Panorama Económico Latinoamericano – Del 26 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025

Tratado con la UE empuja a Brasil a condición de colonia agrícola

Jeferson Miola 

El avance del Consenso de Washington en Brasil a principios de la década de 1990 se concretó con la decisión de las oligarquías dominantes de elegir a Fernando Collor de Mello como presidente. La Red Globo fue decisiva. Manipuló groseramente la edición del último debate televisivo, en la antevíspera de las elecciones de 1989, para perjudicar a Lula y elegir a Collor.

Electo, Collor prometió la “modernidad neoliberal”, que consistía en la apertura total del mercado nacional con desregulación económica y libre circulación de capitales.

El auto importado simblizó la “nueva era” de la “modernización neoliberal”, y marcaría el final del “tiempo de las carrozas en Brasil”, como Collor se refería jocosamente a los modelos de vehículos disponibles en el mercado nacional.

Ahora, más de 30 años después, en este final de 2024 los medios de comunicación neoliberales y sectores de las elites celebran el tratado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur,  como si Brasil hubiera logrado finalmente la modernidad neoliberal prometida por Collor.

CNN Brasil incluso llegó a celebrar que la Ferrari 296 GTB, el modelo 2025, será un millón y medio de reales más barata con el acuerdo. Con el tratado, los ricos tendrán que desembolsar “apenas”  3,39 millones de reales (unos 540 mil dólares), y ya no los 4,52 millones reales de hoy (unos 718.500 dólares) para adquirir un Lamborghini Huracan Coup LP 640-2.

Los medios de comunicación colonizados y deslumbrados, también celebraron que además de autos deportivos de lujo, aceites de oliva, vinos, quesos y coches importados de Europa, principalmente de Alemania, serán más baratos para el consumidor brasileño y del Mercosur.

El tratado aún deberá pasar por un largo itinerario en los parlamentos nacionales y en las instituciones del bloque europeo antes de ser firmado e implementado. Afortunadamente por eso, existe la posibilidad real de que pueda ser rechazado, debido -al menos- a la oposición de Francia e Italia.

El acuerdo es malo e desfavorable para Brasil y los vecinos de la región. Agrava el proceso de desindustrialización y refuerza la primarización de nuestras economías.

Además profundiza la participación de Brasil y de los países del Mercosur en el comercio con la UE como economías relegadas al papel de los proveedores de materias primas agrícolas y minerales. Y acentúa la dependencia de las importaciones de bienes industrializados de las metrópolis.

La tasa media de importación de Brasil es del 15%, pero, sin embargo, hay una variación muy expresiva de las tasas, dependiendo de la competitividad específica de cada producto en comparación con los extranjeros. Los vinos, por ejemplo, tienen una tasa del 27%; los automóviles de lujo pueden alcanzar el 35%; los quesos, 18%; la ropa, 20%; y los productos químicos, 20%, por ejemplo.

Por otra parte, el arancel de importación de la UE, inferior al 2%, tendrá un efecto poco expresivo, y no mejorará la patrón -en variedad y volumen- de la exportación de productos industrializados de Brasil y del Mercosur al bloque europeo.

Esto es tan cierto que Itamaraty evalúa que los productos que pueden expandir residualmente la participación comercial son los de origen primario, con bajo valor añadido (carnes, azúcar,arroz, miel). Aún así, para que esto suceda, sigue dependiendo del cumplimiento de la promesa europea de aumentar las cuotas de importación, lo que no está garantizado.

Para las economías periféricas del capitalismo, el arancel de importación es un instrumento esencial para la protección de los intereses nacionales y la producción industrial.Es un mecanismo para la protección de las empresas y empleos locales en los países menos adelantados frente al desafasaje tecnológico, de productividad y de poder económico, financiero e industrial en relación con las naciones capitalistas más avanzadas.

Con la eliminación de los aranceles de importación, los bienes y productos producidos en nuestros propios países por las industrias instaladas aquí dejarán de ser consumidos, siendo reemplazados por sus homólogos desembarcados de Europa. La consecuencia de ello será la desindustrialización, con la destrucción de empresas y puestos de trabajo nacionales.

Además, con la eliminación de las barreras arancelarias y aduaneras, las trasnacionales europeas con sede en nuestros países también considerarán conveniente cerrar sus filiales.

Y, en lugar de producir y generar empleos e ingresos aquí, las trasnacionales aumentarán la producción y los empleos en sus respectivas sedes matrices para aumentar la exportación de productos que penetrarán fuertemente en un mercado (el Mercosur) libre de barreras arancelarias.

Brasil ya mantiene un sólido flujo comercial con los países de la Unión Europea. En 2023 el comercio alcanzó 91.700 millones de dólares, 46.300 millones en exportaciones y 45.400 millones en importaciones, un saldo favorable de casi mil millones.

Con un comercio tan intenso y un mercado comunitario regional como Mercosur, que necesita ser protegido y ampliado, la firma de este tratado de libre comercio es inexplicable. Sus impactos son tremendamente negativos para la estructura productiva brasileña y la de los vecinos sudamericanos.

El tratado con la UE condena a Brasil a la primarización económica y encarcela al país a un pasado subdesarrollado, agrícola y colonial. Y abre la puerta para que otras potencias industriales, como China y los EEUU, reivindiquen las mismas condiciones que se conceden a los europeos, lo que inviabilizará el desarrollo industrial, científico y tecnológico brasileño (y de sus vecinos).

*Miembro del Instituto de Debates, Estudios y Alternativas de Porto Alegre (Idea), fue coordinador ejecutivo del V Foro Social Mundial. Colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

Pymes alertan contra el asimétrico acuerdo UE–Mercosur

Alampyme 

Los países del Mercosur y la Comisión Europea anunciaron a principios de diciembre, en Montevideo, la conclusión de las negociaciones llevadas a cabo por casi un cuarto de siglo para un acuerdo Mercosur- Unión Europea.  En un  comunicado oficial conjunto se informó que el entendimiento se “encuentra listo para su revisión legal y traducción  para llevarlos adelante en los próximos meses con miras a la futura firma del Acuerdo”, un enunciación llamativamente similar al realizado en 2019, cuando también se anunció el fin de las negociaciones.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyden afirmó que el acuerdo significaría “ una ganancia” para la Unión Europea, donde hay unas 60.000 empresas que exportan al Mercosur, que gracias al acuerdo ahorrarán 4.000 millones de dólares”. En tanto, tal como se ha difundido ampliamente en medios informativos, en forma inmediata se multiplicaron manifestaciones de oposición en Europa de productores agropecuarios y se ratificó la negativa de gobiernos de países como Francia, Polonia, Países Bajos, Irlanda y probablemente Italia, ya que de no brindarse mayor protección, temen por el desplazamiento de sus productores agropecuarios, por parte de las exportaciones mercosureñas.

El mundo se encuentra ante una creciente y peligrosa ola proteccionista  por superposición de  cambios estructurales y mayores tensiones geopolíticas. Desde la perspectiva de las empresas pymes latinoamericanas representadas por Alampyme, se evidencia la necesidad de analizar y debatir alternativas que refieran estratégicamente a sus perspectivas de desarrollo, amplíen  matrices productivas, generen inclusión social y complementen nuestras economías.  En relación a un eventual acuerdo Mercosur- UE debe por lo tanto ponerse  énfasis en políticas y medidas para compensar asimetrías, y  diferencias de desarrollo y competitividad, intra y extra regionales.

