Panorama Económico Latinoamericano – del 9 al 16 de enero de 2025
El campo, gran perdedor en tres décadas de T-MEC![Foto]()
Braulio Carbajal
A tres décadas de la apertura comercial de México con Estados Unidos y Canadá, el campo mexicano es el gran perdedor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), coinciden analistas, quienes ponen énfasis en el caso del maíz, alimento básico para las familias mexicanas. Sobre este grano, datos oficiales muestran que desde la profundización de la apertura comercial en 1994 hay una merma en la tierra destinada a su cultivo, un estancamiento en la producción y un desmedido aumento en las importaciones.
El saldo: actualmente, uno de cada dos kilogramos de maíz que se consume en México es comprado en el exterior, principalmente de Estados Unidos, según la información oficial.
El TLCAN, ahora T-MEC, entró en vigor el 1º de enero de 1994. Dentro del mismo, específicamente en el Capítulo VII, se promovió la liberalización total de comercio del sector agropecuario y forestal de la región. Su inicio, señala un análisis de Grain y Bilaterals.org, se dio justo después de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, que impulsó el acaparamiento y la privatización de las tierras de los pueblos originarios, así como de toda posesión colectiva campesina.
El documento del organismo internacional, titulado 30 años de TLCAN, un método para acaparar el mundo, resalta, entre otras cosas, que el tratado generó impunidad en las importaciones desleales, obedeciendo intereses de trasnacionales, lo que impulsó las compras al extranjero de maíz, pese a ser un producto básico en la alimentación mexicana.
El tratado con Estados Unidos y Canadá, según Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y colaboradora de La Jornada, fue uno de los más radicales, toda vez que incluyó la liberalización de todo el comercio agrícola y agroalimentario en un plazo máximo de 14 años. Además, abrió el mercado mexicano a los productos de Estados Unidos y Canadá sin que México tuviera la posibilidad de competir, al tiempo que cambió políticas en la materia y destruyó instituciones y políticas públicas que apoyaban la agricultura.
Para Timothy A. Wise, asesor principal del Instituto de Agricultura y Política Comercial (IATP, por sus siglas en inglés), desde el T-MEC las importaciones baratas de maíz han dañado el sector maicero en México, mientras Estados Unidos utiliza el acuerdo para socavar los esfuerzos del gobierno nacional de revertir la situación.
México debe tener el derecho de manejar su cultivo y alimento más importante como quiera para asegurar la salud pública y el medioambiente
, señaló el especialista.
A tres décadas del mayor acuerdo comercial de México, revelan cifras oficiales, el consumo de maíz del país (familias e industria) asciende a aproximadamente 46,6 millones de toneladas anuales, mientras la producción nacional rondará este año 23,3 millones de toneladas. Esto significa que para satisfacer la demanda local se tendrán que importar más de 23 millones de toneladas. En otras palabras, por cada dos kilos de maíz que se consumen en México, uno proviene del extranjero, específicamente de Estados Unidos.
México siempre ha sido autosuficiente en maíz blanco (utilizado para la elaboración de tortillas), es decir, todo lo que necesita la población se produce en territorio nacional. Su carácter de alimento básico provocó que estuviera prohibido su uso para engorda de ganado; sin embargo, en 1990 esta prohibición se levantó, por lo que a raíz del TLCAN las importaciones de maíz para forraje (amarillo) comenzaron a crecer de manera exponencial.
Para 2001, señalan datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), México pasó de no importar un solo grano de maíz, a un total de 4,21 millones de toneladas, cifra que se disparó a 10,71 millones en 2007, para luego alcanzar 12,19 millones en 2015, aumentó a 17,12 millones en 2017 y luego un nivel sin precedente de 19,64 millones de toneladas en 2023. Se prevé que ese récord sea superado este año, con 23,9 millones de toneladas. Sólo en esos 24 años, las importaciones de maíz se han incrementado en 468 por ciento.
En contraste, la producción de maíz sólo ha crecido 28 por ciento, al pasar de 18,2 millones de toneladas en 1994 a 23,3 millones (cifra que se prevé para 2024). Incluso, desde 2016, cuando se alcanzó un máximo histórico de 28,3 millones de toneladas, la producción nacional muestra una tendencia descendente.
