Uruguay: Del estado de bienestar al estado del capital

El 1 de marzo de 2020 asumió el gobierno una coalición de fuerzas políticas encabezadas por el Partido Nacional que se ha caracterizado por impulsar un programa de reformas en ámbitos fundamentales de la economía y la sociedad, con el objetivo explícito de favorecer los intereses de los empresarios en detrimento de los intereses de la clase trabajadora.

El programa de la coalición fue ejecutado a pesar de los efectos de la pandemia: un fuerte ajuste fiscal acompañado de una profunda reforma regresiva del Estado, y, como contrapartida, se apostó a los «malla oro» a través de subsidios al capital con exoneraciones en los impuestos y los aportes a la seguridad social. Para los trabajadores, en cambio, la defensa del Estado y sus empresas son la palanca fundamental para el desarrollo social y económico del país y para garantizar que los servicios públicos sean accesibles a toda la población.

La primera medida de recorte adoptada por el gobierno fue en marzo de 2020, cuando fijó un techo a la ejecución presupuestal, para el ejercicio 2020, del 85 por ciento de los gastos de funcionamiento e inversiones realizados en 2019. Prohibió, a su vez, proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y los dos tercios de las vacantes a generarse a partir de 2020, con las excepciones del personal docente, de la salud, policías y militares. Fijó, también, un tope a la contratación de servicios personales de carácter temporal del 60 por ciento del monto total ejecutado en 2019.

La ley de presupuesto 2020-2024, con el mismo objetivo de reducir personal, establece una reestructura en todos los incisos en los que se declare la existencia de trabajadores excedentes sin un estudio serio de la mejor distribución ni en pos de mejorar los servicios brindados por el Estado.

En las leyes de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal de los años 2020 a 2023, el gobierno continúa avanzando en su política de reducción del aparato del Estado, impulsando un mayor recorte presupuestal, una rebaja del salario del funcionariado público, la precarización del trabajo y la caída en cantidad y calidad del servicio estatal.

El fuerte ajuste de gastos de funcionamiento e inversión y las pérdidas de recursos humanos agravaron las limitaciones que tienen los trabajadores públicos para atender las necesidades sociales. En varias reparticiones del Estado la necesidad de trabajadores es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, concepto que va mucho más allá de defender los derechos de la propiedad privada.

Aumentó la masa salarial de militares y policías

El gobierno, entre 2020 y 2023, redujo puestos de trabajo y salarios con una fuerte reducción de las retribuciones pagadas en los incisos civiles de la administración central. La información que se presenta en la rendición de cuentas del ejercicio 2023 muestra que hubo una rebaja muy importante en la masa de retribuciones respecto a 2019. Lo contrario sucedió en los ministerios de Defensa e Interior, en los que la masa de retribuciones pagadas aumenta en los escalafones policial (L) y militar (K), donde se mantiene el número de personal y se aumentan mucho los salarios.

En los incisos de la administración central, excluidos los ministerios de Defensa e Interior, el pago de remuneraciones, masa salarial en pesos constantes, se redujo de 29.133 millones de pesos en 2019 a 25.157 millones en 2023 (-13,6 por ciento). Como contrapartida, en el mismo período, en Defensa aumentaron las remuneraciones de 19.249 millones a 22.948 millones de pesos (19,2 por ciento) y en Interior aumentó de 33.790 millones a 36.357 millones de pesos (7,6 por ciento). Debe destacarse, además, que las retribuciones pagadas en 2023 incrementaron su valor real un 10,5 por ciento en Defensa y 8,6 por ciento en el Ministerio del Interior (MI) respecto a 2022 (rendición de cuentas 2023, tomo I, cuadro 34).

Se reducen los vínculos laborales

En la administración central, en 2019 los vínculos laborales eran 82.588 y en 2023 se redujeron a 80.768 (-2,2 por ciento). Los incisos integrados solo por vínculos laborales de trabajadores civiles son los realmente afectados. Se pasó de 20.391 a 17.370 vínculos: una caída de 14,8 por ciento. Los funcionarios públicos se redujeron de 17.438 a 14.436 (-17,3 por ciento). La reducción fundamental se produjo en los presupuestados, que pasaron de ser 15.508 a 13.631, o sea, una pérdida de 1.877 trabajadores (12,1 por ciento). Los provisoriatos, que son el mecanismo de ingreso a la presupuestación, se han reducido de 1.013 en 2019 a cuatro en 2023. En conjunto, entre presupuestados y provisoriatos hay una reducción de 2.886 funcionarios.

