En medio de polémicas y corrupción, Panamá va a las urnas
Gerardo Villagrán
El próximo domingo 5 de mayo, los tres millones de panameños convocados a las urnas deberán optar no sólo por escoger al sucesor del presidente Laurentino Cortizo, sino que deberán elegir a la totalidad de los 71 diputados a la unicameral Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimientos y 11 consejales.
En vísperas de la contienda, y en medio de polémicas medioambientales, migración y escándalos de corrupción, las dudas siguen planeando sobre el favorito en las encuestas, el derechista José Raúl Mulino, quien asumió la candidatura en reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli. Además de Mulino, hay otros siete aspirantes a la Presidencia, entre ellos el exmandatario Martín Torrijos y el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo.
Mulino lidera la contienda, con cerca del 30% de intención de voto, según las últimas encuestas, que muestran un empate técnico en el segundo lugar entre Ricardo Lombana, con 15% de intención de voto, y el expresidente Martín Torrijos, con 13%. Les siguen Rómulo Roux, con el 11% de preferencia, la candidata Zulay Rodríguez, con 10%, el actual vicepresidente, José Gabriel Carrizo, con el 5%, y los independientes Melitón Arrocha con 2% y Maribel Gordón con 1%.
Mulino ha sido el gran ausente de los debates, en los que los candidatos han respondido, esencialmente, a preguntas sobre los desafíos ambientales, los escándalos de corrupción y la migración. Entre las mayores polémicas han estado la crisis migratoria en el Darién y la mina Cobre Panamá, un proyecto que desencadenó masivas protestas ambientalistas en 2023 y que fue objeto de acaloradas discusiones durante los debates presidenciales.
Mulino, la contiuidad
Mulino es un abogado y diplomático que fue parte de varios partidos y gobiernos, y que se desempeñó como Magistrado Suplente de la Corte Suprema de Justicia, así como Ministro de Relaciones Exteriores, de Gobierno y Justicia y de Seguridad Pública.
Su candidatura ha sido impugnada y es la Corte Constitucional quien tendrá la última palabra sobre los pedidos de inhabilitación presentados. Las denuncias se fundan en la irregularidad de su nominación, que no fue producto de internas partidarias como lo establece la ley electoral, y que derivaron en la constitución de una fórmula incompleta que no lleva a ningún candidato a vicepresidente.
Mulino tiene un perfil duro y una retórica autoritaria, a tono con las ultraderechas emergentes de toda la región. Además, cultiva excelentes relaciones con los intereses mineros que sufrieron un duro revés producto de dos años de las násintensas protestas medioambientales de los últimos 35 años.
Propuso privatizar la seguridad social y disponer sus fondos para la especulación financiera, en sintonía con el modelo chileno de las administradoras privadas de fondos de pensión. Es más, propuso “cerrar” la selva del Darién, en la frontera colombo-panameña, por la que pasan anualmente miles de migrantes sudamericanos que intentan arribar a Estados Unidos atravesando todo tipo de obstáculos humanos y naturales.
“La frontera de Estados Unidos en vez de Texas se corrió a Panamá”, afirmó Mulino, aunque obvió dar mayores detalles sobre una política antimigratoria que aplicaría, según sus declaraciones, “respetando los derechos humanos”.
En noviembre último, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato celebrado entre el Estado y Minera Panamá, filial de la multinacional canadiense First Quantum Minerals, que desarrollaba una explotación a cielo abierto del cobre de Donoso, en la provincia atlántica de Colón.
Pese a aventajar a sus rivales en por lo menos 10 puntos según la mayoría de los sondeos, la incertidumbre se deriva del hecho de que la Corte podría pronunciarse pocos días antes de los comicios, obligando a redistribuir una importante masa de votos entre los demás aspirantes a la presidencia. O, peor aún, el fallo podría darse días después, anulando la designación de un eventual presidente electo.
Otros tres candidatos, todos ellos conservadores, se disputan el segundo lugar en el umbral del empate técnico. Uno de ellos es Martín Torrijos, hijo del militar nacionalista Omar Torrijos, que gobernó el país entre los años 1968 y 1981. Martín presidió el país en el quinquenio 2004-2009 y tras romper con el Paartido Revolucionario
Otro candidato es Ricardo Lombana, un comunicador que compitió como candidato de libre postulación en 2019 y obtuvo un sorpresivo tercer lugar. Para estos comicios fundó el Movimiento Otro Camino (MOCA), desde donde ofrecer “cortar” con la corrupción, por lo que ha llegado a hacer del hacha su símbolo partidario.
También está en la puja Rómulo Roux, , Ministro de Relaciones Exteriores y presidente del estratégico Consejo de Administración del Canal bajo el gobierno de Martinelli. Dirige el partido Cambio Democrático, que se alió al histórico Partido Panameñista para impulsar su postulación.
Según las encuestas, le siguen a distancia otras tres nominaciones, surgidas también de los partidos tradicionales: José Gabriel Carrizo, vicepresidente en ejercicio y miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Zulay Rodríguez, de Realizando Metas (RM), quien –por las dudas- compite por una diputación nacional, la Alcaldía de San Miguelito y la presidencia, y Maribel Gordón, la única candidata del espectro progresista y de izquierda.
La docente y economista Gordón, postulada por las firmas de la ciudadanía encabeza una amplia coalición de partidos políticos, sindicatos, movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas de las comarcas autónomas. Fue aspirante a la Vicepresidencia por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) en las elecciones de 2014.
En un país que desde la invasión estadounidense de 1989 ha sido hostil a las alternativas progresistas, pero bajo la reactivación social tras las movilizaciones medioambientales, un proyecto antineoliberal tiene ahora la oportunidad de convertirse en una incipiente alternativa electoral.
La sombra de Martinelli
El expresidente Martinelli, favorito en las encuestas, derbió abandonar la carrera presidencial tras una condena por peculado, y enfrenta todavía procesos por presuntos delitos vinculados a la trama de corrupción de Odebrecht y al espionaje de más de 150 opositores durante su gobierno.
Tras reclamar en Guatemala fueros del Parlamento Centroamericano que le fueron negados y autoexilarse en Miami, el expresidente solicitó y obtuvo el asilo en la embajada de Nicaragua en Panamá, donde todavía se encuentra luego de que su país le negara el salvoconducto de salida.
Desplazado Martinelli, quien pese a las denuncias y los fallos en firme aún goza de cierta popularidad, fue Mulino, su compañero de fórmula, quien ocupó su lugar en la campaña y parece estar heredando buena parte de su caudal electoral.
*Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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