Casi la totalidad del maíz que importa México es amarillo y transgénico de Estados Unidos. Por lo que en 2023 el gobierno mexicano publicó un decreto para prohibir que este grano sea utilizado para consumo humano, lo que provocó una disputa en el marco del T-MEC, que oficialmente perdió el país el pasado 20 de diciembre, dado que, según los integrantes del panel, las medidas violan el acuerdo al no sustentarse en bases científicas.
Productos suntuarios
El estancamiento en la producción de maíz que vive México en los últimos 30 años se puede explicar, en parte, desde el espacio que se destina a este cultivo. Datos del SIAP revelan que en 1994 la superficie utilizada para la siembra de este grano básico ascendía a 9 millones 196 mil hectáreas, mientras en 2023 (último dato disponible) se ubicó en 6 millones 941 mil hectáreas, es decir, el TLCAN no sólo no incentivó la producción de maíz, sino que redujo en 24 por ciento los espacios para su producción.
Para De Ita, uno de los efectos del tratado comercial es que México cambió su objetivo de autosuficiencia alimentaria por el de seguridad alimentaria, que solamente significa tener recursos para comprar comida sin importar de dónde provenga. Esto dio por resultado que por más de dos décadas la balanza comercial mexicana fuera deficitaria, es decir, se importaban más productos de los que se vendían.
Dicha tendencia se revirtió a partir de 2015; sin embargo, no porque México haya alcanzado una autosuficiencia alimentaria, sino por la aparición de productos suntuarios como el aguacate, hortalizas y frutos rojos, que sumados al tequila y a la cerveza, inclinaron la balanza.
Entre enero y octubre, de acuerdo con datos del Banco de México, la balanza agroalimentaria del país registró un superávit de 7 mil 677 millones de dólares, producto de exportaciones por 45 mil 135 millones. Al frente de esta suma se colocaron las ventas de cerveza, con 5 mil 114 millones, seguida por el tequila (3 mil 591 millones), aguacate (3 mil 82 millones), bovino (3 mil 35 millones), tomate (2 mil 704 millones) y frutos rojos (2 mil 428 millones de dólares).
El caso de los frutos rojos o berries es particular: en menos de una década pasaron de no figurar en las exportaciones a estar entre las principales gracias a la demanda de la población de alto poder adquisitivo de Estados Unidos, que ven –como en el caso del aguacate– en las fresas, frambuesas y zarzamoras, productos que además de ser saludables, contienen minerales que ayudan a combatir enfermedades y a retrasar el envejecimiento.
Esta tendencia fue identificada por administraciones pasadas, pues de acuerdo con un documento de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), denominado Panorama agroalimentar: berries, que data de 2016, el gobierno, en ese entonces de Enrique Peña Nieto, incentivó con apoyos económicos y técnicos la reconversión de campos hacia esos cultivos, considerados más rentables.
Así, al tiempo que la superficie destinada a la producción de maíz ha ido en picada, datos del SIAP señalan que mientras en 1994 había 5 mil 555 hectáreas destinadas a la fresa, para 2023 se dispararon a 15 mil 307 mil; en el caso de las frambuesas, la tierra pasó de sólo 24 hectáreas a 10 mil 304; y la de las zarzamoras se disparó de 632 hectáreas a 11 mil 413.
“En 2015, se sumaron 150 hectáreas a la producción de frutillas, al remplazar los cultivos de maíz y sorgo… FIRA trabaja para que en 2018 se reconviertan 800 hectáreas al cultivo de berries”, señala el documento de FIRA.
Nicaragua: PIB favorable con un crecimiento del 3,8% en 2024
De acuerdo con la estimación preliminar en la serie de datos originales, el crecimiento promedio anual a septiembre de 2024 se ubicó en 4,2 por ciento. El Banco Central nicaragüense informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un crecimiento del 3,8 por ciento en los primeros nueve meses de 2024.
La entidad monetaria explicó que, en el tercer trimestre de 2024, el desempeño de la actividad económica fue positivo, al registrar el PIB trimestral (PIBT) un crecimiento interanual de 1,9 por ciento (4,5 por ciento en el trimestre anterior).
Con relación al nivel registrado en el segundo trimestre de este año, el PIBT registró un crecimiento de 0,1por ciento.
Para 2024, el Banco Central estima un crecimiento económico de entre 3,5 por ciento y 4,5 por ciento, con una inflación de entre 3 por ciento y 4 por ciento.