De continuarse con la línea de apertura,  en tanto crece el  proteccionismo europeo, se privaría  a los países del Mercosur poder alcanzar el que sería el beneficio comercial esperado más importante (mayor exportación de productos de base agropecuaria, no así de energía o minería que ya tienen bajos niveles arancelarios)   a cambio de una apertura inédita, masiva de los mercados locales a una competencia abierta de una región más desarrollada; sobre todo evidente para la mayor parte de los productos industriales y los servicios .

En forma engañosa suele afirmarse que las negociaciones Mercosur- UE en marcha son solo de tipo comercial. No es así, la mayor parte de los temas en discusión son de carácter estructural y comprometen el conjunto de la economía en aspectos críticos tales como servicios, patentes, propiedad intelectual,, inversiones y competencia. La eventual provisión de ”igualdad en el tratamiento nacional”. a los países de la UE , aun si se incluyeran algunas salvaguardas de excepción marginales, impediría defender y priorizar la diversificación de matrices productivas que hoy resulta imprescindible encarar ante los cambios de economía la mundial.

Mercosur no requiere mayor liberalización descompensada, sino estrategias y políticas públicas elementales de defensa de su desarrollo utilizado históricamente también por los países europeos, a través de la sustitución de importaciones, complementar y diversificar producciones  nacionales y regionales poniendo eje en la atención en  sectores más desfavorecidos que serían inhibidos estructuralmente por los acuerdos europeos. El futuro de nuestros países puede quedar completamente comprometido por una mala negociación.

Es imprescindible desmitificar la idea que no hay otra alternativa para una negociación con la Unión Europea que avanzar a libro cerrado. Se debe rechazar en forma terminante la caricaturización que hacen voceros del establishment afirmando que los sectores, organizaciones y personas que rechazan la firma rápida del acuerdo en condiciones desventajosas solo lo hacen para “poner palos en la rueda” y no pueden contar con propuestas alternativas serias y efectivas.

La continuidad de las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea debe abrir un campo a la reflexión y participación pública para plantear sin demora opciones viables. El punto de partida debe ser reconocer la necesidad de evitar que se repita el error de no considerar condiciones asimétricas de desarrollo entre países y sectores de mayor y menor desarrollo económico e industrial que hoy observamos también como ejemplo negativo en acuerdos de libre comercio  ya vigentes por parte de otros países latinoamericanos y aún  entre los países del norte, el sur y el este de Europa

Son aspectos básicos a contemplar:

Estudiar impactos: Debería realizarse un análisis serio y transparente – no solo entre negociadores que poco conocen y/o no consultan las realidades y actores sectoriales o regionales”- para evaluar los eventuales impactos de una mayor apertura de importaciones europeas.

Metas claras. Bien podría plantearse como alternativa una negociación en etapas y, en tanto se presenta como “acuerdo de cooperación económica”, vinculando cada una de ellas al logro de ciertas metas pre-fijadas de desarrollo económico (Ej.: aumento PBI per cápita, desarrollo industrial regional o social, aspectos del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas), con cláusulas de suspensión de ventajas de no cumplirse las mismas.

Evitar distorsiones. Aun si acaso los negociadores de la UE plantearan que no les sería posible aceptar el condicionamiento a indicadores que no pudieran ser controlados por Europa (por ejemplo: discrecionalidad de salvaguardas sanitarias o ambientales que podría ser utilizadas como barreras para-arancelarias) , otra alternativa podría ser vincular las concesiones mutuas a metas relacionadas con la participación de mercado de las exportaciones del Mercosur  (productos con valor agregado, diversificación productiva).

Priorizar el desarrollo: Una metodología con metas acordadas para el desarrollo, que fueran más allá de salvaguardas temporales, permitiría: i) de producirse crisis de balanza de pagos u otras dificultades económicas que llevara a la caída de la actividad económica, pudieran revertirse legalmente y renegociarse las concesiones, ii) ahondar el compromiso de bregar en forma permanente por el desarrollo mutuo y armónico de vínculos cooperación y complementación.

No debe seguir una negociación crucial con la Unión Europa solo en manos de un grupo pequeño de “especialistas” y la presión de grupos de interés o medios de comunicación superficiales o sectorizados por posiciones ideológicas o intereses económicos particulares, como se ha repetido a lo largo de años

Las negociaciones de dos regiones tan importantes y con lazos tan estrechos como la Unión Europea y el Mercosur son un asunto serio y no pueden ser concretadas en entremeses confidenciales de técnicos y diplomáticos para ser presentadas como “hecho consumado” en forma rimbombante y engañosa hacia las sociedades. Deben formar parte de una construcción y voluntad genuina y consistente teniendo en consideración capacidades, necesidades y potencialidades beneficio mutuo para ambas regiones. .

Nueva guerra en el Pacífico: Chile y Perú por el origen del pisco

Luego de que la Unesco, mediante el Comité Regional para América Latina y el Caribe del Programa Memoria del Mundo, oficializó la inscripción en su registro regional de los manuscritos peruanos de 1587 y 1613 que documentan la producción y comercialización de aguardiente de uva en el Perú, Chile dejó n claro que no  está dispuesto a aceptar la peruanidad del pisco.

La Asociación de Productores de Pisco Chile se ha propuesto avanzar rápidamente con el expediente de postulación como patrimonio paisajístico vitivinícola ante la Unesco a los Valles de Elqui, Limari y Choapa en la región de Coquimbo, en Chile, zonas de alta producción del destilado de uva, al que dicho país llama “pisco chileno”.

En Chile, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, afirmó que su aguardiente es pisco. ”Nos han pedido que postulemos este 2025, que apuremos el tranco para que nos puedan reconocer el paisaje pisquero extraordinario, un sitio maravilloso, esto es una industria de casi 10,000 hectáreas, con muchas cooperativas, pequeños pisqueros y pisqueras, mucho rol y participación histórica de mujeres en su construcción (…)”, señaló

El presidente de la Asociación de Productores de Pisco A.G. Pisco Chile, Francisco Munizaga Muñoz, afirmó: “Es mucho más que documentos y mucho más que una foto, esto se presenta como un patrimonio inmaterial, es la cultura que hay detrás del pisco, es evidentemente la zona, pero también están las actividades productivas, los oficios, los saberes, en fondo la cultura que hay detrás de esta industria”.

Mientras, el exjefe del Archivo General de la Nación del Perú, Ricardo A. Moreau Heredia, afirmó que los productores, los exportadores, la academia, la sociedad civil  y los ciudadanos comprometidos, miran con asombro la inacción del Ministerio de Cultura, a cargo de  Fabrizio Valencia.

El funcionario recibió el 30 de agosto  de manos de los productores de las cinco regiones pisqueras el expediente con la propuesta de declaratoria como patrimonio cultural de la nación de “el proceso artesanal para la elaboración de pisco” y el posterior reconocimiento de las bodegas y viñas para la producción tradicional del pisco, pero a la fecha no ha habido ningún avance significativo.

