Toma de Lima contra la política genocida de la derecha y Dina Boluarte
Mariana Álvarez Orellana
Miles de peruanos se movilizan hacia Lima, para la “Marcha de los 4 suyos”. Han salido de sus comunidades de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa, motivados por el medio centenares de compatriotas asesinados por la represión policial, y su exigencia es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales y una nueva Constitución Política.
En sus regiones son despedidos -en medio de aplausos y lágrimas- por sus familiares y amigos quienes se han organizado para proveerlos de alimentos y otras necesidades, mientras dure esta protesta.
La sanguinaria Boluarte lleva días sin pronunciar palabra. Un silencio que además de una declaración de cobardía y de incapacidad para continuar en el cargo, evidencia que su gobierno siempre fue insostenible y no solo por medio centenar de muertos sino porque eligió gobernar con los perdedores de 2021 y cedió todo a los destituyentes y genocidas de la ultraderecha porque les debe la banda presidencial.
Esta situación precaria explica que la vocación incendiaria del primer ministro Otarola en su última rueda de prensa. No solo no reconoce nada sino que ratifica que Dina Boluarte no va a renunciar. Lo que realmente hizo fue reconocer que el tema está en discusión.
Lo que hay que asumir es que se trata de un cogobierno entre las Fuerzas Armadas, la ultraderecha en el Congreso, el poder mediático y el poder económico, además del sostén que supone la participación de Estados Unidos en toda esta arquitectura que busca sostener a Boluarte o lo que ella ha logrado justificar: el golpe que ganó, el golpe de las élites, señala Laura Arroyo.
“Este gobierno sólo puede sostenerse con las balas y eso quiere decir que no puede ser democrático, que no es legítimo y que definitivamente no se sostiene un día más”, añade.
Destruir los pueblos originarios
Pero no se trata sólo del pésimo gobierno Boluarte, sino del proyecto que la ultraderecha quiere imponer para facilitar el genocidio de los pueblos originarios, despojarlos de sus tierras para entregarlas a empresas nacionales, y sobre todo trasnacionales, para la explotación de sus riquezas, desde la forestal a la minera y energética.
El Proyecto de Ley 03518-2022-CR presentado por el congresista fujimorista Jorge Alberto Morante Figari y que está a punto de aprobarse en el Congreso, pretende modificar la Ley 28736, sobre los Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) es, para las organizaciones indígenas y los expertos, un proyecto de ley genocida.
Tres expertos señalan que “lo más grotesco de este proyecto de ley, y que evidencia una grave amenaza a los derechos de estos pueblos, es la incorporación de una cuarta y quinta disposición final, que busca no solo revisar las reservas ya creadas para extinguirlas, sino que dispone la suspensión de cualquier trámite vigente para proteger a los PIACI, como si uno pudiera decidir quién vive, y quién no”.
Para la antropóloga Beatriz Huertas Castillo, la mayor estudiosa de estos pueblos en el Perú, “el proyecto de ley señalado expresa un retroceso de un siglo en cuestión de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y nos trasladaría a una situación de barbarie generada por el propio poder legislativo”. 
El apuro de quienes se apoderaron el poder se explica: la debilidad está cercando a la dictadura y crece el espanto y la indignación popular. El cerco mediático, impuesto desde los medios hegemónicos y empresariales, también se va rompiendo, desplazando el eje de discusión hacia las únicas vías para iniciar un diálogo, la renuncia de la presidenta, del titular del Congreso general José Williams y el llamado a elecciones.
Este lunes, el Congreso de Perú aprobó la eliminación del controvertido voto de confianza al gabinete de ministros, pero al no alcanzar los votos reglamentarios, esta deberá ser ratificada mediante referéndum. Con esta iniciativa, se busca reformar la Constitución, a fin de suprimir la obligatoriedad que tiene cada gabinete ministerial de solicitar el voto de confianza ante el Legislativo, al ser presentado.
Una protesta unitaria y generalizada
Van 42 días del gobierno de Boluarte desde cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido, y medio centenar de muertos por disparos de las fuerzas de seguridad en la represión contra las protestas antigubernamentales. La cifra incluye a un policía que murió golpeado y quemado por una turba después de que la policía mató a 18 personas durante la protesta en la ciudad andina de Juliaca, y siete pobladores fallecieron por no poder llegar a un centro de salud o por accidentes por los bloqueos de vías.
Dolor y la indignación. Las calles de poblaciones andinas, como las de Juliaca y Ayacucho, donde las fuerzas de seguridad han asesinado a 18 y 10 pobladores, respectivamente, han sido colmadas por masivos cortejos fúnebres para despedir a sus muertos, al grito de “Dina, asesina, el pueblo te repudia”.
Las cifras del horror incluyen más de 600 heridos, buena parte por disparos. La cruenta represión, el estado de emergencia, las detenciones, las acusaciones de terroristas contra los manifestantes y la campaña desde el gobierno, el Congreso y los medios para criminalizarlos, no detienen las masivas protestas que exigen la renuncia de Boluarte.
El sacerdote argentino Luis Humberto Bejar participó en la multitudinaria despedida a los 18 muertos de Juliaca en la plaza principal de la ciudad. Fue su última actividad pública en Juliaca después de más de 25 años de sacerdocio en esta ciudad andina. La Iglesia católica le ha ordenado dejar su parroquia por apoyar las protestas que exigen la renuncia de Boluarte y calificar de asesinatos las muertes causadas por las fuerzas de seguridad.
Las protestas se intensificaron en el sur andino –la zona más pobre y discriminada, y también la más identificada con el destituido y encarcelado expresidente Pedro Castillo–donde son masivas y han paralizado la región, pero ya se van extendiendo al resto del país al punto que se ha llamado a un paro indefinido en varias regiones. Los bloqueos de vías llegaron al norte: la carretera Panamericana Norte fue bloqueada en La Libertad, a unos 500 kilómetros de Lima. Regiones amazónicas también se sumaron a las protestas.
En su afán de desacreditar y criminalizar las protestas, Boluarte ha dicho que desde Bolivia han ingresado fusiles y municiones para los manifestantes. Acusa de ese supuesto contrabando de armas a la organización boliviana los Ponchos Rojos y lo relaciona con el ex presidente Evo Morales. Una grave acusación lanzada sin presentar una sola prueba, pero repetida con amplitud por los medios.
Las evidencias dejan sin piso esta afirmación de la presidenta. Las necropsias a los 18 muertos en Juliaca encontraron proyectiles de armamento utilizado por la policía, en seis casos de fusiles AKM-47, dos por escopetas de perdigones y uno por un disparo de pistola. Hay videos que muestran a policías y militares disparando contra los manifestantes, en Juliaca y otros lugares.
La toma de Lima
Pobladores de las 128 comunidades campesinas salieron de Andahuaylas, región de Apurímac para manifestar su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y defender su plataforma de lucha. Las organizaciones comunales que ya se encuentran en Lima, son las de Huancabamba, Cheqche, Chucaraylla, San Antonio de Cachi y Quishuará..
Una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señala que el gobierno tiene 71 por ciento de rechazo y solamente 19 por ciento de aprobación. El Congreso que la respalda y contra el que también se protesta, tiene un rechazo de 88 por ciento y solamente 9 por ciento de aceptación.
* Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.