El negacionismo de Boluarte y la liberación del genocida Fujimori

Mariana Álvarez Orellana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó de desacato al régimen de la presidenta peruana Dina Boluarte al poner en libertad al exdictador Alberto Fujimori, pese a la condena por crímenes de lesa humanidad, incumpliendo las resoluciones del tribunal interamericano en contra de ese indulto.

El gobierno de Boluarte respondió a la CIDH defendiendo esa liberación y afirmando que “no ha existido desacato”, en una actitud negacionista y contradictoria: aseguró que se respetan las decisiones de la Corte IDH al tiempo que incumplía esas decisiones al liberar al exdictador y genocida Fujimori.

La Corte interamericana le ha dado plazo hasta marzo al gobierno para que responda a la acusación de desacato a sus resoluciones por liberar a Fujimori el pasado 7 de diciembre, luego que el Tribunal Constitucional (TC) resucitara el indulto de 2017 que había sido anulado por no cumplir los estándares para un perdón humanitario.

A los días de su liberación, la justicia peruana tomó otra decisión para beneficiar al exdictador: la Corte Suprema de Justicia anuló el proceso que investigaba las esterilizaciones forzadas cometidas en el régimen de Fujimori, enviando la causa a foja cero.

La Corte IDH se ha opuesto a la liberación de Fujimori por considerar ilegal el indulto, esto en el marco del seguimiento que hace al cumplimiento de sus sentencias por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta para que los responsables de esos crímenes sean juzgados y cumplan las penas que se les impongan. Por estos dos casos Fujimori fue sentenciado a 25 años.

El martes, ante la inminente liberación del condenado por delitos de lesa humanidad y poreso desde 2005, la sentencia del Tribunal Constitucional abrió un frente diplomático entre Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que  requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la orden de excarcelación.

Una semana atrás la CIDH le recordó al Estado peruano que continuaba vigente la obligación de abstenerse a liberarlo y le concedió un plazo de seis días para emitir un informe al respecto.

Seis años después de que el expesidente derechista Pedro Pablo Kuczynski le otorgara el indulto humanitario a Fujimori, hecho que terminó por minar su gobierno en medio de escándalos de corrupción, el Tribunal Constitucional dispuso su liberación inmediata a través de una resolución que hace eco de aquella gracia presidencial.

En febrero de 2018, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, respaldó al mandatario peruano, afirmando que Kuczynski tenía planes de llevar a cabo el indulto desde noviembre del año anterior. “Fue el 2 de noviembre en Buenos Aires, en una cena en el Teatro Colón, cuando me refirió su iniciativa de otorgar el indulto a Fujimori, mucho antes de cualquier pedido de vacancia”, señaló Almagro.  Aseguró además que Kuczynski fue consciente de los riesgos, “pero, demostró firmeza para firmar decisiones que eran importantes”.

El primer aniversario de la presidencia de Dina Boluarte encuentra un Perú movilizado, tras la liberación del dictador y expresidente Alberto Fujimori y de que el gobierno y la Fiscalía protagonizaran un cruce de denuncias, los peruanos y peruanas salieron nuevamente a las calles a pedir «¡qué se vayan todos».

La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por las muertes durante las protestas que siguieron a la asunción de la mandataria, en diciembre del 2022. La denuncia se activó luego de que Benavides fuera acusada por otra fiscal de encabezar una red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde habría ejercido tráfico de influencias y favores políticos. Boluarte calificó de “cortina de humo” la denuncia en su contra.

Los manifestantes nuevamente tomaron las calles y no solo expresaron su rechazo a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo sino que también demandaron el cierre del Congreso y el adelanto de las elecciones.

“El que se vayan todos expresa un repudio total de parte del pueblo ante la podredumbre del Estado peruano que está sumido en una mega corrupción y putrefacción total, donde los gobernantes y representantes vienen usando el Estado para enriquecerse y para favorecer a sus amigos, familiares y a las grandes empresas transnacionales”, señaló Lucio Callo Callata, referente de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL).

Mientras simpatizantes del fujimorismo y congresistas afines consideran que debe acatarse lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, analistas y parlamentarios alertan sobre un quiebre del Perú con el sistema interamericano, que podría llevar a una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) incluso en una expulsión al pasar por alto una decisión de la CIDH que bloqueaba la salida de Fujimori de la cárcel de Barbadillo.

En los exteriores del penal de Barbadillo, al noreste de Lima, un grupo de fieles, con globos naranjas y polos con el rostro de Alberto Fujimori, bailaban el Ritmo del Chino —una tecnocumbia con el que el peruano-japonés intentó su reelección a inicios de los 2000—, deudos de los estudiantes de La Cantuta que murieron en 1992 se congregaron frente a Palacio de Justicia, en el Centro Histórico, para gritar a todo pulmón: “Indulto es insulto”.

Es el mismo cinismo del gobierno golpista de Boluarte, que repite que los 49 fallecidos en las protestas sociales contra su gobierno por disparos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes desarmados, e incluso contra pobladores que no eran parte de las protestas, murieron “en enfrentamientos”.

Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), abogada de víctimas de Barrios Altos y La Cantita, indica que la respuesta del gobierno a la CIDH “es una insistencia en el desacato”, “puro cinismo de decir estoy cumpliendo cuando no se está cumpliendo. El Ejecutivo pretende negar todo, pero esta vez creo que el negacionismo no va a funcionar para librarse de responsabilidades, la resolución de la Corte es contundente”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado donde sostiene que el Tribunal Constitucional “viola el Estado de derecho al vulnerar la resolución de la CIDH y, además, atenta contra la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista”.

La organización feminista Manuela Ramos también criticó la medida e hizo hincapié en la resistencia de Alberto Fujimori de disculparse por sus delitos y tener un propósito de enmienda. “Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad. No ha pedido perdón por ellos ni mucho menos ha reparado a las víctimas”, anotaron.

*Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)