Bukele blinda su régimen autocrático en El Salvador

Álvaro Verzi Rangel

Con su arrollador triunfo en las elecciones, Nayib Bukele,el mandatario ultraderechista salvadoreño ve respaldada su batalla contra la delincuencia aún a costa de llevarse por delante los derechos humanos. Durante los próximos cinco años, deberá centrarse en sacar a flote la economía tras el fiasco que supuso la adopción del bitcoin como moneda de curso legal.

La deuda pública durante el gobierno de Bukele, aumentó 8.896.8 millones de dólares. En 2023, superó los 25.709 millones, el segundo monto más alto desde hace 20 años. Entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han advertido de la insostenibilidad de la misma.

Según el informe Panorama Regional de Seguridad Alimentaria 2022 de Naciones Unidas, El Salvador es uno de los países de América Latina donde más aumentó la inseguridad alimentaria moderada o grave. Esta condición afectó a tres millones de personas entre 2019 y 2021. Es decir, uno de cada dos no comió lo suficiente o no comió, y eso es parte de la pobreza en épocas de Bukele.

Este aplastante triunfo (con alrededor del 85 por ciento de los votos) del autócrata salvadoreño de 42 años, que controla los tres poderes del Estado y ha incumplido la Constitución para presentarse a la reelección, deja a la oposición en los márgenes institucionales e inaugura una nueva era en el país, con un partido hegemónico y un caudillo todopoderoso.

Los dos  caballos de batalla -”milagros”  bukelianos,  la reducción de la inseguridad y  la refrendada popularidad del presidente, pueden ser construcciones frágiles y poco duraderas o, quizá la prefiguración de una tiranía personalista.

La democracia i-liberal (sin derechos básicos ni separación de poderes) es un espejo en el que comienzan a mirarse otros países de América Latina, como x Ecuador de Daniel Noboa o la Argentina de Javier Milei. Los populismos de ultraderecha crecen en la región aprovechándose del hartazgo de una población cada vez más alejada de la política tradicional.

Seguridad, pobreza y endeudamiento

Si en materia de seguridad los resultados gubernamentales -difundidos ampliamente por la prensa internacional- parecen espectaculares a corto plazo, en el terreno económico el primer gobierno de Bukele deja un saldo pésimo, con un endeudamiento alarmante, la depauperación de la población y un incremento en las cifras de los migrantes, expulsados del país por el hambre y el desempleo.

Bukele, que ganó la presidencia en 2019 con el 53% de los votos, cuando ya ostentaba en la práctica un gran poder en el país. Ahora, con su partido Nuevas Ideaas, podrá hacer y deshacer a su antojo sin apenas oposición en la Asamblea Legislativa, con 58 de los 60 diputados (según las cifras preliminares). La iniciativa de una parte de la oposición de acudir a las elecciones bajo una misma plataforma para lograr un mejor resultado no encontró los consensos necesarios.

Seis meses atrás el Parlamento cambió el  Código Electoral, rebajó de 84 a 60 el número de congresistas y estableció una nueva fórmula que beneficia a los partidos mayoritarios y penaliza a las minorías.

«Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Toda la oposición junta quedó pulverizada», les dijo Bukele a sus seguidores desde el balcón del Palacio Nacional en San Salvador. «Ustedes han visto cómo El Salvador pasó de ser el país más inseguro al más seguro. Ahora, en estos próximos cinco años esperen a ver lo que vamos a hacer», arengó.

A partir de ahora, Bukele se sentirá legitimado para perseverar en el régimen de excepción instaurado hace dos años que supuso la detención masiva de ciudadanos, lo que le permitió desarticular la delincuencia de las maras (pandillas del crimen organizado). Claro que demasiados inocentes han pagado con su libertad esa política antidemocrática de seguridad.

Hoy la realidad muestra que la gran mayoría de los salvadoreños ha preferido cerrar los ojos ante los abusos del mandatario aún a costa de perder derechos. El estado policial de Bukele vela por todos:ocho de cada diez ciudadanos aseguran vivir ahora sin miedo, según un estudio realizado por la Universidad Francisco Gavidia. Pero la pobreza sigue enquistada en la sociedad y la corrupción institucional continúa vigente.

La estrategia de seguridad pública impuesta por Bukele, basada en el estado de excepción, ha reducido la violencia delictiva, pero se ha traducido en una masiva violación de derechos humanos, en el irrespeto a las garantías procesales, en el terror policial, en un sinnúmero de atropellos contra personas inocentes y en una nación que tiene a dos de cada cien habitantes en la cárcel, muchos de ellos sin juicio, en régimen de incomunicación y sometidos a torturas y tratos degradantes y crueles.

Son múltiples las razones de este resultado avasallador que consolida el dominio casi total del mandatario sobre el conjunto de la institucionalidad salvadoreña, pero la de mayor impacto -más allá del talento publicitario del presidente, que supo vender una imagen cool que cautiva a muchos ciudadanos- es la caída de los índices delictivos, que  le ha valido a Bukele un respaldo masivo y una popularidad incontestable.

Pero también hay que tener en cuenta la crisis casi terminal de los principales partidos opositores, Arena (derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), reducidos casi a la insignificancia en los votos captados.

La oposición denunció en su momento la falta de imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral al admitir la candidatura de Bukele, pese a que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección presidencial de forma continuada. Ahora, la sociedad salvadoreña le ha entregado a Bukele otros cinco años de poder absoluto.

Con el sistema judicial controlado, Bukele sólo encontrará algo de contestación en las voces de la prensa independiente, como el periódico digital El Faro (cuyos responsables decidieron trasladar el año pasado la sede administrativa a Costa Rica por el hostigamiento gubernamental).

La realidad

Corrida la cortina electoral, queda expuesta una realidad  mucho menos presentable que la del joven mandatario adicto a las redes sociales, implacable con el crimen organizado, respondón ante Washington y siempre hábil ante los cuestionamientos en las ruedas de prensa.

Quedan las denuncias púbicas de las organizaciones de derechos humanos contra los excesos de Bukele desde que se aprobó el régimen de excepción, en marzo de 2022. Desde entonces las fuerzas del orden han apresado a unas 75.000 personas. Las detenciones arbitrarias han llevado a muchos inocentes a la cárcel. El Gobierno ya ha liberado 7.000 de ellos, pero quedan muchos más a la espera de juicio. Según Socorro Jurídico, hay al menos otras 14.000 personas encarceladas sin vínculos con las maras.

Con miles de pandilleros entre rejas, El Salvador ha pasado de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a solamente 2,4 en 2023, según datos oficiales. Y en el camino, los salvadoreños se han dejado la democracia y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Numerosos activistas de derechos humanos, informadores y dirigentes políticos han denunciado el clima de zozobra y temor en la que deben realizar sus tareas, pues nada impide al régimen aplicar contra disidentes las medidas antiterroristas, comunes en la llamada la lucha contra las pandillas.

Esta estrategia ha pervertido el principio de la presunción de inocencia –las fuerzas del orden actúan con base en la presunción de culpabilidad–, es intrínsecamente clasista ya que afecta a los más pobres, y significa la suspensión de las garantías constitucionales para el conjunto de la población salvadoreña.

La total arbitrariedad y discrecionalidad con la que operan policías y militares contra cualquier persona a la que consideren sospechosa sienta las bases de una dictadura.

*Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)