Reforma, represión y litio: Las empresas privadas van por todo y el Estado no limita
El pasado 15 de junio, el gobernador Gerardo Morales aprobó de espaldas al pueblo jujeño, con apoyo de lxs constituyentes radicales y del PJ local, una conflictiva reforma de la Constitución provincial. El intento de codificar “reglas de juego” favorables a intereses corporativos a costa de condenar a una situación de extrema precariedad a comunidades indígenas explica que se hayan intentado ignorar las instancias necesarias de consultas libres, previas e informadas a las poblaciones, fundadas en el reconocimiento de los derechos indígenas tales como la preexistencia étnica y cultural.
La aprobación de la reforma constitucional tuvo lugar cuando los docentes jujeños llevaban más de quince días de movilización, reclamando mejores condiciones de trabajo, repitiendo la consigna “arriba los salarios, abajo la reforma” y solidarizándose con los reclamos de las comunidades indígenas. Entre los puntos de discordia que 
desencadenaron la pueblada están: la prohibición de las protestas en las calles; la gestión de los recursos naturales y las tierras fiscales; los derechos y garantías de las comunidades indígenas.
En particular, con la Constitución jujeña reformada, el gobernador Morales se propone diseñar un sendero jurídico-normativo para la explotación y control del litio, el bien común más importante para la provincia y uno de los principales “minerales críticos” en el núcleo de la confrontación geopolítica que desencadenó la transición energética global. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo, qué intereses representa y quiénes se benefician con estas reformas?
El litio en la transición energética global
A partir del conocimiento y las tecnologías vigentes, el litio es parte de la nueva dotación de minerales cruciales para la viabilidad de la transición de la matriz energética global desde los hidrocarburos hacia las energías renovables y limpias. Los organismos de gobernanza global y algunos gurúes de las corporaciones energéticas y mineras caracterizan esta coyuntura como la gran oportunidad de “rejuvenecimiento” de un capitalismo anémico, financierizado, que busca transformar la crisis climática en una oportunidad para nuevos negocios en plena encrucijada de disputa por la hegemonía.
En este contexto, se vuelve hipersensible el llamado “triángulo del litio”, en la región de Atacama, como unidad territorial que abarca el norte de Chile, el sudoeste de Potosí de Bolivia y la puna del noroeste de la Argentina, donde se concentra el 58 % de las reservas mundiales de litio, según la US Geological Survey (2021).
Para dimensionar la importancia de lo que está en juego, digamos que, en el mes de mayo, el litio representó el 19 % de las exportaciones mineras totales a nivel nacional y en los primeros cinco meses del año alcanzó los 369 millones de dólares, que representa un 84 % interanual (El Cronista, 17/06/23).
Según el informe de Exploración Minera en Argentina (junio de 2023, Ministerio de Economía), en la inversión efectiva en la Argentina, en 2020, se destaca la preponderancia del litio, que representa el 45% del total, con una inversión de 98,63 millones de dólares. Le sigue el oro, con 74,51 millones de dólares y, en tercer lugar, el cobre, con 28,4 millones de dólares.
Ahora bien, mientras que los países vecinos han avanzado en la declaración de este mineral como “recurso estratégico” y en el diseño de marcos normativos e institucionales para que sus Estados nacionales puedan disponer del recurso, la Argentina no logra los acuerdos mínimos para integrar al litio a una estrategia nacional que termine con marcos jurídicos y normativos que no sean escandalosamente favorables a las empresas extractivas —en su mayoría extranjeras—, que además hagan posible el acceso de instituciones públicas y empresas locales al litio.
La posición reactiva al Estado nacional de la reforma constitucional de Morales, que enfatiza un nivel de autonomía provincial con rasgos separatistas, es característico de las operaciones corporativas de la derecha conservadora local, que intentan debilitar cualquier posibilidad de diseño de políticas nacionales en sectores estratégicos.
