Venezuela: la urgencia del diálogo poselectoral

En el contexto posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Casa Blanca podría redefinir sus objetivos y tomar un camino centrado en la diplomacia, la cooperación y el diálogo, en lugar de un enfoque basado en el incremento de las sanciones petroleras y financieras o en la intervención por medio de acciones violentas. Por su parte, el gobierno venezolano ha expresado en varias ocasiones su disposición a sostener conversaciones y mejorar las relaciones diplomáticas.

En la encrucijada poselectoral de Venezuela, es evidente que, más allá de los discursos encendidos de ambos lados, lo que se necesita con urgencia es darle prioridad al diálogo y la negociación. El país ha quedado al borde de una situación crítica al no haberse alcanzado en Doha o en Barbados un acuerdo que contemplara los escenarios posteriores a la votación y estableciera con precisión cláusulas de convivencia.

La lección es clara: celebrar las elecciones sin levantar previamente las sanciones, sin un acuerdo de coexistencia de largo plazo entre Washington y Caracas y sin un enfoque de negociación realista ha convertido lo que debió ser la etapa final de un acuerdo en una trampa que ha agravado los problemas. Cualquier ventaja que uno u otro lado haya obtenido del evento electoral no contribuye a resolver el conflicto.

Mirando hacia el futuro, cualquier intento de acuerdo en el contexto actual tendría que plantearse como objetivo construir consensos en tres ámbitos fundamentales: un tratado geopolítico duradero entre Venezuela y Estados Unidos, un pacto democrático de convivencia entre las fuerzas políticas internas y un compromiso en la esfera económica que no solo desmonte las estructuras del rentismo, sino que impulse la inversión y la creación de empleos sostenibles para las futuras generaciones.

La construcción de estos acuerdos es vital para la estabilidad regional y la prosperidad de Venezuela. Un acuerdo geopolítico no se limitaría a la superficialidad de las relaciones bilaterales, sino que buscaría sentar las bases de una cooperación de largo alcance, especialmente en la esfera petrolera, en el marco del respeto de la soberanía y de las alianzas estratégicas de Venezuela con los diferentes centros de poder mundial.

Un pacto político democrático puede abrir las puertas a un inédito esquema de alternancia basado en opciones compartidas y diseñado desde una perspectiva innovadora y pragmática.

Este esfuerzo de diálogo requiere una mediación sobria y consistente. Los países latinoamericanos, en general, no lucen en condiciones de asumir este rol, ya que se han alineado como partes comprometidas en el conflicto. Para lograr sus particulares objetivos políticos en la coyuntura actual, Washington ha informado que ha contado con el apoyo de países como Brasil y Colombia, a quienes ha solicitado que intercedan ante el gobierno de Venezuela. Ahora bien, esta actuación resulta incompatible con un rol de mediación, dado que Washington es un actor beligerante en el conflicto.

El Departamento de Estado ha solicitado que el secretario general de la ONU, António Guterres, actúe como mediador. Sin embargo, Guterres ha mostrado una inclinación evidente en la cuestión venezolana al hacer público el informe del Panel de Expertos Electorales, lo que pone en duda su imparcialidad.

A esto se suma que Guterres desconoció el Acuerdo de Ginebra y favoreció a Exxon y Guyana en la disputa sobre el Esequibo, lo que compromete aún más su capacidad para actuar de manera neutral. Ante estas circunstancias, Catar podría ser el lugar adecuado para iniciar una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Caracas.

Un acuerdo amplio como el planteado requiere líderes, tanto en Caracas como Washington, dispuestos a separarse de los dogmas establecidos. Si se logra, este esfuerzo no solo traerá beneficios directos a los países y factores involucrados, sino que también podría marcar un hito en la diplomacia contemporánea.