Jaque mate a la soberania: los tratados de libre comercio

Eduardo Camín

Desde hace algunos años y por diversas vías se viene proponiendo la concertación de acuerdos económicos regionales en numerosos países de América Latina. En algunos casos, el propósito ha escapado del campo de la teoría para ingresar en diferentes encuentros oficiales,  entre las promesas de las inversiones faraónicas, ingresando desprevenidamente de manera cuasi sigilosa el sátiro del gran capital por la ventana de la democracia.

Este tema del capital extranjero, providencial y salvador, vuelve asiduamente a la actualidad política, de nuestra región.

Evidentemente, todo esto fomentado y avalado por los medios de (des)informacion y persuación, en manos de los grandes grupos financieros y empresariales, o bajo el control de opciones políticas próximas a estos intereses, transformando en cajas de resonancia para el lector, el oyente y el televidente.

El problema de la integración de América Latina, tan traído y llevado por nuestra tecnocracia continental, tan propicio a los desbordes retóricos y los informes soporíferos – otra forma de retórica – es sin duda un problema económico. Pero es, ante todo, un problema político, ya que la integración de América Latina no es un fin en si misma.

Pero en el enfoque del problema muchas confusiones se producen, más aún cuando está en juego nuestra propia soberanía. Ésta es la consecuencia de diversos  estatutos del capital trasnacional, contenida en los “tratados de promoción y protección de inversiones”(TPPI), ocultos pero vigentes, que vuelven como una retórica sin fin en los  debates  nacionales, entre las diferentes opciones políticas de la izquierda, el progresismo y la derecha neoliberal. .

El caso uruguayo entre un manto de humo y un cuento chino

Una gran mayoría de la población uruguaya -y posiblemente la de toda región- poco o nada ha oído o leido sobre los Tratados de Libre Comercio (TLC). Y lo poco o nada que  ha leído u oído le habrá parecido que es un tema que debería favorecernos, pues un tratado con ese título seguro que aumentará el comercio entre las dos orillas ya sea del Atlántico Norte, o el Pacifico y con ello la actividad económica y la creación de empleo.

Es así que desde hace mucho tiempo, en ciertas esferas del poder económico, entre discursos, conferencias y almuerzos de complacencia, diferentes miembros del ejecutivo uruguayo destilan pequeños índices y algunas frases sobre la necesidad de crear un nuevo marco de relacionamiento comercial en la región: no lo dicen claramente, sino lo insinúan lo dejan caer, como una advertencia necesaria, preparando siempre el terreno.

Desde el inicio de su gestión el derechista presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, adoptó un estilo propio – con cierto nivel de arrogancia que lo caracteriza-  donde sustituye muchas veces la realidad por el relato. Recordamos que en una de las tantas  reuniones el mandatario uruguayo calificó de “lastre” al Mercosur.

«Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se puede mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional»  dijo Lacalle.

Claro que el hombre tiene derecho a estar mosqueado ya que lleva desde marzo del 2020 avisando que su gobierno lograría un tratado de libre comercio (TLC) con China, y en cada encuentro a pesar del NO del gigante asiático, seguía sosteniendo, una y otra vez, que se había avanzado.

Su soberbia, al pretender negociarlo bilateralmente por fuera del Mercosur, lo distanció en un primer momento de Brasil y Argentina. Es decir, dos de la economías más fuertes de America Latina. Por otra parte, cuando  Lula da Silva retoma la presidencia de Brasil, se transforma en un líder natural impulsando junto a Rusia,India, China y  Sudáfrica los BRICS, un bloque estratégico para China, lo que sin duda debe situar al Uruguay en su realidad, de un pequeno país de apenas tres millones 400 mil habitantes.

Detrás del lastre el rol de los tratados

Respecto a las virtudes e inconvenientes de la incorporación del capital a través de estos tratados de sometimiento, donde se mezclan y confunden muchas nociones. Son necesarias algunas precisiones , porque también somos conscientes de la preocupación manifiesta que hay entre algunos parlamentarios, sobre la resolución del mismo.

Asimismo, advertimos honestamente que no es tirando la pelota para adelante o encajonando los expedientes que el mismo se solucionará “por obra y gracia del espíritu santo”. Flaco favor le haríamos a la democracia, eludiendo el (los) debates sobre estos temas.

Por eso antes de que vuelva el violín a su estuche trataremos de sacarle alguna melodía. Venismo hablano de los tratados de libre comercio, fundamentalmente el relacionado con el Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) o sus nuevas formulaciones que constituyen los ejes fundamentales del proceso de reconfiguración y ajuste del poder económico en el mundo y en la región, con inevitables consecuencias políticas.

