Ecuador, entre el narcotráfico, la violencia y la corrupción

Eloy Osvaldo Proaño

Han pasado 80 días desde que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró un “estado de conflicto interno” y desplegó más de 30.000 integrantes de las fuerzas de seguridad para hacer frente a escenas de violencia relacionada con las drogas, que conmocionaron al país y, de hecho, al mundo.

Hay también una dimensión geopolítica, que enmarca el conflicto y una cartografaía continental del narcotráfico: un paralelismo entre lo que sucede en Rosario, la ciudad portuaria argentina en la hidrovía del Paraná -que busca la salida de cargamentos a través del puerto de Montevideo-, y la situación en Ecuador, cuyo epicentro criminal se despliega en el puerto de Guayaquil.

Aunque la mayoría de los ojos siguen puestos en la lucha del gobierno ecuatoriano del derechista Daniel Noboa contra las pandillas en las calles, la verdadera batalla del gobierno parece ser por el control del Estado. La corrupción siempre ha existido en Ecuador, pero los casos recientes señalan una alarmante escalada de su protagonismo.

Según Melania Carrión, consultora de seguridad y exfuncionaria del gobierno especializada en prisiones, señaló a InSight Crime que «Antes había funcionarios vinculados al tema de la droga… pero había respeto por las instituciones del Estado».

Incluso con estas medidas, la corrupción gubernamental sigue siendo un obstáculo formidable. Por Ecuador circulan cantidades récord de cocaína: se calcula que solo la cocaína colombiana que entra en el país puede tener un valor de casi mil millones de dólares para los grupos criminales que ayudan a almacenarla y transportarla por el país.

Los lucrativos mercados de la extosión, el secuestro y el tráfico de drogas refuerzan aún más las arcas de las pandillas, proporcionando a los grupos criminales los medios para sobornar a funcionarios y, emuhas veces, integrarlos a su red.

En los últimos años, elementos de la Marina, la policía y las autoridades penitenciarias han sido acusados de ayudar a las pandillas a mover drogas, acceder a armas y mantener sus empresas criminales desde las cárceles. La corrupción también ha limitado el impacto de las investigaciones sobre homicidios, mientras que los asesinatos en el país han pasado de 5,7 por cada 100.000 habitantes en 20o18 a 44,5 por cada 100.000 habitantes en 2023.

La imagen que emerge es la de un presidente muy popular, que cuenta con un índice de aprobación del 80% mientras los ecuatorianos apoyan su represión; una aparente disminución de los homicidios, pero niveles persistentes de otros delitos, incluidos los secuestros y la extorsión; y gran parte de la información simplemente no la conocemos, ya que el gobierno busca controlar la narrativa y mantener unido al país.

Noboa, empresario de 36 años, reservado y de voz suave, sólo ha concedido algunas entrevistas a medios de comunicación locales e internacionales, manteniendo sin embargo un tono optimista sobre el resultado de la lucha contra el crimen organizado, pero a menudo ha sido difícil obtener datos reales sobre el desempeño de su gobierno, o aparentemente se han filtrado a los medios de comunicación de manera sesgada.

.“Hemos mejorado notablemente en temas como la seguridad, reduciendo drásticamente el número de muertes violentas diarias que fueron producto de un Estado superado por el narcoterrorismo”, dijo en una entrevista con la cadena estadounidense  CNN en Español, aunque las cifras no lo demuestran. Noboa está allanando el camino para postularse nuevamente a la presidencia en las próximas elecciones de febrero de 2025, mientras alcaldes de la oposición son asesinados.

El gobierno ordenó a las fuerzas armadas y a la Policía Nacional salir a las calles para contener las operaciones de 22 grupos criminales organizados, incluida la pandilla conocida como Los Choneros , que -según la policía- opera en conexión con cárteles internacionales más grandes, en una estrategia similar implementada por el presidente Nayib Bukele en El Salvador , aunque Noboa dice que respetará la Constitución.

El gobierno no ha publicado oficialmente datos sobre homicidios desde que comenzó la represión.   Desde que Noboa implementó el estado de emergencia el 9 de enero, 14.765 personas han sido arrestadas, 280 de ellas por cargos de terrorismo, según el ejército, aunque no está claro cuántos de los detenidos han sido acusados o puestos en libertad.

