Preoupan las medidas al estilo Bukele en las cárceles de Rosario, Argentina

Cecilia Pérez Otero

Una serie de asesinatos atribuidos a grupos de narcotraficantes en la ciudad de Rosario puso en alerta a las autoridades de la provincia de Santa Fe, al gobierno argentino y también a quienes advierten que las políticas de seguridad en marcha pueden profundizar esta crisis y aumentar la violencia.

El sábado el trabajador de una estación de servicio, de 25 años, fue asesinado por un hombre joven que se le acercó, le apuntó con un arma, disparó tres veces y huyó. Días antes habían muerto, también sin motivo aparente, dos taxistas y un conductor de ómnibus.

Cerca de la estación de servicio se encontró una nota con un mensaje para el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. “Esta guerra no es por territorio. Es contra Pullaro y Cococcioni”, decía. El texto aludía a la situación de los presos en la provincia: “No queremos celulares. Queremos nuestros derechos de ver a nuestros hijos y familia […] Pullaro y Cococcioni cargan con muertes inocentes”.

Desde que asumió, en diciembre, el gobierno de Pullaro aplicó en el Complejo Penitenciario de Piñero una política de traslado de los presos más peligrosos a pabellones de seguridad, limitando su contacto con otras personas detenidas y también con sus familiares. Su Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo está inspirado en la política de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que también es considerada una referencia por la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

Semanas después, el gobernador Pullaro recibió amenazas, y Bullrich anunció que los presos de “alto perfil” (categoría que existe oficialmente en Santa Fe) quedarían aislados y sin contacto “con nadie hasta que se aclaren estos temas”.

Esta política de “mano dura” contra las personas privadas de libertad fue reafirmada en marzo. Inspiradas una vez más en Bukele, las autoridades provinciales publicaron el martes 5 en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, fotos de una requisa carcelaria en el Complejo Penitenciario de Piñero. Mostraba a los detenidos sentados en filas en el piso, con las manos atadas a la espalda, la cabeza gacha y el torso desnudo, rodeados por guardias armados, como suele exponer el presidente salvadoreño.

La foto iba acompañada por un mensaje titulado: “Cada vez la van a pasar peor”. El texto afirmaba que las personas detenidas allí siguen cometiendo delitos y que desde la cárcel “salen las órdenes para hacerles la vida imposible a los santafesinos”, y agregaba: “Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y, si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor”.

Esta exhibición fue criticada desde distintos ámbitos. “Hay que ser prudentes”, dijo el titular de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, según citó el diario Página 12. “Entiendo los problemas de seguridad en la provincia; el problema de las cárceles es algo muy grave y complicado, algunos errores se pueden cometer. Esa difusión no suma”, agregó.

Las autoridades provinciales reivindican su política. “El régimen penitenciario tiene que ser muy estricto, veníamos de un período de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente. Eso se terminó”, dijo Cococcioni.

Modelo cuestionado

Para Pullaro, un político de la Unión Cívica Radical, electo por la alianza Unidos Para Cambiar Santa Fe, la violencia de los últimos días fue una reacción a las medidas que su administración adoptó en las prisiones. Las autoridades provinciales afirman que los presos ya no van a recibir comida del exterior, porque antes les llegaban productos sin pasar por una revisión. Dicen que tenían acceso a celulares con los que podían gestionar sus actividades ilícitas y que disponían de hasta diez horas de visitas, que ahora se verán muy reducidas.

Sin embargo, el abogado y docente de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de Rosario, Santiago Bereciartua, dijo al EldiarioAr que “los presos de alto perfil tenían visitas como cualquier otro interno”. Agregó: “En comparación, ahora se encuentran con muchas restricciones. Pero eso no quiere decir que antes gozaran de beneficios, sólo hacían uso del derecho a recibir visitas como en cualquier cárcel. No puede verse como beneficio el contacto familiar”.

También investigadores del Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, emitieron una declaración sobre la situación en Rosario, en la que afirman que en las cárceles las nuevas autoridades limitaron visitas, intensificaron las requisas, limitaron el ingreso de bienes y las actividades, al tiempo que implementaron este “estilo comunicacional” con “tono belicista”, difundiendo “imágenes de humillación y degradación que buscan generar una impresión en el público a través de las redes sociales” y dar una idea de que aplican una “política de ‘mano dura’”.