La ofensiva de Perú, que presentará la documentación histórica a la Unesco para dar cuenta del origen del pisco, no representa un “peligro” para Chile, dijo Valenzuela. Argumentó que el reconocimiento al pisco chileno “es internacional y está resguardado jurídicamente con la Denominación de Origen y los tratados de libre comercio”.

“Tenemos 20 tratados de libre comercio que involucran a 46 países, que reconocen el pisco chileno y ojalá no seguir perdiendo tiempo en tener que defendernos en tribunales de distintos países, porque Perú quiere tener la exclusividad de algo que no es exclusivo y que Chile tiene una denominación de origen, además, que va a cumplir casi 100 años, desde 1931″, defendió el ministro .

Respecto a la Denominación de Origen Pisco, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, complementó que Chile ha promovido una estrategia de coexistencia de denominaciones de origen homónimas como una “solución práctica y respetuosa” de las normas internacionales de propiedad intelectual.

“Lo anterior ha servido para poder ganar en las negociaciones de nuestros distintos acuerdos económicos-comerciales el reconocimiento de la Denominación de Origen Pisco Chile de las más grandes economías del mundo como Estados Unidos, la Unión Europea y China, entre otros”, señaló.

“Para el Gobierno de Chile es muy importante la industria pisquera, no solo por lo que representa para nuestro sector exportador, sino también por la relevancia para nuestras regiones de Atacama y Coquimbo (…). Seguiremos realizando todas las acciones comunicacionales, jurídicas y diplomáticas para promover esta Denominación de

Origen y así cumplir con la defensa y promoción del pisco chileno”, agregó.

En relación a la nueva ofensiva de Perú, Francisco Munizaga Muñoz, presidente de la Asociación de Productores de Pisco A.G. Pisco Chile, enfatizó en la cultura que hay detrás del pisco. En esa misma línea, la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, explicó que “Chile tiene siete sitios del patrimonio mundial”, pero que en este caso se trata de un patrimonio cultural.

Centroamérica retrocede en la prohibición de la minería metálica

Edgardo Ayala *

La minería metálica tiene un renovado impulso en América Central, fomentado por algunos gobernantes populistas que, para suavizar los daños ambientales, alegan que la pueden desarrollar en armonía con la naturaleza, algo difícil de creer. Pero con ese discurso pretenden obtener la aprobación de una mayoría que parece seguirles ciegamente, no así ambientalistas ni otros sectores sociales, dijeron activistas a IPS.

“La mera popularidad del presidente Bukele no basta, no es respaldo, para decir que la mina no va a contaminar en el país”, explicó a IPS el activista Rodolfo Calles, de la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños, en torno al interés mostrado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de reactivar la minería metálica, prohibida desde hace siete años.

América Central, un istmo de seis naciones y 64 millones de habitantes, es una de las regiones más vulnerables ambientalmente, donde activistas y defensores sociales advierten desde hace décadas de los impactos negativos que la industria extractivista metálica produce en los ecosistemas de esos países.

Producto de esas luchas, en marzo de 2017 se aprobó en El Salvador una ley que prohibió la minería metálica en todas sus formas, en la primera medida de su tipo en el mundo y por la cual fue considerada un hito histórico.

Costa Rica había hecho lo propio en 2010, pero solo para la minería a cielo abierto, y otras naciones han paralizado proyectos específicos, como sucedió en Guatemala y Honduras y, el año pasado, en Panamá.

América Central es una región rica en biodiversidad y recursos naturales. Tiene abundante agua y bosques y también recursos minerales. A excepción de Belice, el único país sin depósitos destacados de minerales, pueden encontrarse en todos los territorios cantidades significativas de metales como oro, plata o zinc, además de níquel, cobre y otros minerales.

Pero variados estudios señalan que el aporte económico de la industria minera es mínimo en el área, y en el caso de El Salvador, Guatemala y Honduras, no ha sobrepasado 1% de su producto interno bruto (PIB). El PIB por habitante en la región ronda los 6000 dólares.

Guatemala se erige como el país centroamericano con una mayor riqueza mineral, metálica o no, mientras que Panamá y El Salvador disponen de unas concentraciones mucho más discretas de elementos minerales de interés, según un estudio.

En retroceso

Ahora El Salvador y Costa Rica, gobernados por mandatarios etiquetados de populistas, van dando pasos hacia atrás. “Bukele lanza el tema porque se respalda en la credibilidad que dice tener como presidente y en la desinformación que la gente tiene sobre este tema”, recalcó Calles. Pese a su carácter autoritario, el presidente sigue gozando de un amplio apoyo popular, según todos los sondeos de opinión.

Por su parte, el mandatario costarricense, Rodrigo Chaves, informó el 27 de noviembre que ha presentado a la unicameral la Asamblea Nacional un proyecto de ley para revertir la prohibición de las minas de cielo abierto, lo que ha disparado todas las alarmas en un país reconocido por sus esfuerzos en preservar el medioambiente.

La intención es dar luz verde, finalmente, a un yacimiento de oro que ya tenía ganada la concesión, pero fue cancelado al entrar en vigencia la prohibición de 2010, amparada en la premisa constitucional de que los ciudadanos tienen derecho vivir a un medio ambiente sano.

La mina se localiza en la localidad de Crucitas, en la provincia de Alajuela, en el norte del país. Es propiedad del consorcio canadiense Infinito Gold. Pero el presidente Chaves quiere revertir la prohibición.

“Ahora justo estamos viendo cómo vamos a hacer para contrarrestar lo que se nos viene encima”, señaló la ambientalista costarricense Erlinda Quesada, del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña, una organización que, entre otras cosas, busca proteger las fuentes de agua ante la producción intensiva de monocultivos.

En conversación telefónica, desde el pueblo de Guácimo, en la provincia de Limón, en el noroeste del país, Quesada agregó: “Para nadie es un secreto que tenemos un gobierno populista que, con la propuesta, lo que hace es congraciarse con esos sectores, sencillos, los más pobres del país, y tenerlos en sus manos” a la hora de querer aprobar la propuesta.

En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, intensifica su relación con China al otorgar, también el 27 de noviembre, la quinta concesión a la minera Xinjiang Xinxin Mining Industry.

El nuevo proyecto extractivo, de 1500 hectáreas, se localiza entre los municipios de Santo Domingo y La Libertad, en el centro de Nicaragua. En total, las operaciones del consorcio alcanzan una extensión de 43 000 hectáreas.

Esas concesiones dadas por el régimen dictatorial de Ortega parecerían, además del beneficio económico, una jugada para acercarse cada vez más a la potencia asiática e importunar a los Estados Unidos, que busca frenar a la potencia asiática en el escenario geopolítico mundial.

La esperanza económica de Bukele

De la nada, sin venir al cuento, Bukele publicó el mismo 27 de noviembre un mensaje en la red social X en el que dejó entrever su interés por que el país regrese a la industria extractiva, despertando preocupación entre sectores sociales que, tras una larga lucha, habían logrado que la Asamblea Legislativa prohibiese  la minería, aquel marzo de 2017.

