Ley Bases y programa represivo: las iniciativas populares no serán televisadas (ni “viralizadas”)

Emilia Trabucco 

A seis meses de su inicio de gestión, el gobierno de La Libertad Avanza logró el 12 de junio aprobar la Ley Bases y el Paquete Fiscal en la Cámara de Senadores a fuerza de prebendas, con ofrecimientos explícitos de embajadas a cambio de votos, y un escenario de represión y violencia de las fuerzas de seguridad contra les manifestantes en las inmediaciones del Congreso, con un saldo de 35 personas detenidas de manera arbitraria.

Detrás de un forzado relato de exitismo lanzado desde el oficialismo, lo cierto es que el megapaquete legislativo fue aprobado en un reñido resultado en la Cámara de Senadores: 36 a 36, con desempate de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien en su discurso volvió a marcar la antinomia con el que intentan fracturar la sociedad: “Hoy vimos dos Argentinas: una violenta, que incendió autos y que arrojó piedras, y que debate el ejercicio de la democracia, y otra, la de los trabajadores, que están esperando con mucho dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio».

Lo sucedido amerita reflexionar sobre la ofensiva que está llevando adelante el proyecto antipopular en posición de gobierno, que incluye, por un lado, un escenario de descomposición de la política institucional tradicional, y por otro, una guerra declarada contra las organizaciones del campo popular, sobre las cuales se terminó de construir la categoría de “grupos terroristas”, bajo la conocida doctrina del enemigo interno de la que Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, es la principal abanderada.

El día de la votación en el Senado, miles de personas comenzaron por la mañana a reunirse en las inmediaciones del Congreso, encontrándose con una  plaza absolutamente vallada. Cerca del mediodía, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir sin ningún motivo, incluyendo bombas de gases lacrimógenos que dejaron heridos a varios diputados de Unión por la Patria en las afueras del recinto.  Mientras tanto, una columna protagonizada por el gremio de Camioneros no pudo avanzar y entrar a la plaza por el despliegue del operativo.

Así comenzaron las provocaciones del cuerpo policial y giraron por TV y redes sociales las imágenes de la violencia, con el claro objetivo de evitar que más manifestantes se acerquen a una concentración que transcurría pacíficamente, con la presencia de múltiples organizaciones sindicales, sociales, políticas, feministas y de jubilades. Con este escenario de conflicto claramente digitado desde Seguridad,  y a pesar de los pedidos de les senadores de Unión por la Patria de suspender el debate hasta que no se garantice el cese de la violencia, Villarruel decidió seguir la sesión.

Unas horas más tarde, y cuando los sindicatos ya se habían retirado de la plaza, las fuerzas recibieron la orden de empezar la cacería. Un camión hidrante avanzó sobre las personas que se encontraban del otro lado de las vallas, sobre la plaza,  desplegando claramente la ofensiva y dando inicio al enfrentamiento.

Bajo el derecho constitucional a la protesta, quienes se encontraban en la plaza resistieron durante algunas horas el asedio, que incluyó bombas de gas lacrimógeno y disparos de balas de goma. Los más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales persiguieron a las personas hasta zonas alejadas del Congreso, deteniendo arbitrariamente a vendedores ambulantes, vecinos de la zona y manifestantes.

A pesar de la situación extrema que se estaba viviendo, el gobierno decidió sostener el operativo y reprimir violentamente a las personas que, ya entrada la noche, se fueron congregando en los Cacerolazos en varios puntos de la ciudad.

A las 19 horas, en pleno despliegue represivo, desde la cuenta de X de Oficina de Presidencia, publicaron: “la Oficina del Presidente felicita a las Fuerzas de Seguridad por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Nación Argentina”.

Esta es la línea argumental que el gobierno, en un plan sistemático de criminalización de las organizaciones populares, viene instrumentando para instalar un parteaguas en la sociedad que le siga dando legitimidad: el objetivo de construcción de hegemonía de un proyecto antipopular por consenso y por violencia. La implacabilidad con que desplegaron el operativo y las 35 detenciones arbitrarias fueron justificadas desde dicho argumento, haciendo uso también del Poder Judicial para concretar su programa de disciplinamiento social. El conocido dispositivo que incluye el poder económico, mediático, judicial y de seguridad.

Al día siguiente de la movilización, con las personas aún detenidas, el fiscal Carlos Stornelli elevó el pedido de prisión preventiva, citando como “publicación oficial” el tuit de la Oficina del Presidente (que no existe en el organigrama estatal) y crónicas del diario Clarín y La Nación, sin ninguna prueba concreta. Pidió además el agravamiento de las penas, acusando a las personas de “delitos contra el orden público, sedición y acciones terroristas”, solicitando que se pasen los legajos al fuero federal. El día viernes, les detenides fueron trasladades a distintas unidades del Sistema Penitenciario Federal.

