Lula en su laberinto: inicia la segunda mitad de su tercer mandato
Observatorio en Comunicación y Democracia (OCD) – FILA
El primer día de 2025, el presidente brasileño Lula da Silva inicia la segunda mitad de su mandato de cuatro años, en un escenario hostil marcado por fantasmas y adversidades que se instalan sobre el gobierno. Deberá enfrentar un Congreso hostil.
El resentimiento de la oposición creció desde que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Flavio Dino, sancionó el bloqueo de 660 millones de dólares de las enmiendas parlamentarias de comisiones y la investigación por parte de la Policía Federal sobre el posible uso fraudulento de esos recursos, en especial por la oposición.
El 40 por ciento de ellas pasarían a beneficiar al Estado de Alagoas, tierra natal y reducto electoral del actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, un verdadero capo mafioso que distribuye recursos e influencias dentro del Congreso y chantajea al gobierno, con el poder que detenta sobre la mayoría de los diputados.
Lo más llamativo del tercer gobierno de Lula son sus políticas sociales, principal característica de la lucha contra el neoliberalismo. La tasa de desempleo es la más baja en 12 años. Brasil es hoy el segundo mejor país para invertir tras retornar al ranking de las diez economías más grandes y las fábricas globales vuelven a instalarse en el país.
La economía crece, dicen las estadísticas, los empleos se multiplican, los intercambios internacionales se expanden. Brasil, a través de los BRICS, consolida alianzas internacionales que le permiten proyectarse como una potencia estratégica a escala global, mientras el eje de la oposición, en lo económico, está en el capital financiero.
No sólo en Brasil, el financiero es el sector hegemónico en el modelo neoliberal y ultraderechista. Su blanco no es financiar la producción, la investigación o el consumo, sino la especulación financiera. Políticamente, la oposición ultraderechista tiene su liderazgo en los medios de comunicación, el sector que señala los caminos que le quedan a la derecha y sobre todo en la lucha por reducir la dimensión política de Lula.
Para el sociólogo Emir Sader, el choque fundamental entre neoliberalismo y antineoliberalismo, cuya resolución depende de la superación del período histórico marcado por la hegemonía neoliberal. ”Éste es el mayor desafío de la segunda mitad del mandato de Lula”. Para lograrlo es necesario formular una estrategia de transformación estructural de la economía, desplazar al capital especulativo del eje para reemplazarlo por la reanudación del desarrollo económico como factor fundamental del futuro.
Mientras, Lima reclamó una licencia completa para la corrupción a través de las enmiendas parlamentarias. Interrumpió el receso de fin de año, movilizó a los líderes partidarios y pidió una reunión de emergencia con Lula para presionar al Supremo Tribunal Federal para que permitiera el asalto de fin de año al botín de 660 millones de dólares del Presupuesto. Una verdadera caja negra del dinero público.
La oposición, que parecía desmantelarse al inicio del gobierno, logró reagruparse. Aunque la extrema derecha ha perdido fuerza con el debilitamiento de las elecciones y el asedio contra el expresidente Jair Bolsonaro, el Centrão (los partidos de derecha y centro) sigue muy fuerte y arrincona al gobierno.
Luiz inacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT) ganaron las elecciones en Brasil, pero la oposición tiene mayoría en el Congreso, lo que implica no sólo negociaciones difíciles cada vez que el gobierno necesita lograr que el Congreso apruebe proyectos, sino también la incorporación al gobierno de miembros de la oposición.
Lula debe andar con precauciones: es rehén del Congreso conservador, que presiona para que el gobierno recorte los gastos en Salud y Educación. Para resistir, Lula, tendrá que hacer acuerdos y arreglos.
Como el gobierno está en una posición débil para enfrentar a los congresistas y sus grupos de intereses, le ha correspondido al Supremo Tribunal Federal velar por el buen uso del patrimonio público, asegurando que dichos recursos cumplan con el requisito de la transparencia y rastreabilidad.
Por eso, los parlamentarios acusan al gobierno central de estar coludido con el Poder Judicial para obstaculizar las actividades de diputados y senadores y amenazan con boicotear las próximas votaciones de suma importancia para el Ejecutivo, como, por ejemplo, la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto.
La discordia del actual parlamento con el gobierno se ve reforzada por el clima beligerante insuflado por las huestes bolsonaristas y los sectores de la extrema derecha. La prensa hegemónica insiste sobre la peligrosa radicalización o polarización del país, pero objetivamente los únicos sectores que se han radicalizado en esta última década son los grupos de la ultraderecha brasileña.
La única manera de contener las amenazas de los grupos golpistas debiera ser la aplicación de sanciones ejemplares a quienes han promovido acciones conspirativas conscientes para quebrantar el Estado democrático de derecho.
