Protección social y trabajo decente dependen del alivio de las deudas

Eduardo Camin

El Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, ha pedido acelerar la asistencia a los países en desarrollo con problemas de deuda, de manera que puedan continuar financiando la protección social y el trabajo decente.

En declaraciones realizadas en la reunión del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que se celebró en Marrakech (Marruecos), Houngbo subrayó que es necesario hacer más para hacer frente a los limitados recursos financieros de los países en desarrollo mediante la reestructuración y el alivio adicionales de la deuda y la reforma del sistema financiero mundial.

A la vez que añadió que en los países de ingresos bajos y medios la OIT no prevé mejoras rápidas en el empleo antes de 2025. «La situación fiscal de los países de bajos ingresos requiere especial atención, ya que el endurecimiento de las políticas monetarias en las economías avanzadas está afectando gravemente a sus balanzas exteriores y aumentando la vulnerabilidad de su deuda. Esto, combinado con el aumento de los precios de los alimentos y la energía, reduce considerablemente el margen de gasto de los gobiernos en inversiones sostenibles y protección social», declaró Houngbo

Ante el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, apoyó su argumentación citando un informe de la ONU de julio de 2023 según el cual 3.300 millones de personas viven actualmente en países que gastan más en el servicio de la deuda que en educación o sanidad.

«Para evitar que la carga de la deuda siga obstaculizando el desarrollo sostenible, debe tenerse más en cuenta el papel de las inversiones en capacidades humanas y productivas en las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda y en los mecanismos de resolución de la deuda. Esto no sólo apoyaría a los países en su transición, sino que también ayudaría a (re)crear las condiciones para la estabilidad macroeconómica y la transformación económica a lo largo del tiempo», afirmó.

El Director General dijo a los delegados que el Acelerador Mundial de las Naciones Unidas para el Empleo y la Protección Social para Transiciones Justas  -puesto en marcha en septiembre de 2021 por el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres- ofrece una solución de tres pasos para estas cuestiones: crear estrategias y políticas nacionales para el empleo y la protección social que faciliten transiciones justas; combinar la financiación nacional e internacional; y mejorar la cooperación internacional.

«Los bancos multilaterales, bilaterales y públicos nacionales de desarrollo y el FMI pueden apoyar el Acelerador Global contribuyendo a las hojas de ruta nacionales de los países pioneros que tienen como objetivo definir puntos de entrada prioritarios nacionales y estrategias de financiación sostenibles (…) pueden establecer objetivos de impacto social más ambiciosos para incentivar más proyectos que contribuyan a los objetivos del Acelerador Global», afirmó Houngbo.

En sus declaraciones escritas ante el Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI y el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, señaló que la falta de inversión en protección social sigue siendo una de las principales razones de los bajos niveles de cobertura.

«Existen múltiples opciones para crear y ampliar el espacio fiscal para la protección social. Sin embargo, las principales fuentes de financiación deben ser las fuentes regulares nacionales, como los impuestos progresivos y las cotizaciones sociales, dado que los compromisos de los sistemas y pisos de protección social son a largo plazo», afirmó.

«Es fundamental que los países desarrollen programas para formalizar el empleo, las empresas y las transacciones económicas, así como las instituciones necesarias para recaudar impuestos y cotizaciones sociales». Houngbo también hizo hincapié en que una respuesta decisiva al cambio climático exige enfoques coherentes y marcos políticos integrales, también en el sector privado.

«La acción climática, si se gestiona adecuadamente, puede generar más y mejores puestos de trabajo. Tanto la adaptación como la mitigación ofrecen oportunidades para crear nuevos puestos de trabajo y empresas, al tiempo que se aseguran los ya existentes», declaró ante el Comité.

«Podemos esperar la creación de muchos millones de puestos de trabajo adicionales en los próximos años y décadas, siempre que se amplíen adecuadamente los programas de educación y capacitación, se pongan en marcha programas de desarrollo de la mano de obra y se perfeccionen las medidas del mercado laboral en función de la evolución de las necesidades», aseveró

Los nuevos sofistas, malabaristas de la oratoria 

Insistimos que estos compromisos están destinados al fracaso, ya que la brecha es enorme entre el discurso del BM y el FMI, y la realidad de sus acciones. Los verdugos de la economía mundial están en las antípodas de la justicia social y el trabajo decente, los hechos hablan por si solos: una cosa es el discurso y otra la realidad.

El dominante paradigma de desarrollo que promocionan estos organismos descansa en el absolutismo de un crecimiento incesante de la producción de bienes y servicios cuya finalidad última es el consumo desmedido, basado en la profundización de las fuerzas “invisibles” y “libres” del mercado, en el cual se espera que irradien a toda la sociedad estándares de consumo y niveles de ingreso superiores a las necesidades básicas. Este tipo de desarrollo ha producido una realidad muy diferente a la postulada por el modelo: desigualdad social y entre géneros, violencia, destrucción del ambiente y contaminación son algunas de sus principales características.

