Huelgas y protestas por una vida digna sacuden a Panamá

Victoria Korn

La promesa del presidente panameño Laurentino Cortizo, de congelar los precios del combustible, no fue suficiente y continúan tras diez días los cierres de vías y manifestaciones en casi todas las provincias del país, en protesta no solo por el alto precio del combustible, sino por el alza en el costo de la vida y por el manejo corrupto del gobierno de los recursos del Estado.

Después de 10 días de protestas, siguen el paro educativo, múltiples vías cerradas y descontento generalizado por el alto costo de la vida, del precio de los combustibles y de los medicamentos, el despilfarro en los distintos órganos del Estado y la corrupción

Las organizaciones sociales exigen el ‘derecho a una vida digna’ ante la crisis económica. Un mar de banderas llenó el centro de la capital este martes en medio de una amplia movilización nacional. Una imagen que se reprodujo de diferentes formas y en simultáneo por casi todas las provincias del país.

Las manifestaciones surgen cuando se cumplen tres años del gobierno de Laurentino Cortizo quien implementa una política de descargar la crisis sobre el pueblo panameño que junto con los empresarios se aprovecharon de la pandemia para dejar a miles de trabajadores en la calle con los despidos. Mientras, los empresarios suben cada día los precios de los alimentos, medicamentos y los servicios básicos.

La larga jornada de protestas a lo largo del país continúa pese a los anuncios del presidente Cortizo de congelar el precio del combustible para autos particulares a 3.95 dólares el galón y la inclusión de 10 productos de la canasta básica bajo control de precios, que anteriormente su administración había retirado de los precios regulados, pero sin atender el alto costo de los medicamentos, pese a ser una de las principales demandas entre los movimientos sociales.

Pese al plan de austeridad: las protestas siguen

El llamado “plan de austeridad” anunciado incluye 10 puntos: reducción del 10% de la planilla estatal (sin especificar si ese porcentaje es en número de funcionarios o en salarios); un programa de retiro voluntario de servidores del sector público; la suspensión de aumentos salariales, salvo los establecidos por ley; la restricción de asignaciones de nuevos teléfonos celulares.

Asimismo incluye la prohibición de efectuar viajes para asistir a congresos, pasantías o invitaciones, excepto cuando se trate de la representación formal del país o como miembro de una organización de carácter internacional. En este punto, el gobierno prometió que “solo se autorizarán viajes al exterior para misiones oficiales.

Las medidas también contemplan que ningún ministro, viceministro, director o subdirector de una entidad del Ejecutivo podrá viajar al exterior acompañado por personal de protocolo o equipo de prensa, salvo que la naturaleza de la misión oficial lo requiera. Asimismo, que ningún vehículo oficial podrá cargar combustible los viernes, y que los funcionarios miembros de juntas directivas no cobrarán dietas ni viáticos.

Los diez puntos, que en realidad apenas reconocen las denuncias de los movimientos sociales, no los satgisafcen. Tanto la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo) como la Alianza Pueblo Unido -ambas coordinaciones nacionales que aglutinan diversos grupos magisteriales, estudiantiles, sindicales, indígenas, cívicos y comunales- confirmaron que las protestas continuarán.

País paralizado

Los cortes de carreteras se intesnificaron en Santiago, La Villa de Los Santos, Aguadulce, Penonomé, la capital, La Chorrera, Changuinola y Chiriquí y adquirieron más fuerza cuando los movimientos indígenas agrupados en la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá se sumaron a las protestas cerrando carreteras en lugares como San Juan, Tolé, Viguí, San Félix, Ojo de Agua y Escudo, paralizando por completo el transporte hacia y desde la provincia de Chiriquí

La huelga nacional docente se decretó por 72 horas, pero fue declarada como indefinida después de una fallida reunión entre los dirigentes magisteriales y la ministra de Educación, Maruja Gorday. La protesta fue tomando fuerza en las calles de casi todo el país, sumándose estudiantes, indígenas, obreros se aglutinanaron en la Alianza Pueblo Unido por la Vida y la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), que ya en mayo había presentado un pliego de 32 peticiones al Ejecutivo.

Hay descontento, hay rabia en el pueblo panameño tras 10 días de crecientes protestas en todo el país y una huelga docente indefinida contra los precios galopantes del combustible y la canasta básica familiar y contra las políticas antiobreras del gobierno neoliberal de Laurentino Cortizo, y el rechazo popular a las políticas de ajuste que de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI) que viene aplicando el gobierno.

El miércoles se sumó el poderoso sindicato panameño de la construcción Suntracs con una «huelga de advertencia» de 24 horas. Los trabajadores del sector de la construcción, han demostrado ser punta de lanza frente a los distintos ataques del anterior gobierno de Juan Carlos Varela y su sucesor Laurentino Cortizo, de allí la importancia de la convocatoria a esta huelga.

En las manifestaciones se escuchan cánticos contra lo que se considera abusos del poder y las muestras de opulencia de los parlamentarios mientras gran parte de la población perdió sus empleos por la pandemia.

Por su parte las cámaras empresariales como la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede), han exigido al Gobierno que reprima las protestas que viven el país, aduciendo que los cierres de carreteras como la Interamericana, que cruza el país y lo conecta con Centroamérica, les “han causado pérdidas millonarias”, cuando son ellos los causantes de la protesta con los aumentos indiscriminados de los productos básicos y la ola de despidos quienes vienen golpeando a los trabajadores.

Mientras, la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) que las protestas han causado que turistas nacionales e internacionales hayan tenido que posponer sus planes, limitando la entrada de divisas a la economía del país. Apatel señaló que esto agrava la desocupación hotelera que desde hace años afecta el sector turístico en el país y representa “un daño a la imagen internacional de Panamá”.

*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe,  asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)