La variación interanual del PIBT, desde el enfoque de la producción, fue resultado del crecimiento en el valor agregado de las actividades de construcción (16,2 por ciento), pesca y acuicultura (6,9), intermediación financiera y servicios conexos (6,7), hoteles y restaurantes (5,3), y transporte y comunicaciones (4,3), entre otras.
Con respecto al gasto, el crecimiento del PIB trimestral estuvo determinado por el impulso de la demanda interna, debido al crecimiento del consumo y la inversión (4,2 por ciento).
Asimismo, la demanda externa neta generó un aporte marginal negativo de 10,3 por ciento, como resultado de la disminución en las exportaciones de bienes y servicios, y el aumento en las importaciones.
El PIB de Nicaragua creció un 4,6 por ciento en 2023; un 3,8 en 2022; y un 10,3 en 2021, según el Banco Central.
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento del 3,5 por ciento de la economía de Nicaragua en 2024.
Brasil genera más del 90% de su electricidad con fuentes limpias
Brasil generó el 91% de su electricidad a partir de fuentes limpias en 2023, con la hidroeléctrica dominando la mezcla con el 60%. Su participación en la energía eólica y solar (21%) está por encima de la media mundial (13%) y su vecina Argentina (12%), pero por debajo de Chile (32%).
Brasil dependía de combustibles fósiles para sólo el 9% de su electricidad en 2023. Sus emisiones per cápita estaban muy por debajo de la media mundial. En 2023, tuvo la segunda intensidad de carbono más baja de generación de electricidad en el G-20.
Las emisiones del sector energético de Brasil han fluctuado significativamente en los dos últimos decenios, ya que las condiciones meteorológicas han fluctuado entre las precipitaciones y las sequías, afectando la producción hidroeléctrica. Una combinación de clima lluvioso y fuerte crecimiento de la energía eólica y solar generó energía fósil récord en febrero de 2023.
Brasil ya ha superado su objetivo de alcanzar el 84% de la electricidad renovable en 2030. El escenario de Emisiones de Liquidación Cero de la AIE establece un objetivo global del 60% de electricidad renovable para 2030.
Hay 5,67 millones de personas excluidas del mercado laboral
La ocupación en México, tanto formal como informal, logró recuperarse en octubre del presente año, pero todavía hay 5,67 millones de personas mayores de 15 años disponibles para trabajar, pero que han desistido de buscar empleo por considerar que no tienen posibilidades de obtenerlo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Dicha cifra es similar a los 5,67 millones reportados en esa condición en febrero de 2020, antes de que se declarara la emergencia sanitaria y la suspensión de actividades no esenciales por Covid-19.
De los más de 5 millones de personas disponibles para trabajar, pero que se encuentran fuera del mercado laboral, la mayor cantidad corresponde al género femenino, con 3,8 millones (67 por ciento), debido a que son quienes enfrentan más problemas para obtener un empleo. En tanto, los hombres son apenas 1,88 millones (33,1 por ciento).
Esto se debe a que no hay un esquema de igualdad laboral en el país. Todavía se ven beneficiados los hombres sobre las mujeres en ciertas plazas laborales, además de que hay una tradición familiar de que ellas deben quedarse en casa.
Pese a que las mujeres generan riqueza y son un elemento indispensable para aumentar la competitividad de los países, su principal problema de exclusión en el mercado laboral está relacionado a factores asociados con estereotipos y actividades tradicionales que se les asignan por género.
De acuerdo con el estudio Cómo el Covid-19 alteró la movilidad social en el mercado de trabajo en México, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey), la pandemia acentuó la exclusión laboral, principalmente para las mujeres mexicanas.
Tan sólo en el primer trimestre de 2021 hubo 7,7 millones de personas excluidas del mercado laboral; es decir, que están disponibles para trabajar, pero no buscan porque por alguna razón piensan que no hay o por su edad o su aspecto físico no las aceptarían en un trabajo, de ellas 75 por ciento fueron mujeres.
Aunque la cifra ha disminuido, los niveles regresaron al nivel antes de la crisis sanitaria. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en octubre, la población disponible para trabajar que no busca empleo por considerar que no tiene posibilidades aumentó en 580 mil 978 personas; el mayor repunte fue del sector femenil, con 420 mil 683 casos; mientras para los hombres sólo fueron 160 mil 295.
Se consideran personas con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo, aquellas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les prohíbe trabajar, o por algún impedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).
