Uruguay: aumento de homicidios, el narcotráfico y la violencia

Nicolás Centurión

Uruguay se posiciona como el segundo país de Latinoamérica con más homicidios relacionados con el crimen organizado y las pandillas, según un Estudio Global sobre Homicidios, realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El pequeño país sudamericano sufrió un aumento en la tasa de homicidios. Entre 2021 y 2022 este delito creció 25,8 %, lo que sitúa al país en 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Además se encuentra como el segundo, dentro de 45 seleccionados de todo el mundo, con más porcentaje de homicidios relacionados con el crimen organizado y las pandillas, siendo sólo superado por Jamaica.

En 2021 Uruguay se ubicó sexto en la lista de países de América Latina con mayor cantidad de homicidios por habitantes,lista que encabeza Colombia (25,7 cada 100 mil), seguidos de Brasil (21,3), Venezuela (19,3), Guyana (16,3), Ecuador (14) y Uruguay (8,9).

Ecuador es uno de los casos más llamativos en América Latina, que alertan a las autoridades y la sociedad de los países de la región. La violencia inusitada recrudeció de manera exponencial en pocos años y el temor de que se replique en otros puntos del continente pone el tema del narcotráfico y el crimen organizado sobre el tapete.

Los procesos no son lineales ni extrapolables así sin más. Pueden existir puntos en común pero cada país cumple su rol en la geopolítica del narcotráfico. Ecuador desde el lado del Pacífico desempeña su papel, Uruguay con su puerto en el Atlántico mirando hacia Europa y África cumple otro rol. De allí que se deriven distintos procesos, a su vez, depende mucho los países con los que se limite y más.

Todo esto termina decantando en violencia en los barrios y más aún si se vive un proceso como el uruguayo donde ya es un país calificado como de acopio para el narcotráfico. La violencia se va ramificando y extendiendo por todos lados. Vale tener en cuenta que no fluye como agua, sino que hay quienes hacen que fluya, opere y sea efectiva. Tanto funcionarios policiales, judiciales, empresarios, políticos y más.

Por su parte el Ministerio del Interior presentó las cifras de los delitos en 2022: los homicidios subieron 25% en relación al año anterior, mientras que las denuncias por rapiñas bajaron 5,9%. Las denuncias por hurtos, en tanto, se mantuvieron estables con un leve aumento de 1,1% y las que fueron por violencia doméstica aumentaron 3,8%.

En cuanto al último trimestre, desde octubre a diciembre, los homicidios subieron un 10,1% en 2022 con respecto a 2021. Las rapiñas bajaron un 13,9% mientras que los hurtos también descendieron un 8,9%.

El presidente Luis Lacalle Pou, se refirió al informe del Ministerio del Interior: “El tema de la seguridad pública es preocupación de los uruguayos y, por ende, del gobierno”, expresó y añadió: “Los números en lo que hace a rapiñas y a hurtos han mejorado sensiblemente. Si uno compara cuando nos tocó agarrar el gobierno”.

En esta línea, matizó: “Si bien los homicidios han bajado, obviamente, que no estamos confirmes” y se refirió al niño que fue asesinado al recibir un disparo cuando se encontraba en su casa en el barrio montevideano de Malvín norte. “No se puede estar conforme y uno no se puede resignar”, se posicionó. Este caso y el de otra niña asesinada por encontrarse en medio de una balacera en distintos barrios de Montevideo, conmocionaron a la opinión pública. Ambos se dieron por enfrentamientos entre bandas criminales.

La campaña electoral de 2024 ya está instalada y el tema de la inseguridad será otro de los puntos álgidos. Ha sido utilizado este tema en prácticamente todas las campañas electorales desde el retorno de la democracia en 1985. Plebisicitos para bajar la edad de imputabilidad, mano dura, militares en las calles, pena de muerte, aumento de penas, cárceles de máxima seguridad y así una lista casi interminable. Siempre bajo el manto del punitivismo.

El senador y precandidato oficialista Jorge Gandini, que propone que las Fuerzas Armadas tengan un rol auxiliar al Ministerio del Interior, pegó primero con dicho enfoque y eso que viene a representar el ala más “progresista” o menos dura del Partido Nacional o blanco, el del presidente.

El presidente Lacalle habló con él y dijo: “Jorge (Gandini) me vino a hacer este planteo. Nosotros estamos trabajando con un plan que fue el que propusimos a la ciudadanía y eso me imagino que serán propuestas de campaña para el gobierno que viene o sea que a mí no me va a corresponder. En principio, la ley nos habilita a la utilización de los cuerpos de la policía”, sentenció.

La crisis política en Uruguay abre varias aristas que conducen una misma problemática: el narcotráfico. La supuesta protección del gobierno de Lacalle al narcotraficante Sebastián Marset tiene implicancias relacionadas con un nuevo flagelo que ataca al país  y está relacionado con el narcotráfico. Marset conocido como «el Gerente de la Hidrovia», es buscado por Interpol y la DEA por contrabandear 16 toneladas de cocaína a Europa a través del puerto de Montevideo.

El escándalo Marset y la corrupción en el alto gobierno llevaron a la renuncia del canciller  Francisco Bustillo  y el ministro del Interior Luis Alberto Heber, su viceministro Guillermo Maciel, y el asesor de comunicación del mandatario, Roberto Lafluf, en medio de una crisis política por la entrega del pasaporte al narcotraficante prófugo.

En Uruguay vinculan este «libre paso» de drogas por el puerto de Montevideo a la falta de controles del gobierno y la prensa no descarta que en ello esté involucrado el exjefe de seguridad del presidente uruguayo, Alejandro Astesiano, detenido por contrabando y acusado de espiar opositores, empresarios y hasta a la exesposa de Lacalle Pou.

El Puerto de Montevideo estuvo envuelto un escándalo político tras un intento del gobierno de darle la licitación a un empresa belga por medio siglo. El poder político no es ajeno a que el 50 por ciento del espacio aéreo uruguayo no tenga radares de control, lo que permite el moviento de aviones y avionetas de forma ilegal.

La campaña electoral empezó, pero la violencia en los barrios sigue. Ciertos sectores de la sociedad no acusan el impacto de este fenómeno porque se desarrolla en barrios periféricos de las grandes ciudades, en especial de la capital, Montevideo. Pero el delito y las balas no saben de direcciones ni estratos socioeconómicos.

* Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la)