“Somos el único país en el mundo con una prohibición total de la minería metálica, algo que ningún otro país aplica. ¡Absurdo!”, escribió el presidente. Agregó que esa riqueza puede ser aprovechada de manera responsable para llevar un desarrollo económico y social “sin precedentes” al pueblo salvadoreño.

Ese desarrollo es el que ha prometido materializar en su segundo quinquenio presidencial, iniciado en junio de 2024, tras ganar las elecciones en febrero en medio de ácidas críticas de que la Constitución no le permitía participar en una segunda elección, consecutiva.

Luego, el 1 de diciembre, en un acto público, el mandatario intentó justificar su proyecto extractivista, al señalar que el potencial minero del país alcanza para una riqueza acumulada de tres billones (millones de millones) de dólares, equivalentes a 8800 % del actual PIB salvadoreño.

Solo en oro, detalló, hay en el subsuelo alrededor de 50 millones de onzas de oro, que equivaldrían a unos 132 000 millones de dólares, al valor actual. Pero no solo se trata de oro y plata, dijo.

“Según nuestros estudios iniciales, hemos encontrado metales de la cuarta revolución industrial, como litio, cobalto y níquel, que sirven para hacer las baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía renovable”, afirmó.

También se ha detectado, añadió, vetas de tierras raras, utilizadas para la electrónica avanzada, turbinas eólicas y motores de los vehículos eléctricos, así como platino, paladio e iridio para producir hidrógeno y convertidores catalíticos, entro otros.

Bukele afirmó que impactos ambientales siempre habrá en cualquier proyecto de desarrollo, pero se pueden minimizar. Como su partido Nuevas Ideas controla la Asamblea Legislativa, le resultaría muy fácil dar el paso para revivir la minería en El Salvador.

Cuentas alegres

“El presidente está haciendo cuentas alegres de los supuestos beneficios económicos que se obtendrían, pero no hace cuentas de los daños reales que habría en los ecosistemas”, sostuvo el salvadoreño Calles, que ha estado en lucha contra las minas desde hace varios años.

Agregó que cuando se discutía la prohibición de la minería en el país, Bukele ya estaba metido en la política, y ya sabía que había estudios que demostraban que esa industria era inviable en El Salvador por sus impactos negativos en el agua, el suelo y en la salud de las personas.

“No sé de dónde saca que los impactos serán menores, pues lo que sabemos es que las técnicas de extracción de la minería no han cambiado significativamente, y se sigue usando, por ejemplo, el cianuro”, recalcó. Ese es un compuesto químico que, mal usado o filtrado involuntariamente a cuerpos de agua, puede resultar letal.

La experiencia de América Central con la industria extractiva es negativa y de larga data, al igual que en otras regiones del mundo.

En un foro organizado en 2009 San José de Costa Rica por el Tribunal Latinoamericano del Agua, se analizaron las experiencias regionales de la minería a cielo abierto que para entonces había en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Perú, y se escucharon testimonios sobre los efectos adversos en estos países.

Entre esos testimonios estuvieron los de los representantes de la Asociación Hondureña de Organizaciones no Gubernamentales y del Comité Ambiental del Valle de Siria, donde operaba para entonces el proyecto minero San Martín, a cargo de Minerales Entre Mares de Honduras. Fue clausurada en 2008.

En 2022, la organización internacional Oxfam aseguró que el yacimiento dejo tras de sí “una estela de denuncias sobre afección a la salud humana (…), así como señalamientos de contaminación y destrucción de flora, fauna y ecosistemas locales; daño económico, social, y cultural a las comunidades”.

Mientras, a finales de 2023 en Panamá determinó el cierre de la mina de cobre más gran de Centroamérica, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals. Sucedió después que la justicia fallara que el contrato de concesión era inconstitucional.

La clausura fue resultado de multitudinarias protestas sociales, ante las denuncias de grave contaminación ambiental y llevó al gobierno a impulsar una ley que determinó

En Guatemala, fue gracias a la movilización social que también se ha logrado parar los principales proyectos mineros en esa nación, a partir de resoluciones judiciales.

“Los proyectos más emblemáticos están suspendidos, por la Corte Constitucional, cuyos miembros, aunque corruptos, aceptaron que las empresas nunca cumplieron con dos requisitos fundamentales: la de proveer de información a la comunidad y la de realizar consultas ciudadanas”, explicó a IPS Julio González, del Colectivo Madreselva, desde Ciudad de Guatemala.

González añadió que entre esos se encuentra la mina de níquel propiedad del Grupo Solway Investment, asentada en el municipio de El Estor, y la de El Escobal, de la canadiense Pan American Silver, en las cercanías de San Rafael Las Flores, ambas en el este del país.

También se suma la mina Progreso VII Derivada, conocida como La Puya, propiedad de Exploraciones Mineras de Guatemala, en el departamento de Guatemala, en el centro-sur del país, así como la de Cerro Blanco, de la canadiense Bluestone Resources, yacimiento localizado en las inmediaciones de Asunción Mita, en el departamento de Jutiapa, en el este, muy cerca de la frontera con El Salvador.

González cuestionó la autenticidad de los estudios de impacto ambiental realizados por los consorcios mineros, pues se basan en un área geográfica específica, muy restringida.

“La mentira más grande son esos estudios de impacto ambiental, realizados en las llamadas áreas de influencia, que es el lugar donde está la mina y las tres o cuatro aldeas que están alrededor, pero el agua, que se va a contaminar, va mucho más allá de esa área de influencia”, subrayó.

Sobre la marcha atrás que está mostrando El Salvador, con la posible reactivación de la minería, acoto: “Yo lo que veo es el alineamiento de Bukele con la economía hegemónica, que no la ejerce el gobierno de Estados Unidos sino las corporaciones estadounidenses”.

*Periodista salvadoreño, especializado en artículos de fondo en áreas política, económica y social, publicados en medios locales e internacionales. Corresponsal de Inter Press Service en El Salvador.

Perú: minería, agroexportación, turismo e industrias, para crecer

Jorge Manco Zaconetti*

Al margen de cualquier discurso ideológico el principal motor de la economía peruana es la minería legal e ilegal, con más de un millón de puestos de trabajo solamente en las actividades extractivas sin considerar los empleos en las actividades conexas, de fundición, refino y metal mecánica. El efecto multiplicador de las inversiones mineras genera demanda adicional y otros sectores, construcción, electricidad, combustibles, alimentos, comercio, servicios, finanzas etc.

Por tanto, contra la visión tradicional más de cinco millones de peruanos dependen de la minería. Incluyo evidentemente los 500 mil trabajadores “informales e ilegales” de la minería aurífera que, atraídos por los extraordinarios precios del oro, que superan los US $ 2,600 dólares la onza troy, se constituye en un atractivo perverso.

Nuestro país para superar el mediocre 2.5% de crecimiento económico anual del valor del producto interno bruto para el 2025, que está determinado por el consumo interno, las inversiones privadas y públicas, más las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios, requiere de nuevos motores que dinamicen la economía interna y las exportaciones.

