Respuesta de la OMC a la inseguridad alimentaria, últimos estertores de la globalización

Eduardo Camin

Los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) examinan las políticas agropecuarias y debatieron sobre la seguridad alimentaria, y analizaron la interconexión entre el comercio agroalimentario, la transferencia de tecnología y la protección del medio ambiente y la resiliencia del sistema agroalimentario.

En una reunión del Comité de Agricultura celebrada los días 27 y 28 de septiembre,  examinaron sus respectivas políticas agropecuarias para asegurar su conformidad con las disciplinas de la OMC. Los participantes intercambiaron opiniones sobre las formas de mejorar la transparencia de las medidas agropecuarias de los miembros y el funcionamiento general del Comité.

En los últimos tres decenios, el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC ha tratado de proporcionar una base sólida para el crecimiento del comercio mundial de alimentos y productos agrícolas. Sin embargo, el comercio mundial de productos agropecuarios sigue estando gravemente distorsionado por los elevados niveles de subvenciones y los obstáculos al mercado.

Hace tiempo que debía haberse actualizado el acuerdo, lo que sigue siendo la misión central de la OMC en la lucha contra la inseguridad alimentaria. En un principio los miembros de la OMC dieron un gran paso adelante cuando acordaron eliminar las subvenciones a la exportación de productos agropecuarios en la Conferencia Ministerial de Nairobi en 2015.

Pero desde entonces,  la mayoría de los países ha tenido dificultades para avanzar en temas pendientes, que van desde la reforma de la ayuda interna a la agricultura hasta el acceso a los mercados, las restricciones a la exportación de alimentos y las necesidades especiales de los países en desarrollo, incluso en esferas como el algodón.

Los miembros recibieron análisis actualizados sobre los mercados y la seguridad alimentaria mundial del Consejo Internacional de Cereales (CIG). En su pronóstico para la producción y el mercado potencial de cereales, como el trigo, el maíz, la soja y el arroz, en 2023-24 el CIG destacó la oferta limitada de trigo y el aumento de los precios del arroz, llamando la atención sobre las recientes medidas restrictivas del comercio que pueden afectar al mercado.

La FAO -Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- informó que 783 millones de personas padecen hambre. El índice de precios del arroz de la FAO aumentó un 9,8 por ciento intermensual en agosto, alcanzando un máximo de 15 años. Mientras tanto, se proyecta que la factura mundial de importación de alimentos alcance los  mil 980 millones de dólarees en 2023.

Destacó como factores clave que contribuyen a la crisis alimentaria, incluidos los conflictos geopolíticos, la recesión económica, los fenómenos climáticos extremos y la creciente desigualdad. Por su parte los miembros acogieron con satisfacción el análisis del mercado de alimentos, sugiriendo formas de mantener los mercados abiertos, aumentar la transparencia y prestar asistencia de emergencia.

Algunos pidieron moderación en el uso de restricciones a la exportación en tiempos de crisis. Otros señalaron la labor realizada por el grupo de trabajo sobre seguridad alimentaria de los países menos adelantados (PMA) y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (PDINPA), haciendo hincapié en la necesidad de una mayor colaboración con las organizaciones internacionales para abordar la cuestión de la inseguridad alimentaria.

La “reglobalización” desintegrada y enfrentada

Los miembros examinaron 26 nuevas cuestiones relativas a las políticas agrícolas, que abarcan el acceso a los mercados, la ayuda interna y la competencia de las exportaciones. Entre esas cuestiones figuraban los programas de apoyo a la agricultura de Australia, el Brasil, el Canadá, la India, México, Nueva Zelandia, Pakistán, Reino Unido y la Unión Europea.

También se abordaron cuestiones específicas sobre las medidas de limitación de las importaciones y las exportaciones presentadas por Malasia, Filipinas, Rusia, Tanzania y los Emiratos Árabes Unidos.  No obstante, el Comité prosiguió los debates sobre estrategias para aumentar la transparencia de las medidas comerciales de los miembros relativas al comercio de productos agropecuarios, en particular racionalizando y simplificando las actuales prescripciones en materia de notificación de subvenciones a la exportación.