Quienes participaron de las invasiones a las sedes de los Tres Poderes en enero de 2023 vienen solicitando la aplicación de una amnistía presidencial a todos los inculpados como un gesto del Ejecutivo que ayude a la “pacificación” del país. Junto con ello, piden el indulto para anular la inelegibilidad del expresidente Jair Bolsonaro pensando en su postulación para las elecciones de 2026.
En el ámbito de las políticas sociales y las acciones de combate a la pobreza, el saldo es negativo. La desigualdad y la exclusión siguen siendo uno de los grandes problemas que se arrastran desde hace décadas y el porcentaje de familias que viven en situación de miseria sigue siendo una afronta a la democracia: la actual gestión no la ha revertido.
Los servicios públicos continúan en una situación deplorable y miles de personas son condenadas anualmente a la muerte o a una vida de sufrimiento por la falta de atención adecuada en el sistema público de salud. Enfermedades como el cólera, la fiebre amarilla, malaria o dengue, siguen causando la muerte de miles de brasileños.
Para mejorar la vida de las personas que más lo requieren, el gobierno debe aumentar necesariamente su gasto social, pero las barreras impuestas por el Congreso con el argumento de que se mantenga el equilibrio fiscal, inviabilizan toda intención del gobierno, bajo amenaza de sufrir un impeachment (juicio político) por irresponsabilidad en el uso del dinero público, tal como sucedió en 2016 con Dilma Rousseff.
El país también sufre una epidemia de violencia, no solamente de parte de las organizaciones criminales del narcotráfico y las milicias paramilitares, sino de las diversas policías que aplican métodos truculentos e ilegales para enfrentar a los delincuentes. Varios casos de asesinatos sumarios realizadas por las “fuerzas del orden” han conmovido a los ciudadanos, junto al incremento notorio en la letalidad policial.
En torno a la cuestión ambiental el escenario es decepcionante, a pesar de que Brasil va a ser sede de la próxima Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 30), en la ciudad de Belén, Estado de Pará, en noviembre de 2025. Son especialmente graves la negligencia en las políticas de preservación y cuidado en los biomas brasileños, sobre todo en los territorios del Cerrado, Pantanal, Amazonas y Mata Atlántica.
Incendios, desforestación, extractivismo ilegal, contaminación de aguas y depredación de ecosistemas valiosos, forman parte de una serie de problemas que comprometen las prácticas de sustentabilidad prometidas en el programa de Lula y su coalición.
En el plano internacional, la reelección de Trump y la ascensión de líderes de la extrema derecha por el mundo, colocan en alerta a las autoridades de gobierno y de la cancillería, habituada al pragmatismo y neutralidad. Las guerras y los conflictos en diversas regiones, desafían la capacidad de Lula para operar como un mediador eficaz en el concierto mundial. Brasil ya no tiene el protagonismo que poseía antes como una nación capaz de participar en acuerdos para promover la paz.
La conjunción de todos estos aspectos le ha impedido a Lula aumentar o incluso mantener su popularidad, la que, si bien no ha descendido bruscamente, tampoco ha conseguido estabilizarse en los niveles que tenía al inicio de su mandato. Por ello, el gran desafío para la segunda mitad de su gestión será exorcizar todos los demonios que se han venido robusteciendo en el curso de los dos últimos años.
Mientras gran parte del campo progresista sigue tratando a la población brasileña y periférica como intelectualmente pobre, la extrema derecha está logrando que esta misma población se sienta cada vez más participativa y decisiva en los procesos electorales. La capacidad de articulación política del fascismo brasileño ha estado provocando que la izquierda pierda votantes y votos importantes con cada sufragio.
En Brasil la educación es deliberadamente desechada para que los más pobres no desarrollen un sentido crítico y capacidad para evaluar el escenario social donde insertarse, y éstos responden en las urnas sin entender los mensajes “académicos” del progresismo, mientras, el bolsonarismo, la ultraderecha, quiere todo el poder.
Las izquierdas presentan propuestas como recetas de contenido formalistas y vacías. Ya no son padres de los programas sociales compensatorios de los gobiernos lulistas: Si la tendencia es que estas amenazas aumenten en un futuro próximo, las posibilidades de que el actual mandatario se constituya en una carta segura en las próximas elecciones para encabezar un cuarto gobierno, se verán seriamente comprometidas… o anuladas.
Un gobierno se sostiene sobre dos patas: el apoyo del Congreso y la movilización popular. Este gobierno no tiene ni lo uno ni lo otro. Para Frei Beto, de los dos factores, el más importante es la movilización popular, porque con ella es posible revertir posiciones en el Congreso, porque los congresistas siempre están pensando en las próximas elecciones.
Pero la pérdida de sustancia programática y narrativa de la izquierda es preocupante sobre todo por su incapacidad de comunicarse con el pueblo. El gobierno federal, en manos de Lula da Silva, pudo incluso basarse en el buen momento económico que vive el país… pero no supo aprovecharlo.
* Observatorio en Comunicación y Democracia (OCD)- Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA)
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