Uruguay: La seguridad pública, botín de campaña; los ciudadanos, botín de la violencia

Nicolás Centurión

La seguridad pública como botín de campaña política sigue utilizándose de manera superficial. Mera excusa para lanzarse dados con un oficialismo conservador que ha tenido una administración para el olvido, que solo lanza chicanas a su rival y una oposición socialdemócrata frenteamplista que tampoco ha lanzado propuestas concretas para frenar o saltar a este ciclo de violencias, que tiene en los homicidios como su síntoma más alarmante.

Las últimas horas

Se registraron siete homicidios en las últimas 48 horas (de viernes de noche a domingo de noche). Tres de ellos despertaron alarma pública ya que tres menores fueron calcinados dentro de un automóvil. Las causas se desconocen, la investigación está en curso, pero se apunta a que fue un ajusticiamiento por enfrentamiento entre bandas de delincuentes.

Con estos siete homicidios que se suman a la nómina,  la diferencia con el período anterior pasa a ser de 96 homicidios a falta de 200 días para que finalice el gobierno de la coalición de derechas.

Los números de esta administración, comandada por Luis Lacalle y que hoy tiene a Nicolás Martinelli como Ministro del Interior, son peligrosos.  El 62% de los uruguayos considera que la inseguridad es el principal problema del país, según la encuestadora Equipos Consultores.

En 2023 la tasa de homicidios de Montevideo superó a la de Rivera, departamento fronterizo con Brasil, que desde hace años era la más alta del país. Ese mismo año hubo un homicidio cada 23 horas. Fueron 382 casos, uno menos que el año anterior, según el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.  210 de los 382 (55%) casos fueron en Montevideo. Recordemos que este gobierno pasó dos años en pandemia donde la movilidad de los ciudadanos se redujo drásticamente.

Si miramos un poco hacia la región, vemos que la tasa de homicidios en Rosario , que es la ciudad “narco” de Argentina, es de 22,1 cada 100.000 habitantes. El promedio de Argentina es de 4.31 cada 100.000. En Montevideo es de 15.3. Rosario sigue estando cada vez más cerca.

Pesada herencia

Al ministro Martinelli poco se le puede achacar. Está claro que si ocupa ese cargo, tiene que asumir responsabilidades. Pero lo que hoy tiene encima es la pesada herencia del desidia y poco apego por resolver dichos temas de seguridad por parte de sus predecesores, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Heber se ha paseado por varios ministerios con pena y sin gloria. Un eterno parlamentario que poco ha aportado al país. Un hábil locutor y declarante, pero que sirve para ámbitos legislativos y ser una especie de perro de ataque de sus líderes políticos. Terminó su mandato en la cartera ministerial siendo reconocido por su frase: “volvieron las carteras” y semanas después fue víctima de robo.

Larrañaga por su parte, se erigió en sus últimos años de vida, como uno de los paladines de la justicia. Luego de ser aplastado en las internas del Partido Nacional en 2019 por Luis Lacalle, se aferró al plebiscito “Vivir sin miedo” como mástil en un naufragio.

La reforma constitucional “Vivir sin miedo” fue rechazada en las urnas con un porcentaje del 47% cuando tendría que haber obtenido el 50% de los votos para poder ser aprobada. Un número nada desechable y que lo catapultó a Larrañaga como Ministro del Interior. Murió en plena gestión, pero también vale destacar lo dicho por el periodista Antonio Ladra en una entrevista para Periferia Uy: “Larrañaga a una semana de asumir como Ministro no tenía los nombres de los 19 jefes departamentales de la Policía.” Con este nivel de improvisación nació esta gestión.

Ambidiestros

Desde el retorno a la democracia los delitos han mantenido su tendencia al aumento. Así como también las medidas que apelan a la mano dura. La hegemonía conservadora se apodera de las interpretaciones sobre la seguridad, reprimiendo la incidencia de los factores sociales y alentando un clima punitivo cada vez más asfixiante.

“La crisis estructural de larga duración, la exclusión y la fragmentación socioterritorial de las últimas décadas han alterado las claves tradicionales de la convivencia. Las fronteras sociales entre la inclusión y la exclusión se cargan de nuevas dimensiones simbólicas y culturales y jaquean a la vieja matriz de integración del país” dice el sociólogo Rafael Paternain

Se refleja una continuidad de ciertos fenómenos y relatos que reproducen lógicas y dispositivos de poder político-estatal que, independientemente del régimen existente o del partido gobernante configuran, no una repetición mecánica, sino una relación de necesidad –  hasta de complementariedad- entre seguridad y delito o entre política y delito.

