Argentina: El contraste de las expectativas con los resultados
Jorge Marchini
La seguidilla récord de viajes relámpago al exterior para reafirmar lealtades y descalificaciones ideológicas a países y gobiernos, lograr fotos con empresarios famosos y repetir discursos de mesianismo económico, han continuado brindando en los últimos días alguna atención de prensa a Javier Milei, pero en forma más diluida.
El fulgor de palabras y gestos del “primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad” no goza de la misma atención y adhesión que en los primeros tiempos de gobierno, cuando parecía alcanzarle con denostar a una no casualmente indefinida “casta”, paradójicamente centro actual de sus negociaciones políticas, y culpar de todos los males a “la herencia recibida”, cuando ya se evidencia ahora la suma de consecuencias de sus propias incapacidades, acciones e inacciones.
Aseguraba Milei al asumir que “comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso”. Todo parece lejano.
Es comprensible. Como ya lo refieren todas las encuestas de opinión, se ha ido diluyendo la novedad. Con el tiempo transcurrido, los hechos y resultados son más esclarecedores que los artificios de palabras, escenarios mediáticos o el bombardeo tuitero.
Los caballitos de batalla de estrategia económica inicial del nuevo gobierno fueron proclamar que priorizaría reconocer el “Estado como una organización criminal”. De allí entonces las recetas de:
- Eliminar drásticamente el déficit fiscal por vía de reducción de gastos.
- Terminar rápidamente con la intervención cambiaria, luego de una fuerte devaluación inicial del peso, poniendo en perspectiva la dolarización de la economía.
- Bajar la inflación con sinceramiento de precios, desregulación estatal, libre competencia e inhibición de la emisión monetaria, en paralelo al saneamiento del Banco Central (déficit cuasi-fiscal).
- Aumentar las reservas en divisas para el cumplimiento de pagos financieros que brindaría más “confianza a los mercados”, según lo negociado con el FMI.
A casi seis meses de gobierno ya es posible contrastar expectativas con resultados. Así es como la realidad se pone al descubierto.
Ajuste abrumador
La presentación como logro de haberse alcanzado “déficit 0” ocultó no solo que se basó esencialmente en aumentos impositivos para nada libertarios (impuesto PAIS, combustibles, derechos de exportación). Pero más aún, y más dentro de su vocación filosófica, en la reducción de prestaciones sociales (cayendo a valor real las prestaciones sociales un 26,7% en los primeros cuatro meses del año), de los salarios estatales (-15,6%), de los subsidios económicos (-39,2%) —de ahí, los tarifazos de los servicios públicos sin revisar costos— y de la masiva reducción de la obra pública (-85,0%).
Lo que no incluyeron los cálculos fue la magnitud de la depresión económica auto-generada y sus consecuencias desarticuladoras en el conjunto de la actividad económica (entre ellas, la imprevisión energética). Se ha puesto asimismo en evidencia que los mayores desequilibrios estructurales, que este gobierno profundiza, impulsan menores ingresos fiscales, al ser la recaudación tributaria del país pro-cíclica con la actividad económica y no con la capacidad contributiva. La encerrona repetida de los ajustes regresivos.
Desarticulación cambiaria
Contrario a sus promesas iniciales, el gobierno no solo no liberalizó el mercado cambiario a la manera en que lo hizo Mauricio Macri al comenzar su gobierno (2015-2019), sino que ahondó restricciones y postergaciones (pagos por importaciones). Peor aún, ha generado un período de estabilización cambiaria especulativa altamente frágil. Esta ha sido provocada con posterioridad al encarecimiento de la cotización oficial en diciembre en un 118% y al sostenerse el compromiso de ajuste devaluatorio mensual de un 2%, en tanto la inflación y las tasas de interés locales se mantuvieron mucho más altas.
El gobierno se encuentra en el dilema de que generó una super-devaluación inicial que pasó a ser una creciente revaluación, para generar nuevas presiones devaluatorias, ahora en aumento, de sectores exportadores —paradójicamente sostenes iniciales del ajuste mileísta—. El equipo económico se niega ahora a ceder, por la débil esperanza de que ingresen divisas de apoyo del exterior (FMI, Tesoro de Estados Unidos o fondos privados, de aprobarse la Ley Bases), como reconocimiento al firme encuadramiento ideológico y geopolítico.