Constituye una debilidad estructural de la economía peruana que las exportaciones estén constituidas por materias primas sin mayor valor agregado, sobre todo de los productos mineros, que con excepción del cobre explotado y refinado por la Southern Perú Copper Corporation (SPCC), exportando alambrón y cátodos de cobre con un 99.9 % de pureza, listos para su uso industrial, en la industria automotriz que con las nuevas tecnologías de la electromotricidad serán más intensivas en cobre y litio.

Como parte de la transición energética que marcará el período 2025 al 2050, las industrias de las principales economías del mundo sea los Estados Unidos, la China Popular, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur, la India entre las principales demandarán más cobre, oro y litio.

Las energías limpias como la eólica y solar son intensivas en el consumo de cobre, y la tendencia mundial apunta en esa dirección. Pero siempre dependeremos de los hidrocarburos como el petróleo y sus derivados, y sobre todo del gas natural que tenemos en abundancia en el subsuelo, por lo menos en los próximos cincuenta años, por ello es una ilusión de los ecologistas, la sustitución total de los hidrocarburos en la matriz energética de nuestros países.

Lo cierto y evidente es que necesitamos nuevos motores y diversificar el “menú exportador”. Las agroexportaciones que este año que termina deben superar los US $ 11,000 millones de dólares, con una importante generación de empleos que superan los 600 mil puestos de trabajo, de allí la necesidad de un marco promotor en materia tributaria. Es una expresión exitosa de la alianza de intereses entre el Estado y el capital privado.

El crecimiento económico de las agroexportaciones constituye un “éxito económico” con leyes promotoras desde el 2001 al 2020, que deben replicarse para los próximos veinte años siempre y cuando se fomente la inversión nueva, ampliación de los cultivos de exportación, el uso de tecnologías que hagan un uso racional del agua, un bien público y escaso sobre todo en la costa peruana, producto del calentamiento global que no es una ilusión ambientalista. Prueba de ello es el deshielo de los nevados andinos que caracterizaban a la “cordillera blanca y negra” en la región de Ancash.

El marco promotor en materia tributaria que tiene el sector minero, de los hidrocarburos, la agroexportación debe ser extendidos al sector turismo, que todavía no se recupera de los efectos de la “crisis sanitaria”. El turismo debe ser la “industria sin chimenea” que debe tener objetivos de largo plazo para superar los 4 millones de turistas al año, para llegar a duplicar o triplicar esa cifra. Aunque sea un país con menores atractivos en relación al Perú, nuestro vecino del sur Chile recibe más turistas en esta parte del continente.

Sin embargo, para la promoción de las inversiones privadas en los diversos sectores de la economía se requiere enfrentar con energía la falta de seguridad ciudadana. Los atentados cotidianos, el crimen organizado, el sicariato han superado todos los límites razonables para convertirse en el principal problema social, político y económico para las familias y empresas que se desenvuelven en el país.

Rentabilidad Minera

En verdad, a pesar de la inseguridad ciudadana la rentabilidad de las empresas mineras sobre todo cupríferas es extraordinaria tanto así que supera a la rentabilidad de la minería de cobre que se desenvuelve en Estados Unidos, Canadá, Australia, China. Ello se explica más que por la ley del mineral a los bajos costos de producción, sobre todo de los salarios pagados a los trabajadores e impuestos realmente abonados al fisco sujetos a los beneficios tributarios con un marco promotor que debiera ser extendido a la industria que se desenvuelve a nivel local.

Por ello no resulta una casualidad histórica que la SPCC con la integración de sus operaciones en Toquepala (Tacna), Cuajone (Moquegua) y su tratamiento de fundición y refino en Ilo (Moquegua) tenga una extraordinaria rentabilidad en el período enero/setiembre del 2024, que supera a las otras cupríferas como Cerro Verde y Minera Antamina.

En el caso de SPCC para el período mencionado obtener una tasa de rentabilidad operativa de 53 %. Es decir, la relación obtenida de la utilidad operativa, es decir la utilidad antes del pago de impuestos y participación de los trabajadores, en relación a los ingresos del 53 %, significa que, de cada 100 dólares de ingresos, que sobre todo se exportan al Asia, 53 dólares son utilidades operativas. Esto no lo obtiene el Grupo México su principal accionista con sus operaciones en Estados Unidos ni el propio país azteca.

Es más, dicha rentabilidad aumenta si a las utilidades operativas le sumamos las depreciaciones y amortizaciones en los activos, que son partidas que se cargan a los costos de ventas pero que significan un recupero de las inversiones, y constituyen partidas que no significan salida de capital en la empresa. Se deprecian las maquinarias, las instalaciones y se amortizan los activos intangibles (reservas no explotadas).

La sumatoria de las utilidades operativas obtenidas al mes de setiembre del 2024, más las depreciaciones y amortizaciones de activos en relación al total de ingresos por ventas, resulta en un 62 % Ello que significa que por cada 100 dólares de ingresos la SPCC tiene un excedente, una generación interna de recursos (GIR) de 62 dólares, lo cual es una expresión de una extraordinaria a pesar de la antigüedad de las operaciones mineras. Toquepala data su explotación en la década de los años sesenta del siglo pasado, es decir tiene más de 45 años de operaciones; y Cuajone data de 1974 como contrato firmado durante el gobierno nacionalista del general Juan Velasco Alvarado.

También es importante la rentabilidad obtenida en el caso de la minera Cerro Verde (Arequipa) que para el período mencionado tiene una tasa de rentabilidad operativa de 36 %. Es decir, la relación obtenida de la utilidad operativa, es decir la utilidad antes del pago de impuestos y participación de los trabajadores, en relación a los ingresos del 36 %, significa que, de cada 100 dólares de ingresos, que sobre todo se exportan al Asia, 36 dólares son utilidades operativas.

Evidentemente los accionistas de la minera Cerro Verde, como la transnacional norteamericana como Freeport- Mc Moran que retiene el 53.56 % del capital social, la transnacional japonesa Sumitomo Metal Mining con el 21 % y la minera peruana/chilena Buenaventura con el 19.58% de participación en el capital social, están obteniendo importantes utilidades, que son mayores si se considera la generación interna de recursos (GIR) que es un equivalente al flujo de caja.

La sumatoria de las utilidades operativas obtenidas al mes de setiembre del 2024, más las depreciaciones y amortizaciones de activos en relación al total de ingresos por ventas, resulta para la minera Cerro Verde en un 50 % Ello significa que por cada 100 dólares de ingresos Cerro Verde tiene un excedente, una generación interna de recursos (GIR) de 50 dólares, lo cual es una expresión de una extraordinaria rentabilidad, explicadas en especial por los beneficios tributarios en especial la extensión indebida del contrato de estabilidad tributaria que vence recién en el 2029, gracia otorgada por el gobierno corrupto de la pareja presidencial Humala & Heredia apenas asumieron el gobierno en el 2011.

En resumen, el Perú para asegurar un crecimiento económico sostenido requiere de nuevos motores de crecimiento con una diversificación productiva que incida en la promoción de las inversiones privadas, en las industrias de transformación de las materias primas, turismo, agroexportación, pero sobre todo superar la inseguridad ciudadana que afecta a más de 33 millones de peruanos y residentes en nuestro país.

* Docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es consultor en sector de energia y minas.

