Un plan argentino simple: Cumplir a rajatabla con el FMI y no investigar la deuda y la fuga

Horacio Rovelli

Los representantes o lobistas de los empresarios, y los economistas pagados por ellos, tienen una receta fácil y única: “Eliminar la brecha cambiaria (sin importarles cómo afecta al poder adquisitivo del salario), disminuir el déficit fiscal, restringir la creación de dinero y controlar la suba de precios”.

Y agregan, con la sencillez del mentiroso: “El problema de la Argentina es que gastamos por encima de nuestras posibilidades, y esa diferencia la financiamos con emisión monetaria. Si gastáramos sólo lo que permiten los ingresos, no tendríamos que emitir y la inflación sería menor”. Sin meditar las contradicciones entre los objetivos propuestos, hablan y escriben con la fe del converso. Les cabe la definición que Shakespeare le hace decir a Hamlet: “Nada tiene más bella apariencia que la falsedad”.

Estos prebendarios del capital no se preguntan cuál es la causa principal del déficit fiscal, que no es otra que la hipoteca de la deuda externa, la que a su vez generó una deuda interna, en pesos, pero en su mayoría ajustable por inflación o por dólar oficial (Bonos Dual). Tampoco, y es lo más importante, se preguntan cómo se generó la deuda externa e interna, quiénes se beneficiaron con ella y quiénes son los que le prestan al sector público argentino y bajo qué condiciones.

La respuesta es siempre la misma: el silencio. De eso no se habla, y así sucede por la plata que ponen en los grandes medios y en los partidos políticos del sistema. Además se los permiten las normas vigentes de secreto blindado que emanan de tres leyes de tres dictaduras: Secreto Fiscal, Secreto Bursátil y Secreto Financiero. Ese secreto es el medio que tienen para que no se los investigue.

Este medio tuvo la dignidad de dar a conocer las 100 primeras empresas compradoras de divisas durante la gestión de Cambiemos del 17 de diciembre de 2015 al 27 de octubre de 2019, que lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Ninguna puede justificar en sus Memorias y Balances de dónde sacaron los pesos para comprar los dólares.

Las dos mayores compradoras son Telefónica de Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía S.A. con 903,9 millones de dólares. En ambas tiene participación accionaria BlackRock. Se suman a la lista Monsanto Argentina S.A.; el Grupo Clarín con DirecTV Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A.; el Grupo Techint con Siderar S.A., Transportadora de Gas del Norte y Tecpetrol S.A.; Hidrovía Paraná S.A.; Aceitera General Deheza; el Grupo Arcor de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza, Escasany y BlackRock; y el Banco HSBC; entre otras.

La AFIP debería investigar los movimientos bancarios, tanto los que tienen que ver con la compra de divisas probando el origen de los fondos como los relacionados con las transferencias bancarias en dólares y su destino. Asimismo, la AFIP debería fiscalizar los saldos contables en dólares al final de cada ejercicio y verificar en qué cuentas bancarias –nacionales y/o offshore– estaban esas tenencias.

Igual sucede con las personas, ya que 100 individuos compraron 822,6 millones de dólares. Entre ellos se encuentra Néstor Ick de Santiago del Estero, que compró 29 millones de dólares; el tucumano Emilio Luque, que compró 17,8 millones de dólares; también los Eskenazi de YPF y del Grupo Petersen; Claudio Belocopitt del Swiss Medical; los Werthein, socios de BlackRock en Pampa Energía; y Mauricio Filiberti, socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor S.A. Sin embargo, no se constata si en sus declaraciones juradas de impuestos contabilizan esas compras.

 Caso testigo

Seguramente, el caso de Emilio Luque no es la excepción. Se trata de un empresario de Tucumán que en octubre de 2019 provocó la quiebra de su cadena de supermercados (Casa Luque) en la provincia, dejando en la calle a 1.200 familias. Además, tiene un embargo de la AFIP por una deuda impositiva de 200 millones de pesos.

Todo ese proceso fraudulento de cierre y despidos masivos lo llevó a cabo evitando declarar la quiebra durante largos meses, en los cuales suspendió el pago de los salarios para que, ahogados por las necesidades, los trabajadores aceptaran su oferta de retiros voluntarios e indemnizaciones al 60% del valor que le hubiera correspondido, que encima pagó en 13 (trece) cuotas.