El aumento del dólar paralelo en el mes de mayo de un 16,3% denota la endeblez y desconfianza existentes, pese a reconocerse que, en forma indirecta, el gobierno ha comenzado a intervenir para sostener la cotización cambiaria. Otra incoherencia de Milei, supuesto campeón de la liberalización cambiaria.
Inflación recurrente
La suposición del gobierno de que la inflación se debía al recalentamiento de la demanda por excesos de gasto público y concesiones sociales ha chocado con la realidad. La alta inflación ha seguido pese a la caída abrupta del gasto público y de los ingresos de la población.
Llamativamente, Milei ha hecho apología del siempre temido círculo vicioso de estanflación (caída de la actividad económica y el empleo en forma simultánea con inflación), sin reconocer su efecto paralizante y desordenador. Pese a la evidente limitación de no poder considerar que la inflación puede ser por concentración de oferta, debido a su dogmática adscripción a la Escuela Austríaca, su ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, lo ha reconocido para la medicina prepaga, pero no para otros productos y servicios de mayor incidencia económica y social cuya oferta se encuentra concentrada e internacionalizada y sus aumentos de precios no se justifican por mayores costos o inversiones (alimentos y energía).
En la desorientación y el fanatismo absurdo de afirmar que la inflación seguirá descendiendo, puede apostarse peligrosamente al ajuste por depresión económica jugando con límites sociales. Las referencias discursivas a la recuperación económica y a que “estamos en la punta de la V”, se contraponen a las medidas recesivas del propio gobierno. Son solo una expresión de deseos sin fundamento. En tanto, el proclamado saneamiento del Banco Central no ha sido sino un proceso de traslado del endeudamiento al Tesoro Nacional. Más deuda y déficit en perspectiva.
Más pagos que reservas
Desde la asunción del gobierno de Milei, la deuda pública ha crecido en forma sustantiva. De acuerdo con información oficial, ha pasado de un equivalente de 368.000 millones de dólares en diciembre de 2023 a 412.000 millones de dólares en abril de 2024 (el 62% es en moneda extranjera), en gran medida por la emisión del Tesoro de títulos y obligaciones en sustitución del Banco Central.
La fuente habitual de divisas, que es el saldo de balanza comercial en 2024, sería de 16.000 millones de dólares, importante pero menor que la inicialmente esperada de 22.400 millones de dólares. La reiterada expectativa de Caputo de conseguir “fondos frescos” del FMI por 15.000 millones de dólares sigue siendo solo un sueño.
La incógnita abierta es cómo afrontar vencimientos crecientes en los próximos meses, qué parte podrá ser refinanciada y cuál deberá ser asumida, entre ellos, los no previstos casi 5.000 millones de dólares a China por haber anulado la continuidad de créditos recíprocos (swaps) por razones ideológicas. Las reservas no alcanzan para cubrir obligaciones, menos aún si hay una temida corrida.
Bases para empeoramiento
Un documento emitido la semana que pasó, con el significativo título “Círculo Vicioso”, en oposición a la Ley Bases por el Foro de Economía y Trabajo —formado por economistas vinculados al movimiento obrero— se centró, en particular, en denunciar el denominado Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) por sus enormes concesiones y prebendas, refiriendo: “En ese círculo vicioso, el Estado se subordina a los pagos de capital, intereses y comisiones al sector financiero en detrimento de las obligaciones que le fija la Constitución nacional asociadas a los derechos humanos —como el acceso a la energía y el agua, la alimentación, la vivienda, las condiciones laborales—, la previsión social, la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad y la defensa. En consecuencia, crece el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se quiebra el orden de las cuentas públicas, en tanto se condena la posibilidad de planificación integral del desarrollo”.
Se pone mucho en juego en estos días en el Senado. Tampoco deben prevalecer los cálculos equivocados.
* Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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