La violencia “indiscriminada” en Haití, la ONU y la falta de soluciones reales

Álvaro Verzi Rangel

La violencia «indiscriminada» de las pandillas en Haití fue causante de casi 5.000 víctimas en 2023, más del doble que el año anterior, según el informe trimestral de Naciones Unidas, dirigido al Consejo de Seguridad, que pide a la comunidad internacional «redoblar los esfuerzos» para que el país caribeño sea un lugar «seguro y estable».

En el informe, el secretario general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la violencia «indiscriminada» de las bandas criminales, que libran una lucha feroz por el control del territorio y obligan a «cientos de miles de personas» a abandonar sus hogares. Guterres exhortó con urgencia a la comunidad internacional para que aumente su apoyo a las respuestas humanitarias y de desarrollo en Haití.

«Es vital redoblar los esfuerzos para que Haití sea un lugar seguro y estable, tenga bases sólidas para el desarrollo sostenible y sea un país donde se protejan los derechos humanos de todas las personas», agregó.

El asesinato de Moïse

Haití, el país más pobre de América, sumido en una larga crisis política y económica, se convirtió en un territorio propicio para las bandas criminales que se fortalecieron, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse , el 7 de julio 2021.

Desde el asesinato de Moïse, el primer ministro Henry, que nunca recibió aprobación parlamentaria y, por ende carece de mandato constitucional, gobierna por decreto. El Parlamento no funciona desde 2019, cuando Moïse se negó a llevar adelante elecciones legislativas. Desde enero de 2023, el país carece de cargos electos en el ámbito nacional.

En mayo de 2023, 45 personas se encontraban en prisión preventiva en Haití en relación con el caso: 18 exmilitares colombianos. La fiscalía de Estados Unidos alega que los culpables del asesinato habían planeado inicialmente secuestrar a Moïse, pero después decidieron matarlo, con el objetiov de conseguir contratos gubernamentales durante el gobierno de su sucesor.

Tribunales estadounidenses condenaron a cadena perpetua a un empresario haitiano-chileno y a un excoronel del ejército colombiano por su participación en el asesinato. Un exsenador haitiano se declaró culpable y otros nueve acusados están a la espera de juicio en Estados Unidos.

En junio de 2023, Henry y los líderes políticos y de la sociedad civil haitianos se reunieron en Jamaica, como parte de una iniciativa encabezada por el Grupo de Personas Eminentes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), formado por tres ex primeros ministros de la región, para buscar una solución política a la crisis. Sin embargo, no alcanzaron un consenso. Algunos partidos políticos y grupos de la sociedad civil firmaron la Declaración Conjunta de Kingston, en la que pedían un gobierno de unidad nacional.

Mientras, nueve importantes organizaciones haitianas de derechos humanos y un grupo de la diáspora en EEUU pidieron a la comunidad internacional que dejara de respaldar a quienes crearon la crisis en Haití y que, en su lugar, apoyara el establecimiento de un gobierno de transición “dirigido por tecnócratas que se comprometerían a no participar en futuras elecciones y que trabajarían (…) con el fin de organizar elecciones libres, justas y creíbles”.

El sistema judicial de Haití sufre de inseguridad, corrupción, huelgas e interferencias políticas. Grupos criminales han tomado el control de algunos edificios judiciales, entre ellos el Tribunal de Paix en Cité Soleil en julio de 2020 y el Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, el principal complejo judicial del país, en julio de 2022.

Se supone que estos grupos criminales robaron o destruyeron pruebas y expedientes que puede ser imposibles de recuperar, ya que los tribunales haitianos no disponen de copias digitales de los mismos. Los tribunales no han sido reubicados. Y, por lo tanto, nada se adelantó en las investigaciones sobre las masacres de La Saline en 2018, Bel Air en 2019, Plaine du Cul-de-Sac y Cité Soleil en 2022, y Carrefour-Feuilles en 2023.