Impone México aranceles de 35% para proteger a la industria textil

Emir Olivares y Alma Muñoz 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para proteger a la industria textil mexicana –que genera alrededor de 400 mil empleos–, el cual fija un arancel temporal de 35 por ciento a 138 fracciones de mercancías confeccionadas y 15 por ciento a la importación de 17 fracciones de textiles.

El decreto incluye, además, el incremento de la lista de los productos que no se pueden importar mediante el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Durante la mañanera de ayer la mandataria federal explicó que se trata de una serie de acciones tomadas por su administración para fortalecer el desarrollo económico de México y la producción nacional.

También se informó que como parte de las medidas instauradas por el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México para hacer corresponsables del combate al contrabando, la evasión y la elusión fiscal a los 861 agentes aduanales activos, se detectó que 40 de estos actores incurrieron en irregularidades y omisiones, por lo que a la fecha a siete se les ha retirado la patente aduanal.

La jefa del Ejecutivo aseguró que los gobiernos de la 4T buscan erradicar la corrupción, por lo que al hacer corresponsables a los agentes aduanales se busca incrementar los ingresos para destinarlos a programas sociales e inversión pública, al impulso de la economía del país, la disminución de la pobreza, así como de las desigualdades.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que el objetivo del decreto es evitar que se abuse de las disposiciones vigentes para perjudicar a la industria textil mexicana, una de las más importantes en materia de empleo en el país.

Indicó que hay firmas que estaban engañando a la autoridad importando productos intermedios para la industria sin el pago de impuestos, con el argumento de que eran para fabricar piezas que se exportarían, pero en realidad las vendían en el mercado nacional.

Hay empresas que dicen eso, pero no lo hacen así, venden aquí un producto sin pagar IVA, ISR, ni aranceles, más barato que una empresa mexicana establecida que va a estar en desventaja en relación con quien trae ese producto terminando. Para que no abusen de esa disposición es una puerta que vamos a cerrar, enfatizó.

Aseveró que con el decreto se fomentará el desarrollo de la industria nacional, como parte de la prosperidad compartida; se promoverán condiciones justas de mercado, se evitarán prácticas que afecten el empleo y la competitividad, así como el contrabando técnico; se privilegiará el comercio con mercados con los que México tiene tratados comerciales, y aumentarán la competitividad y el empleo de la industria nacional.

Panorama Internacional

Los migrantes tienen un papel vital en la economía mundial

Los trabajadores migrantes internacionales, casi 168 millones en 2022, continúan desempeñando un papel vital en el mercado mundial pues representan 4,7 por ciento de la fuerza laboral mundial, indicó un reporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado este lunes 16.

Gilbert Houngbo, director general de la OIT, destacó que “los trabajadores migrantes son indispensables para hacer frente a la escasez mundial de mano de obra y contribuir al crecimiento económico”.

“Garantizar sus derechos y el acceso a un trabajo decente no es sólo un imperativo moral, sino también una necesidad económica”, añadió Houngbo al presentar el reporte de esa entidad de las Naciones Unidas en esta ciudad suiza.

La divulgación se produce a poco más de un mes para que asuma el poder en Estados Unidos, un gran receptor de migrantes, el presidente electo Donald Trump, provisto de un discurso para limitar la migración hacia su país, así como de medidas en esa dirección en otras naciones industrializadas.

La mayoría de los migrantes en la fuerza de trabajo se concentró en Europa, América del Norte y países árabes, de acuerdo con las cifras de la OIT.

La proporción de migrantes en la población activa que viven en Europa aumentó de 22,5 % en 2013 a 23,3 % en 2022. Por el contrario, esa disminuyó ligeramente dentro de la fuerza de trabajo de América del Norte y los países árabes.

La mayoría de los migrantes en la fuerza laboral se concentró en los países de ingresos altos, que representaron 68,4 % del total (114,7 millones de personas), seguidos por 17,4 % (29,2 millones) en los países de ingresos medios-altos.

De los 167,7 millones de migrantes en la fuerza de trabajo en el año del estudio, 102,7 millones eran hombres y 64,9 millones mujeres. Eso representa un aumento de más de 30 millones desde 2013, incremento que se observó principalmente entre 2013 y 2019, en los años inmediatamente anteriores a la pandemia covid-19.

Se indicó que del total de migrantes presentes en la fuerza laboral, 155,6 millones tenían empleo, mientras que 12,1 millones no lo tenían.

Persistieron importantes disparidades de género, ya que del total de las mujeres migrantes 48,1 % tenía trabajo, comparado con el 72,8 % de los hombres.

La tasa de desocupación de los migrantes era más elevada (7,2 %) que la de los no migrantes (5,2 %), y la de las mujeres migrantes (8,7%) era superior a la de los hombres (6,2 %).

Estas disparidades pueden deberse a factores como las barreras lingüísticas, las cualificaciones no reconocidas, la discriminación, las opciones limitadas para el cuidado de los hijos y las expectativas basadas en el género que restringen las oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres

Una proporción significativa de migrantes, 68,4 %, trabajó en el sector servicios, frente a 51,5 % de los locales.

Según la OIT, esta tendencia se debe en gran medida a la demanda global de cuidados y trabajo doméstico, sobre todo entre las mujeres: 28,8 % de las mujeres y 12,4 % de los hombres migrantes trabajaban en la economía del cuidado, frente a 19,2 % de las mujeres y 6,2 % de los hombres no migrantes.

El informe subraya las complejidades de la migración laboral y la necesidad clave de políticas específicas de apoyo a los migrantes internacionales. Entre ellas se incluyen la mejora del acceso a oportunidades de trabajo decente y la mejora de la protección.

Dado que la mayoría de los migrantes trabajan en sectores de gran demanda, garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de trabajo para fomentar el desarrollo sostenible es una prioridad política, sostiene el informe.

¿Qué son las economías de guerra?

Carlos Eduardo Maldonado *

La economía es bastante menos evidente y bastante más compleja que simplemente los procesos de producción, intercambio y consumo, y sus mecanismos financieros y demás. Hay una capa fundamental que le subyace y la hace posible; particularmente en el modo productivista y extractivista. Se trata de las economías de guerra.

Los economistas clásicos y hasta Marx se admiraron en la modernidad por el impresionante crecimiento de la economía, un acontecimiento sin precedentes en toda la historia de la humanidad. El capitalismo es una economía de productividad, crecimiento, consumo, y extractivismo. Todo ello lo condensan, en una palabra: desarrollo. Al final, eufemísticamente, se habla de desarrollo humano. Hoy el eje central de la economía de libre mercado es, de lejos y muy ampliamente, el complejo industrial militar (CIM). Un capítulo sobre el cual la sociedad rara vez repara su atención.

Existe, sin la menor duda, un estado dentro del Estado. No se trata de ninguna teoría de la conspiración. Se trata del sector defensa, con todos sus aparatajes, sus extensiones, sus empresas paralelas y anexas, en fin, sus intereses y poderes. Lo que sucede es que el sector defensa está acompañado por otros poderes propios y paralelos, como el judicial, el financiero y otros sectores industriales. La forma sucinta en la que se condensa el estado dentro del Estado es la expresión: las “razones de Estado”.