Mientras tanto, a pesar del aumento de la presencia de seguridad, entre enero y principios de marzo se produjeron 1.543 casos de extorsión y secuestros, según datos de la Policía Nacional. La agencia española EFE afirmó que el aumento de casos de este tipo en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, representó un aumento de cinco veces en comparación con el mismo período en 2023.

Guayaquil sigue siendo la zona cero de la lucha. Su puerto es el más importante del país y se ha convertido en objetivo de estos grupos al servicio de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como de la mafia albanesa conocida como Los Albaneses . En 2019, la inteligencia militar detectó  diez grupos operando en Guayaquil, pero ahora, según datos del gobierno, un total de 20 entidades del crimen organizado luchan por la supremacía en la ciudad.

El crecimiento del narcoterrorismo coincide con el fin del gobierno de Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa, y el acceso al poder de Lenin Moreno y de Guillermo Laso, sucesivamente. El actual gobierno considera a las bandas no sólo cárteles, sino terroristas.

La Corte Constitucional de Ecuador dictaminó que el estado de emergencia era constitucional y que Noboa lo extendió hasta el 8 de abril, lo que no descarta prórrogas adicionales,a medida que el Estado arrastra una confrontación sin un final claro y un estado de sitio favorece la implementación, sin protestas, de sus políticas, no sólo las represivas.

Sin derechos humanos

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, denunció casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las cárceles del Ecuador, que están bajo el control de las Fuerzas Armadas, desde el 8 de enero de 2024, tras la declaración de grave conmoción interna y conflicto armado interno.

El CDH interpuso un Hábeas Corpus, el 29 de enero, por la situación de salud de 18 presos de la Penitenciaría del Litoral con enfermedades catastróficas, como VIH, tuberculosis y otras, que no recibieron atención médica ni medicamentos desde que inició la intervención militar. Un juez responsabilizó a las Fuerzas Armadas, al SNAI y al Estado ecuatoriano por la vulneración de los derechos humanos de las personas en prisión.

Algunas prácticas incluyen golpes con palo, golpes con cables metálicos, golpes en testículos con cables, colocación de fundas con gas pimienta en la cabeza, ahogo en tanques de agua, uso de corriente eléctrica, restricción de alimentación por más de 6 días, obligarlos a defecar en cuclillas, entre otras acciones que, según el CDH, atentan la dignidad humana y constituyen “prácticas de tortura”. Esto también se evidencia en videos difundidos en redes sociales por los mismos militares.

Otras prácticas de los militares, como despertar a los presos a las seis de la mañana, mantenerlos sentados con las manos en el cuello y en ropa interior constituyen tratos crueles e inhumanos o tratos degradantes, según Juan Pablo Albán, relator del Comité contra la desaparición forzada de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

Metástasis

El caso Metástasis destapa el cáncer de la corrupción en Ecuador. Mientras las medidas de seguridad se enfocan en atacar a las pandillas en las calles, los casos recientes demuestran que la corrupción gubernamental de alto nivel también se ha convertido en uel principal obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.

El ex presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue una de las 31 personas detenidas la madrugada del 14 de diciembre, por presunta delincuencia organizada. El operativo, en el que se hicieron 75 allanamientos en siete provincias del país, fue parte de la investigación que comenzó tras el asesinato del narcotraficante Leandro Norero.  La Fiscalía la llamó “el caso Metástasis”. El 3 de enero de 2024, la Fiscalía vinculó a 8 personas más a la investigación.

La Fiscalía aseguró que mientras Norero estaba preso en la cárcel de Cotopaxi, se obtuvieron celulares y otras evidencias como parte de la investigación y encontraron evidencia de que éste había “montado su estrategia delictiva para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado para estos fines”, tras lo cual comenzó la investigación de una presunta delincuencia organizada. 

Según las evidencias recabadas, Norero —a través de sus abogados— pagó decenas de miles de dólares a funcionarios del sistema judicial, del gobierno y policías,  con el objetivo de tener beneficios judiciales como que liberen a su hermano Israel Norero. Los chats encontrados después de la muerte de Norero, evidencian las presuntas negociaciones que involucran a William Terán, entonces presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y a Alex Palacios, actual director provincial del CJ.

Añadió que Norero habría tenido beneficios en la cárcel de Cotopaxi gracias a funcionarios penitenciarios, con la aprobación de Pablo Ramírez, director del SNAI cuando Norero estaba preso. De acuerdo a la información recabada en los chats, Norero habría entregado, supuestamente, 450 mil dólares -definidos como “abdominales”- para repartir entre jueces.

*Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)