El desguace de la Argentina

Horacio Rovelli

En el año 2024, el gobierno de Javier Milei llevó adelante un severo ajuste fiscal de la Administración nacional que implicó una menor transferencia de partidas a las provincias, lo que redujo el gasto consolidado del sector público nacional; se obtuvo un importante superávit comercial merced a la recesión económica que limitó las importaciones y que, ante el menor consumo local, propició las exportaciones; para frenar el proceso inflacionario estableció un corsé cambiario representado por una tasa fija de crecimiento mensual del tipo de cambio  y una política monetaria esencialmente atada a la incorporación de divisas al país, en una renovada versión de la monetización de la balanza de pagos del Consenso de Washington.

La administración de estas variables significó una fuerte caída del PIB (que el BCRA estimó en un 3,8% para el año 2024, que se suma al 1,9% del descenso del PIB del año 2023), un mayor derrape del consumo interno y, con ello, una fuerte disminución de la IBIF (Inversión Interna Bruta Fija), que el mismo gobierno estima en un 22,2% en el año comparado con el 2023.

Datos que de por sí solo explican el nivel de pobreza e indigencia de nuestra población, y también la disminución del empleo y de los salarios en la construcción, en la industria y en el “campo” en general, más allá de algunas grandes empresas que fijan precios y operan con un margen de ganancia que les otorga su mayor predominio en el mercado local y en la participación en el comercio exterior.

Obviamente, es un objetivo buscado el de deprimir el nivel de actividad interna en general para apuntalar las exportaciones, que Milei sintetiza en que en la Argentina está prohibido prohibir exportar, que es la manera en que define un modelo extractivista, financiero exportador, de allí la imperiosa necesidad de tomar deuda para hipotecar al país y obligarlo a vender nuestros recursos naturales, sobre todo al capital extranjero, que el mismo Milei alaba, pondera y al que se subordina.

Deuda bruta y política fiscal

La deuda bruta (tanto en pesos como en divisas) se acrecentó en el año 2024 en 96.013 millones de dólares (la equivalencia la realiza la Secretaría de Finanzas de la Nación) para pasar a ser de un total de 466.686 millones de dólares (casi el PIB del año 2024), y a razón de unos 8.000 millones de dólares por mes. En ello jugó el carry trade (pagar en pesos mucho más que en dólares) y la conversión de deuda del déficit fiscal del año 2023 del 4,7% del PIB(es en pesos, pero el gobierno de Milei lo convirtió en títulos de deuda por 22.560 millones de dólares), y los pasivos remunerados del BCRA pases pasivos, Leliq y Notaliq) por unos 52.600 millones de dólares (al tipo de cambio oficial del 7 de diciembre de 2023) que era deuda con los bancos y se traspasó en su totalidad al Tesoro de la Nación (deuda pública).

Y, finalmente, los intereses que, carry trade mediante, se ajustaron en forma mayoritaria por la tasa de inflación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC, que estimó en 117,8% anual.

La Administración nacional base caja (esto es, contemplando los ingresos recibidos y los pagos realizados por lo percibido y no por lo devengado ^[1]) redundó en un superávit financiero para el año 2024 de 1.764.786 millones de pesos (0,3% del PBI) y un superávit primario de 10.405.810 millones de pesos (1,8% del PBI), que se utilizó en su totalidad para pagar los intereses de la deuda del año (de 8.641.024 millones de pesos) y el capital que se amortizó fue de los 1.764.786 millones referidos, pero la deuda siguió aumentando y considerablemente por lo anteriormente descripto.  Más pagamos y más debemos, mecanismo ya sufrido por el país desde la dictadura militar de 1976, con la honrosa excepción de la gestión de Bernardo Grinspun y del gobierno de los Kirchner.

El “equilibrio fiscal” de Milei significó y significa un brutal recorte de las jubilaciones y pensiones, un similar recorte en los gastos asistenciales y sociales en general, un menor subsidio a la población por gastos de energía eléctrica y de combustibles de todo tipo y, por ende, del transporte, menores transferencias de partidas a las provincias y la paralización de la obra pública, a excepción de las infraestructuras petroleras y gasíferas.

El ajuste impacta en los ciudadanos de a pie, para pagar una deuda que no se investigó ni se investiga. Pasó de 222.703 millones de dólares en el 2015 a 466.686 millones de dólares al 31 de diciembre de 2024, pero tiene, para este gobierno, prioridad absoluta que el Estado (todos nosotros) la paguemos.

Política comercial y cambiaria

El superávit comercial del año 2024 fue algo menor a lo estimado por el gobierno de 21.972 millones de dólares, pero alcanzó los 18.899 millones de dólares, fruto de exportaciones por 79.721 millones de dólares (el gobierno había estimado que serían por 95.414 millones de dólares) debido a que, según informa CIARA-CEC, las ventas al exterior del “campo” sumaron 25.090,7 millones de dólares, menor que la estimación gubernamental, pero también fue algo menor la venta de petróleo y otros combustibles que fue de 9.677 millones de dólares y estaba estimado en 10.400 millones de dólares ^[2].