Paralelamente, en 2016, Luque adquirió a la empresa Atanor los Ingenios Concepción y Marapa, con sus 3.400 hectáreas de caña, por 200 millones de dólares. De esta manera se convirtió en el productor azucarero más importante de la provincia. Por lo que no se entiende por qué el fisco nacional, y también el provincial, no auditan sus cuentas para saber cómo fue que generó esos 200 millones de dólares.

Y para explicar cómo compró para sí 17.802.944 dólares durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri –tal como informó Horacio Verbitsky en su nota “Ahora, las personas” del 31 de mayo de 2020–, cuando no paga impuestos por esa suma, tiene deudas con la AFIP y se infiere que además las tiene con la Dirección General de Renta de la Provincia.

 Guaridas y secretos

No solamente los ampara el secreto fiscal, bursátil y financiero, sino que, tienen fácil acceso bancario a las guaridas fiscales, como señala el profesor Mario Rapoport: “Las guaridas fiscales están en todo el mundo. En Inglaterra, empezando por la misma Londres y en islas que dependen del Reino, como las Bermudas y las Vírgenes. En el corazón de Europa están en Luxemburgo, Mónaco, Andorra junto a Irlanda, y en los Estados Unidos, en Delaware”.

El FMI y un economista norteamericano, James Henry, estiman que cerca de un tercio de la riqueza privada mundial está oculta en el sistema global de guaridas fiscales. En el caso de la Argentina, según estima el INDEC en su publicación Inversión Internacional Argentina, la suma es de 419.558 millones de dólares (un PIB argentino).

Contamos esta historia porque, amparándose en los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de Entidades Financieras de 1977, el Banco Central de la República Argentina –que realizó el Informe “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”– no dice quiénes eran esas personas y empresas, en una interpretación muy particular del secreto bancario. Tan particular, que es un secreto para que la población no sepa quiénes fueron los beneficiados por la política macrista. Sin embargo, cuando hay que pagar esa deuda, el que la paga es el pueblo argentino.

La ley 21.526 rige porque la Corte alfonsinista sólo atinó a decir que la validez de los actos legislativos de la dictadura estaba supeditada tan sólo al reconocimiento explícito o implícito del gobierno constitucional que lo sucediera. En tanto, la Corte menemista fue un paso más allá y alegó que poner en cuestionamiento las miles de normas emanadas de gobiernos de facto ponía en riesgo la seguridad jurídica (dictamen de Rodolfo Barra). No obstante, en ese mismo artículo 39 de la ley 21.526 se afirma que exceptúan de tal deber (guardar el secreto) los informes que requieran:

1. Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
2. El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de sus funciones;
3. Los organismos recaudadores de impuestos nacionales, provinciales o municipales.

Posteriormente, la ley 27.275 de 2016, denominada de “Derecho de Acceso a la Información Pública”, dice en su artículo 1°: “Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Con la excepción dispuesta en su artículo 8º, inciso “b”: “Información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario”.

¿Cuál es la interpretación que hacen el BCRA, la AFIP y la Justicia de las leyes, que se debe guardar en secreto de dónde extrajo los fondos Emilio Luque, quien no trepida en dejar a 1.200 trabajadores sin sus puestos, que no paga los aportes y los impuestos a la AFIP y a la Dirección General de Rentas y que, seguramente, percibe créditos de bancos oficiales?

¿Cuál es la información que puede poner en peligro el sistema financiero y cambiario que posibilitó el obrar de Emilio Luque? No hay secretos ni para los jueces, ni para el BCRA, ni para la AFIP. Por ende, cada una de esas instituciones, en forma separada y conjunta, deberían llamarlo a Luque y exigirle que transparente sus cuentas y que pague al erario público las contribuciones que le corresponden.

Eso sí, cuando se quiere investigar a los pobres, todo es muy diferente. El miércoles pasado, el juez Julián Ercolini decidió rápidamente levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, tras un pedido de la ministra Victoria Tolosa Paz. La titular de la cartera de Desarrollo Social lo fundamentó en que “de esta manera podremos detectar posibles incompatibilidades y liquidar correctamente la transferencia de ingresos del mes de noviembre.

Nuestra misión es seguir fortaleciendo el programa y construir un padrón donde la validación de identidad también sea un paso más en la consolidación y la transparencia de la política social. Esa información, el Ministerio la necesita para analizar cada caso y dar de baja a quien no cumpla con los requisitos de forma inmediata”.

