Chile: un estéril proceso constitucional

Paul Walder

Camila Vallejo, la ministra vocera de Gobierno, entregó este martes una serie de nuevos indicadores económicos para demostrar, y darle un “tapabocas”, como dijo, a los agoreros de la derecha y otros que esperan el descalabro económico a la argentina.

Vallejo detalló tras una reunión con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que la actividad económica ha crecido sobre la estimaciones del mercado, la pobreza ha descendido desde un poco más del diez por ciento el 2022 a solo un 6,5 por ciento, la inversión extranjera aumentó un 31 por ciento, el mejor resultado en los últimos diez años y la inflación ha llegado a los menores niveles desde el 2021. Una panoplia aparentemente bastante sólida que sin embargo no altera el clima político ni mejora el ánimo de una población bastante decaída.

La política chilena está estancada. Nuevamente atascada. El entusiasmo inicial del gobierno de Gabriel Boric se perdió hace más de un año con el contundente rechazo al plebiscito constitucional progresista identificado como una extensión de su gobierno. Como efecto colateral no deseado levantó y consolidó al Partido Republicano de José Antonio Kast con posturas ultraliberales, ultraconservadoras y pinochetistas que han arrastrado tras de sí por convicción o por oportunismo a Chile Vamos, la clásica coalición de las derechas chilenas.

Con una mayoría de derecha en ambas cámaras, el gobierno de Gabriel Boric que el próximo marzo cumplirá dos años, no ha podido impulsar su programa, basado en dos proyectos fundamentales: una reforma tributaria y la reforma del sistema privado de pensiones. La derecha no cede en la defensa de los intereses del sector privado mientras el gobierno y buena parte del país observan como pasan los meses y las promesas incumplidas.

El impulso político de la derecha, bien articulado y reforzado por los grandes medios escritos y los canales de televisión, ha logrado imponer su agenda, con delincuencia y migraciones como temáticas y preocupaciones centrales de los y las chilenas a las que el gobierno no puede dejar de atender. La agenda de seguridad de la derecha ha logrado penetrar en la del gobierno forzándolo a patrocinar proyectos y firmar decretos que  les otorgan cierta impunidad a las policías ante los efectos sobre la población de sus acciones represivas o en el permanente estado de excepción en el territorio mapuche (Wallmapu). En cuanto a migraciones, la derecha en estos días presiona al gobierno y a su ministra del Interior, Carolina Tohá, para que expulse a doce mil migrantes en situación irregular.

A diferencia de las comunicaciones del gobierno, el panorama económico no es esperanzador. Tanto la percepción de la situación económica personal y familiar como la de las empresas ha sido mayoritariamente desfavorable y las expectativas de consumo también se mantienen en niveles pesimistas desde hace dos años. Un conjunto de percepciones, que van desde el miedo a ser asaltado o a perder el empleo, a la desesperanza. Una encuesta publicada el domingo pasado en Santiago reveló un pesimismo extendido. Solo un 22 por ciento de la población ve el futuro con cierto optimismo. Una percepción que conduce de manera natural al gobierno: tras un leve repunte durante la celebración de los Juegos Panamericanos 2023 en Santiago, la aprobación a Gabriel Boric ha vuelto al techo de aproximadamente el 30 por ciento que le ha pesado desde poco después del inicio de su mandato.

Chile desmovilizado

El 7 de mayo pasado la población de Chile eligió, por voto obligatorio, a los componentes del Consejo Constitucional, que tuvo el mandato de redactar una nueva constitución. A diferencia de la frustrada propuesta constitucional anterior del 2022, que obtuvo una mayoría de constituyentes que representaban a organizaciones sociales, pueblos originarios y corrientes progresistas, esta vez la población eligió a una mayoría de representantes conservadores y neoliberales. Si del anterior proceso constituyente emergió una propuesta constitucional progresista, esta vez la propuesta es conservadora y neoliberal, incluso peor, como no pocos observadores y figuras políticas de izquierda y centroizquierda dicen, que la actual de 1980. Políticos como los ex presidentes Michelle Bachelet y Ricardo Lagos han declarado que votarán en contra.

Si le creemos a las encuestas, el 17 de diciembre próximo los y las chilenas votarán en contra de esta propuesta constitucional. Una nueva tremenda contradicción en la política y un desafío para politólogos y sociólogos que no logran exponer con claridad cómo quienes votaron hace seis meses por la derecha ahora votarán contra su propuesta.

Los analistas debaten en estos días en columnas y tribunas mediáticas mientras las redes sociales echan espuma. ¿Será una derrota de la derecha o será de una forma un poco oblicua y en carambola una nueva muestra de repudio al gobierno? ¿Quién cargará con el fardo de la derrota?

El gobierno ha dicho que el 17 de diciembre, sea aprobada o rechazada esta nueva propuesta de constitución, el calendario constitucional se cerrará tras cuatro años en la agenda. La propuesta constitucional, que fue pensada como una salida a la revuelta popular del 2019, muy probablemente cerrará en diciembre sin dejar ningún legado a su paso. En tanto, los problemas del diario vivir, las frustraciones y las injusticias que detonaron el estallido del 18 de octubre del 2019 seguirán presentes. Si en aquel momento la expresión fue la rabia colectiva, hoy es la desazón y el pesimismo.

*Periodista y escritor chileno, licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona, colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)