Por ahora, Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos

Isabella Arria

Julian Assange, fundador de Wikileaks, no será extraditado a Estados Unidos donde se le acusa de varios delitos por espionaje y podría enfrentar una pena de hasta 175 años de prisión o la pena de muerte, al menos no de manera inmediata, según la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres.

La mañana del 26 de marzo se ha hecho pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Londres por la que se amplía el plazo para evaluar tres de los nueve puntos de apelación presentados por la defensa del periodista el pasado mes de febrero, a la espera de que Estados Unidos presente sus garantías al respecto.

Paralelamente, la salud de Julian Assange se ha ido deteriorando considerablemente, a consecuencia de las condiciones de su largo cautiverio. La relatora de Naciones Unidas para la Tortura, Alice Jill Edwards, alertó del riesgo de tortura y de suicidio que supondría su extradición.

La justicia británica pidió a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que darían a Julian Assange si es trasladado a ese país y resolvió que si la respuesta no es positiva otorgarán al fundador de Wikileaks un último recurso en Reino Unido contra su extradición.

Los jueces dieron un plazo de tres semanas a las autoridades estadounidenses para que garanticen que Assange podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.

¿Otro round en mayo?

Los jueces estiman que Assange tiene motivos suficientes para defender y presentar su caso con el objetivo de evitar su expulsión del Reino Unido en una nueva vista fijada para el mes de mayo. No obstante, el australiano todavía puede ser extraditado si en tres semanas el gobierno de Estados Unidos garantiza, de manera fiable, que respetará su Primera Enmienda, referida a la libertad de expresión, que no será discriminado por su nacionalidad o condenado a muerte.

La decisión supone únicamente que Julian Assange gana un poco más de tiempo para seguir evitando su extradición. Si la decisión última fuera la extradición, no obstante, fuentes cercanas a Assange señalaron que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Assange, fundador de Wikileaks, salva los muebles quizá por última vez. Los tres argumentos susceptibles de ser aceptados por el Alto Tribunal británico tratan sobre la posibilidad de que la extradición de Assange vulnere la libertad de prensa, el hecho de que pueda recibir un trato discriminatorio y el riesgo de que sea condenado a pena de muerte.

Los otros cinco puntos de apelación han sido directamente rechazados. Si EEUU presenta garantías de que no se incumplirán ninguno de estos tres puntos –que son aceptadas por la Justicia inglesa– la apelación de Assange sería definitivamente rechazada, agotando la jurisdicción británica y dando comienzo al proceso de extradición.

En el caso de que EEUU no presente dichas garantías o de que estas resulten insuficientes a la Justicia británica, los tres puntos se admitirían a trámite, iniciándose un nuevo procedimiento judicial.

Estados Unidos lleva cinco años solicitando la entrega de Assange, a quien acusa de haber cometido 18 delitos informáticos y de espionaje por la publicación de informaciones que revelaron numerosos escándalos cometidos por Washington, incluidos crímenes de guerra contra población civil en Oriente Medio.

Los cargos suman una pena máxima de hasta 175 años de prisión o, incluso, como estudia ahora Reino Unido pena de muerte. Pena de muerte también para la libertad de expresión. El secretario de Interior británico  declaró que: «Sería muy difícil [para EEUU] ofrecer garantías para evitar que se imponga [a Assange] la pena de muerte».

Nuevamente, la defensa del periodista australiano argumentó que, de ser extraditado, Assange no sería sometido a un juicio justo teniendo en cuenta, entre otras cuestiones, el espionaje al que él y sus abogados fueron sometidos durante su estancia en la Embajada de Ecuador.

Encerrado sin condena

Assange está cerca de cumplir cinco años en una prisión, Belmarch, que defensores de los derechos humanos definen como la «Guantánamo británica». Antes de ser detenido por la policía londinense, el ciberactivista permaneció asilado en la embajada de Ecuador en Londres durante siete años, a donde llegó después de estar otros dos años en arresto domiciliario por unas acusaciones de Suecia que fueron archivadas hasta en dos ocasiones.

El editor de Wikileaks está acusado por Estados Unidos de varios delitos de acuerdo a una anacrónica Ley de Espionaje del año 1917, tras haber divulgado centenares de miles de documentos clasificados estadounidenses gracias a los cuales se desvelaron, entre otras cosas, crímenes de guerra cometidos por EEUU en Irak y Afganistán.

Stella Assange, abogada, defensora de los derechos humanos y esposa de Julian, celebró en las puertas del Tribunal londinense que los jueces hayan reconocido que el australiano «está expuesto a una flagrante negación de su derecho a la libertad de expresión, está siendo discriminado por su nacionalidad y sigue expuesto a la pena de muerte».

No obstante, lamentó que lo único que el Tribunal haya decidido, en última instancia, sea «invitar a Estados Unidos a enviar una carta diciendo que todo está bien», que ofrecen las garantías suficientes para que esto no ocurra.

«Cinco años después de iniciarse el caso», ha señalado Assange, «los tribunales han acordado examinar la evidencia de que Estados Unidos ha conspirado para secuestrar y asesinar a Julian, por lo que no puede ser enviado allí». Julian, ha defendido, «es un preso político, un periodista perseguido por exponer los crímenes de guerra del país que quiere su extradición». La posible expulsión del editor de Wikileaks a Estados Unidos supone «un mensaje a todos los periodistas»: «Si exponen los intereses que manejan el mundo, les perseguirán, les meterán en prisión o los matarán».

Dentro de pocos días se cumplen cinco años desde que Julian ingresara, «sin condena», en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde permanece aislado y su estado de salud empeora por momentos. «Julian no tenía que haber estado ni un solo día en prisión, es una vergüenza para cualquier democracia», ha concluido.

La extradición de Assange a Estados Unidos recibió la luz verde del Gobierno británico en 2022 por la entonces ministra de Interior, Priti Patel, después de que el Tribunal Supremo británico observase como suficientes las garantías estadounidenses por proteger al australiano, que podría llegar a quitarse la vida si fuera expulsado. En el juicio EEUU puso en duda el riesgo de suicidio y discutió que Assange sufriera problemas de salud mental.

El tribunal tampoco han tenido en cuenta las evidencias publicadas por Yahoo News en 2017, en la que varios oficiales estadounidenses y un ex agente de contraterrorismo admitieron la existencia de planes para entregar o asesinar a Assange. Los jueces no han querido ver argumentos de fuerza en ninguno de estos puntos de apelación.

La semana pasada, una tercera vía fue planteada  por el periódico estadounidense Wall Street Journal: la posibilidad de que la Justicia estadounidense esté buscando algún tipo de acuerdo con el periodista para evitar su extradición a cambio de que este admita su culpabilidad. Su defensa ha negado esta hipótesis, y ha asegurado al periódico estadounidense que «EEUU sigue tan firme como siempre en su empeño de lograr la extradición».

*Periodista chilena residenciada en Europa, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)