Así, las mujeres entran en un indicador de exclusión laboral. Estas personas no pueden entrar al mercado de trabajo, en parte por cuestiones de los empleadores, pero también por otros factores que lo impiden, lo que los especialistas llaman factores asociados con estereotipos de género o asociados con roles asociados al género.
Bolivia prevé incrementar producción de litio en 2025
La estabilización operativa que muestra hoy la Planta Industrial de Carbonato de Litio boliviana en el suministro de salmuera y en los servicios auxiliares permitirá incrementar la producción en 2025, según una fuente oficial.
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) aseguró que en función a la estabilización y cuantificación de parámetros, que se encuentran en garantía por el fabricante, las siguientes gestiones incrementarán la producción de la planta industrial.
Explicó la corporación estatal que en ese resultado influirá la cantidad y calidad de la materia prima, provista por las líneas de piscinas industriales de evaporación que funcionan “parcialmente y con problemas operativos”.
Recordó la nota institucional que en la actualidad las “piscinas no funcionan de manera óptima, se interrumpe el proceso en serie, en las líneas de producción de sales, lo que incide en la calidad y cantidad de la materia prima obtenida”.
Ubicada en Uyuni, departamento de Potosí, la Planta Industrial de Carbonato de Litio entró en operaciones en diciembre de 2023, tras un proceso de reingeniería realizado por el personal boliviano de YLB, ante observaciones técnicas al diseño del proyecto.
Insiste la corporación boliviana en que la nueva industria se encuentra en proceso de estabilización e incrementará su producción de forma gradual hasta alcanzar su máxima capacidad de 15 mil toneladas métricas por año.
Sostiene YLB que, actualmente, se realiza un continuo monitoreo del proceso de incremento de la productividad y de la “buena ejecución de obra” de la Planta Industrial de Carbonato de Litio, que tiene una garantía de construcción de tres años.
Hasta este 27 de diciembre, la firma boliviana ha desarrollado proyectos de reparación de piscinas y proyectos de extracción directa de litio (EDL), que no requieren el uso de piscinas y mejoran la operación del proceso productivo, con el correspondiente incremento paulatino de la disponibilidad de materia prima con vista a aumentar la producción en los próximos años.
“Para el 2025, la producción de cloruro de potasio y carbonato de litio crecerá paulatinamente -pronostica YLB- gracias a las nuevas políticas del Gobierno nacional, confirmando la estabilización e incremento de producción de la planta industrial”.
Igualmente, YLB trabaja en la diversificación de productos, incluyendo cloruro de magnesio, otras calidades de cloruro de potasio y la producción de sal pecuaria, se informó.
Las autoridades reiteran que Bolivia apuesta por la implementación de tecnología EDL, mediante contratos de asociación y de servicios con empresas internacionales, innovación que permitirá incrementar significativamente los volúmenes de producción en menor tiempo, porque no requiere evaporación en piscinas.
Los pobres en América Latina son más urbanos y más vulnerables
La pobreza, aunque se ha reducido en América Latina y el Caribe en lo que va de siglo, muestra una nueva cara, la de la amenazante vulnerabilidad de la población en esa situación a medida que se hace menos rural y más urbana, expone en un nuevo análisis el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
“No solo hay más pobreza urbana, sino que también un mayor porcentaje de la población es altamente vulnerable, es decir, que está muy cerca de caer, y cualquier pequeño choque los hace caer, por debajo de la línea de pobreza”, observó a IPS la economista jefe del Pnud en la región, Almudena Fernández.
De ese modo, “hay una franja de la población que se mantiene por encima del umbral de pobreza, pero a la que una enfermedad, o la pérdida de un ingreso en el hogar, la empuja por debajo de la línea”, abundó Fernández, desde Nueva York.
«Ya no es suficiente con sacar a las personas de la pobreza; hay que pensar en el siguiente paso, continuar ese camino, que la población se pueda consolidar, con una clase media estable que tenga mecanismos para que en momentos de estrés o choque su consumo no tenga caídas fuertes”, señala Almudena Fernández.
Rosa Meleán, de 47 años, quien fue docente durante 20 años en Maracaibo, la capital del Zulia, en el noroeste petrolero de Venezuela, dijo a IPS que “ese caer otra vez en la pobreza es como los toboganes donde juegan los niños en el patio de la escuela: continuamente suben, pero con el más pequeño empujón de nuevo se deslizan y caen”.
