Teje y maneje: La embajada de EEUU, sus informantes y la economía argentina

Horacio Rovelli

Corría el año 2006 y la Cancillería de los Estados Unidos (Departamento de Estado; es el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de dicho país) hizo publicar algunos cables realizados 30 años antes en varios países, entre ellos, el nuestro.

Para la Argentina, los 125 documentos secretos enviados por la Embajada de Estados Unidos a Henry Kissinger entre octubre de 1975 y mayo de 1976 implican la complicidad manifiesta del país del norte en el golpe militar de marzo de 1976 y el encubrimiento de la represión y las principales medidas tomadas por esa dictadura. Se trata de varios informes en clave de la Embajada de los Estados Unidos denominados “Terrorismo industrial: la lucha guerrillera en la base de la fábrica”.

Robert Hill, quien fuera embajador en España (1969-1973) y en la Argentina (1974- 1977), informó a Henry Kissinger de todo el proceso de caída del gobierno. Primero, la Embassy aceptó la propuesta de Cafiero y Lorenzo Miguel, que implicaba un crédito del FMI. Fracasado el plan, jugaron solapadamente con los militares. La Embajada fue informada por Victorio Calabró y Luis Rubeo de que los tres comandantes militares habían decidido exigir la renuncia de Isabel Martínez de Perón y que, si ella se negaba, la someterían a arresto domiciliario hasta que se la enjuiciara por malversación e inmoralidad en sus funciones

El informe 08456 de la Embajada, que firma Hill, revela que monseñor Tortolo habría transmitido a la Presidenta la insistencia de los tres comandantes en jefe para que ella se alejara del poder. A su vez, ella, en cambio, indicó su voluntad de seguir, ofreciendo cambiar el Gabinete con la renuncia de su secretario privado, Julio González, y del dirigente del sindicalismo, Lorenzo Miguel.

La Presidenta pide la mediación del nuncio Monseñor Pío Laghi, quien a su vez le cuenta todo lo hablado con el embajador Robert Hill. La Embajada adoptó una posición de total discreción porque no quería quedar ligada al golpe militar, como lo estuvo en 1973 en Chile. De hecho, Hill se tomó unas oportunas vacaciones una semana antes del 24 de marzo de 1976.

En dos entrevistas entre Henry Kissinger y el canciller argentino, Almirante César Augusto Guzzetti, en junio y septiembre de 1976, el primero respaldó el terrorismo de Estado y hasta sugirió que hicieran lo que tuvieran que hacer lo más rápidamente posible. Y esto perduró, más allá de las voces disidentes en el propio gobierno estadounidense y en la opinión pública de ese país. Los nuevos documentos desclasificados por Estados Unidos en 2016 y 2017 arrojan más luz sobre el apoyo de Kissinger a la dictadura, incluso luego de abandonar el Departamento de Estado, ya durante la Administración Carter.

Paralelamente, el golpe militar y su plan económico inicial, que contó con el crédito del FMI (que no le dieron a Antonio Cafiero), se pergeñó en la casona de Azcuénaga 1673, ciudad de Buenos Aires, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta, en la que se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973); Mario Cadenas Madariaga (dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA) y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz; Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn (por FIAT); Guillermo Zubarán (secretario de Energía de Videla); Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral. de Negocios); Armando Braun, y Juan Etchebarne (CNV).

La dictadura militar se propuso restablecer la hegemonía del mercado en la asignación de recursos, relegando al Estado a un segundo plano o a asistir a esos mercados. La liberación de las tasas de interés por encima del nivel general de precios y del tipo de cambio favoreció la renta financiera y la sustitución inversa en que se prefería importar que producir, generando una deuda sistemática del Estado y de las empresas. La de estas últimas, tras la derrota de Malvinas, fueron traspasadas mediante los seguros de cambio al Estado nacional.

La pregunta obligada es: ¿Por qué no va a suceder lo mismo ahora?

Los representantes del poder local impulsaron en un comienzo el ascenso de Javier Milei a la presidencia, como es el caso del grupo Eurnekián, pope del Club del Petróleo, a través de su empresa Compañía General de Combustible. También se sumó posteriormente su socio en ese club y uno de los principales aportantes de la campaña presidencial, el grupo Techint. Sin embargo, su CEO, Paolo Rocca, que hablaba de que se produciría un “reseteo” de la economía del país, a quien le dieron YPF S. A., el 31 de julio de 2024, cuando presentó el deficitario balance de una de sus empresas, Tenaris S. A., que hace caños sin costuras para gasoductos y oleoductos y fue el proveedor del primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, dijo que fuimos demasiados optimistas con el gobierno.

Un Presidente como Javier Milei no representa a ninguno de los factores de poder local.

La depresión económica hace que el cálculo de descenso del PIB del FMI del 3,5% para este año 2024 sea conservador. La industria manufacturera utilizó apenas el 54,5% de su capacidad instalada en junio de 2024, una cifra inferior a la de la crisis de 2002 y apenas 1,2 puntos porcentuales por encima del nivel que se verificó en la pandemia de Covid-19, con la actividad paralizada. El consumo no termina de caer, cayó 12,8% interanual en junio, pero dentro de ello el de carne vacuna alcanzó un mínimo histórico en 2024, con una proyección anual de 44,8 kg por habitante, según un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La pobreza medida por el INDEC y por los estudios privados supera el 50% de la población. Según la UCA (Universidad Católica Argentina), el 63% de los chicos y adolescentes argentinos son pobres y el 16,2% son indigentes, lo que corrobora UNICEF cuando asevera que un millón de chicos en la Argentina se va a dormir sin cenar.