Desde hace mucho tiempo existe una disputa ideológica y política sobre el nuevo rol del Estado. Bajo el contexto de las reformas estructurales y los procesos de ajuste, impuestos por el BM y el FMI, la reducción del tamaño del Estado iba y va frecuentemente acompañada por la menor asignación de recursos para los llamados “sectores sociales” (educación, salud, vivienda, seguridad social).

Cualquier intento de propugnar una gestión pública del presupuesto más sensible hacia las necesidades sociales urgentes, era y es vista como sinónimo de intervencionismo estatal y rebrote inflacionario. Mantener a raya el déficit fiscal ha sido desde entonces el caballo de batalla de los tecnócratas, cualquiera fuese el régimen político, lo que oculta una preocupación central -la cara oculta de la moneda- de asegurar para el capital una tasa de ganancia y brindar condiciones para la inversión, como mecanismo sine qua non de la ansiada integración de los estados en la globalización.

En realidad, el conservadurismo mediocre que impregna a los poderes gobernantes del planeta ha desarrollado un esfuerzo singular por erradicar de la faz de la tierra nuestra capacidad de generar pensamiento crítico y de plantear, de creer y de atrevernos a crear horizontes alternativos y metas inteligentes, ajenas a los paradigmas del fatalista del «pensamiento único».

Curiosamente, ese pensamiento único que pregonó el fin de la historia y que engulló a varias ideologías en su camino, es el que desarrolla el pragmatismo oportunista y sistémico, el individualismo descarnado y forrado de verborrea seudolibertaria, o el egoísmo inescrupuloso y cínico, hechos cánones de conducta socialmente plausible.

Quizá por eso es que vivimos en países cada vez más injustos e indiferentes, cada vez más pobres y abusivos, cada vez más peligrosos. En este escenario, se promueve el rechazo a la capacidad de pensar con sentido crítico e independiente, se criminaliza el hecho de protestar o de rebelarse, se veta el atrevimiento de «ir más allá» de lo permitido o de actuar en concordancia con principio ético-moral alguno que no sea de aquellos promovidos y aceptados por un sistema completamente controlador.

La vida humana queda reducida, así, a un camino teledirigido, en donde el conductismo del poder les señala a los seres humanos los derroteros de autocomplacencia, pasividad y conformismo por donde puede caminar y de los cuales no deben desviarse.

Así como nos situamos en el marco de los organismos internacionales para la resolución de los problemas que nos atañe directamente, muchos prefieren un diagnóstico incierto que sea técnico, mentiroso pero genial, a uno con la simpleza y rusticidad de lo simplemente cierto.  Y es por eso por lo que, si un economista nos dice que la causa de la crisis es la burbuja financiera, la estanflación, la crisis crediticia, las guerras o el medio ambiente…, y un campesino apenas alfabetizado nos dice que la causa es la avaricia del hombre, es este último quien se halla más cerca de la verdad.

El primero nos está dando un argumento tautológico, pues decir que la causa de una crisis son una serie de crisis, es decir conceptos que son crisis en sí. Es como decir que la causa de la deforestación es la tala de árboles, o que la causa del peligro de extinción de un animal es la caza del hombre.

Y precisamente estos dos ejemplos comparten causa con la crisis económica: la avaricia. Pero parece que en estos tiempos tan modernos (como cualquier tiempo) no se debe reducir las causas de los problemas a reflexiones helénicas o primarias, a consideraciones sobre los fundamentos y la iniquidad del hombre.  Algunos parecen buscar el eslabón perdido entre los vicios del hombre y sus consecuencias en la economía o la política, y aún hay intelectuales que encuentran soez, ordinario y escasamente inteligente el culpar a los hombres y sus defectos antes que al sistema socioeconómico en sí, como si éste fuera independiente del hombre.

En las condiciones actuales, es crucial ofrecer opciones, una perspectiva concreta de desarrollo social eficaz que tire por la borda las recetas inútiles acuñadas por una pequeña pero poderosa minoría de grandes intereses globales, aferrados al dogma de la economía de mercado único, y aplicadas con resignación fatalista por las elites gobernantes «nacionales».

Ese es el gran desafío: ofrecer un cambio de rumbo que despierte la conciencia ciudadana y ponga en marcha las potencialidades desaprovechadas de la sociedad civil para edificar países menos injustos, más democráticos y soberanos, capaz de decidir por sí mismos sus propios intereses, sin miedo ni ambigüedades. La propia ONU nos advierte que 3.300 millones de personas viven actualmente en países que gastan más en el servicio de la deuda que en educación o sanidad.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra ex miembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas en Ginebra. Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)