Varias veces lo ha vivido en persona Meleán, apoyando con su salario a sus padres, hermanos y sobrinos, cayendo en la pobreza cuando murió el padre obrero, mejorando con un nuevo empleo, licuado su sueldo por la hiperinflación (2017-2020), dejando la docencia para asumir la búsqueda de otros ingresos.
“Hay qué ver lo que es ser pobre en Maracaibo, caminar con 40 grados (centígrados) para buscar un transporte, sin electricidad, agua racionada y ganando 25 dólares”, el último salario mensual que tuvo como maestra antes de retirarse hace cinco años.
Y entonces llegó la pandemia de Covid-19 limitando sus nuevas ocupaciones como oficinista o de clases particulares a domicilio. De ese golpe apenas se ha repuesto.
“Vivimos en una época en que los choques son más comunes -por eventos climáticos extremos, por ejemplo- y vemos mucha volatilidad económica, financiera, somos un mundo mucho más interconectado. Cualquier golpe en cualquier parte del mundo produce un contagio muy directo, son la nueva normalidad”, apunta Fernández.
La pobreza cae en números
A partir de la década de los años 50 del siglo pasado, América Latina y el Caribe experimentó un rápido proceso de urbanización, convirtiéndose en una de las regiones más urbanizadas del mundo.
Actualmente, 82% de la población vive en áreas urbanas, en comparación con el promedio mundial de 58%, según el Pnud.
En las últimas dos décadas, la región avanzó en la reducción de la pobreza extrema y la pobreza en general. Aun con retrocesos desde 2014, se registró en el año 2022 su tasa de pobreza más baja (26%), con ligeros descensos estimados para 2023 (25,2%) y 2024 (25%).
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indica en su más reciente informe que la pobreza abarcaba en 2023 a 27,3% de la población de la región, que sitúa este año en 663 millones de personas. Eso significa, precisa, que “todavía 172 millones de personas en la región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales (pobreza general)”.
Entre ellas, 66 millones no pueden adquirir una canasta básica de alimentos (pobreza extrema). Pero son cifras mejores, hasta en cinco puntos porcentuales, con respecto a 2020, el peor año de la pandemia, y 80% del progreso se atribuye a los avances en Brasil, donde fueron determinantes las transferencias de recursos a los pobres.
La Cepal precisa que la pobreza es mayor en las zonas rurales (39,1%) que en las urbanas (24,6%), y que afecta más a las mujeres que a los hombres en edad laboral.
Pese a los avances “lo que también observamos es que la velocidad de reducción de la pobreza empieza a desacelerarse, disminuye a una velocidad mucho más baja. Es una primera preocupación, porque la región está creciendo menos”, dijo Fernández.
Recordó que las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) apuntan a un crecimiento económico promedio en la región de dos por ciento anual, “muy por debajo del promedio mundial. Así, seguir reduciendo la pobreza va a ser más difícil”.
Cambio de rostro
La proporción de personas pobres que viven en las áreas urbanas de la región aumentó de 66% en el año 2000 a 73% en 2022, y el cambio es más dramático entre quienes viven en situación de pobreza extrema, pues la proporción de los pobres extremos urbanos pasó de 48 a 68% en el mismo período.
Con la traza anual de ese cambio, un análisis del Pnud constató que la pobreza urbana aumentó notablemente durante la crisis de las materias primas de 2014 -y también durante la pandemia- “revelando que la pobreza urbana es más propensa a aumentar en tiempos de recesión económica que la pobreza rural”.
Se expone que el aumento del costo de vida tras la pandemia afectó más a los hogares urbanos, empujando a hogares hacia la pobreza y empeorando las condiciones de vida de aquellos que ya eran pobres.
Los hogares urbanos están más vinculados a la economía de mercado que los rurales, lo que los hace más vulnerables a las fluctuaciones económicas y a los cambios en el empleo que las acompañan.
Por contraste, los medios de vida rurales permiten a los hogares estrategias como la agricultura de subsistencia, la reasignación de trabajo, el apoyo de la comunidad o la venta de activos como el ganado, para hacer frente a los choques. Son opciones que los residentes urbanos generalmente no poseen.
Otro rasgo destacado en el nuevo rostro de la pobreza urbana es que suele concentrarse en asentamientos informales en las periferias de las ciudades, donde el hacinamiento y el acceso limitado a servicios básicos crean desafíos adicionales.
