Ecuador: un estado de excepción que no frena la lucha social

Edgar Isch L.

Pasaron cinco días de las acciones de protesta y propuesta convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) junto a más organizaciones de los pueblos, trabajadores y sectores urbanos, para que el gobierno traduzca su discurso de odio en un Decreto del Estado de Excepción y la movilización de las Fuerzas Armadas en tres provincias: Imbabura, Pichincha y Cotopaxi.

Todas las acusaciones de vandalismo y violencia usadas contra las manifestaciones, entre otras que pretenden financiamiento ilegal e intento de golpe de Estado, demostraron ser el elemento preparatorio para este golpe contra los derechos ciudadanos.

Los actos de ese tipo han sido excepcionales en medio de innumerables muestras de rechazo al gobierno y sus políticas neoliberales, que han tenido lugar en las 23 provincias del Ecuador continental. La dirigencia indígena y popular ha insistido que en ello se evidenció desde infiltrados hasta desinformación, ratificando en su rechazo a las acciones que puedan ser usadas para desprestigiar la lucha.

Los abusos estatales han sido mucho más frecuentes, por supuesto más violentos, pero justificados por los grandes medios de comunicación, demostrando su plena identificación con el poder y el uso de la fuerza contra el pueblo.

Tras el discurso de un llamado al diálogo repetitivo y vacío, sin siquiera definir lugar ni temas, se fue cuajando un uso de la fuerza represiva. Sin embargo, esta no ha atemorizado a los sectores populares que en un momento reforzaron su presencia y unidad tras la detención de Leonidas Iza, presidente nacional de la Conaie y que ahora se complementa tras el Decreto Ejecutivo N°455 del 17 de junio del 2022.

Lo más grave, ya existen dos manifestantes, los hermanos Sisalema, que sufrieron heridas de perdigones el viernes en las manifestaciones, en estado de lata gravedad y uno de ellos en riesgo de muerte. El número de personas agredidas y reprimidas con uso de los elementos “no mortales” de represión crece junto a los detenidos.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, para la noche del viernes 17 de junio había contabilizado 37 vulneraciones por violencia y represión policial y militar; 52 detenciones; 43 heridos, 11 de gravedad. Su seguimiento de los casos se puede ver en un mapa interactivo en: https://alianzaddhh.org/incidentes-ddhh-paro-2022/

El Decreto y la amenaza a los derechos

El Decreto firmado por el presidente, en primera instancia ponía graves restricciones al derecho a la libertad de información, señalando que: “Para el efecto, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones en coordinación con la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior, podrán requerir a los prestadores que operan redes publicas de telecomunicaciones la suspensión, degradación de calidad, o la limitación temporal de los servicios de telecomunicaciones”.

Tal disposición fue rechazada incluso por sectores de la derecha, de manera que se retiró en una segunda versión, la vigente. Aunque ya no se la incluya, la intención de controlar incluso las redes sociales quedó al descubierto.

El artículo 6 impide ejercer el derecho a la protesta en su totalidad. El artículo 11 anuncia que podrán aplicar “fuerza letal” contra manifestantes de ser “necesario” y más tarde anunciaron que se quitaba la palabra “letal” porque ya es suficiente con que lo diga la Ley. El artículo 12 de manera xenófoba dispone una vigilancia, reforzada, injustificada y desproporcional a los extranjeros.

El artículo 11 anuncia que podrán aplicar “fuerza letal” contra manifestantes de ser “necesario” y más tarde anunciaron que no importa porque ya es suficiente con que lo diga la Ley. Y el artículo16 anuncia que podrán entrar los hogares de las tres provincias sin orden judicial.

En Quito, capital del país, las medidas se extreman, incluyendo el toque de queda desde las 22 horas hasta las 5 del día siguiente. Sin embargo, de haber suspendido el libre ejercicio de la libertad de reunión y asociación en las tres provincias, el gobierno públicamente respalda una marcha convocada por la derecha, en la que el racismo y clasismo abundan, el sábado 18. Así, su palabra se degrada aun más cuando en recientes encuestas apenas un 10% de la población creía en su palabra.

Pero Lasso da razón al movimiento

Otros elementos del anuncio gubernamental están en tímidas medidas de atención a los sectores en lucha. Son anuncios sin detalle de cumplimiento de un carácter mínimo, más propagandísticos que reales, que demuestran que existían y existen razones a la protesta popular. Sin embargo, es positivo que se entregue cinco dólares más en el “bono de la pobreza”, se subsidie al 50% del precio de la urea, se condonen microcréditos en la banca del Estado, se anuncie que no subirá el precio de los combustibles o que no privatizará servicios públicos o sectores estratégicos.

Estas respuestas, a las que se vio obligado el gobierno, requieren especificaciones, definiciones y planificaciones que no tienen ninguna proximidad con lo anunciado.

Que el presidente busque responder a las demandas, aún es estas condiciones, es una demostración de su debilidad y del falso discurso gubernamental señalando que no había motivos para salir a la calle. En una más de sus rectificaciones verbales, es Lasso quien acaba de demostrar que las protestas tienen respaldo en la realidad, en la vida de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, en la necesidad de cambios.

La violencia crece al grado de difundirse un posible atentado al vehículo en el que se encontraba Leonidas Iza, se reprime en distintas provincias y se niega el diálogo real. La semana que viene, en la que se anuncia la presencia indígena en Quito, las marchas a nivel nacional del Frente Unitario de los Trabajadores, el debate legislativo sobre el Estado de Excepción y más, se plantea como un escenario en la que crecerá la capacidad de reclamo y propuesta popular en todas las provincias.

Neoliberalismo o justicia es la contradicción que se hará visible una vez más.

*  Académico y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)