en la historia.
Nada dura para siempre
Como señala el economista griego Yanis Varoufakis, para incentivar las exportaciones, traer los trabajos de regreso a casa y reducir el déficit comercial, tal como desea Trump, se necesita un dólar depreciado. Sin embargo, para mantener su hegemonía, necesita al mismo tiempo un dólar fuerte.. ¿Cómo se cocina esto?
La respuesta la da el propio Varoufakis, para quien el ruido y la incertidumbre generadas por el aumento de aranceles tiende a fortalecer el dólar. Ello ocurre siempre que hay crisis, inclusive cuando esta se genera en los Estados Unidos, como sucedió durante la crisis económica y financiera que estalló en 2008. Por otro lado, si el gobierno estadounidense continúa con los recortes de impuestos a las grandes corporaciones y a los sectores de ingresos altos, esto atraerá grandes capitales extranjeros hacia Estados Unidos, otro factor de apreciación del dólar.
Un tercer elemento que contribuye al fortalecimiento del dólar es su rol de hegemonía, lo que le permite apreciarse en todos los escenarios de crisis. Si de verdad Trump quisiera revertir el déficit comercial, tendría que afectar el rol hegemónico del dólar. Obviamente, no querrá pasar a la historia como el Presidente que terminó con el rol de privilegio que tiene la moneda de su país.
Varoufakis considera, como algunos otros economistas, que lo que busca Trump con la imposición de altos aranceles es negociar un acuerdo con sus principales socios comerciales. Se trata de eliminar los aranceles a cambio de apreciar sus monedas para reducir por esa vía la brecha comercial de Estados Unidos. La referencia es en particular a China, principal origen de sus importaciones. El modelo sería similar al Acuerdo Plaza, suscrito con Japón en tiempos de Ronald Reagan en 1985, mediante el cual Japón aceptó la apreciación de su moneda. Así, Estados Unidos cerró su brecha comercial con ese país sin recurrir a aranceles. Es claro que una apreciación de la moneda en los términos que desea Estados Unidos para reducir su brecha comercial no sería aceptada por China.
La pregunta que plantea el economista griego es si China se quedará quieta y observando durante cinco años, o si en algún momento oportuno construirá, en el marco de los BRICS, un espacio similar al de Bretton Woods, con el yuan como núcleo central en el que se establezca un tipo de cambio fijo del yuan con la rupia y otras monedas de los países que adhieran. Eso implicaría el fin de la hegemonía del dólar en el sistema monetario internacional. Por ello Trump amenaza con imponer aranceles de 100% a los países del BRICS si dejan de utilizar el dólar en sus transacciones comerciales.
Si el dólar perdiera su rol hegemónico, y se convirtiera en una moneda más, sería extremadamente grave para Estados Unidos, en un escenario en el que el país se ha desindustrializado como resultado del proceso de globalización neoliberal que ellos mismos impulsaron, con una estructura financiera débil con altos niveles de endeudamiento y déficit fiscal. En ese sentido, la guerra comercial y las pretensiones anexionistas de Trump son recursos propios del proceso de su propia debacle, que tendrán graves consecuencias en la economía internacional.