Llamativamente, antes del pedido del fiscal, el ministerio de Seguridad había publicado un comunicado donde informaba que se presentaría como querellante, y que luego fue borrado, prefiriendo quedarse con el manejo de las pruebas desde la cartera (lo que no sería posible como querellante).

Villarruel, en calidad de presidenta del Senado, fue quien finalmente se presentó como querellante en la causa armada a les detenides. El texto de la demanda está en sintonía con las declaraciones de Bullrich, quien pidió a la Justicia “que sea carátula de sedición”, y habló de un “golpe de Estado moderno”, responsabilizando a “grupos de izquierda, el kirchnerismo y los sindicatos”.

Acusaciones sin ningún tipo de pruebas, que demuestran la intención de disciplinar a la sociedad a través del miedo: el mensaje es que queden claras las consecuencias de manifestarse en contra de su política de gobierno, a pesar de ser un derecho constitucional.  Y claro, lograr imágenes de una plaza vacía en lugar de la masiva movilización que se congregaba ese día.

Recuerdos frescos

Está claro que la ministra Bullrich y el proyecto antipopular que representa tuvieron su aprendizaje en la historia reciente. Para ellos también sigue viva la jornada de lucha que se desarrolló en contra de la reforma previsional que se trató en el Congreso en 2017, durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. El pueblo argentino en las calles, combatió y resistió el operativo represivo, interrumpiendo la votación y arrebatando así una victoria a los grupos concentrados. Dicho combate fue el inicio del fin del gobierno de Cambiemos (como el propio Macri evaluó públicamente), y el punto de inflexión que marcó la rearticulación de la fuerza popular de oposición política, que logró derrotar al macrismo en las elecciones de 2019. La derecha no olvida.

César Milani, jefe de Estado Mayor General del Ejército durante la presidencia de Cristina Kirchner,  se expresó sobre la gravedad de este plan sistemático: “el Presidente de la Nación es quien viene insistiendo, junto a su improvisado Ministro de Defensa y su inescrupulosa Ministra de Seguridad, en modificar las leyes de defensa y seguridad interior para forzar a las Fuerzas Armadas a intervenir en el marco interno en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Se comprende cabalmente el peligro que configura que el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sea una persona que interpreta los hechos de esta manera?”.

Los hechos vienen demostrando que el show de “combate al terrorismo” desdibuja los límites entre Seguridad y Defensa, habilitando la instalación en el siglo XXI, por segunda vez en Argentina, de la Doctrina de las nuevas amenazas, que constituye la versión de la “Doctrina de Seguridad Nacional 2.0”. Ejemplo reciente es el anuncio de la ministra Bullrich, luego de dirigir el operativo represivo, de su viaje a El Salvador, para visitar la cárcel más grande de América, el 16 de junio.

Las “nuevas amenazas” justifican dispositivos de investigación y de vigilancia supuestamente dirigidas a los grupos criminales, pero que terminan siendo utilizadas para perseguir, reprimir, judicializar y criminalizar a dirigentes políticos  opositores u otros actores sociales, violando directamente los derechos constitucionales a la organización, la participación y la protesta.

El montaje mediático desplegado por el gobierno, con ayuda de intereses internacionales, es el que aporta el elemento central para construir la política del miedo, con el fin de desarticular un proyecto de oposición y apuntar contra la reserva moral de las fuerzas populares.

Aunque en las redes sociales se haya ocultado, el pueblo dio una demostración de valentía frente al accionar de las fuerzas de seguridad y las detenciones arbitrarias, que activaron una red de solidaridad entre organizaciones y espacios políticos que logró romper el cerco mediático y liberar 17 personas en las primeras 48 horas, mientras se siguen desarrollando acciones para exigir al gobierno y a la jueza Servini la inmediata liberación de quienes siguen detenides injustamente.

El tratamiento de la Ley Bases y el Paquete Fiscal pusieron nuevamente en evidencia que asistimos a una profunda reconfiguración de la arena política, en una polarización de las fuerzas que se expresó en el Congreso, donde ya no parece haber lugar para las posiciones moderadas. Ello además en un escenario de descomposición de las lógicas democráticas tradicionales -que el mismo programa antipopular trabaja para destruir-, avanzando en el objetivo de desintegrar un proyecto nacional, con la “provincialización” de la política. La encrucijada amerita encontrar las formas de construir nuevas formas de organización y representación de los intereses de las mayorías.

Cada espacio político puso en evidencia con el voto de los y las senadoras en qué programa se encuadra,  lo que puede constituir un punto de inflexión y una condición de posibilidad para el campo popular, que ya no está dispuesto a aceptar la unidad a cualquier costo.  Se vuelve más claro para las mayorías quiénes representan sus intereses y quiénes no, como punto de partida para reconstruir una fuerza popular que libre las batallas necesarias en su propio nombre.

*Psicóloga, Magister en Seguridad de la Nación. Analista de CLAE Argentina. Directora del Área de Universidad, Género y Trabajo del IEC-CONADU.