Pues bien, las razones de Estado, por definición, no son públicas ni se comunican, sencillamente se imparten y se obedecen, punto. Sin cuestionamiento, sin crítica, sin reflexión alguna. Existen crímenes por parte del Estado en nombre de las razones de Estado. Y es también en nombre de la razón de Estado que, sin ambages, existe, efectivamente el terrorismo de Estado.

No huelga recordarlo: una cosa es el Estado –o el poder verdadero– y otra cosa es el gobierno. Los sistemas jurídicos y legales, la ciencia y los estudios políticos, las relaciones internacionales y los estudios sobre seguridad muy raras veces hacen de esté hecho un motivo directo y explícito de reflexión. El tema tiene una envergadura mucho más profunda que, sencillamente, los temas de gobierno, gobernabilidad y gobernanza.

En América Latina, algunos gobernantes alternativos han logrado llegar al gobierno, notablemente a través de la vía electoral. Dilma y Lula en Brasil, Boric en Chile, Evo Morales en Bolivia, Petro en Colombia, por ejemplo. Pero no por ello tienen verdaderamente el poder. Es fundamental atender a un hecho: los ciudadanos votan, pero no eligen.

Las grandes y más trascendentales decisiones se toman en la trastienda, y en numerosas ocasiones, por fuera del país. Hoy por hoy toda política (nacional y en muchas ocasiones también regional o municipal) es geopolítica. Los verdaderos hilos del poder no son nuca enteramente obvios ni trasparentes.

Existen redes de poder, y contra todas las apariencias estas redes son distintivamente cerradas. Sólo se puede acceder a ellas y escalar después de haber dado muestras evidentes de lealtad y fidelidad. Las redes de poder terminan cooptando a dirigentes y tomadores de decisión. Literalmente, se trata de toda la historia que la literatura ha expuesto suficiente y notoriamente a través de la historia de Fausto o Mefisto, en autores como Marlowe, Goethe o Thomas Mann, particularmente. Se aparece el maligno o es invocado y, en muy pocas palabras, su ofrecimiento es: “ponga el precio”.

O él mismo lo pone, hasta que la otra parte sucumbe. El precio es usualmente dinero o poder; y no necesariamente están separados.

Pues bien, el nombre más conspicuo de las fuerzas y poderes del Estado es el complejo industrial militar (CIM). Éste tiene capítulo, si cabe la expresión, en todos los países –eufemísticamente llamado como “el sector defensa”–, pero que en realidad supera y abarca bastante más que dicho sector.

El (CMI) se disparó y afianzó particularmente durante la Guerra Fría. Sólo que, contra todas las apariencias, la Guerra Fría no cesó con la caída del Muro de Berlín, por ejemplo. La guerra, dicen los militares, comienza en el momento mismo en que se piensa en ella y se la empieza a organizar. El (CIM) cimenta y nutre constantemente a la guerra, que existe y toma forma de diferentes maneras. Se ha estatuido, ulteriormente, una economía de guerra.

La guerra es una fantástica empresa que no está para nada alejada de sectores como las mafias (trata de blancas, narcotráfico, juegos y casinos, y muchos otros) y que instrumentaliza a amplias capas de la sociedad. Tiene su propia lógica, su propia semántica, sus propios aparatajes y mecanismos.

Las guerras en el mundo

Existen actualmente cien guerras y conflictos armados en el mundo. En Medio Oriente y Norte de África, tienen actualmente más de cuarenta y cinco guerras y conflictos armados; en el resto de África, más de treinta y cinco; en Asia, hay veintiún conflictos; en Europa, siete; en América latina, seis (1). Hay que recordar que el sistema de naciones unidas cuenta con ciento noventa y cinco países. Según esto, sólo en ochenta y cinco países no habría guerras; esto es, más explícitamente, hay guerras y conflictos armados hoy por hoy en ciento diez países. La paz es algo menos que un sueño. Los grandes titulares de la gran prensa raramente presentan todo el mosaico del tema.

Una mirada más cuidosa a este panorama trasluce que existen, consiguientemente, fabulosas cadenas logísticas en toda la extensión de la palabra, actos, acciones, decisiones, políticas y mecanismos de toda índole alrededor de los tejidos de las guerras y conflictos armados en los ciento diez países. En numerosas ocasiones, estas guerras están implicadas unas con otras, a través de inferencias indirectas. Las guerras son mecanismos muy efectivos de control de natalidad, control de la economía, políticas de muerte.

Sorpresivamente, a la fecha, las tasas de natalidad siguen siendo muy superiores a las de mortalidad (2). Significativamente, los países más ricos del planeta –especialmente los de la Ocde– tienen una tasa de natalidad inferior a la necesaria para reproducirse como nación. La natalidad es un fenómeno periférico en el mundo, desde el punto de vista económico y de desarrollo. H. Arendt ya lo decía: el acto político por excelencia es el nacimiento. Porque él significa que, biológicamente, otros tiempos y otros mundos pueden ser posibles. Sin ambages, los países de la Ocde y del G-20 están cometiendo suicidio.

Pues bien, en términos de víctimas, a nivel estadístico mundial las cifras comienzan a contarse a partir de cinco mil, y el tope se sitúa en cincuenta mil por año (3). Esto quiere decir que, por debajo de tal cifra todo es cuestión de delincuencia común. Pero hay otras categorías de delincuencia, por ejemplo, la delincuencia organizada, la circunstancial, la instrumental, la ciberdelincuencia, notablemente. No hay que olvidar, que en la delincuencia se sitúa también aquella de “cuello blanco”, y todos los sistemas y prácticas de corrupción (jueces, policías, militares, y otros). Y siempre las mafias.

Hay numerosos sistemas nacionales e internacionales de observación de los fenómenos delictivos, los conflictos y las guerras. Estos observatorios, laudables como puedan serlo, poco y nada contribuyen a la dejación de las armas. La economía de guerra es un hecho consumado en el llamado orden mundial

Economías de guerra

Una economía de guerra es aquella en la que el aparato productivo gira entera o principalmente alrededor de la guerra, o de un conflicto armado. Se estatuye una doctrina militarista –usualmente concebida por fuera de las fronteras nacionales; en el caso de América, un ejemplo excelente es el tratado Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca)–.

Se crean nuevos impuestos –en Colombia el 4 por mil–, se estatuyen bonos de guerra, y ampliamente el presupuesto nacional pivota alrededor de la eufemísticamente llamada: seguridad y defensa nacional. En el caso de Colombia, por decir lo menos, durante todo el Frente Nacional y hasta hace dos años, el presupuesto de guerra era de lejos el más importante, muy por encima del sector ciencia, educación o el de políticas sociales. Colombia vivió y ha vivido en economía de guerra. Ello estatuye un sistema social y mental, un lenguaje, unas formas de comportamiento.

Colombia no es un país de derecha políticamente. Pero, mucho peor, culturalmente sí. Sin embargo, esta historia está comenzando a cambiar.

En las economías de guerra, todas las necesidades de la ciudadanía están por completo redefinidas en función de ella. Especialmente, los sectores salud y tecnología; de igual manera, las formas y los estilos de vida de la ciudadanía, de lo cual no es consciente su inmensa mayoría. De manera muy significativa, todo el manejo del medioambiente queda en su totalidad supeditado a los interese bélicos definidos de manera inconsulta.

