Juicio contra Pedro Castillo marca un hito en la política peruana

Mariana Álvarez Orellana

El Poder Judicial de Perú ha iniciado el juicio contra Pedro Castillo, un proceso que podría marcar un hito en la historia política reciente del país. A las 9 de la mañana de este martes, Pedro Castillo, sin abogado defensor, ingresó a la sala de audiencias del Poder Judicial, construida en la cárcel donde está preso desde diciembre de 2022. Lo hizo sin un abogado defensor.

Una treintena de medios acreditados lo esperaban detrás de un vidrio al final de la sala, la misma a la que deberá asistir a lo largo del juicio en el que enfrenta una acusación por rebelión, entre otros cargos, que podría valerle una pena de hasta 34 años de prisión si resulta condenado.

Castillo gobernó Perú entre el 28 de julio de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, día en que fue detenido. El juicio oral está a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, que preside el juez supremo José Neyra Flores.

El maestro Castillo enfrenta acusaciones por rebelión y abuso de autoridad, luego de su fallido intento de disolver el Congreso. Durante las audiencias declararán exministros y exfuncionarios de su gobierno, quienes también están bajo investigación por su presunta participación en los hechos. También cabe recordar que la detención de Castillo y la llegada de Dina Boluarte al poder desataron protestas en todo el país, dejando más de 40 muertos debido a la represión policial y militar.

Castillo catalogó este martes de «pantomima» el juicio oral en su contra. «Jamás he cometido delito de rebelión», resaltó el expresidente peruano, agregando que sus coacusados «nada tienen que ver en este proceso» y que lo único que hizo aquel día fue «trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público«.

Castillo intentó leer en la audiencia una carta difundida en sus redes sociales en la que dice no aceptar ser juzgado, si bien la jueza encargada del proceso se lo ha impedido. «Cuando la administración de justicia está instrumentalizada políticamente ya no valora la verdad de los hechos ni la razón jurídica, muchos menos los argumentos de mi defensa técnica», reza la misiva. Junto a Castillo son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales la fiscalía pide penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.

«Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después», agregó Castillo acerca de los otros seis acusados.

Castillo informó a la sala que no tenía un abogado que lo represente porque considera que el juicio era una «farsa» y una «pantomima», además de haber recusado a una de las integrantes del tribunal. En respuesta, los magistrados le designaron a un abogado de la defensa pública, a pesar de que Castillo afirmó que no le era útil porque él «jamás» ha cometido el delito de rebelión.

 Es bueno deslindar el tema en sus diversas facetas para evitar la satanización alentada contra él por la ultraderecha que ha pretendido convertirlo en el símbolo de todos los males que agobian a la República. Cabe recordar que  Pedro Castillo es un maestro de escuela que en el 2017 asomó al escenario nacional conduciendo una lucha magisterial justa y exitosa,  A los comicios del 2021 se postuló como candidato presidencial de una fuerza relativamente nueva de origen provinciano, Perú Libre.

Su candidatura confirmó la existencia de una izquierda rural y provinciana que superó incluso a la urbana y capitalina representada por Verónica Mendoza.  En segunda vuelta derrotó a Keiko Fujimori, hija del dictadro Alberto Fujimori, abanderada de la ultraderecha, quien recurrió a todas las presiones y artimañas legales o no para impedir su nueva derrota.

Castillo asumió la presidencia en julio del 2021 en medio de una batahola de agresiones y denuestos. Y desde el primer día, se vio afectado por una ofensiva sediciosa que buscó deponerlo, mientras sus  ministros eran objeto de ataques constantes de la prensa hegemónica y de los políticos tradicionales, interpelados y censurados por el Congreso, víctimas también de todos  los disturbios alentados y promovidos por los medios del sistema.

Castillo no tuvo un solo día de gestión gubernativa exento de ataques y agresiones. De comienzo a fin su gobierno fue un campo de batalla en el que la ultra derecha combatió con todas las armas desconociendo la esencia misma de la democracia que dice sustentar. No fue un gobierno revolucionario, socialista o comunista, ya que lo que pretendió due ser popular y democrático, diferente a los que lo precedieron. Hoy los analistas peruanos señalan que no supo escoger a sus colaboradores, salvo algunas excepciones.

Entre sus “colaboradores” más cuestionables estuvo la Dina Boluarte, ministra en 18 de los 21 meses de gestión. y punta de lanza de su destitución  el 7 de diciembre del 2022 bajo el pretexto de haber intentado “un Golpe de Estado”. Lo del golpe fue cierto, pero se lo dieron a su gobierno popular y nacional. Y desde esa fecha, olvidado por los medios nacionales e internacionales, está preso. Quienes  lo derribaron, dijeron  que   “lo meterían a la cárcel de por vida”. Y están en eso.

Demás está citar que la detención de Castillo fue ilegal. Se produjo al mediodía del 7 de diciembre cuando aún era Presidente y gozaba de la inmunidad reconocida constitucionalmente. En ningún caso pudo ser detenido. La figura que se arguye -la “flagrancia”- no se aplica. Hoy lleva casi 800 días tras las rejas y la Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión. De cumplirse tal propósito, la pena quedaría cancelada el 2056, cuando Castillo tenga alrededor de 90 años.

Un delito flagrante o delito in fraganti es el que se comete cuando el autor es sorprendido en el momento de cometer la infracción. En el momento de su detención, Castillo estaba viajando con su familia en un vehículo oficial   rumbo a la embajada de México. Y eso, no es delito.  Podría sí, ser intervenido y conducido al Palacio Legislativo para ser puesto a disposición del Congreso, el mismo que dispondría del procedimiento constitucional pertinente, es decir, del Juicio de Ley con derecho de defensa incluido. Obviamente, nada de eso ocurrió.

Tras registrárse tan graves vulneraciones constitucionales, los organismos judiciales hayan convalidado ese írrito procedimiento en lugar de anularlo de acuerdo con la ley.  La tarde del 7 de diciembre el Congreso vacó a Castillo, pero el sancionado ya estaba preso y por lo tanto carecía de posibilidad de defensa, lo que invalida la decisión parlamentaria. Por lo demás, los congresistas no discutieron en esa ocasión la moción de vacancia que estaba en trámite- Aprobaron otra, alteándose todos los trámites de ley.

Fue “un acto político”, como todo golpe de Estado, no jurídico. Y ese acto político generó una masiva protesta ciudadana que se prolongó por más de 100 días, dejando un doloroso saldo de muerte y destrucción aún impune.

En el concierto internacional, cualquier organismo Penal que juzgue lo actuado, lo considerará ilegal y lo rechazará.  Ello explica el pavor que muestran las autoridades locales cuando el caso es llevado más allá de las fronteras nacionales. Cuando el jurista argentino Guido Croxatto asumió su defensa, o cuando la presidenta de México lo consideró ilegal, l a derecha y la ultraderecha unidos claman ” Injerencia en los asuntos internos». Son los mismos que se inmiscuyen abiertamente en los asuntos de Venezuela proclamando “presidente” de ese país a un títere hoy en desgracia.

El expresidente se encuentra en prisión preventiva desde diciembre de 2022 y enfrenta acusaciones por rebelión y abuso de autoridad, luego de su fallido intento de disolver el Congreso. Durante las audiencias declararán exministros y exfuncionarios de su gobierno, quienes también están bajo investigación por su presunta participación en los hechos. La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)