En ese marco observamos que, desde que comenzó el gobierno, la dupla Luis Caputo-Santiago Bausili dilapidó, hasta julio de 2024, 12.400 millones de dólares de las reservas internacionales del BCRA, al solo efecto de que no se dispare la brecha entre el dólar oficial (de 982 pesos) y el dólar Contado Con Liqui (CCL, de 1.276 pesos) a mediados de agosto de 2024.

O sea que, para garantizarles la ganancia en dólares a los que compraron títulos públicos en pesos ajustables por inflación, les venden dólares en el CCL que ingresan de las exportaciones y de las mismas reservas del BCRA (de allí la prenda del oro), por un lado. Y, por otra parte, un 20% del dólar de exportación se liquida también en el CCL. La suma de ambas cuentas implica que el BCRA no guardó reservas por 12.400 millones de dólares, suma que de por sí garantizaría que todos los chicos del país y sus padres tengan un plato sustancioso de comida caliente a la noche, tal como lo exige nuestra Constitución nacional, “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

El rol de los «servicios»

Nos van a hacer esperar nuevamente 30 años y dependemos de su voluntad para que el Departamento de Estado de los Estados Unidos dé a conocer las órdenes del canciller Antony Blinken al embajador de su país en el nuestro, Marc Stanley.

Ambos repiten su consigna: “La Argentina tiene lo que el mundo necesita”, que Javier Milei traduce en que en “la Argentina queda prohibido no exportar”; en esa dirección van tanto el DNU 70/23 como la Ley 27.742 de Bases, que incluye el Régimen de Incentivos a Grande Inversiones (RIGI). Régimen en el que tienen prioridad en el uso del agua donde invierten y que no tienen obligación de abastecer al mercado interno, conformando un Estado dentro del Estado argentino, con sus propias normas, principios, justicia, etc.

El RIGI fue votado por 134 diputados y 38 senadores y su dictamen en el Senado de la Nación lo firmó el senador peronista de la provincia de Entre Ríos Edgardo Kueider.

Quizá también tengamos que esperar 30 años para saber por qué el juez Julián Ercolini, que tiene la causa de estafas con los seguros contra Alberto Fernández, que disponía de los audios y de las grabaciones de la disputa matrimonial desde hacía tiempo, decidió hacerlo público el martes 6 de agosto de 2024, justo tras el llamado “lunes negro” de los mercados financieros del mundo, que hizo que la tasa de Riesgo País superara los 1.700 puntos.

Ercolini es el mismo juez que tiene la causa del los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, tras la muerte del Juez Bonadío. Y es a quien el juez federal Sebastián Ramos le anuló la causa que investigaba un viaje de jueces, ex funcionarios y empresarios a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido además de sobreseer a todos los que estaban imputados en el expediente, los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques (camarista de Casación, el máximo tribunal penal), Pablo Yadarola (juez en lo penal económico) y Pablo Cayssials (del estratégico fuero en lo contencioso-administrativo); también del fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, jefe de todos los fiscales porteños; del ex ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro; y de los directivos del Grupo Clarín Pablo Cassey y Jorge Rendo.

Todas estas respuestas las sabe la Embassy y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Pero voy a contar algo que sé.

Trabajé en los meses de octubre 2023 hasta febrero de 2024 en el Canal Extra de la Ciudad de Buenos Aires, hacía la columna de economía los días martes y jueves. El primer conductor del programa era Tomás Méndez y en no menos de dos oportunidades nos dijo a tres personas que trabajábamos con él que Fabiola Yáñez era informante de los servicios de inteligencia y que todos los servicios en la Argentina tienen terminal en la embajada de los Estados Unidos.

Es más, también dijo que Alberto Fernández era confidente de Clarín y de la Embajada. Me eximo de demostrarlo porque el mismo Tomás Méndez decidió hacerlo público en los programas en los que participa actualmente (agosto de 2024).

El representante legal de Canal Extra era Franco Bindi y la abogada, Silvina Carreira, a quien Alberto Fernández nombró para su defensa.

La defensa de Fabiola Yáñez será llevada por Mariana Gallego, la esposa del tandilense Mauricio D’Alessandro. Es lo que hace presumir que detrás de las últimas revelaciones está una rama de Comodoro Py, en la que militan el también tandilense Guillermo Scarcella y Santiago Viola, apoderado de La Libertad Avanza, un tándem al que se vincula con Freddy Lijo. Desde 2018, Milei comenzó a viajar con D’Alessandro y Scarcella a Tandil, dice Diego Genoud en su nota “Fernández, el peronismo en el purgatorio y Milei en emergencia».

¿Quién se beneficia? El capital financiero que está metido hasta la médula en este país y que ahora, con riqueza petrolera y gasífera, pretende utilizar la extraordinaria renta financiera que le paga este gobierno para quedarse con los mejores pozos, con los mayores recursos naturales que nos pertenecen a todos los argentinos y no a este gobierno ni a los 134 diputados y 38 senadores que votaron el RIGI y no quieren anular el DNU 70/23.

Caputo y Bausili son comisionistas del capital financiero y Milei es funcional a los intereses del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

 

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).