El Presidente del Comité de Agricultura propuso varios elementos para su examen, con el fin de crear consenso para un conjunto simplificado de medidas de transparencia en materia de competencia de las exportaciones.

La verdad de esta parafernalia dialéctica sobre la transparencia, es que solo cuatro empresas, Archer-Daniels Midland, Cargill, Bunge y Dreyfus, manejan entre el 70% y el 90 % del comercio mundial de cereal y, ni siquiera, tienen la obligación de revelar lo que saben sobre los mercados globales.

La falta de transparencia en torno a las verdaderas cantidades de grano almacenadas después del comienzo de la guerra de Ucrania ha sido un factor clave que alimentó la especulación en los mercados de alimentos y los precios inflados.  Las corporaciones de agronegocios más grandes del mundo aumentaron sus ganancias en miles de millones de dólares desde 2020, aprovechando la especulación desenfrenada de la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus.

Se sospecha, además, que las próximas crisis climáticas que vivirá el planeta podrían repetir esta dinámica de enriquecer a unas pocas empresas mientras aumenta el hambre. Según la FAO, entre 2019 y 2021 -coincidiendo con la pandemia-, las personas con hambre aumentaron en más de 150 millones.

Según un Informe de Greenpeace International, “las 20 corporaciones analizadas en el periodo 2020-2022 son las más grandes en los sectores de grano, fertilizantes, carne y lácteos y dieron más de 53.000 millones de dólares en ganancias a sus accionistas en los años financieros 2020 y 2021, mientras que la ONU estima que, “con menos, sería suficiente para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo vital a los 230 millones de personas más vulnerables del mundo”.

Esto expresa cómo el Norte global se beneficia, desproporcionadamente, de cualquier crisis a través de los mercados de productos básicos. Llevamos años soportando una enorme transferencia de recursos y riqueza a unas pocas familias ricas que, básicamente, son propietarias del sistema alimentario mundial, en un momento en que la mayoría de la población mundial está luchando por su supervivencia.

Los gobiernos debieran actuar ahora para proteger a las personas de los abusos cometidos por las grandes corporaciones. Se necesitan políticas que regulen y aflojen el control corporativo sobre el sistema alimentario mundial, porque si no las desigualdades actuales solo se profundizarán aún más.

Pero un cambio a un modelo de soberanía alimentaria debe forzosamente transformar de alguna manera el sistema alimentario y agrícola actual y crear un sistema sostenible y resiliente; una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, cuya producción y comercialización sea ecológica, local y de temporada. Es necesario un sistema alimentario colaborativo y socialmente justo, donde las comunidades tengan el control.

Pero ya no alcanzan los zarpazos de ahogado que va dando la OMC en la materia: Las crisis existenciales entre los juegos gramaticales de la semántica de la globalización y la reglobalización, no hace más que adjetivar sus crisis, reformulando la evidente caída de la globalización al surgimiento de un horizonte de nuevos bloques, donde aranceles y subsidios tienen otra lógica, e incluso con base en una nueva divisa.

Les corresponde a los responsables de las políticas cambiar el sistema alimentario mundial y transformarlo en uno que priorice la justicia y la soberanía alimentaria para todo el mundo, en lugar del enriquecimiento de un puñado de poderosas empresas. Ni siquiera es suficiente garantizar la seguridad alimentaria porque, sin soberanía, las personas más vulnerables están en manos de intereses económicos especulativos.

Por eso, es necesario que entre las medidas para lograr este objetivo se incluyan la necesidad de considerar los alimentos un bien común y un derecho humano, y no una simple mercancía, lo que significa abolir el sistema capitalista en el cual se sostiene distorsionando la realidad.

Sin embargo, desde el marco de la OMC, aquellos que defienden a ultranza la financiarización del sistema alimentario mundial argumentan que el capitalismo aporta «eficiencias» como las economías de escala, rutas comerciales mundiales establecidas y el supuesto efecto de fijación de precios del comercio de materias primas, en la mayoría de los casos producidas en el Sur global, pero con precios fijados en el Norte imperial.

Mientras haya personas que pasan hambre, el sistema no deja de ser un fracaso.

*Periodista uruguayo residente en Ginebra, exmiembro de la Asociación de Corresponsales de Prensa de Naciones Unidas (en Ginebra). Analista Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)