Impuestos: El Congreso brasileño ante una decisión no tan difícil
Jeferson Miola
El proyecto de ley del gobierno propone que sólo 141.400 personas –universo que corresponde al 0,13% del total de contribuyentes y al 0,06% de la población brasileña que gana más de 600 mil reales (unos 105.700 dólares) al año en alquiler, ganancias y dividendos– pasen a pagar una alícuota máxima del impuesto sobre la renta del 10% para compensar la exención de más de 10 millones de contribuyentes que ganan hasta 5.000 reales (880 dólares) al mes.
Aunque la alícuota máxima del 10% se aplica a todos los ingresos anuales superiores a R$ 600 mil, en realidad la medida afectará casi exclusivamente a los contribuyentes que ganen más de R$ 1,2 millón. En otras palabras, los detentores de los ingresos más altos entre los de mayores ingresos del país: menos del 0,1% de la población brasileña.
Otro aspecto: mientras que los trabajadores asalariados deducen el 27,5% del impuesto a la renta directamente en la fuente sobre el monto de su salario que exceda R$ 4.664,68, en la práctica, los que tienen altos ingresos tendrán que pagar una tasa efectiva mucho menor que el 10%.
El Ministerio de Finanzas estima que, en promedio, la tasa impositiva adicional para cubrir la tasa máxima del 10% debería ser un ridículo 2,8% sobre los ingresos millonarios. Esto sucede porque, antes de aplicar la tasa del 10%, se deducen todos los demás impuestos ya pagados previamente.
Con base en las declaraciones del IRPF de 2022, el economista Sergio Gobetti del Instituto de LPesquisa Rconómica Aplicada (IPEA), calculó que la alícuota complementaria efectiva a cobrar será como máximo de entre el 1,6%, para quien gane hasta R$ 1,22 millón, y el 4,7%, para quien gane más de R$ 11 millones al año.
Como muestran los datos, el Congreso está ante una elección no tan difícil, parafraseando aquel cínico editorial de Estadão con el falso dilema entre el profesor Haddad y el criminal Bolsonaro.
Es muy fácil para el Congreso elegir el lado correcto: o legisla para beneficiar a más de 10 millones de brasileños de bajos ingresos, o preserva un privilegio indecente y repugnante para 141.400 miembros de la superélite económica; el 0,06% de la población.
Está en manos de los diputados y senadores corregir parcialmente esta obscena injusticia fiscal, en la que los trabajadores peor pagados pagan mucho más impuesto a la renta que las personas que ganan más de R$ 1,2 millón al año.
Los parlamentarios saben que las personas con ingresos muy elevados, que actualmente pagan impuestos ridículamente altos, invierten el dinero que les queda de la exención fiscal de que disfrutan en el sistema rentista y en la especulación financiera e inmobiliaria. Su aportación al proceso productivo del país es, pues, prácticamente nula, por no decir perjudicial, dado que es parasitaria.
Los diputados y senadores también saben que, por otro lado, el dinero de la exención del impuesto sobre la renta en manos de más de 10 millones de personas aumenta el poder adquisitivo de los trabajadores e impulsa el consumo de artículos esenciales, con notables beneficios para las finanzas de los estados y municipios, que aumentan la recaudación fiscal.
Los efectos benignos de la propuesta del gobierno sobre la vida de los trabajadores y la economía brasileña en su conjunto son indiscutibles.
A pesar de toda la racionalidad y razonabilidad del proyecto, no hay garantía de que el Congreso sea razonable, racional, que tome la decisión correcta y que no sabotee al gobierno. Por lo tanto, será necesaria mucha movilización popular para presionar al Congreso.
Esta importante iniciativa gubernamental necesita ser acompañada por un vigoroso trabajo de movilización popular por parte del PT y de los partidos progresistas y de izquierda.
*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)