Prioridades argentinas: cuidar las divisas y los efectos de la inflación

Jorge Marchini

La conmoción provocada por el resultado electoral del domingo pasado no fue solo para los candidatos perdedores, sus estrategas de campaña y sus medios y columnistas. Lo ha sido también para grupos económicos y financieros que se entusiasmaron por los mensajes duros a favor de medidas económicas y sociales regresivas inmediatas de la «motosierra» de Javier Milei (La Libertad Avanza) o de «reducción drástica» de gasto públio de Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). No hay dudas de que Sergio Massa fue el gran ganador de la compulsa inicial, al haber percibido con mucha mayor perspicacia que sus contrincantes el humor y las expectativas del electorado.

La frustración de Juntos por el Cambio, al quedar su candidata fuera de la segunda vuelta, ha derivado en una crisis de imputaciones, cambios de argumentos y de bandos. Ha puesto al descubierto la falta de coherencia y la inexistencia en ese espacio –ya previamente– de supuestos principios diferenciados no negociables y de firmes lealtades. La evidencia del fracaso y de un patético oportunismo ha sido la amistad y comprensión alcanzadas en horas por los supuestos antes archienemigos Milei-Bullrich, convertidos velozmente en aliados para apoyar la candidatura del primero en el ballotage para enfrentar a Massa el 19 de noviembre.

Pese el mensaje de los votantes, el siempre misterioso “círculo rojo” no deja de seguir reclamando más “ajustes”, que es justamente lo que puso en cuestión el resultado electoral el 22 de octubre. Atacan todo intento de afirmar capacidades reguladoras y fiscalizadoras del Estado y la transparencia informativa pública en los comportamientos comerciales, impositivos y financieros.

Exigen mayores ventajas y desregulaciones laborales y menos cargas tributarias, pero rechazan que se avance en la investigación, el control y el combate de evasiones y operaciones irregulares e ilegales en el comercio exterior, impositivas y fugas de capitales. Se niegan a articular proyectos de desarrollo con otros sectores sociales, no sólo con los trabajadores, sino con el amplio entramado de pymes y emprendimientos sociales cuya demanda se basa en la capacidad de compra de la población, es decir el mercado interno, que impulsa más de tres cuartas partes de la actividad económica del país. Refieren, por último, el impulso de una “salida exportadora” que con una perspectiva yupanquista es percibida por la mayor parte de los argentinos como desproporcionada: las penas son de nosotros, los dólares para otros.

¿De dónde viene la inflación?

Irónicamente, voceros del establishment plantean que la Argentina debe superar las que refieren como “anomalías” para el “aprovechamiento de las oportunidades que ofrece nuestro país en materia agropecuaria, energética, minera, así como en los sectores manufacturero y de servicios”. Pero se niegan a reconocer que la prioridad de atención debe ser la existencia anómala de una creciente emergencia social en el país, al crecer la carestía de productos y servicios sin justificación de mayores costos. Exigen mayores ajustes (reforma laboral y previsional) y la fuerte devaluación de la moneda nacional junto con la liberalización cambiaria “para ganar competitividad”, cuando no existen motivos objetivos para ello.

En paralelo al muy serio desbalance inflacionario, se elevan argumentos sobre “requerimientos de mayores ajustes” y la necesidad del cumplimiento prioritario de las “metas acordadas con el FMI”. Voceros y analistas políticos y económicos del establishment repiten, sin fundamento objetivo, que la emisión monetaria y la inflación son provocadas por una supuesta e inexistente demanda popular recalentada.

A la manera del precursor libertario e ideólogo de desastres y vaciamientos económicos Álvaro Alsogaray (1913/2005), hacen referencia a la “maquinita impresora de billetes” o al “plan platita”, pero ocultan lo evidente: que con la aplicación del programa definido y tutoreado por el FMI no solo han persistido, sino que se han profundizado graves desequilibrios sociales estructurales y se ha dado lugar a la aceleración de la devaluación del peso y a alteraciones monetarias por pasivos remunerados del BCRA, cada vez con mayores tasas de interés para el cubrimiento de desequilibrios, una recurrencia especulativa de corto plazo de deuda sobre deuda. En los primeros nueve meses del año (enero-septiembre), el gasto público nacional en prestaciones sociales disminuyó un 7,1% en relación a la inflación, pero los pagos por intereses por deuda pública, por el contrario, aumentaron en forma real un 11,5%.

