Ni las balas apaciguan el estallido social en Perú

Álvaro Verzi Rangel

El paro nacional continúa en diferentes regiones de Perú, con 69 bloqueos viales en todo el país debido a las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso, con reivindicaciones indígenas, campesinas y sociales, desde las zonas de la nación andina más ricas en gas, minería y tierras agrícolas.

En Lima, la capital, bajo la consigna “de esta lucha no nos sacan”, se congregaron miles en la plaza Dos de Mayo, en una protesta que describieron como la más grande y con todas las sangres, en alusión a la participación de varios grupos étnicos y sociales. Por la noche, la policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes.

Mientras, el Congreso impidió hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones, previstas para 2026,  al cerrar una de las rutas para renovar a la presidenta Dina Boluarte y al propio Parlamento, algo que exigen los manifestantes desde hace casi dos meses.

Una serie de necropsias e informes balísticos que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas –no todos eran manifestantes– por armas de uso militar.  Al menos en 30 de los civiles asesinados durante las protestas la causa de la muerte fue el impacto de proyectiles de arma de fuego de carga única, es decir, fusiles o pistolas.

Las leyes peruanas y estándares internacionales prohíben el uso de armas letales y de guerra para controlar las manifestaciones. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda que, cuando se trate de asuntos de control del orden interno, no se incluya a las FF.AA, debido a que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos.

Las clases acomodadas,  antidemócratas y golpistas, nunca reconocieron el triunfo del maestro rural Pedro Castillo y celebraron su destitución por el Congreso sin imaginar el caos social que sobrevino, quizá porque viven en la burbuja limeña, no conocen el país y se alimentan con la información que ellos mismos producen para engañar a la población. No lo han logrado: el 75 por ciento de los peruanos quiere que la presidenta de las matanzas se vaya, al igual que el Congreso.

Porque además de las muertes, los heridos y las detenciones arbitrarias, la economía ha tenido pérdidas de producción, cierre del turismo y daño en infraestructura pública y privada por 625 millones de dólares (0,3% del PBI). Y eso aumenta la endémica crisis social del país.

Los manifestantes exigen la salida de Boluarte, la disolución del Congreso, convocatoria a elecciones generales, cambio de la mesa directiva del Congreso (para evitar que asuma la Presidencia del país el titular del Congreso, el general José Williams – quien encabezó la liberación de 72 rehenes, cautivos durante 126 días tras el asalto de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru a la Embajada de Japón en 1997-) y referéndum constituyente. Y también la liberación de Pedro Castillo.

Una democracia devaluada y secuestrada

Desde el fin del fujimorato, Perú se encuentra inmerso en un remolino político-institucional En las primeras décadas la disfuncionalidad democrática se reflejaba en la impopularidad de los presidentes, que terminaban sus mandatos sin lograr imponer un sucesor.

En los últimos años la espiral se aceleró: cinco presidentes en cinco años y cuatro primeros ministros en los últimos seis meses. Si bien su economía es considerada como la más dinámica de América Latina, el crecimiento se ha concentrado en unas pocas actividades (minería en manos trasnacionales, sobre todo) y que no se ha visto reflejado en una mejora de los niveles de igualdad (sí de pobreza) ni en la construcción de servicios públicos decentes

El malestar social no suele ser resultado de la simple recesión económica sino de procesos de modernización mal gestionados, que no logran (o no les interesa) incluir en ellos a la mayoría de la sociedad, que es lo que sucede en Perú .

El proceso de privatización y desposesión de los bienes públicos, iniciado en la década de los noventa significo, primero, el cierre por extinción de las firmas peruanas y luego, por liquidación, la cesión a terceros de los activos de esas empresas y actividades económicas.

Luego, el proceso iniciado con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 se extiende a la compraventa de los grandes circuitos de producción y consumo, la energía, la construcción, la pesca, la industria y la minería, el turismo y el agro. Estas redes funcionaban articuladas por empresas estatales a las que se le despojó de capacidades y medios regulatorios como fuera el caso de la energía- Y se le sustituyó por los tableros de planeamiento estratégico de los conglomerados no públicos.

La persistencia del modelo neoliberal instaurado por Alberto Fujimori es clave para explicar la inestabilidad política peruana. Aunque la coalición de izquierda que lideraba Pedro Castillo fracasó, el intento del actual gobierno de recrear una alianza conservadora al estilo de los 90 está en jaque por las inéditas movilizaciones sociales que ya cobraron más de 60 asesinados.

La movilización popular

Las masivas movilizaciones hacia Lima son solventadas con aportes de comuneros y de las pequeñas y medianas empresas regionales. En Lima, se organizan donaciones voluntarias de dinero, alimentos, medicinas, colchonetas para albergar a los manifestantes.

Los escasos recursos son administrados por delegados de las diferentes comunidades, algunos de los cuales han sido detenidos portando desgastadas mochilas con exiguos recursos y la lista de las personas a quienes debían entregar modestas cantidades de dinero para su manutención. La fiscalía los acusa, sin prueba, de que los orígenes de ese dinero son ilegítimos.

Dina Boluarte ha señalado en reiteradas oportunidades, acompañada por una orquesta de medios de comunicación y por la derecha, que los manifestantes están organizados por grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal, remanentes de Sendero Luminoso y activistas políticos de la vecina Bolivia, pese a que en una entrevista con el New York Times, la canciller Ana Cecilia Gervasi, reconoció que todavía no cuentan con pruebas de que las protestas hayan sido financiadas o promovidas por estos grupos.

Es evidente que Boluarte sigue el mismo libreto que usaron Lenin Moreno, Iván Duque y Sebastián Piñera cuando en 2019 tuvieron lugar masivas protestas sociales en sus países: había que atribuirlas a un agente externo y no al profundo malestar interno. Los medios de comunicación hegemónicos.

También entonces, repetían el mismo libreto: las protestas sociales en esos países revestían el mismo patrón y que las brisas del régimen bolivariano y el régimen cubano traían violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos constitucionales.

En una versión actualizada del viejo libreto made in USA, Dina Boluarte apuntó al expresidente boliviano Evo Morales y señaló que las balas con las que se ha asesinado a ciudadanos peruanos provienen del extranjero – en referencia a Bolivia-, aunque se ha comprobado que provinieron de la Policía nacional.

De poco le sirvió Boluarte decir en la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Perú ve con suma preocupación que en la región “se vienen produciendo una serie de sucesos promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a los procesos políticos institucionales democráticos”.

Siguiendo el guión preparado por la embajada de EEUU en Lima resaltó a la OEA como el foro político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia, tras las fuertes críticas que recibió de varios presidentes en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC.), organismo de integración donde no participan ni Estados Unidos ni Canadá.

El Nuncio Apostólico Paolo Rocco Gualtieri, colocó a la inequidad como núcleo de la crisis, descolocando al gobierno. Mientras “una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias (…) Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos estos días”, señaló.

Rocco fue más allá y advirtió sobre la necesidad de intervenir sobre las causas que la generan y neutralizarla haciendo prevalecer siempre la fuerza de la ley, nunca la ley de la fuerza.

*Sociólogo, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y analista seniordel Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)