Cada plan percibe la mitad de un salario mínimo, vital y móvil, que para noviembre fue de $61.953, por ende, le corresponde a cada plan $30.976,5 por mes en contraprestación de tareas comunitarias. Está bien que se revise, pero antes, por su magnitud, se debe levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero de Telefónica Argentina S.A. y de Emilio Salvador Luque, por ejemplo.

La Vicepresidenta de la Nación, en su alegato del 28 de noviembre pasado en defensa de su gestión en el llamado Caso Vialidad, afirmó: “Quienes trajeron al FMI y 45.000 millones de dólares (que no sabemos dónde están) no tienen ningún problema, están en Qatar mirando el Mundial. Esta es la Argentina”. Aseguró que “los fiscales de la causa van a tener que justificar desde persecuciones y de omisiones frente al latrocinio que significó el préstamo del FMI, el endeudamiento salvaje del gobierno y tantas otras cosas denunciadas en los tribunales, pero que no avanzan, van a tener que responder”.

El martes 6 de diciembre, en caso de ser condenada, la Vicepresidenta no irá presa porque la sentencia recién se ejecuta cuando el fallo esté firme, es decir, cuando lo ratifique la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene plazos explícitos para realizarlo. Esto implica una espada de Damocles sobre su persona, máxime en un año electoral en el que ella es la candidata mejor perfilada del campo nacional y popular.

 Cierre fiscal 2022 y perspectivas para 2023

El alto costo de endeudamiento en pesos está posibilitado por el canje por bonos dual (que se ajustan por inflación o por dólar oficial, a gusto de su poseedor) por 1,7 billones en este 2022, que a su vez vencen entre los meses de junio y septiembre de 2023. A ellos deben sumarse los títulos públicos de corto plazo que ya vencían el año que viene, conformando un total de $10 billones.

El pago de los intereses de la deuda externa (en divisas) que la Secretaría de Hacienda estima este año es $1,1 billones. Para 2023, los vencimientos de los intereses de la deuda externa –que según la Ley de Presupuesto 2023 es en divisas, pero se presupuestan en pesos– al tipo de cambio de $269,90 suman $2,9 billones.

Repetir el mismo mecanismo de septiembre de 2022, que endeuda a la Administración Nacional, les permite a 44.000 productores más los acopiadores y comercializadores vender la soja retenida por 8.123 millones de dólares. El BCRA se los cambió al precio oficial de $150, pero los $50 de diferencia constituyen un título de deuda del Tesoro de la Nación en el BCRA por $406.500 millones ($50 x U$S 8.123 millones).

Desde el 28 de noviembre hasta el último día hábil de este año, el acuerdo es por 3.500 millones de dólares. El Tesoro de la Nación debe colocar otro título por $210.000 millones. (se les paga $230 por dólar, cuando la paridad oficial es $170; $60 de diferencia por 3.500 millones de dólares). Con estos números se cierra el año fiscal cumpliendo con lo acordado por el FMI, con reservas de libre disponibilidad por 5.500 millones de dólares (se suman a las existentes los 3.500 millones de dólares que ingresan por la soja). El déficit primario, merced al fuerte ajuste fiscal (el gasto público aumentó en los 10 primeros meses del año un 72,4%, contra una inflación de 88% interanual) va a ser del 2,5%, y lo garantizan con el ingreso extra de las retenciones a la soja del 30% neta sobre los 3.500 millones de dólares, convertido a pesos.

Finalmente, desde agosto de 2022, el BCRA dejó de financiar al Tesoro (es más, le devolvió $10.000 millones). En consecuencia, cumple la meta de financiar sólo hasta el 1% del PIB al Tesoro de la Nación. El 2023 se presenta mucho más complicado. Un factor es que el gobierno cambió el proyecto de renta extraordinaria por pagar adelantado el impuesto a las ganancias. Parte de lo que ingresa en 2022 es a cuenta de 2023.

Tiene como carta a jugar:

• La conversión de una parte del swap (intercambio de monedas) con China por el equivalente a 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad.
• La aspiración de conseguir una línea de financiamiento o swap con Brasil para el comercio bilateral por un monto de 8.000 a 10.000 millones de dólares. Esta posibilidad se abriría a partir de la tercera presidencia de Lula da Silva.
• El cumplimiento del acuerdo con el FMI permite el desembolso de las partidas acordadas:

En síntesis, el plan funciona, no exento de riesgos, si se cumple a rajatabla con el FMI. El costo principal es no investigar la deuda y la fuga, con todo lo que eso significa.

* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).