La posición defendida por Morales se propone perpetuar el status quo vigente, que fue expuesto de forma prístina por el “Ejercicio de análisis de políticas preparado para la Oficina de Recursos Energéticos (ERB) del Departamento de Estado de los Estados Unidos” (05/2022, el original en inglés). Allí se plantea “un modelo estratégico para la política de los Estados Unidos sobre minerales críticos”, y donde se presenta un estudio de “las cadenas de suministro de litio en el continente americano”.
Su autor, T. Andrew Sady-Kennedy, estudiante de la Kennedy School de la Universidad de Harvard, sostiene: “De los países latinoamericanos que poseen reservas de litio, la Argentina es el país que opera de forma más abierta a la inversión del sector privado en el mercado. El gobierno federal no ha impuesto ninguna regulación a la inversión extranjera en el sector del litio y permite que el mercado dicte el desarrollo de la industria”.
El informe también agrega: “La mayoría de los proyectos de litio en la Argentina se han abstenido de agregar valor a la cadena de suministros en forma de hidróxido de litio”. Es decir, desde una perspectiva nacional, el peor de los mundos.
En el marco del encuentro de CEO organizado por IDEA y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Morales sostuvo: “Lo del triángulo del litio y que hagamos lo mismo que Bolivia y Chile no lo comparto”. Y agregó:“Chile está retrocediendo y en buena hora así vienen más inversiones a la Argentina. Los bolivianos también. Al tener litio y una industria automotriz, Argentina podría quedarse con la mitad de ese negocio que serían 35.000 millones de dólares al año” (EconoJournal, 23/05/23).
Como contrapunto a esta práctica discursiva recurrente en los últimos años de asociar bienes comunes naturales al 
revoleo de miles de millones de dólares abstractos, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del 25 de Mayo, respondía a este tipo de imaginarios: “Tenemos recursos estratégicos extraordinarios […]. Debemos tener mirada estratégica, que vengan a explotarlo. Pero queremos… por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera hacela acá, ¡si te la estás llevando toda! Y cuando escucho a algunos dirigentes […] ponerse contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio. Y se ponen contentos porque dicen: ‘Ah, bueno, porque les ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para acá’. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no volver a ser Potosí, por favor” (ver acá).
En el mismo evento de IDEA y CAEM, los gobernadores de las provincias litíferas, Jujuy, Catamarca y Salta, se opusieron a la idea de creación de una “OPEP del Litio”, como caso particular de posibles estrategias que podrían fortalecer una posición regional compartida por los tres países frente al poder corporativo.
En los hechos, sin necesidad de modificar el artículo 124 de la Constitución de 1994 —“corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”—, hay un enorme espacio para la convergencia entre los intereses de los Estados provinciales y el Estado nacional para pensar cómo optimizar los beneficios provinciales y nacionales a partir de políticas consensuadas para los sectores estratégicos como la cadena de valor del litio.
Concentración económica: ¿quién controla el recurso?
Actualmente existen alrededor de 38 proyectos avanzados de litio en el país, pero sólo dos están operativos, uno en la provincia de Jujuy y otro en Catamarca. El Salar de Olaroz, en Jujuy, es explotado por Allkem (ex Orocobre, Australia), Toyota (Japón) y la estatal jujeña JEMSE, con un 8,5 % del paquete accionario. En Catamarca, el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto, es explotado por Livent (EEUU).
Ahora bien, el pasado mes de mayo las empresas Allkem y Livent, anunciaron su fusión. Paul Graves, presidente y director ejecutivo de Livent, sostuvo que esperan “desempeñar un papel aún más grande en la aceleración de las políticas de descarbonización”. Y concluyó: “Como una empresa combinada, tendremos la escala mejorada, la gama de productos, la cobertura geográfica y las capacidades de ejecución para satisfacer la demanda de rápido crecimiento de nuestros clientes de productos químicos de litio” (EconoJournal, 10/05/23).
Frente a la nueva empresa que resulta de esta fusión, cotizada en 10.600 millones de dólares, ¿no debería existir una posición clara de la provincia, negociada con —y apoyada por— el Estado nacional? A esto se refiere la noción de “recurso estratégico” o “bien común estratégico”.
