AMLO legará a México una histórica reforma para democratizar la Justicia

Paula Giménez y Matías Caciabue

El miércoles 11 de septiembre, la cámara de senadores aprobó de manera definitiva la realización de enmiendas en la Constitución mexicana, consolidando así la apertura de un proceso para la democratización de la justicia, la última de las medidas que Andrés Manuel López Obrador legará a los y las mexicanas al dejar la presidencia.

Si bien los cambios propuestos van desde el salario mínimo hasta la inclusión de la Guardia Nacional bajo la jurisdicción de la Secretaría de Defensa, el punto más caliente fue el que comprendía los ejes que incluyen la reforma del Poder Judicial, ampliamente cuestionada por este sector.

¿Qué implica la reforma judicial aprobada?

Actualmente los ministros son propuestos por el presidente a través de una terna y su elección requiere el respaldo de al menos dos terceras partes de los senadores en el momento de la votación y los magistrados y jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.

Con la aprobación de la reforma judicial cada uno de los poderes (Ejecutivo, Judicial y Congreso) formará un comité de evaluación compuesto por cinco personas “reconocidas en el ámbito jurídico” para analizar las candidaturas y el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de contar los votos, publicar los resultados y emitir las constancias de mayoría para las candidaturas con más votos.

La reforma del Poder Judicial trae cinco cambios principales. Una modificación constitucional para que los jueces sean elegidos por voto directo y secreto por un periodo de 12 años; la reducción de 11 a 9, del número de los ministros de la Suprema y de la duración en el cargo, de 15 a 12 años. Además propone la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Suprema Corte y un ajuste a sus remuneraciones y reemplaza el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), responsable de la administración de la Judicatura y de la vigilancia de los jueces por dos nuevas instituciones: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Finalmente, incorpora la figura de «jueces sin rostro» para proteger a quienes se encarguen de casos relacionados con el crimen organizado, para preservar la seguridad de los jueces.

“Es importantísimo terminar con la corrupción y la impunidad. Y se va a avanzar mucho cuando sea el pueblo de manera libre el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Creo que vamos a avanzar en México y vamos a dar un ejemplo al mundo, porque el poder judicial -está más que demostrado- no imparte justicia. Los jueces, con honrosas excepciones, magistrados y ministros están al servicio de una minoría rapaz que se ha dedicado a saquear al país y son responsables de la decadencia de nuestro país. Nosotros estamos luchando para transformar a México y purificar la vida pública”, expresó AMLO al celebrar en Las Mañaneras,  su tradicional espacio de contacto diario con la prensa.

“Que puedan los jueces impartir justicia, a partir de ser electos por el pueblo, no por las cúpulas del poder”, agregó.

La discusión sobre la reforma judicial trajo grandes controversias, movilizaciones y declaraciones de actores a favor y en contra de las medidas que se ordenan ante uno u otro interés. Por un lado, estudiantes universitarios, representantes sobresalientes del partido oficialista Morena y hasta la expresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, celebraron la reforma judicial que está emprendiendo el gobierno de México, destacando particularmente el avance en términos democráticos que la misma supone.

Por otro lado, representantes del Poder Judicial se manifestaron en contra de la propuesta realizando paros ymovilizaciones desde sectores como magistrados, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y de la SCJN, estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la UNAM y representantes de los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en diputados y senadores. Pero éstos no fueron los únicos actores que se manifestaron en contra de la reforma judicial. Medios de comunicación extranjeros, como The Wall Street Journal y el Financial Times, también publicaron editoriales sobre el tema.

También hubo posicionamientos en contra por parte de actores extranjeros como Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos de América; Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Graeme C. Clark Embajador de Canadá y hasta la multinacional financiera estadounidense Morgan Stanley y la corporación Bank of America, quienes expresaron públicamente su desacuerdo y advirtieron que, de aprobarse, traería consecuencias en las relaciones del país con estos actores.

Reforma con legitimidad social

La ya electa como presidenta del país, Claudia Sheinbaum, convocó a una Consulta Popular en el mes de agosto para saber la opinión del pueblo de México sobre los jueces, magistrados, ministros y la elección directa. Algunas de las preguntas que incluía en la Consulta fueron: “¿Qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial?”, “¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte?”, “¿Cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados y jueces del Poder Judicial?” y “¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente al Poder Judicial de la Federación, que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción?”.

La Consulta consolidó con mayor legitimidad social la propuesta del poder ejecutivo, dio por resultado que el 81% de la población considera que debe haber una reforma al Poder Judicial. Además, el 75% de quienes respondieron la consulta considera que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por la propia ciudadanía. Esta Consulta habilitó al gobierno de Morena a avanzar con la propuesta.

Lo propuesto no es una simple reforma del poder Judicial -el menos transparente de los poderes del estado- sino que pone en debate el poder judicial como estructura, su influencia en el proyecto político de un país y su cercanía con las necesidades populares. Cuestiones que no son menores en un contexto en el que se ha vuelto común en la región la instrumentalización de la Justicia por parte de sectores de poder para judicializar la política, acosar a representantes del campo popular y batallar así, mediante la llamada guerra jurídica, contra proyectos e iniciativas populares.

En los últimos años, América Latina ha sido testigo de una creciente utilización del Lawfare como herramienta para desacreditar y perseguir a figuras claves como así también para frenar y desestabilizar procesos progresistas y de izquierda en la región.

Esta estrategia utiliza el favor político de jueces y fiscales, quienes apuntan de manera selectiva para criminalizar y desacreditar a figuras que representan alternativas al poder enquistado. Las acusaciones y la creación de causas amañadas y motivadas por intereses políticos, no solo buscan castigar legalmente, sino también debilitar la legitimidad y capacidad de movilización de estos líderes, comprometiendo así la imparcialidad y los principios democráticos que el sistema judicial debería tener.

Este fenómeno, que necesariamente cuenta con la participación protagónica de los medios de comunicación y la elaboración de matrices de opinión a partir de campañas mediáticas intensivas, ha tenido repercusiones significativas en la región, afectando la legitimidad y continuidad de varios liderazgos políticos, inaugurando nuevas estrategias para controlar los territorios.

De acuerdo con los antecedentes presentados por el presidente mexicano en el proyecto de reforma, en la región sólo Bolivia cuenta con un sistema similar.

Bolivia es, hasta ahora, el único país latinoamericano que forma sus altas cortes judiciales por medio del voto popular y ha hecho dos elecciones hasta el momento, en 2011 y 2017. El primero de diciembre de este año irán a las urnas para elegir por tercera vez a 26 altos cargos del poder judicial, los que dirigen el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental. Las candidaturas deben estar compuestas por mujeres en un 50% y tener identidad indígena (al menos un indígena en cada institución).

No es novedad ya que en Latinoamérica hoy la guerra en contra de los proyectos populares adquiere múltiples dimensiones y el atropello imperial toma, en su avanzada, forma de proyectos políticos neoconservadores y fascistas, que buscan deslastrarse de la democracia liberal.

En ese contexto no resulta menor la decisión del proyecto transformador, hoy en posición de gobierno en México, de poner en cuestión los mecanismos que por siglos han permitido la reproducción de una verdadera casta.

La experiencia señala que cuando los proyectos restauradores del orden conservador que avala la reproducción de los círculos de poder, avanza de manera radical no parece mala idea redoblar las apuestas para radicalizar la democracia, no en su aspecto liberal y burgués sino en su aspecto protagónico popular.

*Cacciabue es licenciado en Ciencia Política  Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos. Ambos son Investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)