A lo largo y ancho del mundo, a impulso de los grandes bloques económicos, una fiebre de negociaciones está instalada como elemento central de la agenda internacional: recordemos que el Mercosur, lleva 25 anos negociando un TLC con la Union Europea.

Es obvio que la economía dominante del hemisferio es la estadounidense y que las empresas trasnacionales que resultarán las principales beneficiarias de estos acuerdos tienen origen y sede en ese país.

En realidad se trata de establecer un orden económico neoliberal en todos los países del hemisferio. Por lo tanto se desprende que nadie ignora la receta básica del neoliberalismo: apertura, desregulación, liberalización, privatización, flujo de libres capitales, extensión de los derechos de los inversores, es decir “más de lo mismo” o debiéramos decir “mucho más de lo mismo”.

A su vez se trata de definir una suerte de “constitución política” del capital trasnacional en el hemisferio, otorgando privilegios extraordinarios, permanentes e irreversibles a las compañías trasnacionales. A través de los diversos mecanismos y normas establecidas con claridad y rigor, se desprende una verdadera constitución política para el capital trasnacional.

Las grandes corporaciones se aseguran privilegios extraordinarios que quedan consagrados también como ley internacional, es decir irreversible e inmodificable. Son equiparadas a los estados soberanos o situadas en una posición aún superior a la de éstos en un régimen de libertad absoluta y garantías totales.

La concesión de un estatuto de mayor poder, mayor libertad y mayor autonomía para las grandes corporaciones y los inversionistas apuntan claramente a debilitar la soberanía de los estados en beneficio del capital trasnacional.

Rápidamente nuestros gobiernos perderán su ya menguada autonomía bajo el imperio de una ley internacional –el Tratado, que estará fuera de su alcance modificar–, en un campo ferozmente volcado a favor de las corporaciones y el capital.

La economía más potente del hemisferio ocupará progresivamente todos los espacios disponibles o convenientes en sus vecinos más débiles, asumirá el control de la mayor parte de las actividades productivas y los servicios que generen beneficios y transferirá éstos a sus cofres, o acaso en el reinado de las zonas francas a las que jugamos.

A la anexión económica, seguirá inevitablemente la anexión política. Ningún país así saqueado y controlado en su sistema productivo y en los elementos básicos de su funcionamiento, debilitado y reducido a una expresión mínima en su capacidad soberana, podrá resistir las presiones políticas de la naciones más poderosas de la Tierra, controlando y dirigiendo la industria y el comercio.

¿Es posible que la industrialización de nuestro continente deba seguir fatalmente ese rumbo? El obstáculo mayor para impedirlo no está en el inmenso poder de los bloques económicos sino en la miopía, la venalidad y el servilismo de nuestros círculos llamados dirigentes.

Estamos hablando de la negociación de un tratado internacional cuyo contenido afectará inevitable y profundamente la vida de millones de habitantes del área, su acceso al trabajo, a los bienes básicos –tierra, salud, alimentación, vivienda, educación, servicios esenciales– y sus posibilidades de alcanzar una vida digna.

Muchos de nuestros dirigentes aluden a estos tratados como una “esperanza”, un acuerdo próximo a la concreción que “traerá innumerables beneficios para nuestra economía”, una “panacea” que nos colocará poco más o menos que “a las puertas del primer mundo” y nos “llevará de la mano al desarrollo”.

Entonces cabe preguntarse, ¿qué razones pueden existir para que algo tan bueno, tan prometedor, permanezca en las sombras, oculto en los pliegues del poder? La sospecha despierta nuestras conciencias. Un tratado que alberga tantas bondades debería conocerse más en profundidad, un tratado que nos concierne hondamente no puede permanecer encerrado en los gabinetes de negociación.

La sociedad civil tiene derecho a conocerlo en su integridad, a informarse de las diversas posturas que se discuten, a identificar sus autores y a participar con su opinión y sus juicios.

Conocer el proceso de negociación es vital para comprender qué se juega en él y para ejercer la vigilancia y el control sobre los gobernantes. Negar estos derechos a la sociedad por la vía del sigilo y el ocultamiento menoscaba la democracia y priva a los ciudadanos del ejercicio de algunas libertades básicas: la de informarse, la de opinar, la de controlar al poder, todas estas comprendidas en la Constitución. Así se transforma la democracia en una falacia en manos del neoliberalismo.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociacion de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Analisis Estrategico. (CLAE)