Todo el sistema educativo es permeado de un extremo al otro por los intereses de la guerra: los “buenos” contra los “malos”; los textos de lectura en los colegios; los currículos. ¿Valdría la pena mencionar que en las economías de guerra hay materias que son innecesarias? Por ejemplo, la filosofía, las humanidades, la historia. Los colegios, universidades, clínicas y hospitales, por ejemplo, se convierten en “instituciones”.

Habría necesidad de elaborar una larga, pormenorizada y muy juiciosa lista y reflexión de los usos performativos del lenguaje. Y con ellos, naturalmente, el papel de los grandes medios de comunicación. Las economías de guerra y sus aparatajes son bastante más sutiles de lo que permite pensar, simplemente, en asuntos militares o bélicos.

En una situación tal, todo el aparato productivo pivota alrededor de la guerra; pero también, con especial realce, todo el aparato cultural e ideológico, en el sentido más amplio de la palabra. En su base, como techo, como perímetro y sistemas de control opera siempre el (CIM).

Estamos ante una compleja realidad, toda vez que existen numerosos tipos de guerra: convencional, psicológica, de información, de agresión y de defensa; guerra total y guerra civil; de guerrillas y guerra subsidiaria, religiosas y hasta espirituales; guerras biológicas, en fin, guerras justas e injustas, entre muchas otras.

Como es conocido, vivido y padecido, en toda guerra siempre la primera víctima es la verdad. Luego sigue siempre la gente. Y durante y después de las guerras, claro, la restitución de la verdad. Todas las fuerzas del CIM son completamente reacias a cualquier criterio de verdad y de transparencia. Por ello mismo, el control de los medios de comunicación, de los currículos, de los espacios culturales y las formas de cultura, y casi siempre los púlpitos.

En dos palabras, el CIM es la alianza entre el sector militar en toda la línea de la palabra, y la industria de la defensa. Más sencillamente: entre militares –y fuerzas de policía, según el país– y la industria (o la economía). Por consiguiente, producción, sistemas de créditos y empréstitos, prebendas y bonos, lobbies de todo tipo y control, político, principalmente.

Los políticos quedan integrados o supeditados al sector militar, y casi nunca de manera violenta o forzada. De manera determinante, el CIM define las políticas públicas en toda su extensión y profundidad. Digámoslo de manera fuerte: el CIM reduce toda la política a políticas públicas y no son posibles, en absoluto, ninguna otra clase de políticas.

Un dato puntual: la guerra de Ucrania, que supera ya los mil días, implica un gasto diario de noventa millones de euros. Una elemental ecuación aritmética revela, por tanto, el costo a lo largo de los ya cerca de tres años. Pues bien, multiplíquese, con las proporciones debidas, estas cifras, por los otros ciento nueva conflictos armados y guerras, incluidas, naturalmente, las de Medio Oriente.

El gráfico Nº 1 ilustra los gastos de los quince países con mayor inversión en guerra: para el año 2022. En el gráfico Nº 2, actualizado al 2023, la lista de países es ampliada a los primeros 40, entre los cuales Colombia ocupa un lugar significativo. Las cifras son en billones de dólares; esto es, miles de millones de dólares.

Estamos ante una realidad de control social, pero también de reproducción de un sistema, el capitalista, que nos recuerda que en él la guerra y la enfermedad constituyen los dos más grandes negocios. Y ambos, enfermedad y guerra, son una sola y misma cosa. En términos muy elementales, se trata del sector seguridad y defensa y del sector salud. Sin ambages, los dos pilares de una economía de guerra.

Guerra contra la sociedad

Grosso modo, el CIM distingue dos tipos principales de guerra: las desplegadas contra el enemigo, que puede ser interno o externo; y, de manera especial, pero nunca hecho evidente, las guerras contra la sociedad. La forma más evidente y refinada de las cuales son todos los sistemas de reconocimiento de rostro y voz, los sistemas de espionaje, legales e ilegales, desplegados en contra de la sociedad. En dos palabras: cualquiera puede ser un enemigo potencial. De lejos, el mejor panorama de esta situación son las políticas y acciones del Gran Hermano, en el libro, fundamental, de George Orwell, 1984. Hay que volver a él, una y otra vez.

A su manera, una científica social ha llegado a hablar del capitalismo de la vigilancia, S. Zuboff. Una mirada hacia J. Assange, las persecuciones a WikiLeaks, los trabajos y declaraciones de Edward Snowden y muchos trabajos próximos y semejantes, brindan una luz clara sobre este particular.

Es indispensable recordar una cosa: misionalmente, los ejércitos, las fuerzas de policía y los mecanismos de seguridad y defensa son del Estado; no de la nación, y mucho menos de la ciudadanía. El Estado puede hacer con la fuerza lo que quiera; esta es su fortaleza, pero también su debilidad. La vida no se reduce al Estado, y en numerosas ocasiones es posible y deseable, vivir por fuera e incluso en contra del Estado.

El derecho internacional contra el derecho nacional

Una distinción final es posible. Se trata de la diferencia entre el sistema jurídico nacional, en cada país, y el derecho internacional.

Todos los sistemas de derecho nacional son de subordinación. Los ciudadanos y los extranjeros están sometidos a las leyes y aparatos de derecho, ya sea por nacimiento o por decisión voluntaria. Esta es exactamente la idea del Leviathan, de Thomas Hobbes, o el genéricamente llamado Contrato Social. Es todo el sistema liberal, en cualquier sentido de la palabra.

En otras palabras, ser liberales significa adoptar y estar obligados a aceptar sistemas de sometimiento o sujeción. “Nada es posible por fuera de la ley”. “Todo es posible dentro del Estado y nada es posible por fuera de Estado”, y cosas semejantes.

En blanco y negro, la libertad y la autonomía son entelequias frente a los sistemas de subordinación. Como les gusta decir a los liberales: “todo derecho implica una obligación”. De manera tal que todo consiste en y se reduce a sistemas y mecanismos de control.

De otra parte, existe el derecho internacional, que no es un mecanismo de subordinación, sino de coordinación. (Precisamente por ello, ante los ojos de los ciudadanos del mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU, la propio ONU, y los organismos multilaterales, tienen tan poca utilidad). En el derecho internacional no hay, en principio, sometimiento o subordinación algunos, sino coordinación, lo cual quiere decir, que los Estados son libres de acatar o no las direcciones, acuerdos, planes, y decisiones de tales organismos e instancias, sin estar obligados a cumplir lo que decidan. Sistemas de coordinación. La base conceptual, es la soberanía de los Estados.

Es una realidad que nos permite concluir afirmando que los Estados son soberanos. Los ciudadanos, no. Pues bien, los Estados son soberanos hasta cuando entra la geopolítica, y notablemente el (CIM). Y se impone la economía de guerra.

Notas

1. Cfr. https://geneva-academy.ch/galleries/today-s-armed-conflicts

2. Cfr. https://www.worldometers.info/es/

3. Cfr. https://worldpopulationreview.com/country-rankings/countries-currently-at-war

* Profesor Titular, de la Universidad El Bosque, Colombia, Cundinamarca, Colombia