Antes de irse, Lacalle quiere asegurar la privatización del agua

Luvis Hochimín Pareja

A poco más de un mes de terminar su mandato, el derechista presidente uruguayo Luis Lacalle insiste en firmar el contrato con el consorcio privado para la realización del proyecto Arazatí (también conocido como Neptuno), con la excusa  de asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana.

El Poder Ejecutivo avanzó con la firma del contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, pese a los cuestionamientos desde el gobierno entrante, en medio de una de las polémicas más grandes de la transición: continuar o no con la construcción de la planta potabilizadora en el departamento de San José en las actuales condiciones de la iniciativa.

Para el designado ministro de Ambiente del próximo gobierno del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, la nueva propuesta no representa “una modificación sustancial ni levanta el grueso de los cuestionamientos».

La Mesa Política del Frente Amplio rechazó la firma del contrato y confió en que las próiximas autoridades «actuarán con firmeza» frente «al daño que genera». Ortuño, por su parte, advirtió que “la obra planteada no garantiza el abastecimiento de agua potable, al tiempo que genera impactos ambientales, sociales y económicos negativos”

El proyecto plantea la construcción de una nueva planta potabilizadora en el departamento de San José, en la localidad de Arazatí-. Fue anunciado en noviembre de 2022 por el saliente presidente Lacalle, como la inversión en infraestructura para agua potable más grande en la historia del país, con un costo estimado inicial del Estado de 288,7 millones de dólares que, luego, fueron reducidos a 210 millones y más adelante, establecidos en 250 millones de dólares.

El objetivo es garantizar el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana —actualmente abastecida a partir de la planta que OSE tiene en Aguas Corrientes— para 2045, estimado en 840.000 metros cúbicos diarios, con una capacidad de producción de 169.000 metros cúbicos por día, a partir de una toma de agua en el Río de la Plata; un pólder para la reserva de agua dulce que se utilizará en aquellos momentos en que la salinidad sea superior a la permitida —con una capacidad de 4,0 hectómetros cúbicos y un almacenaje para 25 días.

En agosto de 2023, Arazatí fue adjudicado al consorcio Aguas de Montevideo,, conformado por las empresas Berkes, Saceem, Ciemsa y Fast. El gobierno también, recurrió n a otras fuentes de financiamiento: emitió el Fondod e Deuda para Infreatructura V por 300 millones de dólares, gestionado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la construcción de la nueva planta potabilizadora.

Se trata de una obra propuesta por el gobierno saliente, descartado durante más de 50 años por diversas razones (fundamentalmente la salinidad) que llevaron a que se realizara otro tipo de obras. Además de la intrusión salina, existen múltiples variables de contaminación a tomar en cuenta que hacen más descartable esta ubicación.

El proyecto Arazatí se convirtió en uno de los aspectos más tensos en el período de transición entre los gobiernos entrante y saliente. El actual Ejecutivo había mostrado mesura en un primer lugar respecto de firmar el contrato por una obra millonaria que debería encarar una próxima administración. Sobre todo, porque el Frente Amplio ya había especificado que la nueva planta no sería su prioridad, sino que concentraría sus esfuerzos inmediatos en la construcción del embalse de Casupá.

Desde el punto de vista ambiental, los científicos señalan no solamente los problemas de salinidad, sino también los riesgos biológicos para la calidad del agua y otras afectaciones al ambiente. Y, además, sólo alcanzaría para cubrir apenas el 30% con mucha suerte, pero además el estado deberá pagar un canon si no se utiliza.

“Sobre todo esto se ha escrito y publicado abundante literatura, a pesar de la clara intención del gobierno de fingir demencia frente a todos estos aspectos que, ya sea individualmente o en su conjunto, demuestran la inhabilidad e inconveniencia del señalado proyecto”, señala Ladiaria.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto también mereció numerosas objeciones, ya que los esfuerzos por dar solución al problema que el lugar por sí presenta, así como la realización de un pólder para evitar los episodios de salinidad u otros eventos, terminaron encareciendo la obra en forma importantísima y generando enfrentamiento con los vecinos y productores de la zona.

La gestión privada de la obra fue una de los aspectos cuestionados como el causante de un sobrecosto de 300 millones de dólares respecto de la alternativa de que fuera la misma empresa pública de agua la que llevara a cabo la iniciativa. Asimismo fue criticado el pólder o laguna artificial, que modificaría «escorrentías superficiales y el régimen hidráulico de cursos de agua», lo cual desencadenaría en «erosiones» de suelo y la potencial «contaminación» de aguas subterráneas, entre otros problemas.