Las que descienden fuertemente (y entran a recuperar muy parcialmente desde agosto de 2024) son las importaciones, que totalizaron 60.822 millones de dólares, y el gobierno había estimado que ascenderían a 73.422 millones en esa divisa, fruto de una recesión económica mucho mayor que la que decía el presupuesto 2024 y 2025 ^[3].

La política cambiaria contempla también el llamado “dólar blend”, creado por el decreto 28/2023 del 12 de diciembre de ese año, que permite a los exportadores liquidar un 20% de sus operaciones en el llamado CCL. Dicho estímulo significó que, en el año 2024, no ingresaran como reservas internacionales al BCRA 11.633 millones de dólares.

Como así también, la venta de bonos en dólares que realiza el BCRA, para intervenir en el mercado financiero y cambiario, que se incrementa mes a mes. En diciembre de 2024 se registraron ventas por 325 millones de dólares, mientras que en los primeros 16 días de enero de 2025 estas alcanzaron los 619 millones de dólares, convirtiendo a enero en el mes con mayor intervención desde el inicio de esa operatoria.

Política monetaria

Si bien el BCRA no financia directamente al Tesoro (sí por colocación de títulos del Tesoro para comprar dólares de las reservas internacionales brutas), y no se sabe a ciencia cierta que pasó con los 2.500 millones de dólares en barras de oro que salieron de las reservas del BCRA, lo cierto es que el Banco Central ha aumentado la base monetaria (que es la cantidad de billetes y monedas emitidos y puestos en circulación por esta entidad), en un 176,94%  y M3, que es la mayor oferta monetaria (constituida por billetes y monedas en poder del público, cheques cancelatorios en pesos, cuenta corriente en pesos, caja de ahorro en pesos, depósitos a plazo y otros depósitos en pesos), en un 193,81% en el año 2024.

Muy por encima de la inflación medida por el IPC del INDEC. Esa mayor cantidad de dinero disponible es la principal causa por la que no se levanta el llamado “cepo cambiario”. M3 supera en 3,49 veces las reservas internacionales brutas al último día hábil de diciembre de 2024, quiere decir que si se emplearan para comprarle los dólares al BCRA la paridad sería de 3.490 pesos por dólar.

Todos los caminos conducen a nuevos endeudamientos

Sin reservas de libre disponibilidad, a diciembre de 2024 el encaje de los depósitos (la diferencia entre el total de las imposiciones recibidas por los bancos en divisas por 33.908 millones de dólares y los créditos en esa moneda concedidos por 10.269 millones de dólares) y los 18.000 millones de dólares de los swaps de China superan holgadamente las reservas brutas del BCRA, por lo que necesitan  sí o sí los 11.000 millones de dólares del FMI, que se suman a la frondosa deuda pública y a la inercia de incrementarla a razón de 8.000 millones de dólares por mes.

La diferencia con otros períodos (Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo, Guzmán-Massa) es que ese fenomenal endeudamiento va a ser pagado con el rico patrimonio nacional (petróleo, gas, oro, plata, cobre, uranio enriquecido, minerales raros, litio, agua pesada, agua potable, etc.) que no le pertenece a este gobierno, y muy parcialmente a nuestra generación; le pertenece a los argentinos del futuro, y por la estafa de la deuda y del sistema de interés compuesto y carry trade se entrega al capital principalmente internacional, al cual este gobierno le es funcional.

La política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria solo es consistente con un mayor endeudamiento; para eso atrasan el tipo de cambio a los efectos de que converjan los precios y costos internos con los internacionales, y solamente la actividad extractiva puede operar y competir interna y externamente con el tipo de cambio artificialmente buscado ^[4].

Tras las elecciones de medio término irán ajustando el tipo de cambio, pero los que no tienen respaldo (por ejemplo, el blanqueo de capitales) van a tener que reconvertirse de productores a importadores, como ha sucedido en la dictadura militar y con Cavallo-Menem.

Se está configurando un país más dependiente y a la vez integrado a cadenas de valor del mercado mundial, mientras se desintegran los distintos eslabones del sector productivo y distributivo argentino.

Notas

^[1] Devengado se trata de ingresos y pagos del ejercicio fiscal (en este caso del año 2024) que corresponden al año, pero se complementan en el ejercicio posterior. Los gastos pendientes son mayores a los ingresos, por lo que el resultado fiscal final va a ser menor.

^[2] La proyección de exportaciones de petróleo y otros combustibles para el BCRA fue de 10.400 millones de dólares en el año 2024 y estiman de 36.700 millones de dólares al 2030, un país netamente exportador.

^[3] Ahora azuzada por el gobierno por las medidas tomadas de fijación del precio del dólar, de intervención en el mercado cambiario vía colocación de títulos públicos en divisas para frenar los dólares MEP y CCL, y de baja gradual y sistemática de aranceles en una amplia gama de productos.

^[4] La prueba está en la fuerte disminución de la renta agropecuaria que obligó y obliga a renegociar sus deudas por la imposibilidad de pagarlas.  Y en la queja del grupo Techint que solicita “nivelar la cancha” porque no les alcanza con reducir costos salariales y echar trabajadores, ante el costo financiero y la reducción de aranceles.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).