Repudio general a la reforma jubilatoria del FMI aprobada por el gobierno paraguayo

Celso Guanipa Castro

Santiago Peña, presidente del Paraguay,  promulgó  una cuestionada reforma conocida como Ley de Superintendencia de Jubilaciones, que había sido pedida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La iniciativa fue aprobada en el Congreso mientras miles de personas se movilizaban en las afueras del palacio legislativo y eran reprimidas, con un saldo de al menos 39 personas detenidas.

Más de 65 sindicatos, organizaciones sociales, políticas y eclesiásticas se manifestaron en contra de esta nueva ley. La normativa permite inversiones en bonos e instrumentos financieros de los recursos de pensiones de las jubilaciones y pensiones tanto públicas como privadas. «Echará mano al dinero de los aportantes», dijo el dirigente de la Corriente Sindical Clasista, Eduardo Ojeda.  «Ahora vamos a reagruparnos y vamos a pensar en una huelga general para parar el país», advirtió.

El rápido tratamiento del proyecto, que ahora debe ser promulgado por Santiago Peña, generó una reacción inmediata de los sindicatos docentes, que amenazaron con no iniciar las clases el próximo año lectivo. También lo hicieron los sindicalistas de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), uno de los primeros gremios que convocaron a la movilización, que no descartan hacer «brazos caídos» en las subestaciones eléctricas.

Los jubilados se oponen a la norma por temor a que ese dinero sea malversado por las autoridades y que a consecuencia se queden con las manos vacías. El vocero de la Asociación de Jubilados del Instituto de Previsión Social —el principal de Paraguay—, Pedro Halley, en señaló que tratar la norma de manera apresurada fue una «jugada sucia de parte del Legislativo». El principal miedo es que el Gobierno se apropie de sus fondos para cubrir el déficit fiscal, bajo el riesgo de quebrar las cajas tanto públicas como privadas.

La nueva ley entró el martes a Diputados y fue aprobada en tiempo récord: sólo demoraron 10 minutos, informaron los diarios locales. Contó con el apoyo de 42 diputados del oficialismo y la ausencia de la oposición. El mismo día, en el Senado, contó con el apoyo de 25 de las y los legisladores. Fue en una sesión extraordinaria y sin debate.

Según Peña, con la nueva legislación, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones se dio «un paso importantísimo para cumplir con un mandato constitucional en beneficio de miles de aportantes y jubilados». Pero durante la semana,

Los sindicatos y la oposición se oponen a la creación de la superintendencia, por otorgar superpoderes a un representante del Ejecutivo, quien tendrá doble voto en caso de desempate en la toma de decisiones del Consejo de Seguridad Social. En la misa central de la Virgen de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela pidió que no se toquen los fondos jubilatorios de los trabajadores y advirtió a la clase política que no abuse de la confianza del pueblo.

La Sociedad de Economía Política de Paraguay expresó “su profundo rechazo a la ley aprobada a espaldas de la clase trabajadora y mediante al dura represión de las fuerzas policiales al servicio de quienes buscan despojar a la clase trabajadora de su derecho a la jubilación”, Añade que “esta ley encarna un poyecto de saqueo que pone en riesgo las jubilaciones actuales y no platea lo principal: el acceso a este derecho por parte de todos y todas, de manera garantizada y democrática”.

Peña le solicitó 400 millones de dólares más al FMI para enfrentar la crisis climática en noviembre de este año, organismo que señaló en un informe de principio de este año que para julio el gobierno paraguayo debía enviar al Congreso una ley para crear una comisión nacional que elaborará y propondrá medidas para una reforma fundamental de la Caja Fiscal. Aunque los pasos no fueron esos exactamente, se avanzó en ese sentido con la normativa recientemente aprobada.

Según el gobierno, el objeto de la ley es la regulación y supervisión «prudencial» de la manera en la que se administran los recursos financieros y no financieros de las entidades de jubilaciones y pensiones de naturaleza pública y privadas del país, en adelante denominadas EJP.

Serán ocho las cajas jubilatorias que estarán bajo el control de la Superintendencia, y se trata del  Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, la Caja de Seguros Sociales de Empleados y Obreros Ferroviarios, el Fondo Paraguayo de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Binacional Itaipú, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, el Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los Miembros del Poder Legislativo de la Nación y la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas.

Con la creación de la Superintendencia de jubilaciones indica que se podrá invertir en bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay y por otro, asegura que no concederá préstamos al Estado. Establece, en tanto, que las EJP «solo podrán comprar, vender, arrendar, negociar e invertir sus activos» en instrumentos emitidos o garantizados por bancos y por instituciones financieras regidas por la Ley N° 861/1996 “General de Bancos, Financieras y otras entidades de crédito”, y sus modificaciones.

También en bonos o títulos de deuda de oferta pública emitidos en el Paraguay, registrados en la Superintendencia de Valores, en acciones de sociedades anónimas de capital abierto y en cuotas de participación en fondos de inversión y fondos mutuos regidos por la Ley N° 5452/2015 “Que regula los fondos patrimoniales de inversiones”.

Según Última Hora, el Instituto de Previsión Social no podrá conceder préstamos al Estado ni a entes descentralizados y municipales, así como tampoco podrá instrumentar operaciones con bonos del Estado. En tanto, los integrantes del Consejo de Seguridad serán elegidos por el presidente de turno.

Tendrá como integrantes al presidente del Banco Central del Paraguay, al ministro de Economía y Finanzas y al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, aunque se supone que de esta manera jubilados y empleadores tienen un representante cada uno, hay un restrictivo artículo que determina que para ocupar a ese puesto se debe contar con título universitario, preferentemente en Ciencias Jurídicas, Económicas, Auditoría o Finanzas, además de contar con «probada experiencia» en esas materias.

*Periodista y politólogo paraguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)