Chile despliega militares en su frontera norte para frenar la migración

Cecilia Vergara Mattei

Chile inició esta semana un despliegue militar en puntos críticos de la frontera con Perú y Bolivia, una medida que durará 90 días y busca aumentar el control del ingreso irregular de migrantes que afecta la zona. Cada día, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, cientos de personas, en su mayoría familias venezolanas, esquivan los escasos controles de Colchane para llegar a Iquique y luego dar el salto a Santiago de Chile.

«Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un buen control. Este no es solo un tema de que faltaba la presencia militar, faltaban muchas cosas», señaló la ministra del Interior Carolina Tohá desde la comuna de Colchane, epicentro de la crisis migratoria.

Tohá reclamó que «hay que preguntarse por qué el gobierno del presidente Gabriel Boric se encontró con las aduanas con tan poco equipamiento; con las policías instaladas en la frontera en unas garitas que se sujetan en pie con unos palitos que amarran; por qué nos encontramos con un Servicio de Migrantes recién constituido con una lista de espera de miles de miles de miles de personas».

Y agregó que no se trata sólo de desplegar militares, sino que también falta personal, tecnología, instalaciones y presupuesto. «Chile lleva largo tiempo sin hacer lo que debe hacer para tener un control en las fronteras. Chile, quizás, es el país del mundo con más fronteras. Como somos un país tan largo, tenemos marítimas y montañas».

La presencia de la ministra en el territorio se da en el marco de una reforma constitucional aprobada en enero de este año por ley del Congreso, que autoriza el despliegue de las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica.

Los militares chilenos realizarán controles de identidad y detendrán a aquellas personas que entren o salgan por pasos de frontera no habilitados. Los detenidos serán entregados a la policía local. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, destacó que el despliegue de las fuerzas militares servirá no solo para controlar el ingreso de migrantes, sino también el tráfico y la trata de personas.

La medida se aplicará en zonas críticas de la frontera norte en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, y se suma a otras tomadas en los últimos años para intentar controlar el flujo migratorio del norte. El despliegue de militares en la frontera podrá mantenerse, previo acuerdo con el Congreso, una vez que terminen estos primeros 90 días.

Hace un año, el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera amplió una singular zanja de 600 metros de largo por dos de profundidad -anegada- construida seis años atrás cerca de Colchane. Bandas criminales dedicadas al contrabando y al narcotráfico construyeron puentes para cruzarla, que también fueron usados por migrantes indocumentados.

La derecha y el estado de excepción

Mientras, la derecha presiona para garantizar el involucramiento de los militares en la medida. La senadora Paulina Núñez y el exministro de Defensa, Mario Desbordes, pidieron al Congreso valorar la incorporación de las Fuerzas Armadas al trabajo de control de la migración en la frontera norte del país.

Ambos manifestaron que la presencia castrense por sí misma no frenará el ingreso ilegal de personas y se tendrá que revisar en su momento, toda vez que el gobierno no  debiera descartar un Estado de Excepción Constitucional para el perímetro que represente las zonas más complejas.

Asimismo, plantearon establecer barreras físicas que impidan o al menos compliquen el ingreso por lugares no habilitados; la reconducción a países limítrofes (y repatriación cuando corresponda); y evaluar el trabajo con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) para implementar un campamento para quienes, pese a las medidas implementadas, logren traspasar las fronteras, para evitar que queden ingresados legalmente al país.

Desbordes agregó que “la ciudadanía cree que el despliegue militar va a impedir la migración ilegal y no lo va a hacer, porque hay más de 100 pasos no habilitados para ingresar y porque a las FFAA no se les ha asignado el rol de impedir la inmigración ilegal, sino solo “recibir a las personas que ingresan ilegalmente, tomarlas y reconducirlas”: ellos “no van a impedir que alguien ingrese sin visa, incluso si es por un paso no habilitado y eso hay que corregirlo, o terminarán siendo un parche.”

Asimismo, lamentó que “las FFAA. se han enviado con las manos amarradas porque, pese a lo que dice la ministra Carolina Tohá, por regla general no van a poder revisar ropas, bultos, ni registrar un vehículo y la excepción será hacerlo si el vehículo o la persona hubiere cometido un delito”.  A su juicio, “en la frontera lo razonable sería que sí pudieran revisar como norma general, por cierto respetando los derechos humanos y la dignidad de la persona fiscalizada”.

La senadora Paulina Núñez, en tanto, recordó que “desde el norte llevamos años pidiendo un mayor control en las fronteras, porque ésta no es una cuestión del Gobierno de Boric, de Piñera, o de la presidenta Bachelet.  El gobierno de Chile no  ha sido capaz de entregar mayor protección ni adelantarse a la ola migratoria que venía.”

La senadora por Antofagasta llamó al gobierno a “no seguir jugando con las expectativas de las personas”, recalcando que el espíritu de la ley de infraestructura crítica no era enviar a las FFAA con las manos amarradas ni a revisar solo en casos excepcionales”, y reiteró la importancia de que, previo balance a los 90 días, si esto no da resultado, el gobierno sea capaz de darse cuenta y no descarte un estado de excepción constitucional de emergencia.

La realidad fronteriza

Durante los últimos años, decenas de personas han fallecido intentando ingresar a Chile por rutas clandestinas en el altiplano, una zona inclemente con altas temperaturas en el día y muy bajas por la noche. Estos peligrosos pasos siguen siendo la principal ruta de ingreso irregular a Chile, que pese a la pandemia y el estallido social de 2019, sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América latina por su relativa estabilidad política y económica.

En total hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más del siete por ciento de la población. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. Colchane es una de las comunas más afectadas por la crisis migratoria que atraviesa el norte del país desde el 2020, agudizada a fines de 2021, donde ingresan cerca de 400 personas a diario a través de pasos no habilitados.

El ingreso de migrantes a Chile fue motivo en los últimos años de numerosas protestas. En enero de 2022, una movilización de más de dos mil manifestantes en la ciudad de Iquique terminó con la quema de pertenencias y carpas donde se alojaban estas personas, en su mayoría venezolanas.

*Periodista chilena, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)