Asimismo, se constató que la obra requerirá de la expropiación de unas 250 hectáreas, y que las tuberías deberán pasar por unos 114 padrones, en una zona de producción agro-forestal, ocasionando un impacto socioeconómico sobre la población de la zona.

En junio de 2024,  el juez Alejandro Recarey ordenó a OSE no firmar el contrato para la construcción de la planta potabilizadora en Arazatí ante las «bases» que permitieron suponer la presencia de un proceso de privatización parcial del suministro del agua potable para la zona metropolitana, tras una medida cautelar presentada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida , ante una posible privatización del servicio de agua corriente y una pérdida en la calidad de la misma.

Pero el 20 de noviembre pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno revocó la medida cautelar que mantenía paralizado el proyecto. A los pocos días, el Ministerio de Ambiente también: emitió la Autorización Ambiental Previa (AAP).

Durante años, distintas organizaciones sociales, de la academia, de los trabajadores de Obras Sanitarias del Estado (OSE)  y del gobierno electo, Lacalle mantiene la terca decisión de lacalle de firmar un contrato que ha reunido desde distintos puntos de vista un concierto de valoraciones negativas poco comunes a cualquier obra de política pública.

La iniciativa se ha realizado en primer lugar violando la clara y terminante normativa constitucional, al menos en tres aspectos.

Uno, es el desconocimiento absoluto de la participación de la sociedad civil prevista en el artículo 47 de la Constitución de acuerdo a la reforma constitucional aprobada en 2004 por amplia mayoría:nunca se permitió participar a los diversos sectores de la sociedad en forma real, violando la exigencia de que la misma debía participar en el proyecto y la ejecución de las obras referentes al agua potable.

El proyecto impone la utilización parcial de la actividad privada, violando el monopolio estatal de carácter constitucional establecido en la norma, y la utilización de la ley de inversiones que resulta inaplicable de acuerdo a lo establecido en la norma constitucional. Pero el problema no es solamente jurídico.

Durante 70 años la estatal OSE ha asegurado a todos lo uruguayos agua potable a un precio razonable. La crisis hídrica del año 2023, sin perjuicio de señalar la negligencia previsional del gobierno de Lacalle, dejó en claro que el problema del abastecimiento del agua potable en el área metropolitana era de agua bruta, o sea de materia prima para que la planta de Aguas Corrientes la pudiera potabilizar.

Jamás el problema ha estado en la capacidad de producción de la planta de Aguas Corrientes, sino en la falta de agua para potabilizar. Por ello, la opción que los técnicos de OSE estimaron como más lógica – ratificada por estudios de la Facultad de Ingeniería- es la creación de una nueva represa en la zona de Casupá, plan que reibió el gobierno de Lacalle y que negligentemente descartó para priorizar un proyecto totalmente cuestionado.

El proyecto Neptuno ha reunido desde distintos puntos de vista un concierto de valoraciones negativas poco comunes a cualquier obra de política pública. Este proyecto se financiaría con pagos en el entorno de 57 millones de dólares por año, durante 17,5 años. Se estima un total en el período de contrato de entre 900 y 1.000 millones de dólares. A esto debe agregarse un compromiso de saneamiento por préstamos de más de 400 millones de dólares. Lacalle ya se va: no tendrá que hacer frente a todo eso.

Los gastos en bienes, servicios y tercerizaciones pasaron en cinco años de 33 a 70 millones de dólares. El cálculo más optimista es que OSE estará perdiendo en los próximos cinco años un aproximado de 80 millones de dólares por año, sin tomar en cuenta que el dólar ha venido subiendo más que la inflación y que la mayor parte de la deuda es en dólares y OSE tiene ingresos en pesos.

Los economistas se pregunta cómo el gobierno saliente pensó que se podía sostener esta inversión con los ingresos de OSE, si no es con el aumento brutal de tarifa o con subsidios importantes de rentas generales que en definitiva afectarán a todos, en beneficio de una empresa privada extranjera. Quizá lo que se intenta, con este contrato cuando muere su mandato, es justificar la desaparición de OSE como empresa pública, patrimonio de todos los uruguayos

El proyecto Neptuno, junto a otros compromisos financieramente insostenibles en materia de saneamiento, lejos de conducir a las soluciones que necesita el país en materia de agua potable, se parece más a un proyecto Titanic destinado a hundirse, –señala el abogado Daoiz Uriarte–, llevándose con él las esperanzas de los miles de uruguayos que votaron hace 20 años por una gestión justa, democrática, solidaria y sustentable del agua potable.

*Periodista uruguayo, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)