Para Cococcioni, esas fotografías que se difundieron son “un gesto de transparencia” sobre los procedimientos de control. En un comunicado agregó: “Es lo que nuestro personal tiene que vivir a diario y es como se está trabajando para recuperar la seguridad en los penales de Santa Fe y, por este medio, también recuperar la seguridad en las calles”.

A su vez, el profesor de Criminología y Política Criminal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario Enrique Font, entrevistado por Tiempo Argentino, dijo que en el contexto que existe en esa ciudad, “agravar las condiciones de detención no va a reducir el delito, lo que va a producir es el endurecimiento de la violencia”. Definió la situación de Rosario como “un contexto de violencia criminal desorganizada que tiene mucho más de expresivo que instrumental” y que no sólo busca beneficios económicos, “sino que tiene una función identitaria, dice quiénes son, y ese cartel también es funcional porque les permite recaudar a través de amenazas y extorsiones”.

Militares, Bukele y Chocobar

Una de las respuestas del presidente Javier Milei a los problemas de seguridad de Argentina fue el anuncio de la construcción de cárceles de máxima seguridad aisladas, al estilo Bukele. Dijo que su gobierno está trabajando en “incorporar cárceles privadas” y evalúa vender “cárceles que están en el medio de la ciudad”, en terrenos que “tienen mucho valor” inmobiliario, y “con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad”.

Desde Santa Fe, tanto Pullaro como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, le reclamaron al gobierno nacional apoyo militar y de fuerzas policiales de otras zonas del país. El gobierno accedió a los dos pedidos.

Sin embargo, en materia de seguridad interna, la ley sólo permite que las Fuerzas Armadas ofrezcan apoyo logístico a la Policía, en transporte y otros insumos. Por eso el presidente anunció que va a presentar un proyecto de ley que cambie ese marco de su actuación. Para el gobernador de Santa Fe, las Fuerzas Armadas tendrían que tener “nuevas funciones” y dijo que está de acuerdo con que en ciertas circunstancias los militares usen armas en tareas de seguridad interior.

En sintonía con esa visión, el discurso del gobierno de Milei ante esta crisis adoptó un lenguaje bélico. Según el presidente, Argentina está embarcada en “una guerra” contra el “narcoterrorismo”. A su vez, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “en esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos” y que “o son ellos o somos nosotros”. Con la misma lógica, el diputado oficialista José Luis Espert dijo al canal TN: “Ni justicia al narco, es ‘bala o bala’”.

Desde el Ministerio de Seguridad, Bullrich anunció que pedirá a la Justicia “la utilización de la ley antiterrorista” y que además presentará al Congreso una “ley antimafia o antibanda”. Por otra parte, afirmó que actuará contra el lavado de dinero y anunció el envío de 450 funcionarios de las fuerzas policiales federales a Rosario.

Esos policías comenzaron a llegar el jueves a una ciudad que ya no está paralizada, como lo estuvo el lunes, pero donde las estaciones de servicio decidieron por su cuenta cerrar desde las 22.00 a las 6.00, los taxis también limitaron su horario de circulación y se suspendieron actividades públicas que estaban previstas.

Otra medida presentada por Bullrich es la implementación de un nuevo reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas federales, que según dijo la ministra, hasta el momento se encontraban “muy desorientadas” al respecto por falta de orientaciones claras.

Las reglas que anunció se apegan a lo que algunos medios han llamado “la doctrina Chocobar”, en alusión al respaldo que le dio en su momento Bullrich a Luis Chocobar. Este policía federal fue condenado por homicidio agravado porque mató a un adolescente de 18 años que huía después de apuñalar y robar a un turista en el barrio porteño La Boca, en 2017.

En conferencia de prensa, Bullrich dijo que las armas se usarán “cuando haya un peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos […] ante un ataque de delincuentes, criminales, mafiosos o narcotraficantes”. Pero también, según citó La Nación, se podrán usar “para impedir la comisión de un delito, cuando este delito es particularmente grave y ponga en riesgo la integridad física de las personas”, “para detener a un delincuente cuando oponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue” o para proteger “la vida de las personas que se encuentran bajo custodia o detenidas”.

Si bien los policías deberán identificarse como tales, esta regla tiene como excepción los casos en que darse a conocer podría poner “en riesgo su vida y la de terceros”, agregó Bullrich. La ministra manifestó que no quiere “más casos Chocobar, en los que se está discutiendo si hizo las cosas bien o mal”.

Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización que trabaja en defensa de los derechos humanos, “el reglamento de uso de armas que dio a conocer el Ministerio de Seguridad promueve la violencia institucional” y “busca también que el Poder Judicial no controle la actuación policial”. En su cuenta de X, el CELS señaló que con este reglamento el gobierno “impone por resolución lo que no pudieron aprobar en la ley ómnibus”.

Las medidas y sus riesgos

Los protagonistas de la violencia de los últimos días en Rosario no son “estas bandas de renombre y con títulos en mayúscula, sino laderos, segundas y terceras líneas, que están intentando copar la parada”, explicó Cococcioni en una entrevista. Según un informe del diario Clarín, además de las principales bandas de Rosario, Los Monos y Los Alvarado, operan en la ciudad unos 30 grupos, que en muchos casos trabajaban para ellos, y con el tiempo sus líderes han buscado formar su propia organización dedicada al narcotráfico y disputar un territorio.

“La crisis de Rosario nos pone ante un desafío urgente: encontrar soluciones a la violencia extrema de bandas criminales y exigir que el gobierno no nos conduzca a una violencia mayor, provocada ya no por la inacción sino por la decisión de las autoridades estatales”, advirtió el CELS.

También la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, dijo en una entrevista con La Nación que “sería un gran error involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado”.

Después de reunirse con autoridades y organizaciones sociales de Rosario, Goebertus señaló: “Lo que está pidiendo la gente y estos funcionarios públicos es más capacidad de investigación técnica judicial, capacidad de laboratorio para procesar evidencia y desarticular el crimen. No le sirve de nada a Rosario la promesa de la ministra Bullrich de querer imitar a Bukele, esa idea de que lo que sirve es el encarcelamiento masivo está lejos de ser la receta que le sirve a una ciudad como Rosario”.

Los investigadores que integran el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral, con sede en Santa Fe, hicieron una declaración pública para “sumarse a la preocupación manifestada de distintos modos por diversos actores académicos sociales y políticos” sobre lo que sucede en Rosario. Señalaron que desde “hace al menos una década” la ciudad enfrenta “una grave situación de violencia vinculada al desarrollo y consolidación territorial de bandas barriales ligadas al tráfico de drogas ilegales que se expresa -entre otros fenómenos-” en las altas tasas de homicidios que tiene Rosario en comparación con el resto de Argentina.

Destacaron que ese proceso incluye “el reclutamiento constante de jóvenes de los sectores populares por parte de estos grupos”, pero también “mecanismos efectivos de lavado de dinero que involucran a diversos actores económicos y políticos, generando altas dosis de rentabilidad para este mercado ilegal”. Señalaron que “en estos entramados han desempeñado y desempeñan roles claves sectores del servicio penitenciario, de la justicia penal y de la policía provincial, lo que ha sido develado por diversas investigaciones judiciales que dan cuenta de su participación activa e indisimulable en este proceso”.

Consideraron que es necesario trabajar sobre esta situación y sancionar el lavado de activos, así como fortalecer la presencia estatal en los barrios más afectados por la violencia, algo que, según evaluaron, ha dado resultados.

También el CELS manifestó que “la cuestión del lavado de dinero, es decir, de la persecución de la ruta del dinero y de los segmentos financieros de las redes de ilegalidad”, es crucial para reducir la violencia, y cuestionó que el gobierno argentino apunte hacia una dolarización de la economía, que puede facilitar el lavado de activos.

A su vez, el experto en criminalidad Enrique Font dijo a Tiempo Argentino que, en lugar de reforzar las acciones policiales de manera generalizada y buscar una mayor cantidad de detenciones, se debe mejorar el trabajo de inteligencia. “La lógica de la seguridad democrática sería: primero tengo la información y después intervengo con allanamientos, detengo a los verdaderos responsables, lo que me da una legitimación social”, dijo.

En este sentido, los académicos de la Universidad Nacional del Litoral advirtieron que los sucesivos gobiernos argentinos y santafesinos han insistido en desplegar más policías y aumentar los encarcelamientos, pero estas medidas no tuvieron éxito y llevaron a que la provincia pasara en diez años de 135 a 290 presos por cada 100.000 habitantes, “con devastadores efectos tanto dentro como fuera de los muros de la prisión”.

Advirtieron también contra la posibilidad de modificar la ley de seguridad interior para habilitar la intervención directa de las Fuerzas Armadas, algo que implicaría “una nueva apuesta por la lógica de la guerra, que difícilmente vaya a desescalar los niveles de conflicto y violencia”.

*Periodista de La Diaria, Uruguay