Fuerza internacional

El Consejo de Seguridad aprobó el pasado octubre una resolución para el envío de una fuerza policial de apoyo independiente liderada por Kenia, que todavía no se ha constituido. «Las bandas siguen cometiendo homicidios, secuestros y actos de violencia sexual con total impunidad, sobre todo contra mujeres y niñas», dijo Guterres, alarmado por la «rápida extensión de la violencia de las bandas a zonas rurales antes consideradas seguras», lo que repercute en el aumento de la pobreza.

El país aún recuerda los abusos sexuales y enfermedades que llegaron con la misión de paz de la ONU de 2004. Aunque el Consejo de Seguridad finalmente aprobó la fuerza multinacional, Naciones Unidas aclara que esta no es una misión de paz como las que se realizaron en el país desde 2004 (Minustah), criticadas porque algunos miembros abusaron sexualmente a varias mujeres y niños y llevaron el cólera que mató a más de 10.000 personas.

El Banco Mundial, recordó el informe, estimaba probable que en 2023 la pobreza llegara al 34% de la población y al 63% de los hogares y señalaba que el 40% de la población -más de 4,35 millones de haitianos- padecen inseguridad alimentaria aguda, lo que afecta en particular a los niños y que se debe no sólo al déficit de producción local, sino a la disfunción de la cadena de suministro del mercado, «consecuencia directa de la inseguridad».

Asimismo, destacó la dificultad de la población para acceder a servicios básicos como la justicia, la seguridad, la vivienda y las letrinas comunitarias, y apunta que la inseguridad dificulta especialmente el acceso de las niñas y mujeres a las zonas de recreo.

Más violencia

En 2023 se denunciaron 4.789 víctimas, lo que equivale a una proporción de 40,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 2.183 registrados en 2022 (18,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), señaló el informe, que subrayó cómo el número de secuestros se elevó a 2.490, un 83% más que en 2022.

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, las autoridades registraron 1.432 homicidios, mientras que el número de personas secuestradas pasó de 391 a 698. Entre los miembros de las pandillas, 1.682 perdieron la vida el pasado año, frente a más de 2.700 civiles muertos y 1.328 heridos.

En la policía, blanco frecuente de las pandillas, los efectivos disminuyen a un «ritmo alarmante»: en 2023, abandonaron el servicio 1.636 oficiales, 48 perdieron la vida y 75 fueron heridos. Hasta el 31 de diciembre, la policía nacional contaba con 13.196 efectivos. Hasta el 4 de enero, en las prisiones haitianas estaban hacinadas 11.778 personas en instalaciones diseñadas para 3.900 reclusos.

En la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la influencia de las bandas creció a «un ritmo alarmante» en zonas antes menos afectadas, como Carrefour-Feuilles, Solino, Bon-Repos, Mariani y Léogâne. En Mariani, suburbio al sur de Puerto Príncipe, las bandas tomaron el control del principal acuífero, que abastece de agua a más de 1,5 millones de personas, y cobran tarifas ilegales a los vehículos privados y comerciales que entran en la capital y salen de ella.

El 23 de noviembre, la autoridad de energía eléctrica de Haití se vio obligada a trasladar al personal de su sede, ubicada cerca del aeropuerto internacional, a otras instalaciones. Los empresarios, los funcionarios públicos y las personas que viajan a diario en transporte público son quienes corren el mayor riesgo de que los secuestren bandas armadas, aseguró el informe.

Más del 40 % de la población de Haití experimentó inseguridad alimentaria aguda. El acceso a electricidad, agua potable, servicios de higiene, atención en salud y educación estaba gravemente limitado. Y, a pesar de las terribles condiciones del país, gobiernos extranjeros repatriaron a Haití a más de 100.000 personas entre enero y agosto de 2023. República Dominicana fue responsable del 94 % de las repatriaciones.

*Sociólogo  y analista internacional, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)