Así, en el caso venezolano, “los rasgos de pobreza y vulnerabilidad que destacan en la pobreza urbana tienen que ver con la precariedad de los servicios públicos y con la falta de oportunidades”, observó a IPS Roberto Patiño, fundador de la organización Convive, de promoción comunitaria, y de la asistencial Alimenta la Solidaridad.
Patiño considera que “el peso del costo de la vida y de la inflación es difícil que sea soportado por personas en situación de pobreza en las zonas urbanas como en las rurales, aun cuando en estas últimas el tema de alimentación puede ser menos grave”.
Ello porque en el medio rural “la gente tiene acceso al conuco (minifundio), a su propia siembra, y también, como son zonas productoras, los costos de los alimentos suelen ser menos altos que en la ciudad, pero los temas de salud y otros servicios como transporte, salud o educación, son muy precarios”, señaló el activista.
Patiño mencionó otra marca en el nuevo rostro de la pobreza, la de los millones de venezolanos que en la última década han migrado a otros países de América del Sur y los cuales “no se han recuperado de la pandemia, desde el punto de vista económico, con muchos de los migrantes viviendo en una situación precaria”.
Buscando soluciones
El Pnud plantea que abordar la pobreza en áreas urbanas y rurales requiere estrategias diferenciadas, pues políticas que funcionan en áreas rurales, como promover la productividad agrícola y mejorar el acceso a activos y mercados, no calzan poco con los apremios de los pobres urbanos.
Para ellos, en cambio, son preocupaciones relevantes el costo de la vivienda y la inflación en los alimentos.
Fernández dijo que “mucho de la política social que en la región se implementó hace décadas, y que continúa, se diseñó con la cara de una pobreza muy rural, de cómo se ayuda al sector agro, cómo se logra mayor productividad en el agro, cómo se cumplen necesidades insatisfechas básicas en lo rural”.
“Ahora lo que debemos transitar es una política social que se enfoque un poco más en las necesidades insatisfechas de lo que es la pobreza urbana”, apuntó.
Considera que “la urbanización permite otra serie de oportunidades. Al haber mayor aglomeración de personas permite por ejemplo más facilidad de acceso a servicios”, aunque puede haber también efectos negativos como una más difícil inserción en el mercado laboral o problemas de salud asociados al hacinamiento.
Entre las soluciones, Fernández colocó en primer lugar la necesidad de mayor crecimiento económico “pues no vamos a poder reducir pobreza si no crecemos”.
Luego ubicó a la educación, buena en cantidad (cobertura), pero que ahora debe centrarse en la calidad, según la economista, para abordar la transición digital que está en marcha y la necesidad de mayor capacitación para los trabajadores.
Finalmente, en protección social -y pese al menor crecimiento y a una balanza fiscal más apretada en toda la región, reconoce Fernández- se debe invertir en proteger más a las personas, con políticas y medidas que incluyan por ejemplo temas de cuidados, empleabilidad, productividad y seguros.
“Ya no es suficiente con sacar a las personas de la pobreza; hay que pensar en el siguiente paso, continuar ese camino, que la población se pueda consolidar, con una clase media estable que tenga mecanismos para que en momentos de estrés o choque su consumo no tenga caídas fuertes”, dijo Fernández.
Es decir, para que quien ingrese al área de necesidades básicas cubiertas no tenga que deslizarse de nuevo, ante cada choque económico o de salud, por el tobogán de la pobreza.
Panorama internacional
1.-Biden bloquea la venta de siderúrgica a la Nippon Steel
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este viernes que bloqueó la venta por 14.900 millones de dólares de la siderúrgica estadounidense US Steel a la japonesa Nippon Steel, debido a la necesidad estratégica de proteger esa industria. «Esta adquisición habría colocado a uno de los mayores productores de acero de Estados Unidos bajo control extranjero, creando un riesgo para nuestra seguridad nacional y para la cadena de suministros. Es por ello que he decidido bloquear la operación», señaló Biden en un comunicado.
Estados Unidos es el primer importador mundial de acero, un sector dominado mayoritariamente por China. La producción de acero y los trabajadores metalúrgicos «son la columna vertebral de nuestra nación», dijo el demócrata de 82 años. Una fuerte industria siderúrgica es «una prioridad esencial para la seguridad nacional y es fundamental para unas cadenas de suministro resistentes», agregó Biden, quien presumió de haber triplicado «los aranceles sobre las importaciones de acero procedentes de China» durante su mandato.
