Petro va por una reforma radical de la fuerza pública y el fin de la impunidad

Camilo Rengifo Marín

La crisis de legitimidad de la Fuerza Pública es una prioridad dentro del programa de gobierno del presidente electo Gustavo Petro, quien eligió como ministro de Defensa de su próximo gobierno a Iván Velázquez, un fiscal anticorrupción, que destapó la parapolítica en Colombia e investigó el Cartel de Medellín, y ha vigilado antes a las Fuerzas Armadas y también las ha criticado recientemente.

Con este nombramiento, Petro tocó la fibra más sensible del uribismo y golpea a las Fuerzas Militares, que ya se sentían lastimadas porque un exguerrillero, a quien han visto como enemigo, es su nuevo comandante. Por primera vez, la izquierda tendrá autoridad sobre las Fuerzas Armadas y lo hará con el hombre que investigó las alianzas de empresarios, políticos y militares con los grupos paramilitares, con un civil, ajeno a la milicia.

Los últimos cuatro años, bajo la presidencia de Iván Duque, el “delfín” del expresidente Álvaro Uribe, los militares protagonizaron incontables episodios de abusos y violación sistemática a los derechos humanos y también de hostilidad hacia Venezuela, su vecino del norte. Para los analistas, la elección de Velásquez envía un mensaje claro: no habrá más impunidad en las filas militares.

“Un gobierno para la paz no puede generar venganzas ni promover odios, pero tampoco proteger impunidades. No puede perseguir, pero tampoco encubrir. Así debe ser la magnanimidad del gobernante”, tuiteó el titular de Defensa, que asumirá el 7 de agosto.

Una evidencia de esta problemáticva se vio en mayo último, cuando el paro armado del Clan del Golfo demostró la incapacidad de la Fuerza Pública de reaccionar y generar confianza en las zonas tradicionalmente dominadas por este grupo narcoparamilitar. Los vínculos del Clan con altos oficiales de la Fuerzas Militares, como Leonardo Barrero, que es acusado de haber colaborado con “Matamba”, uno de los cabecillas más importantes del Clan del Golfo, corroboran la evidencia.

El anuncio coincidió con la imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad a 22 miembros del Ejército, un agente de inteligencia y dos civiles por los llamados «falsos positivos» en el departamento de Casanare, donde 303 personas inocentes fueron asesinadas y presentadas falsamente como guerrilleros, por parte de la justicia que investiga el conflicto armado en Colombia

Con la designación del próximo ministro de Defensa, Petro deja en claro que su prioridad no será la de negociar con los sectores que han auspiciado y/o soportado la violencia institucional en las últimas seis décadas –tanto civiles como castrenses y policiales- sino que pondrá en marcha una reforma de raíz a las fuerzas armadas.

Velázque es un hombre de total confianza de Petro, cuando desde el Congreso y la Unidad Especial de la Corte Suprema sobre parapolítica, trabajaron juntos para investigar los vínculos entre políticos y paramilitares: Petro desde el Congreso y Velásquez como coordinador de la unidad especial de la Corte Suprema sobre parapolítica.

Tras la segunda vuelta electoral Petro tendió puentes con sectores de militares y policías retirados en medio de su estrategia de un Acuerdo Nacional, quines le propusieron un exuniformado para el ministerio: el sargento retirado del Ejército  y exsecretario de Paz de Cali, Danis Renteria, candidato de Veteranos por Colombia, la asociación de exmilitares que se acercó a Petro desde la campaña. Por eso, la designación de  Velázquez tomó por sorpresa incluso a los aliados del nuevo presidente-

La investigación de Velásquez, a la que Petro aportó desde sus denuncias en el Congreso, llevó a la condena de más de 60 políticos, entre ellos el primo del genocida expresidente Álvaro Uribe, Mario Uribe. Velázquez es considerado enemigo declarado del uribismo. Desde la derecha uribista, consideran el nombramiento como un desafío a la oposición y una ausencia de garantías democráticas. “Darle el ministerio de Defensa a un antiuribista pone en peligro nuestras vidas”, dijo la senadora Paloma Valencia.

El presidente del Senado Roy Barreras señaló que “la maldición del narcotráfico ha penetrado el tejido social colombiano, el Congreso y también en no pocas ocasiones a las fuerzas militares y armadas en el pasado y en el reciente pasado. Un ministro de defensa impecable, jurista, defensor de DDHH responde a la tradición civilista”, dijo.

Con este nombramiento, Petro había señalado que ésta sería su línea y siguiéndola nombró como coordinador del sector defensa al general retirado de la Policía William Salamanca, quien como director de la Inspección General de esa institución investigó por tráfico de influencias al primer comandante de la Policía de Iván Duque, el general Óscar Atehortúa, quien sigue en juicio.

Salamanca considera que el nuevo ministro de Defensa podría aportar en la línea de lucha contra la corrupción. “Las fuerzas armadas no son la excepción (a la corrupción). Infortunadamente algunos de sus miembros se desvían del camino de la ética y la moral. Se tiene que actuar para entrar en defensa de la trayectoria, la historia y lograr mayor credibilidad de las fuerzas”, le dijo a La Silla Vacía.

*Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)