Desde lejos sí se ve

La hegemonía conservadora se basa en el axioma  -y a su vez paradoja- de que “todo tiempo pasado fue mejor”, donde se evoca al pasado prácticamente idílico y un presente que reviste un cariz apocalíptico y de no retorno al punto al que se llegó. Lo paradójico de esto es que el presente que hoy se presenta como el cenit de la violencia y la inseguridad delictiva, mañana será evocado como un pasado idílico que fue mejor.

En el año 1987 el 80% de los uruguayos se sentían inseguros en su barrio. En el año 1994 según la encuestadora Vox, el principal tema de los uruguayos era la inseguridad. Según Cifra, el 80% de los uruguayos creía que el país era más violento que 10 años atrás.

En el año 1997, la Empresa Datos constataba que el 93% de los montevideanos evaluaba que la delincuencia había aumentado y el 80% que la delincuencia de los menores había crecido con respecto a la de los adultos. Además el 54% se posicionaba a favor de bajar la edad de imputabilidad. En 2004 el 51% confesó miedo ante personas pobres que habitan ciertos barrios o asentamientos. El 8% ante desocupados o marginales.

Es la economía también

A pesar que en la década del 90 hubo aumento de la riqueza y el tamaño del PBI, no así sucedió con la distribución de la riqueza y el aumento de salarios. Recordar que en el gobierno del Partido Nacional se eliminaron los Consejos de Salarios, dejando en mayor desventaja aun a los trabajadores con respecto a las patronales en lo que refiere a negociación salarial y condiciones laborales.

La década del 90 fue la antecesora a la crisis del 2002, donde se fue gestando un proceso de pauperización de la población y en varios ámbitos de la sociedad. Como ser la educación, la seguridad pública, la salud, etc.

Los otros

“El Estado crea nuevos delitos, agrava las penas, incrementa el aparato policial, utiliza cada vez con más ímpetu la tecnología para establecer extrema vigilancia y control y utiliza el encierro como estrategia de neutralización de los peligrosos”  como dice Foucault

La propuesta de reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad, que la propuso el ex senador Pedro Bordaberry (que hoy ha vuelto a la política) y que otrora paradójicamente también la impulsara su padre, el entonces presidente de la república y luego dictador, Juan María Bordaberry; no proponía nada en materia de derechos para los menores, sino que era regresivo en su forma y solo se los quería imputar como adultos pero no se le concedían derechos como estos. Por ejemplo tener libreta de conducir, consumir alcohol, ingresar a casinos, poder casarse sin consentimiento de un adulto justamente, etc.

La reforma por la baja de la edad de imputabilidad colocó en el centro a los jóvenes que cometieron delitos como los responsables y culpables de todo el complejo sistema de inseguridad. Los “menores” fueron calificados como inimputables, que tenían prácticamente inmunidad ante delitos cometidos y que entraban por una puerta del sistema que los tenía presos y salían por otra.

Nada más alejado de la realidad cuando en ese entonces, por ejemplo, los homicidios cometidos por los menores de 18 años no alcanzaban el 5% del total de los homicidios a nivel nacional.

La baja de la edad de imputabilidad como la de “Vivir sin miedo” así como la nueva propuesta a plebiscitar en octubre sobre los allanamientos nocturnos son más que viejas propuestas punitivistas que apenas atacan al síntoma mientras la metástasis es inminente.

Si entendemos que primero se tipifica el delito, luego se “crea” al delincuente o mejor expresado, cuando se define un delito se define qué conductas son delictivas. ¿Quienes son los que definen los delitos? Los grupos hegemónicos de poder que tipifican ciertas conductas que contravienen el status quo como delito para preservar su condición.

Siguiendo a Foucault: “la sentencia que condena o absuelve no es simplemente un juicio de culpabilidad, una decisión legal que sanciona; lleva en sí una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible.”

Existen distintos tipos de violencias e inseguridades en nuestra sociedad. Las causas son varias pero existe una matriz primera que es la fuente de toda inseguridad y violencia: el sistema económico-financiero, político y cultural en el que estamos insertos.

 

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)