Lo contrario sucedió con los ministerios de Defensa e Interior, que tuvieron un aumento de 62.197 a 63.398 vínculos laborales (1,9 por ciento). Se puede sostener que el número de efectivos policiales se corresponde con la necesaria lucha contra el crimen organizado, básicamente el narcotráfico, pero no existe ninguna situación de beligerancia que requiera que los efectivos militares sean 26.159 y que los funcionarios públicos de los incisos que no están ligados a la seguridad sean solamente 14.416 (Vínculos laborales con el Estado 2023, Observatorio de la Oficina Nacional del Servicio Civil). Al respecto, parecen sumamente inconvenientes las propuestas de reducción de trabajadores públicos que plantean los candidatos de la coalición Álvaro Delgado y Guido Manini Ríos.

Pierden salario los trabajadores civiles

En este proceso de ajuste de la masa salarial los trabajadores civiles tuvieron una pérdida de poder adquisitivo de más de un salario por año entre 2021 y 2023.
El ajuste de salario de 2021 fue de 4,41 por ciento, mientras que la inflación de 2020 fue de 9,41 por ciento (la pérdida salarial fue de un 5 por ciento). El ajuste salarial de 2022 fue de 7 por ciento, mientras que la evolución del índice de precios al consumo (IPC) de 2021 fue de 7,96 por ciento, por lo que la pérdida salarial fue de un punto porcentual.

En 2023, el ajuste fue de 8,35 por ciento y el IPC de 2022 fue 8,29 por ciento. Hubo una partida fija de 1.500 pesos para los presupuestados que ganaban menos de 80 mil pesos, pero que no cobraron ninguno de los trabajadores con otros tipos de vínculos contractuales. En 2024 el ajuste fue de 5,4 por ciento y la inflación de 5,1 por ciento: la recuperación es insignificante.

El gobierno sostiene que los salarios aumentaron, y para eso utiliza el promedio que surge del aumento salarial que dio a más de 60 mil efectivos de seguridad junto con la pérdida salarial que tuvieron los restantes 20 mil trabajadores: a nadie escapa que el promedio oculta a los que perdieron.
En conclusión, el gobierno no cumplió con la promesa de recuperar el salario real de 2019 y, por supuesto, tampoco se recuperará la enorme pérdida acumulada a lo largo del período que para la mayoría de los funcionarios fue equivalente a un mes de salario por año.

La falta de personal implica reducción de derechos de la población

Esta reducción de personal afecta áreas muy sensibles y que tienen que ver, básicamente, con la posibilidad de acceder a derechos fundamentales y a ser protegidos en situaciones de vulnerabilidad. Los siguientes son algunos ejemplos:

-La reducción a su más mínima expresión del Sistema Nacional de Cuidados y de áreas sociales estratégicas. La seria dificultad para acceder a turnos médicos en la salud pública.

-La dificultad de controles fundamentales en los pasos de fronteras, tanto en lo que refiere a la gestión en migración, dado que la carencia de personal habilita que existan zonas liberadas al delito, la trata o el tráfico de personas, como en el caso del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el que hay turnos liberados de controles aduaneros por falta de personal.

-Tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han cerrado oficinas en el interior del país debido a la falta de personal. En otros casos, los funcionarios tienen que trasladarse a diferentes localidades para cubrir la atención, la cual no llega a brindarse en su totalidad. Existen dependencias en las que el servicio se ve comprometido, dado que está sostenido por un único funcionario.

-En el Instituto Nacional de Rehabilitación, la falta de operadores civiles penitenciarios limita fuertemente la posibilidad de que se puedan cumplir tareas básicas para completar los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad, tales como llevarlos a las aulas, al trabajo, al patio, a los espacios culturales, a las visitas, a hacer deporte. El encierro trae violencia y esa violencia, nuevos encierros y sanciones. El clima negativo deteriora a las personas privadas de libertad y genera enfermedades físicas y mentales a los trabajadores civiles penitenciarios. Esta repartición ha sido la única de las dependientes del MI que redujo su personal.

Es muy importante que se tome conciencia de los graves perjuicios que están provocando las políticas de la coalición de gobierno, que redujeron el papel del Estado como escudo de los débiles y aumentaron el tamaño del Estado represor sin resolver los graves problemas de seguridad de la población, en particular de los sectores sociales más vulnerables.

*Magíster en Administración Pública (CIDE, México) y en Desarrollo Económico para América Latina (UIA, España) Preso y exiliado desde 1977 en México y Nicaragua. Fue director del Instituto Fernando Otorgués (IFO) e integró la dirección del Centro de Estudios Estratégicos 1815. Profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Universidad de la República). Integra la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay. Colaborador del Centro L;atinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)