Según la prensa estadounidense, los asesores de Biden habían advertido de las posibles consecuencias diplomáticas de este bloqueo. El mandatario saliente, gran defensor de la reindustrialización estadounidense, se ha esforzado en fortalecer las alianzas internacionales de Estados Unidos, en particular en Asia y concretamente en Japón, considerado un aliado estratégico en la región. Pero en el tema del acero optó por anteponer consideraciones internas. En 2021 tampoco dudó en provocar una crisis con Francia al robarle un importante contrato de submarinos a Australia.
Trump también se oponía
Biden debe entregar el 20 de enero la presidencia al republicano Donald Trump, quien también se había manifestado en contra de esa fusión anunciada inicialmente en diciembre de 2023. Un panel encargado de evaluar las consecuencias para la seguridad nacional de Estados Unidos de una eventual venta de la siderúrgica se negó a pronunciarse a fines de diciembre. La decisión recayó entonces en Biden, quien tenía 15 días para pronunciarse.
El proyecto de fusión estuvo en el centro de la campaña presidencial del año pasado, debido a que afectaba directamente al estado de Pensilvania, cuna de la industria del acero de EE.UU. y clave para los comicios. El sindicato de los trabajadores metalúrgicos se había opuesto con firmeza a la fusión, que Nippon Steel había definido como un auténtico salvavidas para un sector industrial en dificultades.
Es «la decisión correcta», reaccionó este viernes el sindicato United Steelworkers. «Estamos agradecidos por la voluntad del presidente Biden de tomar medidas audaces para mantener una industria siderúrgica nacional fuerte y por su compromiso de toda la vida con los trabajadores estadounidenses», afirmó el presidente internacional del sindicato, David McCall, en un comunicado.
La siderúrgica japonesa también se había comprometido a mantener el empleo y prometió al menos 2.700 millones de dólares de inversión en centros industriales sindicalizados, así como una prima de cinco mil dólares para los empleados de U.S. Steel en caso de adquisición. U.S. Steel también hizo campaña a favor de la adquisición, que describió como una forma de «combatir la amenaza competitiva de China» y garantizar la prosperidad futura de la empresa.
2.- Lentos avances en electrificación mundial
Unos 645 millones de personas en el mundo seguirán sin corriente eléctrica a fines de la presente década de continuar las actuales tendencias inversionistas, opinó hoy un grupo de expertos.
A escala global, los avances resultan dispares y continúan muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar el acceso universal al servicio para 2030, una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sustentaron los especialistas de la Agencia Internacional de la Energía (AEI).
El comentario es una publicación anual con datos provenientes de fuentes nacionales oficiales, empresas de servicios públicos y ventas de sistemas sin conexión a la red, entre otras fuentes, explicó la AIE mediante su sitio web.
Según la pesquisa, la cantidad de personas carentes de electricidad bajó en alrededor de 10 millones, al pasar de más de 760 millones en 2022 a menos de 750 millones en 2023, y las estimaciones para 2024 arrojaron un comportamiento similar al año precedente.
No obstante, las mejoras mundiales siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a 2020: entre 2015 y 2019, argumentaron, la población sin acceso disminuyó cada año en 80 millones como promedio.
La ralentización estuvo motivada en gran medida a que naciones como India e Indonesia lograron el acceso universal en el mismo período, pero no fue la única causa.
Además, los progresos relativos tuvieron lugar tras un período de estancamiento y retrocesos en la ampliación del acceso a la electricidad, en el cual el crecimiento de la población superó con creces a las nuevas conexiones en muchos Estados, sopesaron los analistas.
En alrededor del 80 por ciento de los países sin acceso universal, el avance actual es más lento que a finales de la década de 2010; es decir; las tasas de mejora están muy por debajo de lo necesario para alcanzar la meta del ODS 7.1 de acceso universal a la electricidad en 2030.
Para conseguir dicho propósito, sería preciso que la población sin acceso disminuya como media anual 10 veces más rápido que hoy, juzgaron los especialistas.
Las principales carencias, precisaron, están en el África subsahariana, donde vive el 80 por ciento de los habitantes sin acceso a la electricidad en el planeta.
De acuerdo el análisis, los países en desarrollo de Asia avanzaron mucho en la ampliación del servicio, con más de 500 millones de personas con acceso en la última década.
Sin embargo, en lo adelante el proceso podría ser más engorroso, pues se trata de llegar a comunidades y zonas remotas de difícil acceso, consideraron los representantes de la AIE, con sede en París, Francia.
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