Chile: una propuesta constitucional para que nada cambie
Matías Caciabue y Paula Giménez
El día 17 de diciembre Chile fue a las urnas para votar el “apruebo” o “rechazo” de una nueva propuesta constitucional. El mismo fue un “plebiscito de salida” sobre el gobierno de Gabriel Boric, tal como el mandatario y sus funcionarios afirmaron, el día posterior al resultado.
Con un 55,7% de los votos la opción del rechazo se impuso a la opción “a favor” que llegó a un 44,2%. Tal resultado puso fin a un proceso de casi cuatro años que había iniciado con el estallido social de octubre de 2019. La participación alcanzó el 84,36 por ciento, una cifra similar al 85,7 por ciento registrado en el plebiscito de septiembre de 2022, donde mayoritariamente se rechazó el primer texto de Carta Magna, redactada por una Convención con amplia representación de diversos sectores sociales populares. La misma, culminada, fue atacada ferozmente por los medios hegemónicos. 
Un proceso que Boric catalogó como la muestra del “fracaso de la política” para con el pueblo chileno, dejando a la sociedad polarizada y mostrando cómo la institucionalización logró aplacar la lucha popular y frenar, al menos momentáneamente, la posibilidad de alcanzar un cambio profundo y estructural del sistema económico, político y social chileno, el más neoliberal de la región.
Si bien más del 80% de los y las chilenas habían votado a favor de modificar la constitución, este es el segundo intento de hacerlo que fracasa. Una expresión paradigmática de esta compleja situación, fue la aparición la mañana del lunes 18 de diciembre, en la plaza de la Dignidad (ex Baquedano) de un nuevo monumento instalado por artistas del Instituto de Motricidad Fina de Valparaíso. Se trata de un Uróboro, una mítica “serpiente” egipcia -en este caso hecha a partir de la forma de Chile- comiéndose su propia cola. Una acción directa, artística y callejera, que bien refleja la situación de Chile, pero también del Continente.
Paradojas de este proceso
Esta segunda propuesta, cuya redacción estuvo a cargo de la extrema derecha liderada por el ex candidato presidencial Antonio Kast, un amigo de Milei, quien ganó en las elecciones de Constituyentes con un 43% de los votos imponiéndose al oficialismo. La ultraderecha intentó una constitución que petrifique aún más el neoliberalismo. La misma intentó llevar la agenda constituyente y al país trasandino a posiciones conservadoras y de ultraderecha.
Las reformas que contenía estaban dirigidas a consolidar y profundizar el modelo de un Estado subsidiario que ya existe. Entre ellas, por ejemplo, un sistema mixto de provisión de servicios esenciales como la salud o pensiones.
En salud, la propuesta decía que la ley debía establecer un plan de salud universal, el cual podía ser ofrecido por instituciones estatales y privadas. Algo similar se planteaba en el caso de las pensiones, donde el Estado debía garantizar el acceso a prestaciones básicas y universales que podían ser otorgadas a través de «instituciones públicas o privadas». Y en educación, se acentuaba la «libertad de enseñanza» y el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos.
Según sus críticos, por estos indicadores, el texto no aseguraba una mayor participación e implicación del Estado en la provisión de estos servicios, sino todo lo contrario: consolidaba el modelo del «Estado Subsidiario» que existe actualmente y que, para muchos, es el responsable de la desigualdad estructural en el país.
En cuanto a temas de género y vinculados a las mujeres, el proyecto constitucional era regresivo limitando el acceso al aborto y la paridad de género al ocupar cargos electivos. En torno a la temática de la migración, habilitaba la expulsión de inmigrantes ilegales de manera autoritaria. 
Por su parte, a los pueblos originarios los reconocería pero «como parte de la Nación chilena, que es una e indivisible», en referencia al conflicto con el pueblo mapuche en el sur del país y a las demandas de carácter nacional de esa comunidad.
Sin lugar a dudas este texto constitucional pretendió consolidar y profundizar un modelo neoliberal chileno aún más cruento que el impuesto por Pinochet pero de manera democrática y legítima, echando por el piso las reales demandas populares que atravesaron a la sociedad en su conjunto, a partir de la famosa consigna “no son 30 pesos, son 30 años” desatada en las calles aquel octubre del 2019.
La derecha reconoce la derrota y el oficialismo baja los brazos
José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, reconoció la derrota sufrida por la opción impulsada por su espacio político en el Plebiscito Constitucional. En relación al hecho, declaró que “los republicanos somos distintos. Cuando ganamos, ganamos y cuando perdemos, perdemos. Y esta noche, una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta”.
Asimismo Boric reconoció que no hay nada para festejar en ninguna fuerza política y que con este plebiscito se cierra una etapa que causó mucho daño al pueblo chileno. Un daño que, según él, podría haberse evitado.
Sin embargo, hay que decirlo, el desenlace podría haber sido otro, si el oficialismo hubiera puesto en marcha decisiones diferentes a las que tomó durante la primer consulta.
Allí optó por una “neutralidad” impotente, bien propia de la orientación socioliberal de un presidente que fantasea con ser una especie de Macrón del tercer mundo. Tal acción del jóven presidente, que con promesas de un cambio profundo sólo está significando la implementación de un proyecto estratégico neo-concertacionista, no hizo más que abonar a la campaña del miedo perpetrada por el poder mediático y económico concentrado en el país.
Más aún, vale recordar que el proceso de redacción y aprobación de una nueva carta magna fue el resultado de una insistente y exitosa operación de la derecha en el marco de los “Acuerdos de Paz” tras el estallido. Mientras tanto las demandas de las y los chilenos más postergados, hartos de la extrema privatización de bienes y servicios por parte del mercado desde que el país se instauró como el laboratorio de las teorías económicas de Milton Friedman y Friedrich von Hayek, hace décadas.
Una vez terminado el plebiscito y reconocida la victoria del rechazo, Boric declaró que “durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras”. También sostuvo que luego de dos plebiscitos seguirá vigente la constitución del 80 y remarcó: “La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos.”
El proceso chileno de los últimos cuatro años es una expresión de la crisis del Estado neoliberal, así como la crisis de representatividad que atraviesa la sociedad en un mundo que transita profundas transformaciones de carácter estructural.
En este marco, lo que se construyó como potencia destituyente tras el estallido social del 2019, comenzó un camino instituyente a partir de un gran acuerdo superestructural operado por la derecha chilena para que la vía de canalización del malestar social fuera el proceso constituyente. Fue en ese contexto que Boric, el presidente más votado (y más joven) en la historia de Chile, quedó encerrado en la institucionalidad que lo llevó a presentarse como “neutral” en el primer proceso constituyente.
La potencia destituyente fue llevada a un camino instituyente del que, al menos en la institucionalidad, no ha habido ningún resultado. La paradoja gatopardista de “cambiar todo para que nada cambie” pareciera representar mucho de lo sucedido en Chile, donde el presidente que venía a transformar la estructura del país terminó siendo un representante de un proceso de restauración del orden de la mano de una suerte de nueva concertación.
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