México aprobó la reforma judicial, pese a la presión de EEUU

Gerardo Villagrán del Corral

El Senado mexicano  aprobó por más de dos tercios de los votos (86 contra 41), la reforma  presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con el fin de sanear al Poder Judicial, logrando la más relevante modificación a las estructuras legales que persistían en el país.

La reforma judicial se aprobó en lo general, después de la medianoche del martes, durante una larga sesión en la que hubo cambio de sede por invasión de manifestantes, toma de tribuna, insultos, sobresaltos, pero en la que el oficialismo logró la mayoría calificada, Después del proceso en el Congreso, la reforma será turnada a los legislativos estatales.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ernestina Godoy, presentó el dictamen y detalló el contenido de esa reforma que modifica diversos artículos de la Constitución: “Es una reforma histórica, porque da acceso a la ciudadanía a un poder humano fundamental, que es el derecho a la justicia y es una deuda impostergable”, señaló.

La reforma busca la independencia y autonomía del Poder Judicial, separar la función judicial del poder político y económico y protegerla de intereses fácticos o criminales, para lograr que la justicia alcance a todas y a todos sin importar su ingreso o su influencia política, económica o social, añadió.

La coordinadora del derechista Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, en cambio, advirtió que con esa reforma se extiende el acta de defunción de la democracia y reprochó a Morena conseguir “a la mala y en lo oscurito” los votos que no obtuvo en las elecciones. “Hoy hay más apellidos en la larga lista de traidores inscritos en el muro de la vergüenza nacional”, dijo.

La decisión representa una nueva y contundente derrota a las fuerzas opositoras en general, particularmente a las que se presentaron en coalición a la elección presidencial del pasado 2 de junio. La entrada en vigor de las reformas constitucionales tiene sus tiempos pero  la transformación del Poder Judicial empezará a surtir efecto desde la asunción de la nueva presidenta, Claudia Shienbaum, el 1 de octubre.

Ella tendrá mayor capacidad para aplicar las políticas públicas de su proyecto de gobierno sin tener encima la espada de Damocles de los fallos judiciales –particularmente, amparos y suspensiones–, sobre todo a favor de corporaciones y delincuentes y que han obstaculizado la realización de obras y acciones de gobierno durante el sexenio de López Obrador.

La composición de los tribunales mediante la elección de jueces, ministros y magistrados de entre candidatos seleccionados por su idoneidad, no exenta de riesgos, es un avance sin precedente en la democratización general del país y en la erradicación del carácter oligárquico que ha revestido el poder público en general desde hace décadas.

Para el diario La Jornada, la decisión  marca el final de la burocracia que se adueñó del Poder Judicial y que lo convirtió en un reducto para la impunidad, la corrupción, el tráfico de influencias, el  intercambio de favores, el nepotismo y el más ofensivo derroche de recursos públicos para sufragar la vida principesca de sus más altos funcionarios.

La oposición derechista no solo perdió la votación en el Parlamento, sino que en la calle perdió la credibilidad y la legitimidad que hubieran podido quedarle tras las violentas incursiones a la sede principal del Senado y las provocaciones de manifestantes en contra de la reforma exhibieron la derrota política de quienes defienden los privilegios de la casta judicial, en acto similar al que protagonizaran  las hordas trumpianas el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington: el intento de interrumpir mediante la fuerza un acto institucional.

El gobierno exhibió  a 33 jueces y magistrados que en los dos últimos años liberaran a presuntos delincuentes en fines de semana, han negado órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General  o han retrasado la justicia. Son “solamente algunos de los casos representativos de la falta de justicia, casos que hacen justicia lenta, los sabadazos, la parte de la imposición de condenas que pasan años y años y la gente no recibe una sentencia”, indicó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

En su informe Rodríguez detalló que, por la indolencia de los jueces, hay 24 mil personas en procesos penales sin sentencia y que 999 de ellas llevan más de 15 años esperando su juicio. Además, en el sistema acusatorio hay cuatro mil 520 procesados que llevan más de un año sin sentencia, lo que incumple el artículo 20 constitucional, sostuvo.

Añadió que la dilación de los jueces en la emisión de sentencias es una conducta parcial e injusta que se repite con toda claridad en las obras prioritarias del gobierno federal, específicamente en el manejo de las suspensiones en los amparos admitidos en cerca de 500 casos.

La reforma

Lo novedoso de la reforma es la elección por voto popular de magistrados y jueces del sistema federal, que son casi 2.000 personas, a partir del próximo año. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial presenten listas de candidatos sobre las cuales vote la gente.

El texto plantea que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años de manera rotatoria, en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección. Asimismo, incluye disminuir los tiempos de mandato de jueces y ministros, además de reducir la cantidad de magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Electoral.También contempla dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025, y una segunda en 2027.

La eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el Presidente son otras de las medidas que forman parte del proyecto. Además,  se crea un ente disciplinario y uno administrativo para el Poder Judicial, independiente de la Corte, a cargo de temas relacionados con la carrera judicial y el control interno, y de elaborar el presupuesto.

El nuevo Órgano de Administración Judicial estará integrado por cinco personas designadas para un período de seis años. Uno de ellos es nombrado por el Poder Ejecutivo, otro por el Senado, y los tres restantes, por la Suprema Corte.

La reforma y las inversiones

La propuesta ha generado preocupación entre los inversionistas extranjeros e incluso la actitud injerencista del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien se refirió al plan como un “riesgo” para la democracia y una amenaza económica.

El gobierno mexicano no tiene evidencia de que la discusión legislativa sobre la reforma al Poder Judicial frene las inversiones, sostuvo Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Economía (SE). La funcionaria consideró que existe desinformación, por lo que sugirió ponerse a leer la reforma judicial para calmar los nervios.

Nosotros tenemos registro de que sigue creciendo la inversión extranjera directa (IED). En los trámites que vemos nosotros en la secretaría no se ve ninguna afectación, sigue llegando IED, siguen anunciado y seguimos teniendo reuniones con empresas trasnacionales que quieren traer más inversión a México, dijo Buenrostro a medios tras participar en el foro Google for Mexico.

Interrogada sobre si los empresarios nacionales y extranjeros tienen incertidumbre por la reforma judicial, la funcionaria reiteró que hay mucha desinformación. Valdría la pena que en lugar de estar retomando las notas se pusieran a leer de lo que se trata la reforma judicial y eso calmaría mucho los nervios, expresó.

* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)