El aumento de la pobreza e indigencia, la caída del salario real, el empeoramiento de la distribución del ingreso y el crecimiento de la bola de nieve de deuda pública son paralelos a las corridas financieras repetidas, inducidas también por rumores e incertidumbre política para forzar una mayor devaluación del peso, en tanto se generalizan juegos con diferenciales cambiarios y desabastecimientos y/o falta de precios o entregas de insumos y productos esenciales. La población lo percibe día a día cuando va a hacer compras.

Ya en relación al otro eje de confusión inducida que es el del supuesto descontrol del gasto público, esta semana Sergio Massa puso en evidencia en una conferencia de prensa la existencia de exenciones impositivas y beneficios tributarios “que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados” que representan el 4,8% del PBI. Deberán analizarse y debatirse condiciones y efectos puntualmente, ya constituido el nuevo gobierno y el Congreso Nacional a partir del 10 de diciembre.

¿Será factible que se genere un debate parlamentario amplio y desmitificador tanto de ingresos como de gastos públicos? ¿Cómo se ubicará el debate imprescindible sobre la oprimente carga financiera de la deuda pública ante un cronograma de vencimientos irreales crecientes en el próximo período? Y, sobre todo, ¿cuáles deben ser las prioridades de la política pública y los recursos para afrontarlas?

No se trata de meras preguntas técnicas sino que requerirán participación y toma de posición política y social.

Cuidar divisas y parar la inflación

Otro tema recurrente en el período preelectoral ha sido sin dudas el de la falta de reservas del Banco Central. El acuerdo de ampliación de la línea de crédito “swap” de China por un equivalente en yuanes a 6.500 millones de dólares acordado la semana pasada ha sido un alivio inmediato cierto y sustantivo (también criticado por la oposición), pero de todas formas solo circunstancial. Visto lo ocurrido días antes de las elecciones, es preciso clarificar el estado de situación y ponderar eventuales pasos concretos en relación al cuidado de las divisas del Banco Central, entre las cuales pueden mencionarse:

• Desarticular falsos argumentos de “atraso cambiario”.
• Sostener la necesidad del país de seguir manteniendo controles cambiarios, al comercio exterior y a los movimientos de capitales.
• Establecer específica y claramente prioridades para el acceso de divisas para pagos al exterior. Deben ser autorizadas en primer lugar para el sostenimiento de las condiciones de vida de la población y la provisión de equipamientos e insumos críticos en tanto resulten insustituibles en forma eficiente y efectiva con producción nacional.
• Investigar en forma exhaustiva y transparente, y establecer controles estrictos contra el contrabando y las maniobras especulativas en el comercio exterior de bienes y servicios.
• Investigar en forma exhaustiva y transparente y sancionar severamente maniobras de triangulación, re-exportación, sub-facturación de exportaciones y sobre-facturación de importaciones.
• Investigar y sancionar el pago de auto-préstamos en el exterior en dólares en el mercado oficial y la fuga ilegal de capitales.
• Cumplir y hacer cumplir la ley 19.359 (Régimen Penal Cambiario).

Y en relación a la necesidad de afrontar efectos inflacionarios inducidos por la incertidumbre y los desequilibrios estructurales mencionados:

• Establecer como prioridad la emergencia alimentaria y la atención de los sectores más castigados de la sociedad.
• Desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales de exportación, vía fijación de cupos para garantizar el abastecimiento interno.
• Transparentar cadenas de valor, costos y precios de productos y servicios de incidencia central en la canasta familiar y en la producción.
• Supervisar y combatir ventajas monopólicas u oligopólicas que se evidencian en relación a productos y servicios clave.
• Coartar las ventajas de “posición dominante” que ejercen empresas productoras de materias primas básicas e insumos difundidos, que imponen subas indiscriminadas en cada cadena de valor.

En lo inmediato, la mira estará puesta en la definición de la elección presidencial. En perspectiva, se trata, ni más ni menos, que el futuro del país.

* Profesor Titular de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Coordinador para América Latina del Observatorio Internacional de la Deuda, investigador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Vicepresidente de la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y colaborador del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)