El litio es un caso paradigmático del proceso de concentración económica, control de los territorios y apropiación de sus bienes comunes, que sumado al patrón de valorización financiera, extranjerización y retorno del FMI, deja en una posición de extrema debilidad al Estado nacional frente a las grandes empresas, aliadas con los gobiernos centrales y con los organismos de gobernanza global.
A modo de ejemplo, la empresa Livent recomendó al Tesoro de Estados Unidos incluir al litio argentino en los beneficios de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés), para tener un acceso diversificado a las fuentes de este mineral crítico, dado que “el carbonato y el clorhidrato de litio que Livent provee desde la Argentina son minados y extraídos como resultado de inversiones de capital estadounidense” (El Cronista, 22/06/23).
Este escenario entona con el tuit de advertencia de Elon Musk al pueblo de Bolivia, el 25 julio de 2020: “¡Golpearemos a quien queramos! Asúmelo” (“We will coup whoever we want! Deal with it”).
Por su parte, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, mencionó en julio de 2022, apelando al principio ubicuo de “seguridad nacional” de su país, la necesidad de “cuidar” los recursos estratégicos de la región, amenazados por China o Rusia. Además, en una entrevista del Atlantic Council (2023), el pasado 19 de enero, sostuvo que “[…] tuvimos una reunión por Zoom con los embajadores de la Argentina y Chile, y luego, también el vicepresidente de operaciones globales de Albemarle [empresa que opera en Argentina y Chile] para hablar sobre el litio. […] y cómo podemos ayudar, a quién más podemos traer a la mesa para ayudarnos a resolver este problema y eliminar a nuestros adversarios al formar equipo entre nosotros y con otros”.
Desalojos, tierras fiscales, agua
La reforma constitucional aprobada a espaldas del pueblo jujeño es funcional a la consolidación de este contexto. En un breve análisis que no pretende ser exhaustivo, puede verse que el artículo 36, “Derecho a la propiedad privada”, sostiene que se considerará “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley”. Y agrega: “Una ley especial determinará las condiciones para el desalojo”.
El artículo 50, “Derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, es el más cuestionado, porque se habla del “derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias”. Pero las comunidades sostienen que eso ya está garantizado en la Constitución provincial previa a la reforma para cualquier tipo de situación, mientras que en este artículo 50 queda supeditado a lo que considera el gobierno sobre qué cosa merece ser consultada. El mismo artículo sostiene, además, que el “Estado es el encargado de reconocer la personería jurídica de las comunidades”, así como “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
El artículo 74, que se refiere a las tierras fiscales, donde se define la tierra como bien de trabajo y producción, es decir, se establece su uso para fines exclusivamente productivos. Y a continuación, se establece que la “ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales”. Pero hay muchas comunidades que hoy viven sobre tierras fiscales, con su posesión en disputa y en peligro de desalojo.
Finalmente, la reforma dispone un régimen para el agua, así como disposiciones sobre la paz social y “la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas”.
En síntesis, establecidas las condiciones para facilitar los desalojos de comunidades que están en territorios donde hay litio y otros minerales —como tierras raras, que no podemos tratar en este texto—, el resto del andamiaje legal vimos que favorece hasta el escándalo a las corporaciones.
Este escenario va en la dirección opuesta de una concepción de la transición energética como vector de desarrollo social y ambientalmente sostenible, acumulación de capacidades tecnológicas con crecientes grados de autonomía, liderada por un Estado inteligente y orientada a multiplicar la asociatividad público-privada con empresas nacionales.
* Malinovsky es ingeniero eléctricista argentino (UNRC) , maestrando en Gestión de la Energía (UNLa) , miembro del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz. Ambos, investigadores del Observatorio de Ciencia y Tecnología asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico y director del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología ( OECYT). Hurtado es Secretario de Planeamiento y Políticas Públicas de CTI del MINCyT y vicepresidente de CNEA.